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domingo, 29 de diciembre de 2013

La energía intervenida.


Buena se ha liado en los últimos días con la anunciada subida de un 11 % del recibo de la luz a partir del próximo enero  como consecuencia del resultado de la última subasta (CESUR) y por la consiguiente decisión del Gobierno de suspenderla. Todo parece indicar que no se producirá esa subida ya que el Gobierno, de prisa y corriendo, ha fijado un nuevo precio político de la electricidad moderando radicalmente la subida anunciada. Pero no nos engañemos porque tal y como van las cosas los usuarios, de una forma u otra, terminaremos pagando en nuestros recibos lo que el Gobierno y las eléctricas decidan. Lo cierto es que los consumidores estamos sometidos a un complejo régimen de establecimiento de precios en el sector eléctrico cuyas consecuencias son las que son, a saber, que el coste de la electricidad para uso industrial ha aumentado desde el año 2008 un 27 % situándose en el quinto lugar de los más caros de la Unión Europea y que desde el año 2006 el recibo de la luz para el consumo doméstico ha aumentado un 70 % por lo que los usuarios españoles pagamos una de las electricidades más caras de Europa. Y aún así, pagando uno de los recibos más caros de la Unión Europea mientras que percibimos unos salarios no precisamente homologables con nuestros vecinos, resulta que los consumidores españoles debemos al sector eléctrico cerca de 30.000 millones de euros que año tras año, sobre todo desde el 2005, se han ido acumulando y que se engloban bajo ese concepto del déficit tarifario, tan querido para algunos.

¿Y todo esto por qué? ¿Acaso en España los costes de la generación y distribución de la energía eléctrica son mucho mayores que en Europa? ¿Acaso la empresas eléctricas españolas son tan ineficientes e incompetentes? Pues no. Las empresas eléctricas españolas, a pesar de estar plagadas de ex políticos excelentemente remunerados, no son tan incompetentes a la hora de fabricar electricidad a precios europeos competitivos. El problema no está ahí, sino en la intervención pública, en la intervención estatal sobre el precio de la electricidad. El importe del recibo de la luz que los españoles pagamos desde hace años es más político que económico y a mayor intervención estatal sobre el mercado más caro nos sale el recibo.

La tarifa de último recurso (TUR), que a partir de 2014 se denominará precio voluntario al pequeño consumidor, está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la mitad de la factura cada uno, y a los que se suman los impuestos. Es decir, que de cada 50 € que pagamos en el recibo, más de 30 € se deben a la intervención pública (peajes e impuestos) y menos de 20 € al coste de la energía. Los peajes los fija el Gobierno de turno y retribuyen lo que cuesta transportar y distribuir la energía eléctrica y además sirven para pagar decisiones políticas como las primas que se pagan a las renovables, la moratoria nuclear, las subvenciones al carbón, el sobrecoste que supone generar electricidad en sistemas extrapeninsulares y la financiación del déficit de tarifa. Y la otra parte del recibo, el coste de la energía, se establece en la subasta Cesur en la que intervienen los agentes del mercado.

Son las decisiones políticas de nuestros gobiernos las que año tras año han ido inflando el famoso déficit tarifario y que finalmente tendremos que pagar los consumidores bien a través del recibo, bien a través de la hacienda pública. De lo que no cabe duda es que el intervencionismo estatal en este ámbito ha sido y es un atentado directo a la economía de las familias, gravando sin compasión un artículo de primera necesidad, y a la competitividad de nuestras empresas contribuyendo con ello a la destrucción de empleo. Hoy por hoy, los consumidores no tenemos una auténtica capacidad de elección de nuestro suministrador de energía ni tenemos acceso a un mercado libre en el que a través de una competencia real los precio sean fijados con criterios económicos y no políticos. No tiene ningún sentido que por el hecho de que un gobierno decida subvencionar a los fabricantes de energía fotovoltaica con sus paneles importados de China seamos finalmente los consumidores quienes tengamos que pagar en nuestro recibo de la luz esa subvención. Y en medio de este panorama llama mucho la atención que algunos hayan decidido desempolvar su particular “libro rojo” y reivindiquen como una solución la nacionalización del sistema eléctrico. Si en la actualidad la intervención pública en el sistema eléctrico supone un sobrecoste de más del 50 % para el bolsillo del usuario, mejor no imaginar qué ocurriría si todo el sistema eléctrico dependiera de nuestros políticos. Apaga y vámonos.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 23 de diciembre de 2013

¿Ladran?...


Hace pocos días, D. Antonio Zardoya, periodista y colaborador del Diario El Mundo ha escrito un artículo titulado “la derecha cainita” en el que lejos de realizar un análisis sobre las discrepancias políticas que existen en el centro derecha alicantino, tal y como podría sugerir dicho título, desarrolla más bien un ajuste de cuentas, en buena medida de carácter personal, destinado a descalificar el nacimiento de una nueva opción política en la provincia como es Ciudadanos. El Sr. Zardoya expone su simplista tesis, a saber, que las escisiones en el seno del Partido Popular de Alicante, a diferencia de los que según él ocurre en la izquierda, se debe a que cuando alguien es apeado de las listas electorales, se “cabrea” y monta su propio partido. Y para justificar esta simpleza fabrica un enorme saco en el que mete a todo aquel político que haya decidido emanciparse de la pesada bota popular y explorar otras iniciativas políticas, tan legítimas como cualquier otra. Sin “cortarse un pelo”, el Sr. Zardoya mete en su saco a Domingo Soler de Torrevieja, a Sonia Castedo a la que acusa de amenazar al PP con promover su propio partido, a Carlos Fabra que anda por Castellón, a Gema Amor y a David Devesa de Benidorm o a Emigdio Tormo en el caso de Elche, recientemente elegido representante provincial de Ciudadanos y al que guarda, al parecer, extrañas y oscuras animadversiones. A todos, de una forma u otra, los califica como cadáveres políticos, los sitúa interesadamente en el difuso contexto de la corrupción y los termina por embalsamar como políticos de cuerpo presente en el, según él, tanatorio de Ciudadanos.

Como respuesta escueta a tal cúmulo de desatinos, a esa ensalada seudoperiodística aliñada con buenas dosis de inquinas personales bastaría un “ladran, luego cabalgamos”. Sin embargo, parece mucho más adecuado, sobre todo para argumentar racionalmente el debate público, destacar algunos aspectos del citado artículo.

Según el Diccionario de la RAE, cainita significa “perteneciente o relativo a Caín. Se dice especialmente del odio o enemistad contra allegados o afines”. Y anda muy desorientado el Sr. Zardoya si piensa que las discrepancias o el fraccionamiento de la derecha alicantina se deben a odios o enemistades contra allegados o afines. Más sólidas son las divisiones en el campo de la izquierda y a nadie se le ocurre la simpleza de atribuirlas a odios o enemistades personales. La existencia de corrientes o de grupos ideológicos dispares en el campo del centro derecha no debería ser contemplado como algo negativo o condenable por un demócrata observador de la realidad y generador de opinión pública. Todo lo contrario, por lo que parece fuera de lugar, desde una perspectiva democrática y pluralista, encuadrar las discrepancias ideológicas en el ámbito de las guerras cainitas o simplemente personalistas.

Lo que llama la atención en el discurso del comentarista es la ausencia de un análisis, por superficial que fuera, de las causas que favorecen la fractura del centro derecha cuya unidad, por cierto, tanto esfuerzo costó. A modo de apunte, baste indicar que una de las principales causas se encuentra en la ausencia de canales de participación de la militancia en los órganos de gobierno del Partido Popular provincial, la falta de talante dialogante y democrático de muchos de sus dirigentes y en un elevado déficit de democracia interna que impide que sea la propia militancia la que decida quiénes deben o no representarles en las instituciones democráticas.

Pero parece que al Sr. Zardoya no le interesa hablar de eso, no. Ha construido un escrito y una tesis utilizando el método de la coctelera. Un “totum revolutum” que, en definitiva, busca descalificar a determinadas personas, quizás para saldar viejas cuentas, y, de paso, a una nueva opción política que le guste o no cada día tiene más seguidores. Y. lo que es peor, monta su tesis faltando a la verdad. Habrá a quien le guste más o menos la trayectoria del nuevo dirigente provincial de ciudadanos Emigdio Tormo o quien cuestione su reciente elección, pero no se debe mentir para expresar ese disgusto. Es falso que Tormo “se haya colocado como coordinador provincial”, ha sido elegido, importante matiz que a un demócrata no se le debería escapar, como también es falso que en 2011 “se quedara en el paro político”, a no ser que el periodista tenga constancia fehaciente de un parón en la actividad política del Sr. Tormo. No parece muy ético, intentar mezclar el cese en el desempeño de una responsabilidad política con el “paro” en estos tiempo que corren para intentar transmitir una idea equivocada o unos móviles poco ejemplares sobre su nueva actividad política. Por cierto que Emigdio Tormo tiene la suerte de estar en activo laboralmente.

Por último, es posible que quien sólo quiere construir una tesis sobre la base de prejuicios personales no pueda ver el nexo de unión entre muchas personas con sensibilidades políticas diferentes y que les conduce hacia Ciudadanos. Pues bien, es algo tan sencillo como la regeneración política, la necesidad imperiosa de que los partidos e instituciones sean regenerados democráticamente. Cada uno, de derechas o izquierdas, podrá tener un rumbo, un destino pero si el autobús que ha de conducir a los pasajeros no pasa la ITV, si falla su mecánica, dará igual el destino que la mayoría elija, el viaje se frustrará. Pues bien, de eso se trata, de regenerar el autobús, los partidos y las instituciones, porque tal y como están no se puede viajar con garantías. Y eso tan simple, tan elemental, es lo que puede y de hecho une a mucha gente, a muchas personas, que no cadáveres políticos, con inquietudes sociales y políticas que, aunque con destinos diferentes, coinciden en que lo primero que hay que hacer es garantizar el viaje. Y esa garantía, desgraciadamente, no se puede encontrar en los actuales dirigentes del Partido Popular de la Provincia de Alicante. No se pongan nerviosos, no descalifiquen, aparquen prejuicios y fobias personales porque queda un largo recorrido por delante. Ciudadanos está dando sus primeros pasos en Alicante y hay mucho por definir y construir, pero es evidente que hay quien prefiere poner sobre el tapete del debate nombres y no ideas ni proyectos. Esa apuesta puede que sea la de los partidos tradicionales y sus servidores mediáticos, pero no es la de la ciudadanía.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 22 de diciembre de 2013

¿Otro “gatillazo” popular en Orihuela?


Dicen que a la tercera va la vencida, pero el tiempo dirá si por fin prospera la moción de censura que el Partido Popular ha presentado en Orihuela. Y por lo que se ve la desvergüenza de algunos líderes del Partido Popular no tiene límite. Es el caso del D. José Ciscar “capitis diminutio” en el Gobierno Valenciano, por la más que justificada desconfianza del Presidente Fabra, y que puesto a justificar esta nueva moción de censura ha apelado, como no podía ser menos, a la necesaria gobernabilidad del municipio y quien, además, no ha tenido ningún reparo en avalar una moción de censura promovida con cinco concejales del Partido Popular imputados en diversos casos de corrupción. Parece que, una vez más, la línea roja del Sr. Fabra es una línea intermitente, como en la ciudad de Alicante.

Por su parte, el Secretario General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, que asistió a la presentación del acuerdo de la moción de censura entre PP y el Centro Liberal Renovador de Orihuela, lo presentó como un “ejercicio de responsabilidad por la ciudad de Orihuela”. Según explicó, el acuerdo “tiene vocación de futuro” y posibilitará que Orihuela tenga una alcaldesa del PP y que será la portavoz del partido, Pepa Ferrando. Como era de esperar, los promotores de la moción de censura se justifican, como en todas las mociones de censura, apelando a la situación de “ingobernabilidad y parálisis” que sufre el Ayuntamiento y que en este caso está dirigido por un gobierno en minoría, con tan solo nueve concejales, frente a los 15 del PP y CLR.

Parece que el Sr. Ciscar y su escudero, el Sr. JJ Zaplana, están empeñados en engañar a los alicantinos y en tomarnos poco menos que por tontos. Alguna explicación deberían dar estos señores para justificar por qué ahora se han caído del caballo y, súbitamente, avalan una moción de censura haciendo un “ejercicio de responsabilidad”. ¿Por qué no lo han hecho antes? Habrá que deducir que la cúpula alicantina popular ha estado instalada mucho tiempo en la irresponsabilidad respecto a la situación de supuesta ingobernabilidad de Orihuela o que quizás estaba muy ocupada montando una farsa de partido en Alicante para que siga bajo el control de personas imputadas en casos de corrupción. Y, hablando de corrupción, deberían también explicar muy claramente a los ciudadanos cómo es posible que hace unos meses los dirigentes provinciales populares impidieran al Partido Popular de Orihuela que presentase una moción de censura encabezada por la ex alcaldesa Mónica Lorente, imputada en el caso Brugal precisamente por estar imputada, y ahora no exista ninguna reparo político o ético para formalizarla con cinco concejales imputados. Una vez más está quedando claro como el agua la actitud de D. José Ciscar y D. José Juan Zaplana respecto a la corrupción y sus consecuencias judiciales es puramente instrumental, carente de cualquier atisbo de condena e incompatibilidad. Usan las imputaciones según su conveniencia política y están demostrando que son los últimos interesados en que se produzca una auténtica regeneración democrática en la sociedad alicantina y en el PPCV. Algo falla cuando el Presidente del PP de Alicante manifiesta públicamente que el mejor activo del Partido Popular para las próximas elecciones municipales en la ciudad de Alicante es una persona imputada por varios delitos.

No es posible olvidar que el escándalo del caso Brugal nació a la sombra del Partido Popular de Orihuela y del Centro Liberal y que todavía queda bastante por conocer del mismo. Hay casualidades que pudiera ser que no lo son tanto. Y tanto súbito ejercicio de responsabilidad, cuando menos, marea. Estas idas y venidas populares, con mociones de censura fallidas, con pactos secretos y públicos, con candidatos defenestrados, ahora sí, ahora no, termina por dar una más que penosa impresión. Cuando hay tanta porquería detrás, pendiente de lo que dictamine la justicia, lo menos que podrían hacer los dirigentes provinciales del Partido Popular es actuar con una transparencia absoluta y con un exquisito respeto a la inteligencia ciudadana, sin más mentiras, sin tapujos y sin engaños. Una cosa es clara, de “ejercicio de responsabilidad” en Orihuela a estas alturas, nada de nada.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 18 de diciembre de 2013

La agenda política y la agenda ciudadana.


No hay día que pase sin que conozcamos alguna noticia sobre la carrera independentista organizada por parte de la clase política catalana. Se van sucediendo las diferentes reacciones de los partidos y sus líderes en torno al anuncio del referéndum independentista organizado por CiU, ERC y sus socios de la versión catalana de Izquierda Unida y la CUP. Es cuando menos curioso observar como buena parte de la izquierda ha renunciado a su carácter internacionalista de tiempos pasado para anclarse en posiciones localistas de rancio abolengo. Izquierda Unida, sin ir más lejos, apoya la celebración de esa consulta independentista lo que significa que para esa formación la soberanía popular, la del conjunto de los españoles, es fraccionable a demanda. Es decir, que la soberanía popular, tal y como se recoge en nuestra Constitución, puede ser obviada, ignorada y transferida a sólo una parte del cuerpo electoral para que decida sobre el conjunto. Lo que nadie nos aclara, ni Izquierda Unida ni sus compañeros catalanes de aventura independentista es cual es límite hacia abajo en el que se puede ir fraccionando la soberanía popular. Si la soberanía popular puede, según ellos, ser amputada y ejercida sólo por una parte del cuerpo electoral, el catalán en este caso, ¿por qué no puede ser fraccionada aún más? ¿Por qué, por ejemplo, los ciudadanos de Badalona o del Valle de Arán no podrían a su vez ejercer el mismo derecho a decidir si quieren o no estar integrados en una hipotética Cataluña independiente? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para justificar el fraccionamiento de la soberanía popular? Una verdadera incógnita.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da por sentado que esa consulta independentista no se va a celebrar y se ampara en el respeto a la legalidad constitucional como garantía para ello. Por su parte, los socialistas del PSOE están tratando de reconstruir sus relaciones con los socialistas catalanes tras las evidentes discrepancias en este asunto reflejadas en la ruptura de su unidad parlamentaria. Hoy mismo, en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el jefe de la oposición, Pérez Rubalcaba ha puesto de manifiesto su coincidencia con Rajoy a la hora de rechazar la celebración de un referéndum y de oponerse a una hipotética independencia de Cataluña. Y punto, porque a partir de esa coincidencia Pérez Rubalcaba ha aprovechado su turno para reiterar una vez más el discurso que en los últimos meses ha venido desplegando su partido, es decir, pedir el cambio de la Constitución y asegura, según él, al menos otros 35 años de convivencia entre todos los españoles en el marco de una España federal. Los socialistas, frente al desafío de los independentistas, son partidarios de reformar la Constitución de 1978 y dotar con ello a nuestro Estado de una estructura federal.

Es evidente que, tras 35 años de funcionamiento, nuestra Constitución necesita una revisión, pero es probable que dicha revisión no deba ir precisamente en la dirección que los socialistas señalan. La reforma constitucional no puede plantearse, porque es sencillamente falso, como una respuesta destinada a contentar a nacionalistas e independentistas, que tanto monta… Nacionalistas e independentistas sólo pueden justificar la razón de su existencia sobre la base de la confrontación permanente, de la reivindicación y del agravio comparativo. El desarrollo constitucional operado en las últimas décadas y plasmado en el modelo autonómico ha demostrado que a mayores cotas de descentralización estatal y autogobierno autonómico más independentismo. Cada cesión a los nacionalistas e independentistas lejos de atenuar sus reclamaciones ha servido para que suban un peldaño más en su escalada hacia la ruptura de España. Las llamadas al diálogo y al consenso de los nacionalistas e independentistas sólo sirven si con ellas “sacan tajada”, para ellos dialogar significa que el estado debe ceder a sus pretensiones, nunca a la inversa. Parece, por tanto, más que evidente que la solución de los socialistas, la reforma constitucional, al desafío de los separatistas peca de candidez y de aceptarse sería sumamente peligrosa para la unidad de España y para el modelo de Estado. Nadie puede creer sinceramente que la configuración de un modelo federal contentaría a los separatistas porque, por definición supondría la desaparición de los llamados “hechos diferenciales”. Y si lo que proponen es un desarrollo de eso que algunos denominaban el “federalismo asimétrico” no es necesario, porque eso es, en el fondo, la esencia de un estado autonómico, con competencias regionales diferentes en cada territorio.

Una gran parte de los ciudadanos vemos como un problema la actual articulación del Estado autonómico. Tiene graves defectos de funcionamiento que impiden fundamentalmente una auténtica igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles y, además, comporta un grave lastre económico especialmente llamativo en tiempos de crisis como la presente. Una reforma constitucional debería quizás abordar la racionalización del estado, la redistribución y la delimitación precisa de las competencias cerrando, de una vez, el permanente proceso de incertidumbre.

Y siendo todo lo anterior tremendamente importante, da a veces la sensación de que la clase política está en juego bastante alejado de lo que hoy por hoy preocupa a la inmensa mayoría de los españoles. En medio de una recesión como la presente, con un paro atroz, con un crecimiento desorbitado de la pobreza y de las desigualdades sociales, con una caída del nivel de vida de los españoles y con un recorte permanente de nuestro Estado de Bienestar da la impresión de que la agenda de nuestra clase política está en otra cosa. La incapacidad de muchos políticos para resolver los problemas básicos de los ciudadanos queda difuminada tras iniciativas extemporáneas y sentimentalistas que terminan arrastrando al resto mientras los ciudadanos seguimos pagando las consecuencias de su fiesta. ¿No será mejor ocuparse ahora de resolver los graves problemas que asfixian a los ciudadanos? Yo creo que sí.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 13 de diciembre de 2013

Ciudadanos de y para Alicante.


Alicante, nuestra ciudad, no es sólo la capital de la cuarta provincia más poblada, no es sólo la segunda ciudad por población de la Comunidad Valenciana, ni tan sólo la undécima mayor ciudad de España. Es mucho más, es ante todo nuestro hogar, el de los que en ella han nacido y el de los en ella hemos elegido vivir, un crisol de culturas, un gran proyecto de futuro que engarza como pocos otros sitios tradición y vanguardia. Un hogar cálido, generoso, pacífico y acogedor. Una sociedad dinámica, activa y pujante repleta de posibilidades aún por desarrollar. Pero esta gran ciudad, nuestra ciudad y sus ciudadanos, no han alcanzado aún ni han podido desarrollar todo su potencial porque ni se la trata con justicia ni su clase política ha sabido estar a la altura suficiente para impedirlo. Alicante lleva años siendo la víctima de la sumisión de sus dirigentes a los intereses partidistas de sus grandes formaciones políticas. Han callado una y otra vez ante decisiones discriminatorias que han perjudicado notablemente a la provincia y a su capital, nuestra ciudad. Y han deteriorado la imagen de la gestión de nuestra ciudad, escándalo tras escándalo, titular tras titular.

Ante esta situación, ante la falta de regeneración de las organizaciones políticas de la ciudad y ante su incapacidad de anteponer los intereses de los alicantinos a los de sus partidos, somos cada día más los ciudadanos que hemos decidido decir ¡Basta ya! Y hemos elegido transformar nuestro desencanto, nuestras ideas y proyectos en acción. Hemos decidido pasar de las palabras a las obras y de los eslóganes a los hechos. Hemos apostado por dejar de ser meros espectadores o críticos pasivos a trabajar activamente por devolver el destino y el futuro de la ciudad a sus únicos propietarios, los ciudadanos. Alicante, nuestra gran ciudad, merece ese esfuerzo porque su futuro, nuestro futuro como ciudadanos, sólo debe depender de lo que cada uno de nosotros decida aportar.

Los ciudadanos comprometidos con Alicante y preocupados por su presente y su futuro somos plenamente conscientes de que para poder contribuir a la construcción de un brillante futuro para nuestra ciudad hace falta hacerlo desde la política activa, desde el trabajo a pie de calle y concurrir a las urnas con una oferta electoral sincera, creíble y veraz. Y por ello nos hemos puesto a trabajar en la constitución de un partido de y para los ciudadanos de Alicante. Un partido que apuesta por la regeneración democrática como condición previa indispensable para poder desarrollar una política honrada y basada en el sentido común.

Somos plenamente conscientes de que no es una tarea fácil. Las malas expectativas electorales de las tradicionales fuerzas políticas de la ciudad, al igual que en el resto de la Comunidad Valenciana, están generando excesivas expectativas que promueven extraños movimientos en ciertos sectores y personajes siempre dispuestos a situarse allí donde crean que el sol más pueda calentar. Se detectan prisas y urgencias para posicionarse y codazos para lograr el mejor acomodo posible. Algunos tratan de importar de sus antiguas formaciones precisamente viejos y caducos hábitos que tanto daño han hecho a la credibilidad de los partidos políticos. Y se equivocan porque el crecimiento de una nueva opción ciudadana al servicio de los alicantinos sólo puede sustentarse sobre la base de la transparencia, de la participación y de la democracia interna. Ni padrinazgos, ni tutelas, ni recomendaciones, lo único que puede contar aquí y ahora es la voluntad de la militancia. Todo lo que no sea así ya está inventado y es patrimonio de los partidos tradicionales.

No va a ser fácil pasar de las frases a los hechos, pero la tarea merece la pena. La añoranza que a veces pudiera nacer por el abandono de unas siglas desaparece cuando se constata que esas siglas hace tiempo que abandonaron los principios que una vez representaron. Y merece la pena, sin ninguna duda, trabajar sin ataduras, sin sumisiones y desde la lealtad a esos principios por el progreso de una gran ciudad como es Alicante, nuestro hogar. Y a esa tarea quiero invitar a todos los ciudadanos de Alicante que hartos de la actual situación apuesten por un futuro brillante, solidario y construido entre todos. En Esperanza Popular – Movimiento de Bases hemos decidido hacerlo y estamos convencidos de que con Ciudadanos podremos lograrlo.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 12 de diciembre de 2013

Ciutadans quiere presentarse en 2015 en la Comunidad Valenciana.

Diario El Mundo. Edición Comunidad Valenciana. 12-12-2013.
Consolida tres direcciones provinciales y ya ha abierto sedes en algunos municipios


H. SANJUANValencia
H. FERNÁNDEZAlicante
Actualizado: 12/12/2013

La hoja de ruta de Ciutadans empieza a aclararse. «Trabajamos para presentar en 2015 una lista autonómica en la Comunidad y varias candidaturas a nivel municipal», confesaba ayer a este periódico el vicesecretario y responsable de Organización de la formación, José Manuel Villegas.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, junto al responsable de Organización, José Manuel Villegas. D. UMBERT

El partido que lidera Albert Rivera ha consolidado tres direcciones provinciales y ve como, de forma espontánea, van naciendo grupos de trabajo municipales con la intención de estar en los próximos comicios locales. Hace unos días se inauguró una sede del partido en Elche y esta misma semana afiliados de Vinarós, Traiguera, Moncofa, Vila-real y Burriana se reunían para constituir formalmente la Agrupación de la provincia de Castellón.
La formación medirá sus aspiraciones reales este sábado en Valencia donde Rivera, acompañado por el ex ministro socialista Antoni Asunción y el escritor Juan Carlos Girauta, presentarán la plataforma cívica Movimiento Ciudadano: una herramienta que aspiran a convertir en un partido con presencia en toda España.
Tras Madrid y Barcelona, Valencia es la tercera parada de esta tournée porque en Ciutadans están convencidos que cualquier salto a la política nacional pasa ineludiblemente por Valencia, donde consideran que su marca tiene más un aterrizaje más sencillo «por la necesidad de que aparezcan alternativas a los partidos antiguos», explica Villegas.

Una idea que corrobora Santiago de Munck, ex del PP: «Se percibe que hay hambre por militar en otras opciones políticas, sobre todo de personas tradicionalmente votantes del PP que están hartos de la corrupción y de la falta de democracia interna». De Munck es el fundador del movimiento 'Esperanza Popular' de Alicante, que puede proporcionar a Ciutadans 60 estructuras locales en la Comunidad desde las que lanzar a la nueva estructura política.
Desde que EL MUNDO informara de los contactos entre Esperanza Popular y Ciutadans para trabajar de forma conjunta se han incrementado exponencialmente las afiliaciones a la primera por toda la provincia y especialmente en la ciudad de Alicante donde en la última semana casi se ha duplicado el número de adscritos contando ya con 300 personas.
Comer con Albert Rivera
Desde principios de diciembre se ha distribuido vía email un correo que bajo el título «¿Quieres comer con Albert Rivera en Valencia?» pretende organizar las reservas para un encuentro más distendido con el líder catalán tras el acto del sábado. Según reza en la convocatoria «puedes acompañarnos en la comida después del acto de presentación del Movimiento Ciudadano en Valencia con Albert Rivera, Antoni Asunción, Carolina Punset, Albert Castillón, Beatriz Pino, Juan Carlos Girauta, entre otras personalidades». Será en el hotel Barceló a las 14 horas, con un menú de Milhojas de ensaladilla y salmón ahumado con salsa tártara; Paella Valenciana; y Tarta Santiago con helado de chocolate. El precio de la comida es de 30 euros por asistente y el plazo para las reservas (limitadas), terminaba el pasado lunes.


jueves, 5 de diciembre de 2013

Rivas: ¿Corrupción al descubierto?


José Masa Díaz y Fausto Fernández Díaz
Buena la tiene montada Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid. Parece que el califato familiar de los primos Díaz tejido desde IU, parte de la comunidad escolar y el Ayuntamiento está llegando a su fin. Los hasta no hace mucho tiempo cachorros de IU, criados a los pechos del califato familiar, han crecido, se han hecho con el control de la organización local y, desde la misma, pretenden imponer sus órdenes en el Ayuntamiento, defenestrando de momento al primer primo, Fausto Fernández Díaz, y exigiendo al segundo primo, el alcalde, José Masa Díaz, que cumpla ipso facto las órdenes que desde la organización local se imparten, tal y como ellos (los primos) hicieron hace 20 años cuando defenestraron a dos alcaldes de IU en poco menos de un año. Hay que ver cómo es la vida, el que a hierro mata a hierro muere.

¿Y por qué esta guerra civil en la reserva material de occidente, en el paradigma de la progresía sectaria, intolerante y filoabertzale? Por el ladrillo, por el vil ladrillo y lo que al mismo rodea que tantos sueños y anhelos despertó ya en 2003 en el primo Fernández Díaz cuando ya se veía con coche oficial y como consejero de urbanismo de la Comunidad de Madrid. Parece ser que según un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid más de 20 millones de euros de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento ripense no están debidamente justificados y que la gestión de dicha empresa pública no está bien fiscalizada por el Ayuntamiento. Y ante este informe, Izquierda Unida de Rivas ha pedido, entre otras cosas, la municipalización de la EMV. Sí, el lector ha leído bien, porque aunque estemos hablando de una empresa municipal y de un Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, que en Madrid siempre está a la cabeza de las manifestaciones clamando contra cualquier fórmula de gestión privada de hospitales o de lo que sea, resulta que allí donde gobiernan como  en Rivas Vaciamadrid, la Empresa Municipal de la Vivienda, creada por IU, está privatizada, también por IU.

Pero, claro, hay privatizaciones y privatizaciones. Y la perpetrada por la progresía ripense no tiene desperdicio. Según los técnicos de la Cámara de Cuentas, Habyco (la empresa agraciada en la privatización) sobrefacturó al Ayuntamiento casi cuatro millones de euros por solo dos desarrollos urbanísticos (Planes IV y V) lo que, según el informe, "demuestra la falta absoluta de control sobre las operaciones que realiza esta empresa". Por otra parte, Habyco no pagó nunca el alquiler del edificio que aloja la EMV, ni el mobiliario de oficina que utiliza incumpliendo así el contrato. La Cámara de Cuentas cifra este desvío en 78.000 euros anuales solo en concepto de alquiler. Igualmente, la Cámara de Cuentas ha detectado un "deterioro" contable de 11,1 millones en la valoración de una parcela que el Ayuntamiento cedió a la EMV en pago por la construcción de la Ciudad Escolar en 2009 que los propios técnicos municipales habían tasado en 20,5 millones mientras que la empresa municipal apuntó el 30 de octubre de 2011 un valor 11,1 millones inferior. La EMV justificó la diferencia con una tasación realizada 2012, más de tres meses después de que se realizara la anotación en las cuentas, por un arquitecto contratado por ella misma. ¿Y quien está encima de esta “modélica y transparente” gestión? Pues el consejo de administración todavía lo preside el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, el primo del Alcalde, Fausto Fernández Díaz.

Tal y como era de esperar los crecidos cachorros de Izquierda Unida han aprovechado el asunto para saldar viejas rencillas y se han tirado a la yugular del califato familiar. El Alcalde, el primo Masa Díaz, se defiende y lo achaca todo a una confabulación entre la Cámara de Cuentas, según él el PP, y los comunistas que ahora dominan la organización local de Izquierda Unida. Pedro del Cura, el portavoz de IU, exige responsabilidades y habla de defender el sagrado patrimonio de los vecinos. Pero que nadie se engañe. El patrimonio de los ripenses le importa un pimiento al Portavoz de IU, sólo quiere usarlo como arma arrojadiza para saldar sus disputas internas. Si fuera sincero el Sr. Del Cura hace mucho tiempo que debería haber actuado porque ha tenido conocimiento de graves quebrantos al patrimonio del municipio perpetrados por su organización y su muleta gubernamental, el PSOE, y ha callado como una…

Y, si por el contrario, han encontrado la luz en Izquierda Unida y son sinceras sus actuales rasgamientos de vestiduras tienen una ocasión de oro para demostrarlo. No hay nada nuevo bajo el sol y el ladrillo en el municipio siempre ha sido propicio a la proliferación de tentaciones poco ejemplares. En 1998, del patrimonio de todos los vecinos salió gratis el suelo para el primer Plan de Vivienda joven, gestionado también mediante una privatización, eso sí, de izquierdas. Pues bien, habiendo sido gratis el suelo, la gestora se lo cobró íntegro a los adjudicatarios de las viviendas. Más de 9.000 euros por vivienda. Alguien, con el beneplácito de IU, se embolsó más de 120 millones de pesetas de la época. (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/08/rivas-alguien-debe-pedir-perdon.html)  E Izquierda Unida y sus juventudes se negaron a investigar el asunto. Y, sin ir tan lejos, en 2003 el Alcalde de Izquierda Unida pagó sin necesidad alguna a la empresa de un amigo 300.000 euros por la “ideo arquitectónica” del proyecto del centro Comercial Rivas Plaza que nuca llegó a ejecutarse. (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/07/el-rivas-centro-monumento-la-corrupcion.html)  E Izquierda Unida calló, como también calló cuando en la pasada legislatura uno de sus concejales fue procesado por prevaricación y por un delito contra el medio ambiente.

No engañan a nadie los nuevos talibanes de la progresía. La transparencia, la honradez o el patrimonio de los vecinos les traen sin cuidado, como siempre. Les mueve, una vez más, los rencores, el sectarismo y las malas artes políticas y personales, tan bien asimiladas de sus mayores, y el ansia desmedida por el control del poder y en sus pugnas internas usarán lo que sea y llagarán a destrozar el municipio, sin ningún tipo de reparo, si ello sirve a sus fines espurios. Lo único bueno de todo esto es que parece que el tiempo pone a cada uno en su sitio, que la caída de máscaras, como la llorada caída del muro de Berlín por estos totalitarios, permite ver el auténtico rostro de cada uno y que Rivas- Vaciamadrid podrá, por fin, contemplar la ficción y la farsa que durante dos décadas la ha gobernado.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 1 de diciembre de 2013

Ni un euro más para la casta dirigente.


Aquí el que no corre vuela. Da la sensación de que aquella desafortunada frase de una ministra de Zapatero afirmando que “el dinero público no es de nadie” está perfectamente asumida entre quienes dirigiendo partidos, sindicatos o patronales viven precisamente del dinero público, de las jugosas subvenciones públicas que obtienen de nuestros impuestos. Es tal la falta de escrúpulos y la inmoralidad reinantes que no pasa un día o una semana sin que aparezca un nuevo escándalo relacionado con el abuso que algunos hacen de nuestro dinero público, que es de todos. La inmensa mayoría de los partidos políticos, sindicatos y patronales perciben por diferentes vías inmensas cantidades de dinero público para sostener no sólo unas inmensas y superfluas estructuras, sino también un nivel de vida de muchos de sus dirigentes al que no podrían aspirar sin la rica ubre de las administraciones públicas. Y lo que es más grave, a pesar de esas ingentes ayudas económicas, según el Tribunal de Cuentas, 17 de los 25 partidos políticos fiscalizados están en quiebra técnica.

Los partidos políticos tan sólo reciben de sus afiliados 1 de cada 5 euros que ingresan, es decir, que el 80 por ciento de sus ingresos proviene del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Y algo muy parecido ocurre con los sindicatos que, además, perciben sus cuotas de afiliación detrayéndolas de las nóminas directamente por los pagadores públicos. No hay ninguna razón lógica que justifique que todos los contribuyentes tengamos que poner dinero para que los partidos y sindicatos funcionen y menos aún para que lo hagan como lo hacen: despilfarrando y cometiendo toda clase de irregularidades. Lo que han logrado estas organizaciones con el dinero público es alejarse cada día más del ciudadano cuya solidaridad y adhesión ya no la necesitan pues su sostenimiento está garantizado a través de la exacción obligatoria de la caja pública.

Con nuestro dinero algunos pueden pagarse generosos sobresueldos, espectaculares campañas electorales, mariscadas, cursos en el Caribe y todo un sin fin de abusos que son especialmente sangrantes en medio de esta tremenda recesión. La clase dirigente de nuestro país, la política, la sindical y la empresarial, no ha sido, ni es ejemplar.

Con nuestro dinero, los sindicalistas de UGT han protagonizado uno de los espectáculos más bochornosos, más cutres y degradantes de nuestra democracia. No sólo montaron en Andalucía el expolio del dinero destinado a los desempleados con la trama de los falsos EREs, sino que además vamos conociendo día a día la existencia de un manual para realizar “mordidas” en las facturas del sindicato a las administraciones públicas y van saliendo a la luz las miserias humanas en forma de comilonas, viajes exóticos, bolsos falsificados, juergas en la Feria de Sevilla, sobresueldos, etc.

Y otro ejemplo destapado en las investigaciones judiciales es el protagonizado por el Partido Popular. El hecho de que en Alicante, la Dirección Provincial se gastase en el año 2011 35.000 euros en comilonas (o sea, 29.000 euros sacados directamente de los impuestos), no es nada si lo comparamos en la forma que la central de Génova 13 usa el dinero de los contribuyentes.

La Audiencia Nacional ha encontrado indicios de financiación ilegal del PP en las obras de remodelación de Génova 13, con reformas más que sorprendentes. Dejando al margen lo que pueda haber o no de financiación ilegal, lo cierto es que del examen de la documentación se desprende que los populares gastaron oficialmente casi 6 millones de euros en remodelar el edificio y que buena parte de dichas obras se hicieron con la crisis ya encima. Es decir, que el partido de la austeridad (para los demás) usó casi 4,8 millones de euros provenientes de nuestros impuestos en remodelar un edificio que, por cierto, estaba en muy buen estado y, por ejemplo, no tuvieron empacho alguno en gastar 28.121,37 euros en arreglar el “cuarto de la basura” (o tienen mucha basura o es basura de alto standing), 98.934,39 euros en la sala en la que se reúne la cúpula del Partido o  103.162,94 euros para el cuarto de seguridad y vestuarios (y se les escapa Bárcenas con los papeles bajo el brazo).

Cuatro de cada cinco euros que gastan los partidos son nuestros, de nuestros impuestos y lo cierto es que no los usan con decencia. Mientras que los ciudadanos tenemos que pagar cada vez más impuestos, mientras simultáneamente tenemos menos prestaciones sociales porque los recortes se imponen, la clase dirigente de España sigue tirando del cajón público para sostener unas estructuras de partidos y sindicatos que ni sus afiliados están dispuestos a sostener con sus cuotas. Han tratado de maquillar la situación haciéndose pequeños recortes pero lo cierto es que lo que dejan de percibir por un lado lo perciben por otro. Buena prueba de ello, ha sido el acuerdo entre PP y PSOE en la Diputación de Alicante para desviar el dinero de los Grupos Institucionales a sus propios partidos políticos. Y es que en cuestiones de dinero, siempre terminan por ponerse de acuerdo los grandes. Y siempre, los que finalmente pagan sus excesos, su despilfarro y sus lujos somos los sufridos contribuyentes. La regeneración del sistema pasa también por cortarles el grifo. Ni un euro público más para partidos, sindicatos y patronal.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Carta abierta a D. Alberto Fabra.


Sr. D. Alberto Fabra:

Le escribo en mi calidad de ex militante del Partido Popular al haberme expulsado usted y sus acólitos por pedir más honradez, más democracia interna y la regeneración del que era, si no lo remedian los Tribunales, mi partido en el que he militado desde su fundación, arriesgando mucho, como tantos otros, como cargo público del mismo. Y le escribo porque he leído con indignación sus palabras en los medios de comunicación sobre la necesidad de hacer un pacto con las demás fuerzas políticas contra la corrupción. Ha pedido usted un "gran pacto entre partidos" para luchar contra la corrupción y se ha comprometido a apostar por la "tolerancia cero" ante "cualquier comportamiento inadecuado". Y no sólo eso, además, ha añadido que va a impulsar más medidas de regeneración porque si no se genera "confianza" con los ciudadanos se producirá un "desencuentro" que no se podrá superar.

Sr. Fabra o bien es usted un cínico y actor consumado o bien no se entera de nada o bien es tal su debilidad política que se “la cuelan” por todos sitios y, en especial, desde Alicante. ¿De qué pacto habla usted contra la corrupción? ¿De qué tolerancia cero habla? ¿Se trata de otra falacia como la de la línea roja? ¿A quién quiere seguir engañando? Mire usted, Sr. Fabra, cuando las palabras no van acompañadas por los hechos, de poco sirven. Y sus hechos, las actuaciones suyas y las de sus subordinados alicantinos indican muy claramente otra cosa.

Usted nos ha expulsado del PP a mí y a otro compañero por pedir cosas tan básicas como honradez, honestidad, democracia interna y participación y por pedirlo públicamente ante la imposibilidad de obtener respuestas en una organización que desde hace años no funciona. Y para ello nos abrió un expediente cuyo instructor ¡Oh! casualidades de la vida, está denunciando en anticorrupción por graves irregularidades en su Ayuntamiento. El Partido que usted preside, o que parece que preside, nos ha dicho por escrito que no se puede pedir la regeneración del PPCV porque hacerlo es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Y se han quedado tan anchos. ¿Y viene usted a hablar de medidas de regeneración? ¿Tolerancia cero? ¿Es la misma tolerancia cero que practica la inmensa mayoría del grupo Parlamentario del PPCV en las Cortes Valencianas que suscribe peticiones de indulto para políticos delincuentes, Sr. Fabra? Y su línea roja, D. Alberto, ¿dónde ha quedado? Porque, según los planes del Sr. Ciscar, en Alicante, nada de nada. ¿O acaso no se ha enterado usted de que el fragmentado PP de la ciudad de Alicante ha creado un ilegal Consejo de Dirección que estará coordinado por la alcaldesa imputada? Éste y no otro es el valor que parece que tiene su palabra Sr. Fabra.

Ofrecer un pacto contra la corrupción a los demás partidos, Sr. Fabra, con estos antecedentes y con esa credibilidad que le otorgan sus propios hechos es hacer el ridículo más espantoso. Alguien que utiliza a personajes de dudosa actuación para expulsar y silenciar a los compañeros que piden la regeneración interna no tiene ninguna credibilidad, ni autoridad moral o política para proponer ese tipo de pactos. Y el primer pacto que debería proponer lo es con los sufridos militantes y afiliados del Partido Popular que tienen que padecer diariamente el bochorno que muchos de sus dirigentes en la Comunidad Valenciana les producen. El mejor antídoto contra la corrupción, Sr. Fabra, es la democracia interna, es la transparencia, la participación y el control de las bases sobre la actuación de sus cargos públicos. De manual, Sr. Fabra, le guste o no (que está claro que no le gusta). Tiene usted lo que tiene porque los militantes no pintan nada, porque colocan en las listas a los amiguetes, a los parientes y a los enchufados y no a los mejores, ni siquiera a los que reciben más apoyos de la militancia. Y así les luce el pelo.

No puede haber pactos contra la corrupción cuando quien lo propone no está dispuesto a limpiar su casa, ni siquiera está dispuesto a cumplir su propia palabra y deja que los mercenarios políticos sigan haciendo y deshaciendo a su antojo. Pacte con su militancia, Sr. Fabra, devuélvale la palabra de verdad, sin filtros, sin intermediarios y verá como las cosas cambian de verdad y a mejor. Y, si no, al menos no haga más el ridículo, ni siga avergonzando a tanta gente honrada que en su día votó al PP.

Santiago de Munck Loyola.


martes, 26 de noviembre de 2013

PPCV y UGT a la par.


Dos importantes noticias de esta semana subrayan la importancia del nivel de degeneración de parte de la clase dirigente de nuestro país, tanto en su vertiente política como sindical. El PPCV, personificado en Carlos Fabra, y la UGT, en su versión andaluza, aunque no sólo allí, son los protagonistas de las noticias en torno a la catadura moral de quienes “lideran” nuestra sociedad. Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex muchas otras cosas, amasador de fortunas inexplicables y progenitor de la insigne y culta diputada popular, Andreita “que se jodan”, ha tomado el relevo en los titulares periodísticos de su conmilitón popular Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja y ex diputado popular. El primero, tan agraciado él con las loterías del Estado, ha sido declarado culpable de cuatro delitos contra la hacienda pública, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y cohecho y habrá que esperar a la resolución de los recursos pertinentes que confirmen o no esta condena. El segundo, condenado ya por el Tribunal Supremo y declarado, por tanto, delincuente, diga lo que diga al respecto el Presidente del PP de Valencia Sr. Rus cuyas aportaciones jurídicas seguramente pasarán a la historia, está a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto, que tan entusiásticamente ha solicitado la inmensa mayoría de los diputados del Partido Popular, para entrar o no en prisión.

Por su parte, diversas informaciones están poniendo de relieve la peculiar forma de buena parte de la clase sindical de administrar los fondos públicos que reciben de los contribuyentes. Al mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los EREs falsos, protagonizado por sindicalistas de UGT, empresarios y miembros del PSOE andaluz que supuesto el saqueo de casi 1000 millones de euros hay que añadir ahora el incesante goteo de informaciones del tinglado montado por el sindicato socialista, y no sólo en Andalucía, para financiarse con dinero público y para desviar esos fondos hacia fines no precisamente altruistas. Tiene lo suyo que un sindicato pague con fondos destinados a la formación de desempleados cenas multitudinarias, mariscadas o viajes al Caribe para la “formación” de centenares de sindicalistas pero que, además, encargue bolsos falsificados hechos por mano de obra explotada en países asiáticos pone perfectamente de relieve la catadura moral de estos sindicalistas. Y qué decir de los globos a un euro comprados y cargados a cuenta de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y pagados sin rechistar por el Alcalde de entonces, hoy senador socialista. 

Si a alguien le sorprende todo esto es porque quiere o porque la memoria es frágil. Después de la que montaron los de UGT con aquella famosa promotora de viviendas, la PSV, que tanto dinero costó a los contribuyentes ¿a quién le puede extrañar que sigan haciendo de las suyas con el dinero que no es de nadie, como diría la Sra. Salgado? Se comprende perfectamente que los sindicatos españoles sean tan reacios a ser incluidos en la Ley de Transparencia. En cuanto se les pide la más mínima explicación sobre el uso del dinero público o, incluso de algo tan sencillo como el uso de los créditos sindicales que muchos representantes usan para su beneficio particular, ponen el grito en el cielo alegando que se pretende atentar contra la libertad sindical.

El PPCV y la UGT comparten unos mismos “méritos”: con sus acciones contribuyen al desprestigio de la actividad política y sindical, ambas organizaciones ensucian la vocación de servicio público que debía primar en su seno y ambas necesitan una profunda regeneración porque las dos cuentan con miles de afiliados honestos que sienten una profunda vergüenza por la actuación o la pasividad de sus dirigentes. Las declaraciones de los líderes de ambas formaciones no se corresponden con la realidad tozuda de los hechos. No es posible pintar líneas rojas y convertirlas en discontinuas a capricho, no cabe proclamar con cada caso de corrupción que se trata de casos aislados cuando por su proliferación es evidente que hay algo interno que los facilita, no es admisible tratar de circunscribir responsabilidades alegando que existe autonomía interna y no vale esconderse denunciando la existencia de campañas de acoso contra los sindicatos o para encubrir otros casos como el de Bárcenas.

El PPCV de Fabra y Ciscar y la UGT de Méndez son el ejemplo perfecto de por qué nuestro país necesita una profunda regeneración democrática. Son el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las organizaciones políticas y sindicales desconectan de sus bases, controlan y limitan la democracia interna, ahogan el debate interno, impiden la autocrítica y se enquistan en las redes del poder y de la administración de tal modo que para subsistir necesitan retorcer la Ley, tolerar comportamientos abusivos y alimentar parásitos políticos con redes clientelares. Más claro el agua.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 22 de noviembre de 2013

El PPCV corrupto que Fabra y Ciscar amparan.


El diario digital http://www.elconfidencial.com publica hoy un artículo, que por su interés reproduzco a continuación, y en el que avanza el contenido del libro del periodista Sergi Castillo que se presentará el próximo 3 de diciembre haciendo un repaso bastante completo del mugriento panorama de escándalos y corrupción que muchos cargos públicos del Partido Popular han dejado a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. A su vista, no parece muy prudente hablar de casos aislados para tratar de exculpar a los responsables de una organización política cuya inmensa mayoría de miembros está compuesta por personas honradas y decentes, aunque eso sí, también hay que decirlo, por personas profundamente acobardadas porque rechazando como rechazan estas sucias conductas las avalan con su silencio y su pasiva complicidad. Los autores de esta larga lista de hechos y sus jefes son los responsables además de una mala gestión de las administraciones públicas valencianas que se ha traducido en su quiebra y que se ha debido, sobre todo, a un constante y sistemático incumplimiento de los principios éticos del Partido Popular y de sus programas electorales. Es evidente que cuando la política se convierte en el modus vivendi de gente sin escrúpulos, sin ideología y sin preparación intelectual y técnica termina ocurriendo lo que aquí ha ocurrido. Se gobierna sin guías políticas, sin objetivos programáticos y a golpe de ocurrencia, de encuestas o de pelotazos. No lo dice un servidor de forma gratuita, lo dicen los hechos.

Y es este ambiente de impunidad total, de servilismo al superior, de mercenarios de la política y de indocumentados con traje y gomina en el que tanto aprovechado se mueve tan a gusto es en el que ha florecido lo peor de lo peor. Y a la responsabilidad individual de cada uno de los implicados hay que sumar la responsabilidad corporativa encarnada en los dirigentes populares quien han consentido, ignorado o avalado con su pasividad todo ello y, lo que es peor, han expulsado del Partido Popular a quienes hemos venido reclamado más honradez, más ejemplaridad y más democracia interna que es, en el fondo, el verdadero antídoto contra la corrupción. En este sentido Alberto Fabra en la Comunidad y José Ciscar en Alicante son los impulsores y los promotores de las expulsiones de quienes reclamamos la regeneración del Partido Popular y, por tanto, son los auténticos cómplices políticos de quienes manchan y siguen manchando el buen nombre el Partido Popular.

El saqueo de Valencia: el PP ya tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad.
José L. Lobo
Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios... El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes.

"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más", afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.

"Mi libro es, en realidad, una obra colectiva", asegura Castillo, "porque parte de las investigaciones previas de varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial". El hilo conductor que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou...

La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre ellos, un expresidente de la Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena, también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de empresas públicas controladas por la Generalitat.

En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes, directores generales y jefes de gabinete.

Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual: Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases como esta: "Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta". El expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase inolvidable: "Estoy en política para forrarme".

Rebelión y deslealtad

El presidente de la Generalitat, que aún no ha pasado el trago amargo del cierre de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están imputados), se enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas protagonizada por aquellos a los que ha salpicado de lleno la corrupción. Nada menos que nueve diputados autonómicos del PP lo están, y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.

Los nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque saben que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra, promoviendo, en contra del criterio de su propio líder, el indulto para otro imputado y ya condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo. Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios del PP pidieron la semana pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a punto de ingresar en prisión por prevaricación.

Santiago de Munck Loyola