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miércoles, 9 de enero de 2013

La impunidad de los chorizos.



Aunque lo diga el mismo Rey, eso de que todos somos iguales ante la Ley es una simple mentira, una frase barata políticamente muy correcta pero socialmente poco creíble. La resolución que acabamos de conocer del caso Pallerols, la trama de financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña, lo ha puesto de manifiesto con absoluta claridad, añadiendo de paso una palada más de estiércol sobre la deteriorada imagen de la clase política. Aquí hay dos justicias, dos leyes, una para los ciudadanos y otra para la clase dirigente entre la que destaca la clase política. Aquí resulta que se pueden llevar ilegalmente cientos de miles de euros de la caja pública para financiar a un partido y tras veinte años de instrucción judicial no pasa nada, nadie va a ir a la cárcel y nadie dimite en ese partido político. No hay que ir muy lejos para encontrar casos de ciudadanos normales y corrientes que por mucho menos y para cubrir necesidades vitales terminan a la sombra durante una larga temporada.

Durante años, los conmilitones del Sr. Durán Lleida, el veterano e independentista político democristiano catalán que no hace mucho se permitía el lujo de calificar de cloaca a la política española, organizaron toda una trama para recibir dinero público, proveniente de los fondos europeos, a través de una empresa dedicada a la formación que después desviaba buena parte de ese dinero a la caja del partido del Sr. Durán Lleida. Pillados con las manos en la masa han pasado veinte años de proceso judicial, que se dice pronto, y ahora resulta que los acusados hacen un trato con la fiscalía para devolver 380.000 euros al erario público y evitar una condena. 380.000 euros que estos sinvergüenzas van a devolver con una mano mientras con la otra reciben subvenciones públicas pagadas con el dinero de los contribuyentes a los que previamente habían sableado. Nadie va a ir a la cárcel. Muy ejemplar. Ni a Felipe II se la ponían así. Será muy legal, no lo dudo, que la fiscalía llegue a semejante trato, será muy práctico, sobre todo si tras veinte años de investigación no se tenían pruebas suficientes para concluir un proceso judicial con garantías de éxito para la Justicia, pero es, se mire por donde se mire, un infumable pasteleo, un sospechoso trato que en nada beneficia a la Justicia, a la ejemplaridad y a la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Y si indignante es este trato de lujo recibido por estos miembros de la casta política, indignantes son algunas de las reacciones escuchadas en las últimas horas por la sencilla razón de que pocos ponen el dedo sobre la llaga y menos aún los que proponen soluciones para evitar que lo mismo vuelva a repetirse en el futuro. La primera reacción indignante es la del propio jefe de los “presuntos chorizos” que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se demostraba que había habido financiación irregular de su partido y que ahora dice que de lo dicho no hay nada. Gracias al tecnicismo legal y al trato por el que se evita una condena los independentistas de Unión entienden que no se ha demostrado que se hayan financiado ilegalmente aunque sí irregularmente y por eso deben devolver el dinero. ¿Alguien lo entiende?

El ex Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en plan contemporizador a ver si se le promociona al Tribunal Constitucional, venía esta mañana a aleccionar a los oyentes de una emisora explicando que este tipo de trato de la fiscalía con los presuntos delincuentes es muy habitual en el entorno anglosajón. ¿Y qué? No estamos en un país anglosajón, sino que nos regimos por un modelo continental que poco tiene que ver con aquél. Podría explicarnos también si en ese entorno se tardan también veinte años en instruir un caso a políticos corruptos ¿no?

Por su lado el Fiscal General ponía “el grito en el cielo” porque a su juicio se ha tardado veinte años en instruir este caso. ¿Y se ha enterado ahora? ¿Por qué no nos cuenta cómo un subordinado suyo ha pactado con los “presuntos chorizos” esta salida política? ¿Quién, en una estructura jerarquizada como la fiscalía, ha dado el visto bueno a su subordinado para pastelear de forma tan repugnante?

Los independentista de ERC, socios parlamentarios de Unión Democrática, han pedido, con boca pequeña, la dimisión de Durán, pero eso sí sin cuestionarse el seguir siendo socios políticos de estos corruptos aunque no depuren las correspondientes responsabilidades políticas.

Y por último, desde el PP, su Secretaria General ha pedido la dimisión del Sr. Durán y ha cuestionado su permanencia como Portavoz de Exteriores del Congreso de los Diputados. Pero uno no tiene más remedio que preguntarse ¿por qué el PP con mayoría absoluta en el Congreso ha colocado al Sr. Durán, un independentista, un político que trabaja por la voladura de España, un señor que califica de cloaca a la política española como representante internacional del Congreso de un país al que quiere romper? Y siendo así ¿a qué espera el PP para destituirlo? Hay cosas que sinceramente no se entienden y que indignan día tras día.

Y lo peor de todo es que ningún responsable político ha salido a palestra para explicar qué medidas se van a tomar para que estos escándalos no se vuelvan a producir o qué reformas legislativas van a impulsar para que un procedimiento judicial que afecta a la corrupción política no vuelva a dilatarse durante veinte años. Nada, ni una palabra. Si tomamos como cierto que todos somos iguales ante la Ley aquí tenemos un claro mensaje: cualquier ciudadanos se puede llevar de las arcas públicas hasta 380.000 euros con la seguridad de que en caso de ser pillado tendrá un juicio que durará veinte años y que no irá a la cárcel si pastelea como es debido con el fiscal de turno. Aunque mucho me temo que va a ser que no, que lo cierto es que todos somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

Santiago de Munck Loyola