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domingo, 31 de mayo de 2015

Alicante merece otro cambio más.


Que el Delegado del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellanos,  sea detenido por la policía es, sin duda, un hecho extraordinario y, sin embargo, parece que los ciudadanos nos lo hemos tomado como una noticia más en este incesante goteo de escándalos derivados de la corrupción en nuestra Comunidad. Es tan larga la cadena de casos de corrupción y de escándalos propiciados por el PPCV que nos parece extraño el día en que no salta uno nuevo y muchos nos preguntamos quién será el siguiente. De la corrupción y de la forma en que la ha abordado el Partido Popular se acuerda ahora el Presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, al reconocer casi una semana después del varapalo del 24 de mayo  algunos de los errores que han podido influir en el mismo. Algunos prebostes populares aún andan hablando de errores de comunicación, de mala venta política, de la prensa enemiga,… pero siguen siendo incapaces de encontrar el verdadero mal de fondo, el origen de la corrupción y de la desafección ciudadana. 

Hace ahora un año, con ocasión del resultado de las elecciones europeas señalé en estas páginas lo siguiente: La fuga de estos 500.000 votantes es mérito también y ganado a pulso por Alberto Fabra, un líder artificial y sin palabra, por Serafín Castellano, por Javier Moliner, por Alfonso Rus, la personificación de la sutileza política y el pluriempleo, por José Ciscar y su acólito, JJ Zaplana, el dúo protector de imputados, y por la larga ristra, hasta 127, de cargos públicos populares imputados en diferentes casos de corrupción. Esos son los responsables del varapalo electoral levantino y, con seguridad, ninguno de ellos tendrá la decencia de dimitir. Este castigo electoral no es casual. Su origen está en la política de un PPCV escasamente democrático, controlado por rancias camarillas, en el que el afiliado no cuenta para nada y en el que la democracia interna no existe, lo que ha producido, como era de esperar, una delirante política que ha arruinado a la Comunidad Valenciana y un cúmulo de casos de corrupción a los que nadie ha sido capaz de poner freno.

Y este análisis es hoy plenamente vigente. El Partido Popular está en una situación muy delicada. Los culpables son en primer lugar toda esta larga lista de aprovechados, los Bárcenas, Granados, Ruses, Ratos, Fabras, Alperis, Ripolles y demás, en segundo lugar los consentidores e impotentes Rajoys, Cospedales, Císcares, Zaplanas y muchos otros miembros de la estructura popular, en tercer esa propia estructura estatutaria construida al servicio de esta casta y, por último, la propia militancia popular sumisa, obediente y acrítica, cómplice con su silencio y su fervor claquero. De ahí la enorme dificultad para que se produzca una auténtica regeneración de un partido tan importante para la estabilidad de nuestras instituciones. No hay que ir muy lejos para darse cuenta de que la regeneración del PP es una misión casi imposible. Basta tener en cuenta que en Alicante, por ejemplo, se ofrece para liderar esa regeneración Luis Barcala, un concejal estrecho colaborador de Sonia Castedo, cómplice político de la nefasta gestión y cómplice con su silencio de la persecución a los regeneradores del PP o basta considerar que José Ciscar, máximo responsable del desastre electoral, protector de imputados y un pésimo gestor que tanto ha perjudicado a nuestra Provincia desde Valencia, se postule ahora para liderar la Diputación, sin asumir responsabilidad alguna, o para liderar el PPCV.

El votante de centro derecha de Alicante debería ir asumiendo ya que el Partido Popular hace tiempo que no le representa, que su gestión no se corresponde con sus valores y principios y que está controlado por una mafia endogámica al servicio de intereses particulares y no de los generales. Debería asumir que en esas condiciones y con unos estatutos que impiden a las bases dirigir y controlar a sus dirigentes no hay regeneración posible del mismo. Los que están ya han demostrado su complicidad con los que han tenido que salir por la puerta de la justicia. Con ellos no se puede contar. Es una causa perdida.

Por eso, hoy más que nunca, se hace imprescindible abrir un proceso de convergencia y de encuentro entre todos aquellos que piensan que Alicante necesita una opción política capaz de representar los valores y principios del centro derecha, una opción política regeneradora, plenamente democrática, enraizada en los problemas y necesidades de la gente, sin hipotecas con Madrid, Valencia o Barcelona para defender a esta provincia, capaz de levantar una alternativa sólida frente a una izquierda radicalizada y populista y dispuesta a sacrificar los localismos y los personalismos por un proyecto superior, alicantino y español. No es una tarea fácil, ni mucho menos. Es una tarea ambiciosa y compleja que requiere mucha generosidad y altura de miras, que exige muchas cesiones y esfuerzos pero que es imprescindible para ofrecer a los alicantinos una opción limpia, decente y con futuro.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 9 de enero de 2014

Comienza el navajeo.


Durante los últimos días los ciudadanos estamos asistiendo a un nuevo espectáculo político, el cruce de navajas entre distintos dirigentes políticos a propósito de las elecciones municipales que habrán de celebrarse en mayo de 2015. Los medios de comunicación están recogiendo casi diario las declaraciones de unos y otros sobre quién habrá de encabezar determinadas candidaturas o sobre quién se postula para ello. Y en el Partido Popular hay, por su peculiar sistema de designación de candidatos, verdaderos especialistas en estas lides. Desde hace semanas en Madrid se están lanzando globos sobre la candidatura popular a la Casa de la Villa madrileña. La designación de Ana Botella parece estar en el aire y el entorno de la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ha filtrado que la preferida para encabezar el cartel electoral es nada menos que la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Más cerca, en nuestra Comunidad, hemos contemplado con cierta diversión el primer escarceo entre la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el Secretario General del PPCV Serafín Castellano a propósito de quién habrá de encabezar el cartel electoral en la ciudad de Alicante. Serafín Castellano ha dejado claro que entre sus preferencias no está el que repita Sonia Castedo habida cuenta sus problemas judiciales. Y Sonia Castedo, que según el Presidente Provincial Popular y enemigo político de Serafín Castellano, José Ciscar, es el mejor activo electoral del PP, le ha respondido, vía Twitter, con su ya conocida frase sobre el retorno de los esputos lanzados al cielo. La respuesta del Secretario General ha sido poner de manifiesto su aprecio personal por Sonia Castedo y, simultáneamente, filtrar que su preferido para encabezar la candidatura popular al Ayuntamiento de Alicante es el exvicepresidente de la Diputación y actual director de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón, “ripollista” de pro. Así que todo parece indicar que las espadas, mejor dicho, las navajas están en alto mientras que el Presidente Fabra anda autoproclamándose candidato a la Generalitat y promoviéndose a si mismo.

Pero si uno va más allá de estos juegos de esgrima político descubre algo profundamente preocupante. En ninguno de los casos en los que se está debatiendo quién ha de encabezar o no las candidaturas se habla de las preferencias de los militantes, de los afiliados quienes en buena lógica democrática deberían ser en última instancia los que eligiesen a los candidatos. Pero no, no es así. En el Partido Popular siguen anclados en los rancios y antidemocráticos métodos de designación de candidatos que tan malos resultados han proporcionado y a la vista está en las sedes judiciales y en los resultados de la gestión de nuestra Comunidad. Y los medios de comunicación participan con toda naturalidad de esta manera de entender la política. Parece que lo único que importa es saber quién es el preferido por el Presidente Provincial o por el Secretario General para ser candidato y no quién es el preferido por las bases del partido. A nadie le importa, al parecer, qué piensan los afiliados o a quien prefieren. Al fin y al cabo, todo el mundo da por sentado que tragarán, como siempre, apoyarán y votarán a cualquiera que desde la cúpula sea impuesto como candidato. No es de extrañar pues que las listas electorales estén plagadas de falsos liderazgos, de incompetentes y de arribistas y cuanto más sumisos con los de arriba, mejores puestos obtendrán en las candidaturas.

A un demócrata debería importarle poco a quien prefiere como candidato un alto cargo del partido y mucho lo que las bases del partido prefieren. Pero lamentablemente no es así con los resultados que todos padecemos. Una vez más la regeneración democrática y junto a ella la democracia interna brillan por su ausencia en estos “juegos florales” de nuestros presuntos políticos.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 3 de junio de 2013

La próxima Convención Política del PPCV.



El próximo fin de semana, el PPCV celebrará en Castellón una Convención Política con el fin de relanzar el impulso político del mismo. El Secretario General del PPCV, Serafín Castellano ha señalado que esta Convención “será la de las ideas y los proyectos para seguir avanzando por el futuro de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Hay que señalar, en primer lugar, que la Convención Política es una reunión de cargos públicos del PPCV a la que no tienen derecho a participar los afiliados del mismo. De hecho, los afiliados conocemos de su celebración a través de los medios de comunicación y no por cartas o correos electrónicos del Partido.

Este hecho contrasta mucho con las declaraciones del Secretario general que ha indicado que “en la redacción de las tres ponencias el PPCV ha tenido muy presente la voz de los ciudadanos, de los militantes y simpatizantes, porque nosotros trabajamos pensando en nuestros ciudadanos y sus necesidades, de ahí que se hayan celebrado más de medio centenar de reuniones en las tres provincias en las que han participado alrededor de 500 personas para conocer sus inquietudes y reivindicaciones y poder reflejarlas en las ponencias”.

Supongo que alguien le ha debido endosar esta declaración porque es lo políticamente correcto y es lo que debería haberse producido para que la Convención fuera, de verdad, lo que tendría que haber sido: una actualización de los mensajes del PPCV y de sus políticas, una vez oídos los ciudadanos y los propios afiliados del partido. Pero no es así, esta afirmación no es correcta y la Convención y sus ponencias serán fruto, nada más, de los cargos públicos que hayan querido o podido participar y se convertirá en un altavoz propagandístico, no del estrecho contacto con la ciudadanía y las bases del partido, sino del aparato del partido y de sus mensajes precocinados. Más de 100.000 afiliados del PPCV han sido absolutamente marginados de esta Convención.

Ni los afiliados, ni los militantes, ni los simpatizantes del Partido Popular de Alicante, y mucho menos los ciudadanos en general, han tenido la oportunidad de conocer esas ponencias y, mucho menos, de debatirlas con nadie. Las más de medio centenar de reuniones que se han podido celebrar lo han sido, en Alicante al menos, a puerta cerrada y con la presencia exclusiva de cargos públicos. No se ha producido ninguna invitación ni ninguna convocatoria a los afiliados para preparar esta Convención.

Y, sinceramente, no es para presumir de participación en el proceso preparatorio de la Convención Política el hecho de que en estas reuniones previas hayan podido participar unas 500 personas, tal y como señala el Secretario General, si se tiene en cuenta que en la Comunidad Valenciana el Partido Popular cuenta con 2.958 concejales, con 29 parlamentarios nacionales y 55 autonómicos, además de varios centenares de cargos de confianza en la inmensa mayoría de las instituciones de la Comunidad. Quiere esto decir que ni el 17 % de los cargos electos del Partido Popular han participado en las reuniones preparatorias de la Convención. ¿No es preocupante? ¿Están muy ocupados? ¿No les interesa?

Una vez más algo falla. Puede que sea la comunicación, las estrategias, los objetivos o las convicciones políticas, no de quienes ostentan las máximas responsabilidades dentro del PPCV, sino de quienes apoltronados en su estructura burocrática se empeñan en mantener cerradas las ventanas evitando que el aire fresco inunde sus estancias políticas. Se ha perdido una gran ocasión para promover desde abajo, desde las bases, un auténtico revulsivo para reorientar una trayectoria política que, según todas las encuestas, cae progresivamente.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 3 de mayo de 2013

Los partidos políticos y nuestro dinero.



El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que "Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial". El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola