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viernes, 31 de mayo de 2013

Algo debería cambiar.


Cada día que pasa parece que se agrava la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su equipo de gobierno. Poco a poco se va extendiendo la idea, antes muy minoritaria, de que debería dimitir como consecuencia de su imputación por diversos delitos en los Tribunales de Justicia y del daño que esta circunstancia estaba ocasionando a la imagen de la ciudad y del Partido Popular. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, durante el acto de celebración del primer año del Presidente Fabra al frente del PPCV, todos pudimos ver cómo distintos dirigentes populares hacían el vacío a Sonia Castedo, y con ello a los alicantinos a quienes como Alcaldesa nos representa, y rehuían cualquier fotografía junto a ella. Por otra parte, va cobrando fuerza el rumor de que en Génova están hartos de la situación y presionan para que dimita. Al parecer, hay quien no desea la foto de la Alcaldesa imputada junto al Príncipe de Asturias en el caso de que presida la inauguración del AVE hasta nuestra ciudad.

Las últimas noticias no han contribuido tampoco a aliviar la mala imagen del Gobierno Municipal y en ellas ha vuelto a ser protagonista el mismo “tronco” que aparece en los procesos judiciales abiertos. Las adjudicaciones municipales de contratos a empresas vinculadas al Sr. Ortiz por importe de 468 millones de euros, realizadas por vía extraordinaria y urgente sin justificación política ni legal alguna, han agravado la mala imagen no ya de Sonia Castedo que no participó en la Junta de Gobierno, sino del equipo de gobierno que ha venido comportándose de forma cómplice en unas formas y modos de actuar más que reprobables. 

Del mismo modo, la anulación por parte del TSJ del Plan Rabasa, en el que también es pieza clave el Sr. Ortiz y su venta de suelos a Ikea, por la existencia de graves defectos en su tramitación ha supuesto una mancha más en la imagen de la gestión Municipal. Si a ello sumamos las recientes informaciones de dos viajes a Portugal de la Sra. Alcaldesa y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, en jet privado para negociar los precios de la venta de los suelos del Sr. Ortiz a Ikea, como si se tratase de agentes inmobiliarios, tenemos delante un panorama bastante desolador.

Este lamentable panorama político salpica fuertemente a la imagen del Partido Popular cuya pasividad, cuando no complicidad política, de cara a la opinión pública ha sido más que evidente. La dirección provincial, ante la imputación judicial de la alcaldesa y del vicealcalde, se ha limitado a recordar la obviedad de que las actas de los concejales eran personales y que no se les podía obligar a dimitir, pero es un hecho cierto que no ha querido, o no ha podido ejercer una facultad a través del resto de los concejales, de ordenar la exclusión de los imputados del Grupo Popular Municipal y no lo ha hecho, posiblemente, porque se habría encontrado con la negativa de la mayoría de los mismos quienes, a través de diferentes medios, ya habían expresado que estarían con la Alcaldesa hasta el final. A ello, hay que añadir dos datos relevantes para sopesar la actitud de la dirección provincial del PP ante esta grave situación. De una parte, el hecho de que el Secretario General Provincial José Juan Zaplana presidiera la cena de auto homenaje a Sonia Castedo que se organizó poco antes de Navidad y poco tiempo después de conocerse su imputación judicial. De otra, el hecho de que el Secretario Provincial se reuniera con los concejales imputados para “apuntalar” las elecciones internas del Partido Popular de la ciudad de Alicante, acabando con ello con la esperanza de unas elecciones internas limpias y democráticas, es decir, sin intervenciones superiores para predeterminar un resultado concreto. A este respecto hay que recordar que la democracia interna en el PP de la ciudad de Alicante no funciona, que la Dirección Provincial decidió en octubre pasado, de espaldas a los militantes, suprimir la Junta Local de la ciudad y crear una serie de distritos, que no se ha celebrado ningún proceso electoral interno, superando todos los plazos legales, y que según los medios de comunicación, algo no desmentido por la Dirección provincial, el derecho de voto de los miles de afiliados populares de la ciudad está condicionado al destino judicial de una sola persona, la Alcaldesa.

Aunque este análisis es compartido por muchos afiliados de la ciudad, la mayoría calla y consiente porque ya es sabido que el que se mueve no sale en la foto, pero por mucho que se siga escondiendo la cabeza en el agujero, la realidad es la que es y los hechos son lo que son. La ciudad de Alicante no se merece la imagen que se está trasladando de la institución municipal y los afiliados populares y los votantes tampoco se merecen el deterioro que este espectáculo político y judicial está ocasionando. Hay responsabilidades de muchos, ya sea por acción o por omisión, y desde una perspectiva política no están circunscritas a la esfera municipal, aunque lamentablemente y como suele ser habitual nadie dará la cara en el momento oportuno. Eso sí, matarán al mensajero.

Santiago de Munck Loyola


martes, 28 de mayo de 2013

Aznar y los votantes populares.


La entrevista que la semana pasada concedió José María Aznar a Antena 3 ha levantado muchas ampollas y ha obligado a muchos a “retratarse”. La irrupción de Aznar en el debate público no ha sido, pese a lo que muchos opinan, una novedad. El ex Presidente del Gobierno y Presidente de Honor del Partido Popular ha entrado en escena en muchas ocasiones a lo largo de los últimos diez años en el debate político y en la vida interna del Partido Popular. La novedad ha estado principalmente en el contendido de su intervención que no ha agradado lo más mínimo ni a la izquierda recalcitrante, obsesionada de forma enfermiza y patológica con José María Aznar, ni al Gobierno y miembros de la estructura burocrática del Partido Popular. ¡Curiosa coincidencia!

Al margen de los “dimes y diretes” o de las variopintas interpretaciones sobre los motivos de esta entrevista, llama mucho la atención algunos mensajes lanzados por Aznar así como la reacción de algunos “líderes” del PP. La verdad es que hablar de “líderes” en el caso de algunos dirigentes populares resulta irrisorio. Gente que debe su puesto al “dedazo” superior, a sus cualidades personales genuflexas y a su sumisión absoluta, incapaces de ganarse el puesto en una competición en las urnas podrá ser todo lo dirigentes que quieran, pero calificarles de “líderes”, en el amplio sentido de la palabra, resulta francamente ridículo. Pero, en fin, hecho este paréntesis, lo cierto es que algunos de estos presuntos líderes han hecho públicas sus sesudas reflexiones sobre la intervención de Aznar concluyendo, y lo que es peor, manifestando públicamente que el Sr. Aznar “tiene a los votantes, pero no tiene al partido”. ¿Se puede ser más memo políticamente hablando? ¿No se percatan de que reconocer que Aznar tiene a los votantes y no al partido significa que el partido ha abandonado a los votantes? Es más ¿qué es un partido sin votantes?

Aznar dijo muchas cosas con las que se identifican muchísimos militantes y votantes del Partido Popular. Eso es una evidencia que sólo pueden negar quienes permanecen aislados de la realidad social y de las bases del Partido Popular. Es probable que los cargos políticos institucionales, los que deben su puesto a la superioridad y no a las bases, crean que Aznar está equivocado o que compartiendo sus opiniones hagan gala de la tradicional cobardía que asegura su supervivencia política y por eso se nieguen a admitirlo, pero cualquiera que se moleste en hablar con los militantes y con muchos cargos públicos en privado escucharán siempre lo mismo: “no es esto, no es esto”.

Los políticos valen lo que vale su palabra. Los programas no están para incumplirlos, como decía el viejo profesor. Muchos, sobre todo los llamados de la vieja guardia, hemos aprendido y asimilado que un programa es un compromiso con el elector, un auténtico contrato por el que los políticos ofrecen propuestas a los votantes a cambio de su voto. Incumplido el programa, se rompe el contrato y quiebra la legitimidad del gobernante. Y cuando se obtiene una mayoría electoral tan importante como la que recibió el Partido Popular hace un año y medio es porque se recibe un mandato claro y expreso para aplicar un programa determinado con todas sus consecuencias, sin dilaciones y sin excusas. No es tan difícil entender, como tampoco es tan difícil explicar desde el primer día las dificultades que puedan ir apareciendo y que no estaban previstas.

Las declaraciones de Aznar han sido, a muy juicio, muy oportunas porque, además, han reflejado el sentir de muchos votantes y militantes populares profundamente desorientados. Se podrá estar o no en desacuerdo con los planteamientos concretos que se deslizaron en esa entrevista pero es indudable, para muchos, que España necesita un liderazgo más sólido, un proyecto claro que desde el cumplimiento del mandato de los votantes responda a los graves desafíos plateados tanto en el campo económico, como el social, el político y el institucional. Decir las cosas claras, abrir el debate sobre las políticas emprendidas o sobre su ritmo, recordar la responsabilidad del Partido Popular con sus votantes o impulsar reflexiones sobre las respuestas que hay que articular ante los grandes desafíos de España no puede, ni debe ser interpretado de forma beligerante, sino que debería llamar sobre todo a la reflexión y al cambio de rumbo y más en el caso de esos “líderes” que reconocen que se han quedado con las siglas pero no con el programa, con los principios o con los votantes, únicos destinatarios de la acción política de un partido político.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 26 de mayo de 2013

Sonia Castedo y la Kirchner.


Fotografía publicada por El Mundo.
El pasado viernes, en una entrevista radiofónica, la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, soltó una de sus perlas. “El Mundo arremete porque no pongo publicidad”, es decir, que según la Alcaldesa, el Diario El Mundo informa sobre muchos y variados aspectos de las dudosas actuaciones de la Alcaldesa de Alicante por la sencilla razón de que a dicho diario no se le da publicidad institucional. ¡Y se queda tan fresca! No sé si se trata de inconsciencia, de irresponsabilidad o de prepotencia, pero esta frase tiene mucho más calado de lo que a primera vista podría parecer.

En primer lugar, esta frase pone de manifiesto el papel que en la cabeza de la Alcaldesa deben tener los medios de comunicación. De una parte, entiende que los medios de comunicación solo informan sobre presuntas irregularidades si no reciben dinero del poder en forma de publicidad institucional. De otra, da a entender que los medios de comunicación que no investigan, ni informan con la profusión y el detalle con que lo hace el Diario El Mundo sobre las andanzas de la Sra. Alcaldesa y de su amiguete el Sr. Ortiz es porque están bien “untados” con publicidad del Ayuntamiento Alicantino. En mal lugar deja la Sra. Castedo a todos los medios de comunicación, pero en peor lugar queda ella misma por el bajo concepto que tiene de la libertad de expresión, de la libertad de información y del papel que la prensa debe tener en una sociedad democrática, adulta y libre.

En segundo lugar, cabe preguntarse ¿y por qué no pone publicidad institucional en el Diario El Mundo? ¿Por qué informan y critican las actuaciones de la Alcaldesa de Alicante? Es evidente que si la Sra. Alcaldesa entiende que este Diario arremete contra ella por no recibir publicidad del Ayuntamiento es porque ella, ante las primeras informaciones del mismo, decidió excluir al Diario El Mundo del reparto de la publicidad institucional del Ayuntamiento de Alicante. Pero la Sra. Castedo habla en primera persona, usa el “no pongo” publicidad como si se tratase de su publicidad personal y no la del Ayuntamiento de todos los alicantinos, los que leen y los que leen el Diario El Mundo. Ese uso de la primera persona significa claramente que se trata de una decisión de ella, personal, y denota un concepto patrimonialista de los bienes y del dinero público que no es suyo, sino que pertenece a todos los alicantinos debiendo ella administrarlo con rigor, con justicia y con equidad. Es decir, todo lo contrario de lo que viene haciendo: tú me criticas, pues ni un duro en publicidad. Conmigo o contra mí, pero paga el contribuyente.

En tercer lugar, no es la primera vez que un déspota o un ignorante de los más elementales principios democráticos, usa el dinero público a su capricho y antojo, castigando a los medios de comunicación desafectos dejándolos sin publicidad y premiando a los medios neutrales o afines. Esta conducta totalitaria ha venido siendo castigada y corregida por la Justicia en muchas ocasiones, tirando de las orejas a los políticos castigadores de la prensa. Debería saberlo la Sra. Alcaldesa y debería, aunque sea por aparentar que cree en la libertad de información, corregir su actitud. Y lo que es más importante, si cree que este Diario o cualquier otro miente, calumnia o difama con sus informaciones lo que debería hacer, y lo que hace cualquier persona inocente, es acudir a los Tribunales de Justicia, sea contra quien sea. Pero eso de ¡hala, te castigo sin publicidad! Es más propio de lejanos territorios y países y no de una ciudad y de una sociedad como la alicantina.

Puede que la Sra. Castedo haya encontrado su modelo en el comportamiento y en la actitud hacia la prensa libre que mantiene la viuda del Sr. Kirchner, Dª Cristina, que concentra el 80 % del presupuesto de publicidad institucional en los medios de comunicación “amigos”, pero de ser así peor le van a ir las cosas. ¡Quién sabe! A lo mejor es que, al final, detrás de algunas informaciones y críticas existe una confabulación judeo masónica y no nos habíamos enterado. Aunque todo parece indicar que la reacción ante las mismas obedece a una simple manifestación de despotismo sin ilustrar y sin lustre alguno.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 22 de mayo de 2013

La reforma educativa.



En los distintos informes que evalúan los resultados de los sistemas educativos de los diferentes países existe una coincidencia generalizada: los datos relativos a España no son buenos, ni mucho menos. Según la mayor parte de estos informes la situación del sistema educativo español es francamente mejorable. En los últimos diez años, hemos aumentado el número de personas que alcanzaron un título de bachiller o universitario, pero mas del 47% de la población entre 25 y 64 años sólo cuenta con la educación obligatoria o menos, lo que nos aleja mucho de la media de los países desarrollados. En cuanto a competencias de los alumnos, España ocupa el puesto 18 entre los 25 países comunitarios evaluados en PISA 2009 y el fracaso escolar afecta a 28 alumnos de cada 100. Otro dato preocupante es que un 24 por ciento de jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. Contamos con el mayor índice de Europa de desempleo entre los jóvenes, el 25 % de la población activa, consecuencia directa de la peor formación de nuestros jóvenes respecto a los europeos, a menor formación más desempleo.

Y no se trata de que en España se invierta menos en educación que nuestros vecinos europeos. No, ahí no parece radicar el problema a pesar de las reiteradas mentiras de la izquierda. Según estos mismos informes, España invierte por alumno un 6% por encima de la media de la OCDE y un 7% por encima de la media de la Unión Europea. Nuestra ratio de alumnos por profesor es inferior a la media europea. Y nuestros alumnos “padecen” también más horas de clase que la mayor parte de los alumnos europeos. En resumen, en España gastamos más dinero en educación que nuestros vecinos, empleamos más recursos humanos que los demás, invertimos más tiempo lectivo que la media europea y obtenemos unos resultados pésimos que nos sitúan en el furgón de cola en cuanto a conocimientos y equidad del alumnado. No hay que ser un lince para deducir que esta situación es consecuencia directa de las leyes educativas que durante décadas ha venido imponiendo la izquierda española, partidos y sindicatos. Y tampoco hay que ser un genio para deducir que no es posible seguir sosteniendo este modelo educativo y que anclarse en el inmovilismo conduce directamente al suicidio educativo.

Si este es el panorama, la cerril actitud del PSOE y sus satélites empecinados en el “no se toca” solo puede ser comprendida desde el deseo y el objetivo de seguir primando el adoctrinamiento ideológico sobre cualquier otra consideración. La reforma avanzada por el Ministro Wert apunta hacia posibles soluciones a los graves problemas que la izquierda ha generado en nuestro sistema educativo, pero lo hace de forma tímida y sin llegar a cumplir todos los compromisos recogidos en el Programa Electoral del Partido Popular que obtuvo el respaldo mayoritario de la sociedad española hace año y medio.

Y como era de esperar al inmovilismo y conformismo de la izquierda española, radicalmente contraria a criterios de excelencia, de libertad o de competitividad, se suma la tragicómica oposición de los nacionalistas quienes llegan a calificar de “atentado” el hecho de que se habilite un sistema para que cualquier niño pueda estudiar en español en cualquier parte de España. Algo tan simple y tan elemental como eso, impensable en cualquier otro país de nuestro entorno, es rechazado visceralmente por estos antidemócratas separatistas que, una y otra vez, se niegan a cumplir las reiteradas decisiones judiciales amparando ese elemental derecho. Hoy los hechos demuestran que fue un error romper la unidad educativa en todo el territorio nacional al transferir las competencias educativas a las Comunidades Autónomas como lo fue también transferir competencias en sanidad o romper la unidad de mercado. El principio constitucional de igualdad entre los españoles quedó desvirtuado y en la práctica supone que los españoles gozamos de diferentes derechos en función del territorio de residencia haciendo que, progresivamente, vayamos perdiendo cohesión social frente a una Europa que avanza en la dirección contraria.

Eso sí, los socialistas se van a servir una vez más de las autonomías para tratar de frenar o paliar las reformas educativas del Partido Popular, respaldadas por la mayoría electoral, y así lo han anunciado en Andalucía, por ejemplo. O en Asturias donde los socialistas ya se han puesto manos a la obra y para mejorar la calidad de la educación ya han adoptado una importantísima medida que seguramente causará admiración en toda Europa: ya no habrá vacaciones de Navidad ni de Semana Santa, pasarán a llamarse vacaciones de diciembre o de invierno y vacaciones del 2º trimestre. Todo un acierto que a buen seguro redundará en el rendimiento académico de los alumnos.

Santiago de Munck Loyola

martes, 21 de mayo de 2013

¡Bien por Esperanza!



No sé si Esperanza Aguirre está impulsando o no “una corriente de opinión” que algunos, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, podrían considerar “contraria a los intereses del Partido”, pero lo cierto es que no somos pocos los militantes del Partido Popular los que nos sumamos a muchas de sus propuestas que, sin duda, podrían contribuir, de llevarse a cabo, a regenerar al Partido Popular y a combatir eso que algunos llaman la desafección de los ciudadanos hacia los partidos y la clase política y otros llamamos simplemente hartazgo. Hoy, sin ir más lejos, Esperanza Aguirre ha manifestado que "con elecciones internas para encontrar a los dirigentes, los militantes de base se sentirían mucho más involucrados en la vida del partido". Nada más sensato ni más lleno de sentido común que esa reflexión. Algunos lo han interpretado como una reivindicación de las primarias para el Partido Popular. Pero, primarias o no, unas elecciones internas libres, democráticas, sin tutelas ni fiscalizaciones superiores son un requisito esencial para que los militantes se involucren más a fondo con su partido.

Esta reflexión ha obtenido la respuesta inmediata de la Secretaria General: "En los congreso del PP hay libertad para presentarse”. Y no, no es así y lo debería saber. En los Congresos del PP, locales, provinciales, regionales o nacionales, junto a la “libertad y democracia interna teóricas” hay filtros y prácticas que limitan enormemente esa supuesta libertad. Muchas veces da la impresión que cuanto más alto se sube en las estructuras del Partido Popular más se desconoce lo que constituye la práctica y las costumbre de los aparatos del mismo. Los altos cargos, rodeados de aduladores y pelotas, terminan como el Rey de la leyenda, paseándose desnudos y sin reconocerlo, no sea que alguien les llame tontos.

La democracia interna y la participación de los militantes es mínima en el Partido Popular y eso lo sabe cualquiera, especialmente en la Provincia de Alicante como le debería constar a la Secretaria General aunque no tenga tiempo para contestar a los escritos de los militantes de la Provincia. Una cosa son los Estatutos, democráticos pero manifiestamente mejorables, y otra las prácticas que unos y otros se gastan. Y uno no habla de oídas, sino que lo ha vivido personalmente. Un servidor conoció de primera mano en 2008 el uso de algunos métodos repudiables para la obtención de avales para Rajoy por parte del Secretario General, Ricardo Costa, quien no tuvo inconveniente alguno en citar en Valencia a Alcaldes y Concejales para que firmaran ya los avales para el candidato, en una infantil y estúpida carrera a ver quién presentaba más avales, con la velada amenaza de que de no hacerlo podrían peligrar inversiones de la Generalitat o determinados trámites para sus respectivos municipios. Y hasta tal punto llegaron las cosas que muchos de los afectados se reunieron en la sede provincial con el entonces Presidente provincial para hacerle saber las presiones a las que estaban siendo sometidos. ¿Democracia interna?

Un servidor al igual que otros, cuando quiso ejercer su derecho y asistir como compromisario a un Congreso del PP, recibió la llamada del hoy Secretario General provincial, José Juan Zaplana, quien le comunicó que no podía presentarse para ir al congreso porque los puestos de la ciudad de Alicante ya estaban repartidos entre “las familias y sensibilidades” del partido en la ciudad y que, por tanto, su candidatura sobraba. ¿Libertad interna?

Y si hablamos de los congresos locales de la Provincia de Alicante podemos hacer un relato muy extenso de las “intervenciones” de la Dirección Provincial en los procesos electorales para influir de forma decisiva en la elección de Presidente locales afines, rompiendo la debida imparcialidad en toda elección democrática de los órganos superiores, como en el caso de Torrevieja donde se produjeron actuaciones poco ejemplares desde una perspectiva democrática. Y qué decir de Benidorm o de Elche.

El resultado de las intervenciones a favor de unos u otros candidatos en los procesos electorales internos por parte de los órganos superiores termina traduciéndose en rupturas del partido y en el establecimiento de liderazgos débiles y mediocres, aunque muy sumisos con la superioridad que parece ser lo único importante para algunos, haciendo con ello bueno aquello de que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Y pare qué hablar de la designación de los componentes de las lista electorales a las instituciones públicas donde, por Estatutos, los militantes no tienen nada que decir ni proponer.

Para todo aquel que conozca mínimamente el funcionamiento de los partidos y el desorbitado poder de sus estructuras burocráticas resulta indudable que es preciso mejorar los niveles de democracia interna, de participación de la militancia y de apertura al cuerpo electoral. El problema estriba en que es algo tan asumido que el actual sistema interno es democráticamente aceptable que, incluso, los medios de comunicación a penas lo cuestionan. Hace tan sólo un par de días, un comentarista político en una emisora de radio comentaba sobre los posibles sucesores de un determinado presidente autonómico del Partido Popular. No se le pasó por la cabeza mencionar cual de los dos aspirantes podía contar con más apoyo entre los militantes del Partido Popular, sino que centró sus posibilidades sobre el apoyo que uno y otro recibían respectivamente de Mª Dolores de Cospedal y de Soraya Sáenz de Santamaría. Para el comentarista lo decisivo no era el respaldo de la militancia, sino el de los de arriba. La militancia, un cero a la izquierda.

Pues a esa reacción es a la que no nos queremos resignar quienes creemos en la democracia, en el incalculable valor de la militancia política. Los populares tenemos el sistema estatutario que tenemos, pero unos estatutos no son ni la Biblia ni las Leyes Fundamentales del Movimiento. Son mejorables y constituye una obligación moral y política trabajar por que así se haga. Más democracia interna, más participación y más libertad. Si esa es la “corriente de opinión” que impulsa Esperanza Aguirre, yo me sumo.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 20 de mayo de 2013

Sin financiación justa no puede haber un reparto justo del déficit.



Estos últimos días ha estado muy agitado el patio autonómico a cuenta del reparto del déficit. Y si esta agitación la ha producido el reparto del déficit resulta inimaginable lo que habría sido si el reparto fuera de un superávit. Habrían volado los cuchillos y las navajas. Cada Presidente autonómico y en especial los del PP que para eso son la mayoría ha intentado hacer valer sus razones y argumentos sobre cómo debería ser ese reparto: igual para todos, asimétrico, penalizando a los incumplidores, premiando a los más cumplidores, etc. Cada cual, en su visión de reino de taifa, se encuentra asistido de poderosas razones con las que sostener sus argumentos. Muchas de las ideas que se han expuesto parecen bastante razonables.

No les falta razón a quienes llevan años apretándose el cinturón y claman contra una posible benevolencia hacia los incumplidores. Para muchos, el hecho de que Cataluña pueda verse beneficiada con un mayor margen de déficit que el resto sin haber hecho los deberes como los demás y sin haber renunciado a gastos inútiles y disparatados constituye una afrenta, no para ellos, sino fundamentalmente para los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas que sí han sufrido los rigores de toda clase de ajustes y recortes en nombre de la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestaria. Señalan que otorgar a Cataluña un mayor déficit que al resto de las comunidades autónomas es facilitar, además, el proyecto independentista a costa del bolsillo de los demás. Y no es que los ciudadanos de Cataluña no hayan sufrido en sus carnes también muchos recortes de mano de sus gobernantes separatistas sino que lo han hecho a costa de mantener seudo embajadas superfluas o un entramado televisivo público insostenible, pero muy rentable políticamente para los fines separatistas.

Hay quien, como el Presidente Fabra, reivindica el establecimiento de un déficit asimétrico, o sea, desigual, para entendernos, justificado por un hecho indiscutible como es la gran diferencia de financiación entre las distintas comunidades autónomas; un hecho que viene perjudicando especialmente a la Comunidad Valenciana que tan sólo entre 2011 y 2012 ha recibido 5.500 millones de euros menos de lo que habría recibido en el supuesto de contar con la misma cantidad por habitante, por ejemplo, que Cataluña. La Comunidad Valenciana ha sido la autonomía que menos ingresos públicos por habitante ha tenido en estos dos últimos años. Por cierto, algo parecido le pasa a la Provincia de Alicante en cuanto a las inversiones de la Generalitat en la misma que, al igual que con las inversiones estatales, está discriminada. No se puede pedir a quien recibe menos financiación que disminuya sus gastos en la misma medida que quienes perciben mucho más por cada habitante.

A nadie se le escapa que el tema de la financiación es un tema espinoso cuya solución se viene arrastrando desde hace muchos años. A la hora de pedir dinero, cada región encuentra siempre un motivo diferencial con el que justificar una demanda mayor que la de su vecino. Cuando no se trata de las peculiaridades geográficas, se trata de el PIB o si no de la población estacional, el nivel de desempleo o la existencia de lengua propia. Lo cierto es que hoy el principio constitucional de la igualdad entre los españoles está más lejos que nunca de ser una realidad. Los españoles, en función del territorio de residencia, cuentan con un mayor o menor catálogo de prestaciones públicas, una fiscalidad diferente y una aportación estatal también distinta. Es evidente que seguir avanzando en la misma dirección sin antes proceder de una vez a abordar con decisión y con la legitimidad que otorgan las urnas a una profunda revisión de nuestro modelo sólo puede servir para seguir incrementando los agravios comparativos entre los ciudadanos españoles. Establecer un determinado criterio del reparto del déficit sobre la base de un injusto sistema de financiación que hace que valga más un ciudadano residente en Navarra que otro en la Comunidad Valenciana es profundizar en la injusticia y en la fragmentación de la cohesión social.

En todo caso y sea cual sea la solución que finalmente se adopte en este asunto, bienvenido sea el debate público entre los dirigentes autonómicos y especialmente entre los populares. Pese a lo que algunos afirmen, el debate público es siempre enriquecedor y, como muy bien ha señalado alguno, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es posible que “el apoyo al gobierno no sea negociable” entre los Presidentes autonómicos populares, pero lo que es indiscutible es que lo que no es, ni debe ser negociable es la lealtad a los ciudadanos y la defensa de sus derechos frente a cualquier tipo de injusticia discriminatoria. No le falta razón al Presidente Fabra pero en política, en muchas ocasiones, no basta con tener razón. Deberá tener cuidado con lo que dice no sea que alguien termine por acusarle de intentar crear una corriente de opinión contraria a los intereses del partido si éstos, además, no coinciden con los intereses del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 16 de mayo de 2013

Creciendo con esperanza.



Hoy, 15 de mayo de 2013, gente de más de 60 municipios de la Comunidad Valenciana hemos constituido una nueva Asociación, “Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases”. Militantes, ex militantes del PP y ciudadanos sin adscripción partidista nos hemos agrupado para impulsar algo tan demandado por los ciudadanos como la regeneración democrática. Para intentar explicarlo reproduzco mi intervención a continuación. Hemos dado un paso firme e importante para promover valores, principios y propuestas que deberían, en su mayoría, pertenecer al acervo ético de nuestra clase política.

“Buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer especialmente el esfuerzo de quienes desde otras localidades y especialmente a nuestros compañeros de Valencia os habéis desplazado hasta aquí. Muchas gracias.

Hoy es un día especial para quienes creemos en la necesidad de una regeneración democrática de los partidos y de la política en general. Hoy, damos un paso más. Lo que empezó con iniciativas independientes en Valencia, Castellón y Alicante, tanto desde el Foro Movimiento de Bases del PPCV, como desde el Foro Esperanza Popular de Alicante, hoy se constituye como una nueva Asociación Regional, el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases. Dos iniciativas nacidas en territorios distintos, pero coincidentes en los principios y en las propuestas en que dichos principios deben plasmarse. Dos iniciativas nacidas ante la constatación de la inexistencia de cauces de participación en las organizaciones políticas y de grandes déficits de democracia interna.

No somos un nuevo partido político como dicen algunos. Ni tampoco somos, ni queremos ser una corriente de opinión dentro del Partido Popular. Es cierto que la mayoría de los que hoy damos este paso somos afiliados, o lo hemos sido, del Partido Popular, y algunos desde mucho antes que algunos de nuestros actuales dirigentes, pero también forman parte de la Asociación ciudadanos sin filiación política que comparten nuestros principios, valores y propuestas.

Este Foro nace con el objetivo de promover la regeneración democrática de las instituciones y, por supuesto, de los partidos políticos que, con el paso de los años, se han ido convirtiendo en máquinas burocráticas electorales cada vez más alejadas de la voluntad de sus militantes y de los problemas de los ciudadanos. Queremos que los partidos políticos y en especial el nuestro, en el caso de los que pertenecemos al Partido Popular, vuelvan a ser lo que nuca debieron dejar de ser, cauces de participación y expresión de la voluntad de los ciudadanos.

Por ello, desde esta Asociación queremos promover la democracia interna, la participación, el debate interno, la libertad, la honradez y la eficacia en la gestión pública, la ejemplaridad y la transparencia. Conceptos e ideas que ninguna persona decente podría considerar contrarias a los intereses de un partido político y, menos aún, a los intereses del Partido Popular. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, vemos como algunas personas confunden los intereses del partido con los personales o los intereses generales con los de su bolsillo.

Hoy, cuando el crédito de la clase política está más bajo que nunca, cuando se cuestiona el propio sistema democrático, es más necesario que nunca reivindicar el noble arte de la política y la vocación de servicio público. Pero para poder hacerlo con coherencia y con credibilidad es imprescindible exigir una profunda regeneración de todo aquello que sabemos que no funciona bien, es preciso denunciar comportamientos escasamente ejemplares y es necesario formular alternativas y nuevos modelos de participación.

Con esta vocación nace el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases y lo hace desde más de 60 municipios de la Comunidad Valenciana en cada uno de los cuales se irá constituyendo un Foro Local, un lugar de encuentro, de reflexión, de debate y participación destinado a enriquecer el debate político y a promover nuevos modelos de acción política. No ignoramos las enormes dificultades de toda índole a las que nos enfrentamos, incluido cierto silencio mediático, pero estamos convencidos de que el esfuerzo merece la pena.”

Santiago de Munck Loyola


martes, 14 de mayo de 2013

Del cordón sanitario a “un pacto por favor”.



¡Cómo cambian los tiempos! Hace pocos años, ayer como quien dice, el Sr. Rubalcaba, junto a los demás miembros de su partido, era uno de los promotores de aquella estrategia antidemocrática llamada del “cordón sanitario” al PP o lo que es lo mismo, al “PP ni agua”. El PSOE promovió entonces un aislamiento político al Partido Popular a todos los niveles, promoviendo cualquier tipo de alianzas y pactos con cualquiera con tal de no acordar nada con el Partido Popular. De esta forma y durante dos legislaturas, el PSOE, con un respaldo electoral muy inferior al que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones, tomó toda clase de decisiones e impulsó todo tipo de reformas legislativas sin sentarse a hablar con el Partido Popular, sin diálogos, ni consensos, que para eso estaba en vigor el llamado “cordón sanitario”. Sin acuerdos con el principal partido de la oposición y con un visible ánimo revanchista, los socialistas deshicieron todo lo que pudieron y a velocidades de vértigo: la reforma educativa, el Plan Hidrológico Nacional, la política antiterrorista, la política exterior renunciando al mayor peso obtenido para España en la Unión Europea, etc. Hasta la ley de aborto fue objeto de una importante reforma sin contar para nada con la oposición consiguiendo que España sea el único país del mundo en que las menores puedan abortar sin conocimiento ni autorización de sus padres.

Hoy, el panorama es muy distinto. El Sr. Rubalcaba y los suyos, además de seguir horadando su suelo electoral, por cierto con excelentes resultados, no dejan de ofrecer supuestos pactos y no paran de apelar al diálogo al Gobierno. Un diálogo que ellos nunca ofrecieron y un consenso que siempre negaron. Hoy cualquier reforma del nuevo gobierno es sistemáticamente descalificada, es tachada de contrarreforma al mismo tiempo que se ofrecen pactos. La experiencia demuestra cómo construye y cómo gestiona los pactos el PSOE y no hay más que recordar lo sucedido en torno al pacto antiterrorista.

La última generosa oferta del Sr. Rubalcaba versa sobre la política económica. Es verdad que el PSOE pide ahora muchas cosas que no quiso, pudo o supo hacer como se ha visto en el tema de la dación en pago pero, ahora, la nueva propuesta socialista introduce elementos tan novedosos como curiosos, algunos incluso fuera de la esfera del sentido común. El Sr. Rubalcaba acaba de presentar una serie de medidas para pactar con el Gobierno. Como era de esperar, los socialistas se decantan por seguir tirando del dinero público sin concretar de dónde piensan que se podrían obtener los recursos necesarios para ello sin subir los impuestos o sin incrementar el endeudamiento público, cuyos intereses nos están ahogando. El PSOE propone  créditos de hasta 30.000 euros por cada contrato indefinido de un desempleado, por ejemplo, o que las empresas de menos de 50 trabajadores que amplíen su plantilla con desempleados y la mantengan durante el tiempo de aplicación de los estímulos laborales, tengan una bonificación extraordinaria del 100 % de las cotizaciones sociales el primer año, el 75 % el segundo y el 50 % el tercero, aumentando así el desequilibrio de sus cuentas o la creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza, con una dotación de hasta mil millones de euros para 2013, sin especificar de dónde se saca ese dinero.

La propuesta de pacto al Gobierno abarca la política de vivienda, control de precios, modelo fiscal, modelo de crecimiento y política industrial, reformas en el sector de la energía y de las profesiones reguladas, reforma de las administraciones públicas y una ley de transparencia pactada, como si no pudieran llegar a acuerdos en el trámite parlamentario de la que se está tramitando. Y tiene su miga que en cuanto a las pensiones, el PSOE advierta que no apoyará nuevas reformas sin el consenso de los integrantes del acuerdo tripartito que modificó el sistema en 2013, y aboga por mantener el pacto de Toledo, suscrito hace 20 años y que, afirma el documento, "es un activo intangible que debe ser preservado". Un activo intangible siempre y cuando que el que lo toque no sean ellos, se entiende.

Parece que ya ha quedado claro que esa ocurrencia de tocar el dinero del rescate bancario para otros fines diferentes a los que tenía asignado no tiene encaje legal en la Unión Europea y que la peregrina propuesta de dar dinero a las empresas a cambio de que no se produzcan despidos, se ha encargado el mismo Felipe González de tirarla por tierra.

Es evidente que los dirigentes socialistas siguen a lo suyo, en no reconocer los errores y las responsabilidades que nos han traído hasta aquí, en insistir en modelos y políticas económicas suicidas, en seguir profundizando en estrategias suicidas y en intentar hacer creer que tienen una alternativa cuando lo que en realidad proponen es una fotocopia de su pasado más reciente. Rubalcaba y los suyos van a conseguir hacer realidad de frase del recientemente fallecido Giulio Andreotti de que el “poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 8 de mayo de 2013

El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.


El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.
Dice crear una corriente de opinión contraria al interés del Partido.
(Página 1, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).
El PP expedienta al militante alicantino que pidió apartar a los cargos imputados.
Le acusa de “creación de corrientes de opinión contraria a los intereses del partido”.
H. Fernández/Alicante.
El PP de la Comunidad Valenciana notificó el pasado viernes, con fecha 29 de abril, al líder de Esperanza Popular, el afiliado alicantino Santiago de Munck, la apertura de un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías (órgano disciplinario regional) por “participar de forma activa en actos dirigidos a crear o inducir la creación de corrientes de opinión contrarias a los intereses del partido”. Se da la circunstancia de que de Munck es el único afiliado del PP de Alicante que se ha atrevido a pedir públicamente que los cargos públicos del partido cumplan con los principios de “austeridad, honestidad y eficacia en la gestión pública” y que se aparten “de su seno a cuantos vulneren dichos principios”. De Munck fue así de claro ante la triple imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su vicealcalde Andrés Llorens, entre otros cargos públicos de la ciudad y diputados de las Cortes Valencianas salpicados por supuesta corrupción.

El escrito, firmado por el instructor del caso y diputado Felipe del Baño, le da la oportunidad a De Munck de responder en un plazo de 15 días y ayer mismo el afiliado contestó que le es “imposible efectuar alegación alguna en mi defensa si no se me da traslado del expediente íntegro que sirve de base para la incoación del expediente informativo”. También se queja de que “estamos ante un claro supuesto de indefensión que sumado al previo anuncio” en un medio de comunicación provincial el 22 de febrero “retrataría perfectamente el modo de proceder del Comité de Derechos y garantías”.

De Munck además muestra su extrañeza con que se abra expediente “sin haber resuelto previamente el recurso que presenté por la vulneración por parte de la dirección local y de la provincial de Alicante de mis derechos políticos recogidos en los estatutos del partido, sin que se haya pronunciado tampoco sobre la apertura o no de expedientes informativos a los cargos del partido que han venido incumpliendo los estatutos del partido y de cuyas actuaciones he informado y sin que tampoco haya resuelto el Comité Nacional de Derechos y Garantías otro recurso que he presentado”.

De Munck, que es interventor (1) municipal de Monforte del Cid, se opuso desde el primer momento a la división de la Junta Local del PP de Alicante en distritos, una decisión tomada por el presidente provincial del PP de Alicante, José Ciscar, a su llegada al cargo. Para De Munck y los suyos esta decisión debía haberse votado en el seno del partido.

Fue entonces cuando, junto a otros compañeros del Partido agrupados bajo Esperanza Popular, redactó un manifiesto “por la regeneración interna del PP” que recogió cerca de 400 firmas y que elevó a Madrid, a la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal. Posteriormente De Munck y sus afines comenzaron a trabajar en la campaña interna del PP local de Alicante abriendo un foro público de discusión que en principio iba a ser oficina electoral. No obstante la provincial ha paralizado el proceso de los distritos. En este tiempo, la cúpula del PP alicantino envió información al comité disciplinario para que actuase contra el afiliado por todo lo anterior.

(1)   Se trata de un error. Es funcionario, pero no Interventor.

ORGANIZACIÓN.
Y los distritos, paralizados.
Mientras se incoa el expediente contra el afiliado Santiago de Munck, la dirección provincial ha ralentizado la implantación de los distritos de la junta Local del PP de Alicante a la espera del futuro judicial de la alcaldesa (una probable apertura de juicio oral por tres graves delitos en la trama “Brugal”) y en previsión de que ella utilizase este proceso para reivindicarse ante la militancia y si gana, ante los órganos superiores del partido cuando llegue la confección de listas electorales. El proceso se encuentra estancado en la redacción de un reglamento de funcionamiento.

(Página 5, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).

martes, 7 de mayo de 2013

El Ayuntamiento pasota.



Hace poco más de un año, los vecinos residentes en la Comunidad de Propietarios Helios, más de 80 familias, presentamos un escrito dirigido a la Sra. Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, comunicándole algunas deficiencias en nuestro entorno para que o bien les diese solución o diese traslado a la autoridad que fuese competente para ello. En concreto, poníamos en su conocimiento que en las pequeñas playas situadas junto al edificio habían desaparecido los letreros que prohibían el acceso a las mismas a los perros y que era frecuente ver perros por la playa cuyos dueños los soltaban sin ninguna consideración. También, poníamos en su conocimiento la costumbre de algunos vecinos de la ciudad de vaciar urnas con las cenizas de fallecidos o incluso la de tirarlas tal cual en los espigones situados a pocos metros de estas pequeñas playas, sugiriendo que se señalizase la zona prohibiendo esas prácticas a escasos metros de donde mucha gente se baña.

No es que se tratase de graves problemas, pero sí de costumbres que incomodan a muchos de los usuarios de estas zonas de baño. Pues bien, ha pasado más de un año y nadie en el Ayuntamiento, ni la Alcaldesa, ni sus concejales ni ninguno de sus numerosos asesores ha tenido ni la cortesía, ni la buena educación de contestar, ni de acusar recibo de esta solicitud. Es verdad que 80 familias no son muchas y que no somos tan importantes como los generosos amigos de la Sra. Alcaldesa, pero ¡hombre! somos contribuyentes, somos ciudadanos que merecemos un mínimo de respeto.

Es posible que la Sra. Alcaldesa esté demasiado ocupada con sus líos judiciales o tratando de explicar o maquillar las criticadas cuentas del Ayuntamiento o con la supervisión de los pliegos de las millonarias contratas que se suele llevar su amigo, el dadivoso, pero no está sola. Cuenta con muchos concejales que podrían atender y dar respuesta a los problemas de los vecinos y no sólo de los contratistas municipales. Y cuenta también con un elevado número de asesores (asesor y medio por concejal), como en la Diputación de Alicante, que pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos y que podrían ocuparse de estos “bajos” menesteres o que podrían, puestos a ello, hacer su trabajo y asesorarla indicándole que es de buena educación responder a los escritos de los vecinos. Bastaría con una corta misiva diciendo que han recibido el escrito y que van a solucionar el problema o que no lo van a solucionar porque no es de su competencia pero que dan traslado del mismo a quien competa. No cuesta tanto trabajo aparentar que se preocupan de las necesidades de los vecinos aunque no estemos cerca de unas elecciones municipales.

La verdad es que no es tan difícil ¿no? Quizás deberíamos ir pensando en cambiar el nombre de la Comunidad de Vecinos. Quizás si nos llamásemos Comunidad de Vecinos Ortiz alguien se tomaría la molestia en responder algo. ¡Quién sabe!

Santiago de Munck Loyola

viernes, 3 de mayo de 2013

Los partidos políticos y nuestro dinero.



El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que "Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial". El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 1 de mayo de 2013

Frente a la comprensión y paciencia, más esperanza.



La cifra de 6.202.000 parados, las nuevas medidas y las negras previsiones anunciadas por el Gobierno el pasado viernes y las distintas y contradictorias declaraciones de varios dirigentes gubernamentales conforman un paquete difícil de digerir para cualquiera. Hace poco menos de una semana los Ministros de Guindos y Montoro, incluso el propio Presidente, declaraban que no iban a hacer falta nuevos recortes, que las autoridades europeas no exigían más ante los recortes ya llevados a cabo y que no habría, en palabras del propio Rajoy, más “hachazos”. Días después, el propio Presidente Rajoy nos anunciaba recortes adicionales en 2013 por importe de 3.000 millones de euros ¿navajazo en vez de hachazo? El viernes pasado, la Vice Presidenta, Sáenz de Santamaría, pedía comprensión a los ciudadanos y el domingo era Rajoy era el que pedía paciencia a la vez que repetía que el gobierno “sabía a dónde iba”.

El problema no radica en “saber a dónde se va”, sino que lo que es discutible es el camino elegido para llegar al destino. Es muy probable que sin todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Rajoy y todos los sacrificios impuestos a los ciudadanos hoy estaríamos mucho peor. Es muy probable que de haber seguido con las políticas socialistas hoy España estaría intervenida con muchos más recortes que los hasta ahora impuestos y con una tasa de paro todavía peor. Pero el problema es que para lograr esto, el Gobierno ha optado por unas medidas contrarias a su programa electoral y a los propios principios definidores de la acción política de un Gobierno del Partido Popular. Es decir, que el Gobierno del PP ha elegido un camino diferente al que prometió y que a la luz de los resultados y, sobre todo de las negras previsiones, es mucho más largo y tortuoso de lo esperado.

Sáez de Santamaría nos pide comprensión y Rajoy paciencia. Sinceramente es muy difícil comprender por qué se han abandonado las políticas y los principios del programa del Partido Popular para aplicar unas medidas que sólo en parte obtienes resultados precarios, sobre todo en la contención del déficit, y es más difícil aún ser comprensivos cuando nadie se toma la molestia en explicar a los ciudadanos el por qué de dichos cambios. La paciencia pedida por el Presidente no es otra que la resignación ante el sufrimiento que la situación actual impone. Según se recoge hoy en vozpopuli.com el propio Gobierno admite que el impacto de las medidas que ha venido adoptando ha sido perjudicial para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Los recortes y las subidas de impuestos del Gobierno son las responsables del desplome de la economía. En el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas para el año 2013 se admite que el crecimiento económico se ha frenado un 2,58% en un año como consecuencia de unas políticas que también han dado como resultado un aumento del 1,9% del paro. El Ejecutivo sostiene que esas cifras se tornarán positivas a en una década cuando, según sostiene, el empleo crecerá un 9,12% gracias a las que bautiza como "medidas de consolidación fiscal". Es decir, que sanear las cuentas públicas y el sector financiero, bases imprescindibles para crecer, han supuesto en un primer momento un frenazo al crecimiento y, consecuentemente, un mayor desempleo.


Los que hoy hablan sin pudor alguno de “austericidio”, aplaudieron ayer el “despilfarricidio” cuyas consecuencias estamos pagando ¡y a qué precio! Hay que saber que no podemos volver a esas políticas socialistas fracasadas. Todavía tenemos que gastar menos e ingresar más para equilibrar las cuentas públicas. Se ha hecho evidente que aumentar los ingresos subiendo los impuestos ha sido contraproducente porque ha implicado reducir la actividad económica y generar más paro. A lo mejor es hora de volver al programa popular y bajar la presión fiscal para dinamizar la actividad, generar consumo, empleo e incrementar así la recaudación. Y gastar menos se puede seguir haciendo pero no a través del recorte de las prestaciones sociales sino acometiendo de verdad la reforma y recorte de un estado insostenible y plagado de duplicidades. Es decir, acometiendo de una vez una profunda reforma política.

Estos días dos voces se han alzado frente a la comprensión y a la paciencia y merece la pena analizar lo que dicen. Desde posiciones ideológicas distintas tanto Mikel Buesa como Esperanza Aguirre vienen a coincidir en que la situación económica exige la adopción de medidas con más contenido político que económico, pero cuyas consecuencias serán de calado económico. Parece que el fuerte impulso reformista que caracterizó los primeros meses del Gobierno de Rajoy ha perdido fuelle. 40 de las 70 reformas anunciadas en el último año no se han llevado a cabo y un análisis de las mismas permite subrayar que son precisamente las reformas de más contenido político las que se han quedado aparcadas.

El Gobierno debería volver la vista y centrar su actividad en la puesta en marcha de todas las reformas de contenido político que permitirán reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Y hacerlo venciendo las notables resistencias que esas reformas levantan entre la clase política y especialmente entre los propios barones del Partido Popular. Lo que no resulta admisible ni comprensible es que el peso de las reformas siga recayendo sobre el sufrido ciudadano mientras no se acometen reformas estructurales profundas. Sabemos el destino al que nos llevan pero no puede haber paciencia cuando se elige un camino que no era el previsto, que resulta ser el más largo y cuando las mochilas más pesadas las tienen que llevar los de siempre, los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/