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martes, 15 de marzo de 2016

En Génova lo olían y se taparon la nariz.

Ahora que en Génova parece que algunos se rasgan las vestiduras ante tanta noticia sobre irregularidades en el seno del PPCV, quiero denunciar públicamente que en octubre de 2012 varios militantes del Partido Popular de Alicante remitimos una carta a la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, en la que denunciábamos lo que hoy es ya una triste realidad: corrupción, despilfarro, nepotismo, falta de democracia interna,... No pueden alegar los dirigentes nacionales sorpresa alguna o desconocimiento. Sencillamente miraron hacia otro lado y la Secretaria General especialmente. 

Mª Dolores de Cospedal y su equipo son los principales responsables de lo que ha ocurrido con el PPCV por ignorar las denuncias internas que recibían. Y a poco que se investigue lo del PP de Alicante puede ser igual o peor que lo del PP de Valencia. A continuación reproduzco la carta remitida entonces a Dª Mª Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, que no tuvo la decencia de responder, al igual que sus colaboradores D. Juan Carlos Vera y D. José María Arribas. Su única preocupación entonces fue silenciar y expulsar a los críticos. He aquí la carta y que cada uno saque sus conclusiones:

A/a Dª Mª Dolores de Cospedal. Secretaria General de Partido Popular.

Estimada Secretaria General:

Los abajo firmantes, afiliados del Partido Popular de la Ciudad de Alicante, queremos a través de la presente trasladarte nuestra profunda preocupación sobre la grave situación del Partido Popular en nuestra Comunidad, nuestra Provincia y nuestra ciudad.

1º Como afiliados del Partido Popular sentimos vergüenza y rechazo ante la continua aparición en los medios de comunicación de noticias denunciando actitudes y hechos presuntamente delictivos protagonizados por muchos cargos públicos del Partido Popular, sin que se haga efectiva la separación de todos los imputados de las responsabilidades públicas que ostentan que sólo en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas alcanzan once escaños.

2º Igualmente entendemos que es preciso adoptar de forma urgente medidas para terminar con el pluriempleo de muchos cargos políticos populares algunos de los cuales llegan simultanear hasta más de cuatro cargos públicos en detrimento de la atención que la ciudadanía exige especialmente en esta crisis. Creemos que la ejemplaridad pasa también por la exigencia del principio “una persona, un cargo, una función pública”. No es admisible seguir manteniendo la simultaneidad de tantas alcaldías con actas de diputados autonómicos. Los ciudadanos exigen una dedicación total que resulta incompatible con lo anterior.

3º Creemos que hay que poner límite a la utilización de las instituciones públicas en beneficio de los entornos próximos de los cargos electos (contrataciones, asesores, cargos de confianza,…) desterrando de una vez cualquier sospecha de nepotismo y favoritismo.

4º Reivindicamos la democracia interna y la participación, e igualmente rechazamos el continuo menosprecio a la desinteresada labor y a los derechos de los miles de militantes del Partido Popular de Alicante, utilizados únicamente para labores electorales, y sistemáticamente ignorados a la hora de participar en la política interna del partido. La Junta Local de Alicante ha sido durante años un claro ejemplo de coto cerrado, dominado por grupos y familias, que han hecho y desecho al margen de la militancia y cuyas consecuencias son hoy más que nunca visibles en el Ayuntamiento de la ciudad y en las causas judiciales abiertas.

5º Solicitamos el amparo de nuestros derechos de afiliados y el respeto a los Estatutos del Partido Popular por parte de todos los cargos orgánicos de la estructura territorial y, en especial, de la provincia de Alicante cuyo comité ejecutivo, con el fin de evitar las elecciones a la Presidencia Local de la Ciudad de Alicante, acordó el pasado día 11 del mes de octubre suprimir la Junta Local de la Ciudad y sustituirla por un número indeterminado de distritos. Dicha decisión fue inmediatamente impugnada por varios afiliados sin que, hasta el día de hoy, haya respondido ni el Comité Ejecutivo Provincial, ni el Secretario General del PPCV (se adjuntan copias de las impugnaciones). Más de 600 firmas de afiliados han sido ya recogidas en contra de esta arbitraria decisión que serán remitidas al Comité Nacional de Derechos y Garantías si fuere preciso incoar su intervención.

Por todo lo anterior, Secretaria General, solicitamos tu intervención con el fin de reconducir una situación gravemente perjudicial para la credibilidad y el futuro del proyecto popular en la Comunidad Valenciana y, en especial, para la Provincia de Alicante.

Atentamente, en Alicante a 27 de octubre de 2012.

martes, 18 de febrero de 2014

¡Cuánta porquería!


A veces ciertas noticias que son importantes pasan bastante desapercibidas en medio de la vorágine informativa en la que los ciudadanos nos vemos inmersos. Estos últimos días por ejemplo hemos presenciado, una vez más, el funcionamiento implacable de la digitocracia de los grandes partidos. Por la banda derecha, el divino dedo de Mariano Rajoy ha ungido a su preferido para presidir el PP andaluz, Juan Manuel Moreno, un señor que por lo visto, como tantos otros, ha ido maquillando conveniente su curriculum vitae y por la banda izquierda, Pérez Rubalcaba, con mismo mecanismo digital ha designado a Elena Valenciano, muy aficionada a hacer novillos cuando era europarlamentaria, para encabezar la candidatura socialista a Estrasburgo ya que con los años es posible que haya superado su adición a cobrar sin trabajarse el escaño. Estamos asistiendo igualmente al cruce de acusaciones entre gobierno y oposición en torno a la tragedia de los inmigrantes ilegales africanos fallecidos cuando intentaban entrar a nado en territorio español y a la más que miserable utilización partidista de los muertos por parte del PSOE aunque esta repugnante técnica socialista no es nada nueva. Y también es objetos de portadas la falta de escrúpulos éticos y morales de los socialistas navarros dispuestos a auparse en el Gobierno Foral gracias a los votos de los herederos de ETA. Nada nuevo bajo el sol, en realidad.

Pero entro estas noticias y algunas otras, está pasando bastante desapercibida la noticia del creciente malestar de muchos dirigentes populares de la Comunidad Valenciana por la actuación de Alberto Fabra al frente de la Generalidad Valenciana. Según informan varios medios de comunicación, entre ellos el confidencial.com, el malestar viene motivado por el nombramiento de Esther Pastor como Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales. ¿Y quién es esta señora cuyo nombramiento tanto molesta a algunos? Pues según dichos medios es la pareja sentimental de Alberto Fabra, su colaboradora cuando era Alcalde de Castellón y después Directora General de la Generalidad. No se trata de una afiliada del Partido Popular y, según parece, sus méritos profesionales para alcanzar tan alto cargo radican en su especial relación con el Presidente Fabra y la confianza que en ella tiene ante su falta de liderazgo y de colaboradores leales en el seno del PPCV. Estas cosas suelen ocurrir cuando se hereda una organización política, cuando el liderazgo político es inexistente y cuando la mediocridad política es encubierta por los cantos de sirena de toda una panda de aduladores y oportunistas tan prestos al aplauso como a la puñalada trapera.

Los asuntos sentimentales de nuestros políticos siempre se han mantenido bastante lejos de los focos periodísticos e incluso han sido analizados con bastante benevolencia por la mayoría de la opinión pública. Pero cuando el político, como en este caso ha hecho el Sr. Fabra, confunde su dormitorio con los despachos oficiales y utiliza la administración pública para colocar a su “amiga” la cosa cambia. Alberto Fabra ha roto la frontera entre lo público y lo privado y, por tanto, puede y debe someterse a la crítica de la opinión pública. De todos es sabido que cuando Fabra habla de líneas rojas carece de credibilidad porque las aplica según le conviene y lo ha demostrado claramente en Alicante al consentir que los Sres. Ciscar y JJ Zaplana retorciesen los Estatutos del PP para inventarse un Consejo de Dirección en el que poder situar a la Alcaldesa imputada Sonia Castedo y así saltarse la famosa e inexistente línea roja fabriana. Por cierto, vaya “pasada” de fotos de nuestra Alcaldesa y de su amigote Enrique Ortiz  publicadas por La Sexta. ¡Qué manera de arrastrar por los suelos la dignidad de nuestra ciudad!

El nombramiento de Esther Pastor es impresentable, indigno y humillante para la inmensa mayoría de los militantes populares. No vamos a hablar ya de señas de identidad de un partido como el Popular cuyos valores no encuentran mucho acomodo en determinado tipo de conductas personales sino de principios y valores éticos básicos e irrenunciables en la actuación de cualquier representante político y en el uso que se pueda o no hacer de los bienes y recursos públicos. No son pocos los dirigentes populares en nuestra comunidad que confundieron la hacienda pública con su bolsillo particular como podemos ver en las crónicas de los tribunales que ahora los ciudadanos tenemos que asistir estupefactos a la confusión del colchón con el despacho. No es de extrañar pues que Alberto Fabra, en su condición de Presidente del PPCV, tolere o promueva la expulsión de los militantes populares que reclaman ejemplaridad o la regeneración democrática del partido, tal y como han ejecutado los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, dos personajes cuya palabra vale lo que un duro falso. Una vez más, la falta de democracia interna del PPCV está en la raíz de estos escandalosos y repugnantes comportamientos. El nepotismo, la corrupción, el oportunismo, el despilfarro y la ausencia de ejemplaridad están a la orden del día y ni los ciudadanos de esta Comunidad ni los militantes populares se merecen tanta porquería.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 13 de enero de 2013

Privatizaciones y genética.



Anda revuelto el personal con algunas noticias surgidas en los últimos días en torno a las llamadas externalizaciones de servicios sanitarios, antes llamadas privatizaciones, en la Comunidad de Madrid. Hay quienes hacen de las privatizaciones una cuestión de fe, un dogma, como si se tratase de una receta mágica capaz de deshacer cualquier entuerto. Los radicales de las privatizaciones, al igual que los radicales de lo público, creen a pie juntillas que su método es el mejor en cualquier caso, que es una panacea universal aplicable en cualquier administración y en cualquier circunstancia. El mantenimiento a ultranza de estos dogmas no pasaría de la categoría de anécdota sobre cerrazones mentales, sino fuera porque cuando unos y otros ponen la mano sobre la gestión lo hacen, por regla general, con poca reflexión, con poco análisis de la realidad y con menos datos aún. No hay recetas universales, cada caso es diferente y la solución, pública, privada o mixta, dependerá siempre de una correcta cuantificación de la relación eficacia precio. Sin embargo, cuando las aguas se revuelven más y cuando de verdad se encienden los ánimos es cuando en torno a estos procesos aparecen situaciones que, cuando menos, son poco estéticas.

Y eso es lo que está ocurriendo en torno al proceso abierto en la sanidad madrileña. El blanco de las miradas es, ni más ni menos, que el exconsejero de sanidad de la Comunidad Madrileña, Juan José Güemes. Según se apunta en diversos medios de comunicación, en el año 2009 el Sr. Güemes puso en marcha la privatización de la gestión de los análisis clínicos de 6 hospitales y de más de 250 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid que fue adjudicada a una UTE, BR Salud. En Marzo de 2010, el Consejero de Sanidad Güemes dimitió repentinamente. Resultó sorprendente que alguien tan joven, con una meteórica carrera política fraguada en los pasillos y las relaciones personales y con un brillante futuro político, abandonase de pronto y se marchase al sector privado. Ya se sabe que eso es algo muy raro en los lares de la política española. Pero, de pronto salta otra noticia: en enero de este mismo año, hace unos días, el 55 % de la UTE a la que fue adjudicada la gestión de los análisis clínicos por el Sr. Güemes es comprada por otra empresa, Unilabs, que pertenece al Grupo Carpio. Y, sorpresa, ¿quién pertenece a su Consejo de Administración? Pues el Sr. Güemes. No cabe la más mínima duda de que todo se habrá hecho con el más absoluto respeto a la legalidad, en especial, en lo referente a los plazos sobre incompatibilidades que afectan al Sr. Güemes, pero tampoco cabe la más mínima duda de que estéticamente es inaceptable porque, mira por donde, de las miles de actividades profesionales que con tan brillante preparación podría haber elegido el Sr. Güemes ha ido a recalar en el sector sanitario y casualmente, dentro del sector, en las empresas que gestionan las contratas que él mismo promovió. Francamente sospechoso.

Y estas cosas pasan, a parte de por culpa de las propias debilidades de la naturaleza humana, por esa tendencia endogámica de los partidos que les lleva a situar en puestos de responsabilidad a amiguetes, a conocidos y a familiares prescindiendo de la cantera de las poderosas organizaciones que dicen poseer. Ya es casualidad que un poderosos partido con cientos de miles de militantes siempre termine situando a los mismos o al entorno de los mismos. Cuando se habla de defender a la familia uno pensaba que se trataba de la institución familiar y respecto a circunstancias muy diferentes. Y es que esto de la familia es muy nuestro. Ya Alfonso Guerra nos demostró como un hermano podía ayudar a la gobernación del Estado con despachito en Sevilla para, tomando unos cafelitos, agilizar el funcionamiento de la pesada maquinaria administrativa pública. Era una forma de privatizar, más bien de familiarizar, la burocracia pública. De su ejemplo tomó buena nota el Sr. Chaves quien desde su largo período de califato autonómico hizo una ostensible demostración de lo bien que una gran familia puede servir al interés general. ¿Y en la Comunidad Valenciana? Pues también tenemos grandes ejemplos de lo que se entiende por gestión privada y familiar de las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento de Alicante hasta las Cortes Valencianas puede seguirse el rastro de este principio de la defensa de la familia. Mira que hay gente capacitada en el Partido Popular para desempeñar con eficacia cargos públicos, pues, nada, hay personas que a sus impresionantes cualidades personales deben unir un carisma especial que les hace acreedores del escaño, por ejemplo, y no por que casualmente sean hijos del ex.alcalde de la ciudad, no, no piense mal el lector. Seguramente se trata de una cuestión de genética política. Debe haber algún gen oculto que potencie la proliferación de cargos políticos en el seno de una misma familia. 

Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la Sra. Esposa del Sr. Güemes, la inefable diputada popular Dª Andrea Fabra, bisnieta, nieta, e hija de Presidentes de la Diputación de Castellón, que se dice pronto. Con ese acervo genético, además de hacerse famosa por su entrañable “que se jodan”, la esposa del Sr. Güemes ya lo era por ser asesora, a los 24 años, del Secretario de Hacienda. Y me pregunto ¿Qué clase de Secretario de Hacienda nombraron que necesitaba una asesora de 24 años con la carrera recién terminada? ¿O es que era un amiguete de papá? Después, con 31 años, ya era senadora. ¡Qué potencia genética! El asunto merece un estudio científico, de verdad. Y lo tenemos a tiro. Seguro que en los estupendos laborarotorios para los que trabaja su señor marido podrían realizar ese estudio genético político. Quizás así, los que pensamos que el acceso a los cargos públicos en nombre de los partidos debería hacerse de acuerdo con criterios democráticos y bajo los principios de mérito y capacidad podríamos salir de nuestro craso error y asumamos de una vez que con buenos genes se llega a cualquier escaño. ¡Qué pena!

Santiago de Munck Loyola

lunes, 1 de octubre de 2012

¿Castedo y Alperi con o contra Fabra?




Se quiera o no reconocer hoy se ha producido un agravamiento de la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos, además, diputados alicantinos en las Cortes Valencianas. El juez instructor del caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los ha citado como imputados por su supuesta implicación en el caso Brugal, que investiga supuestos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. La Alcaldesa y su antecesor deberán declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

La imputación de los dos políticos populares supone el ascenso de un peldaño más en la escalera judicial. Es evidente que una imputación no supone lesión alguna del principio de presunción de inocencia, pero es incuestionable que implica consecuencias en el ámbito de la responsabilidad política. En todo caso, la imputación de ambos parlamentarios autonómicos y, en especial, de la Alcaldesa es una losa más para la imagen del Partido Popular de Alicante, para la agónica vida interna del partido en la ciudad y para la errática política municipal del consistorio alicantino.

Esta lamentable situación se añade a otros hechos que en los últimos tiempos han propiciado una más que cuestionable política municipal y que han puesto en entredicho la imagen y las políticas de regeneración impulsadas por el Presidente Fabra.

Retrocediendo en el tiempo hay que recordar la irresponsabilidad y la desmedida ambición que suponía ser candidata simultáneamente a la Alcaldía de una ciudad tan importante como Alicante, que requería una dedicación exclusiva, y a un escaño en las Cortes Valencianas. Y los hechos han confirmado lo desafortunado de esa elección. Después de las pasadas elecciones, los alicantinos supimos que no todos los concejales mayoritariamente elegidos por los ciudadanos iban a ostentar responsabilidades. La Alcaldesa usaba su cargo político para defenestrar a los compañeros no adictos a esas rocambolescas “familias” que se habían organizado en el seno del Partido Popular. Daba igual lo que los ciudadanos hubiesen votado.

Más tarde, en el mes de marzo, los medios de comunicación se hicieron eco de la curiosa forma en que el Ayuntamiento de Alicante entendía el objetivo de austeridad del Partido Popular: 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, algo escandaloso. Y para más abundamiento que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, contaba con 37 asesores y administrativos (personal de confianza). Un poco más tarde otra vez los medios de comunicación se hacían eco también de curiosos casos de nepotismo en el Ayuntamiento de la ciudad. Un Diario nacional denunciaba que “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo y a los hijos del técnico que le da contratos”  y que “trabajaban para la empresa de limpieza de la ciudad, la adjudicación más cara de Alicante”. Igualmente dicho Diario añadía: “Más casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el siguiente subtítulo “el PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia denunciaba que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Inusa, mantenía en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añadía que “la primera edil tampoco ha negado nunca que se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el redactor de la noticia detallaba además los casos relativos a contrataciones no sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la Portavoz Popular Marta García- Romeu.

El pasado mes de julio, un periódico denunciaba que la Alcaldesa de Alicante cobraba un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asistía. Y nadie desmintió esa noticia. Y, finalmente, el pasado mes de septiembre se conoció el escrito del abogado defensor de la Alcaldesa tratando de justificar el injustificable, baboso y esperpéntico tono de las conversaciones entre toda una Sra. Alcaldesa y un empresario, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz. Para ello el Sr. Letrado acudía nada menos que a la semántica para intentar explicar, sin conseguirlo, que amañar un Plan General no es lo mismo que apañarlo. Sobran los comentarios.

Llueve sobre mojado. No se trata de un hecho aislado, sino de una forma de actuar, de una manera de hacer política poco estética y bastante alejada de los principios éticos que postula el Partido Popular. Sin prejuzgar culpabilidades, hoy no queda más remedio que citar al Presidente Fabra quien el pasado mes de abril manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hoy, los dos nuevos imputados tienen una ocasión de oro para demostrar o no su sintonía con el Presidente de la Generalidad Valenciana.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 16 de julio de 2012

Y Andreita montó el pollo.

No sabemos si la Andreita hija de la mamá televisiva terminó por comerse el pollo. Lo que sí sabemos es que esta otra Andreita, hija del papá político, ha montado el pollo con su exabrupto parlamentario. Esta Andreita, un dechado de virtudes según su papá, llevada por el fervor del momento, soltó, nada menos que en la sede de la soberanía nacional, el ya famoso “que se jodan” y lo hizo en el preciso momento, ya es casualidad, en el que el Presidente del Gobierno acababa de anunciar un recorte a las prestaciones sociales de los parados. Y se montó el pollo, bueno, mejor dicho, lo montó ella solita. Andreita quiso hacer pública exhibición de sus excelentes modales parlamentarios y de la fina educación recibida. ¡Y vaya que lo hizo!

Ante la contundente reacción condenando su salida de tono, la interesada, Andreita, se ha apresurado a decir que la frase en cuestión, “que se jodan”, no iba dirigida a los parados, sino a la bancada socialista en respuesta a “la bronca” que montaban ante los sucesivos anuncios de recortes del Presidente Rajoy. Haciendo buen uso de la rica lengua española habrá quien piense que habría sido más correcto espetar un simple “joderos” si quería referirse a sus adversarios políticos, pero eso habría sido así si Andreita no gozase de un perfecta educación y si sus modales fuesen tabernarios. No, no es el caso, Andreita dijo “que se jodan” en lugar de “joderos” porque es muy fina y lo que en realidad estaba diciendo es “que se jodan ustedes” aunque se le olvidase la última palabra. Lo que pasa es que los socialistas y el común de los mortales han querido manipular sus palabras, aprovechando la sensibilidad existente sobre el drama del paro, y han hecho creer urbi et orbe que Andreita se estaba refiriendo con su memorable “que se jodan” a los parados.

Por culpa de esta manipulación sociata, la Diputada Andreita corre el riesgo de pasar a los anales de la historia parlamentaria como la autora de un extemporáneo “que se jodan” y que si ingente trabajo en la construcción legislativa moderna pase al olvido. ¿A que nadie se acuerda ahora de las brillantes intervenciones parlamentarias de Andreita? ¿A que todo el mundo se ha olvidado a estas alturas de las excelentes aportaciones de Andreita al corpus iuris patrio? Ah, ¡qué ingrata es la vida política! ¡Tanto trabajar y esforzarse por heredar un escaño y mira el resultado! Hablas de Andreita tomando un café y sólo se recuerda el “que se jodan” y al papá de Andreita.

Estas cosas pasan, que te aparezca una Andreita cualquiera con incontinencia verbal, porque el nepotismo (la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos) funciona desde hace muchos años y sin ningún problema en el Partido Popular. Estas cosas pasan, que te aparezca una Andreita cualquiera que ponga en ridículo a todo un grupo parlamentario y a su propio partido, porque en el Partido Popular sus más de 700.000 afiliados no pueden opinar lo más mínimo sobre las candidaturas que el PP presenta en cualquier nivel.

Sólo la existencia del nepotismo puede explicar que Andreita fuera nombrada asesora parlamentaria del Secretario de Estado de Hacienda con 24 añitos. ¿Es normal eso? Sin hacer de menos a ningún joven ¿se puede creer alguien que con 24 años estaba en condiciones de asesorar nada menos que al Secretario de Estado de Hacienda? Claro, que todo tiene su explicación: en 1997, el Secretario de Estado de Hacienda era Juan Costa, afiliado del PP de Castellón, y el Presidente del PP de Castellón era Carlos Fabra, el papá de Andreita.

De ahí Andreita pasó a ser senadora autonómica con 31 años, de 2004 a 2008, y desde el 200 es Diputada en el Congreso por la Provincia de Castellón donde su papá, hasta hace nada, seguía siendo el Presidente Provincial del PP. ¿Alguien con dos dedos de frente puede creerse que Andreita está dónde está por méritos propios? ¿Alguien cree que si los militantes del PP pudiesen intervenir en la confección de las candidaturas habría Andreitas en los cargos públicos?

Andreita, diga lo que diga el Sr. Alonso o el papá de la misma, se ha pasado muchos pueblos. Andreita y muchos como ella sobran en el Congreso de los diputados. Andreita haría mucho menos daño a su partido y a las instituciones parlamentarias si se fuese a compartir foro con la mamá de la otra Andreita y, de paso, que le pregunte si finalmente se comió el pollo.

Santiago de Munck Loyola