A cuestas con la inmigración ilegal.

Durante los últimos meses, la preocupación ciudadana por la inmigración ilegal no ha hecho más que crecer paralelamente a su vertiginoso incremento, que es motivo de portada casi a diario en la mayoría de los medios de comunicación. Estamos ante una verdadera invasión africana que se está produciendo ahora mismo y que ya ha colapsado todos los centros asistenciales de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla. En 2023, llegaron a España un total de 56.852 inmigrantes irregulares, un 83 % más que el año anterior. En los primeros 6 meses de 2024, 24.898 inmigrantes ilegales han llegado a España, 12.194 más que en el mismo periodo de 2023 (es decir, un incremento del 96%). 

En Canarias hay casi 6.000 menores extranjeros no acompañados y la previsión es que hasta que finalice 2024 lleguen hasta 11.000 niños. A fecha de 31 de julio había 15.045 menas y jóvenes ex tutelados en España, de los cuales 10.123 eran marroquíes (el 68%). Ahora mismo, los servicios de atención canarios y ceutíes están absolutamente desbordados. No pueden acoger a ni uno más y piden auxilio constantemente al Gobierno de España sin obtener una respuesta eficaz. Y el problema es mucho más grave que la situación dramática que viven estos menores no acompañados, el problema no es solo cómo dar una respuesta urgente a su situación, el problema es cómo abordar toda la inmigración ilegal o irregular en su conjunto.

La política exterior, la política sobre inmigración es una responsabilidad, una competencia del Gobierno del Estado. ¿Y qué ha hecho hasta ahora el gobierno? Primero, intentar sin éxito aprobar en el Congreso una modificación, sin consensuarla, de la Ley de inmigración para repartir los menas de Canarias por el resto del territorio español. Lo segundo, culpar al PP y a Vox del fracaso de esta modificación legal y por ende de la acumulación de menas en Canarias. Algo ridículo, porque lo relevante es que esa modificación no fue aprobada porque una parte del soporte parlamentario que sostuvo la investidura de Pedro Sánchez votó que no. Un Gobierno que no tiene capacidad ni soporte parlamentario para aprobar los presupuestos generales, ni tan siquiera un articulo de una Ley no es un Gobierno, es una panda de ocupadores de sillones ministeriales. Lo tercero, en plena llegada de cayucos, el Presidente fue a Canarias, sí, pero no visitó ni una sola de las instalaciones desbordadas por los inmigrantes ilegales. Estaba de vacaciones.

Cuarto, a continuación, el Sr. Sánchez hizo una gira por tres países africanos, Mauritania, Gambia y Senegal, para intentar “arreglar” tan espinoso asunto y, entre otras cosas, se le ocurrió anunciar en Mauritania que España necesita 250.000 inmigrantes al año, anuncio que debió alegrar mucho a los que por aquellos lares aún no se habían decidido a embarcarse en un cayuco. Que alguien explique cómo el Presidente del Gobierno, que no consigue trabajo para sus más de tres millones de parados, va a conseguirlo para 250.000 extranjeros al año.

Es una evidencia que la mayoría parlamentaria del Gobierno socialista es incapaz de adoptar medidas, por pequeñas que sean, en este asunto porque es incapaz de generar un consenso mínimo. No solo porque SUMAR se niegue a hablar de hacer deportaciones ni tan siquiera en los casos que la vigente Ley las respalde, sino que JUNTS se niega en redondo a que los menas sean trasladados también a Cataluña y, además, exige que el control de la inmigración y, por tanto, de las fronteras interiores y exteriores de Cataluña sean competencia exclusiva de la Generalidad catalana. Nos falta saber si dentro de sus fronteras incluyen a Baleares, Comunidad Valenciana o el Rosellón francés.

La primera obligación de cualquier gobierno es atender al bienestar general de sus ciudadanos, garantizar su seguridad y preservar los valores culturales y éticos sobre los que se asienta la comunidad nacional. Y a partir del cumplimiento de esta obligación diseñar y aplicar las políticas de inmigración que sean necesarias. Lamentablemente da la sensación de que esta obligación no se cumple: los cálculos electoralistas, la ausencia de principios claros o el seguidismo casi fanático de agendas diseñadas por élites globalistas priman sobre el interés nacional.

Santiago de Munck Loyola

La llave de la caja común.

Salvador Illa, el candidato más votado en las últimas elecciones catalanas, es ya, a pesar del numerito circense de “cocomocho”, el nuevo Presidente de la Generalidad catalana gracias a un pacto cerrado por los socialistas con los independentistas de ERC. Un pacto que los socialistas no han hecho publico y, ni siquiera, lo han sometido a debate dentro del PSOE. Lo que conocemos principalmente es través de los independentistas de ERC que sí lo han sometido a debate y aprobación entre sus militantes. Parece que algunos aspectos de ese pacto incluyen el control de la televisión autonómica por parte de ERC, 2500 medidas para terminar de erradicar al español de Cataluña y, lo que más se está debatiendo, la cesión de la llave de la caja común fiscal a la Generalidad catalana, es decir, la desaparición de la caja común y la ruptura de la unidad fiscal y tributaria en España. Y no es un asunto menor. Ya hace meses la Portavoz de Junts en el Congreso lo decía claro, querían la independencia fiscal para conseguir la independencia total y eso solo podía conseguir haciéndose con la llave de la caja común. Es evidente que sin independencia fiscal no hay viabilidad para una independencia política.

Ni el Presidente de Gobierno, el Sr. Sánchez, ni su Ministra palmera de Hacienda, la Sra. Montero, han tenido la decencia de explicar este acuerdo. Solo el Presidente ha salido a la palestra para contar que le parece un acuerdo magnifico, que esta encantado con el acuerdo (y consigo mismo) y que le parece un paso adelante hacia la federalización. ¿Federalización? Pero ¿sabe realmente de lo que habla? En primer lugar, la federalización no es un objetivo contemplado en nuestra Constitución. En segundo lugar, ningún estado federal del mundo, repito ninguno, ha renunciado en parte de su territorio a sus competencias fiscales. Y, en tercer lugar, hasta Suiza que es una Confederación dispone de una agencia fiscal que recauda y gestiona el 30% de los impuestos en los cuatro cantones que la componen. Hay que maliciarse que conociendo  al personaje lo que para él es magnífico va a ser una calamidad para toda España.

Lo mas escandaloso de este pacto es que una medida de tan gran calado, que va a afectar a la economía de todos los españoles no se consulte al conjunto de la ciudadanía, al pueblo soberano, mediante un referéndum. No se trata de una medida votada en el programa socialista de las últimas elecciones generales, algo que podría otorgarle cierta legitimidad, se trata de una medida urdida en los despachos para la compra de voluntades políticas: tú me das tus votos para hacerme Presidente y yo te regalo la llave de la caja fiscal. Tampoco es una medida debatida en el seno del Partido Socialista, como sí han hecho sus socios independentistas.

Pero claro, para Pedro Sánchez, Illa y el resto de su equipo eso es suficiente. Podemos estar tranquilos todos los españoles. 3.397 independentistas de ERC han decidido que el pacto con los socialistas es magnífico. Eso ya es algo importante porque los 3.397 miembros de ERC constituyen la “crème de la crème” de la intelectualidad catalana. Un grupo de intelectuales, defensores de los planteamientos históricos del Institut Nova Història. Sí, estos señores que afirman sin rubor alguno que los catalanes son genéticamente superiores al resto de los españoles, que Cristóbal Colon, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci, Américo Vespucio, Hernán Cortes, Bartolomé de las Casas, Santa Teresa de Ávila, Shakespeare, Beethoven, El Cid, Erasmo de Rotterdam, Juan Sebastián Elcano, Francisco Pizarro eran catalanes de pura cepa y que América fue descubierta, conquistada y evangelizada por catalanes, son los únicos que han podido debatir y votar sobre la presunta bondad de este magnífico acuerdo. Podemos estar más que tranquilos, como tranquilos están Pedro Sánchez y sus seguidores. Con que ellos decidan sobre nuestros impuestos ya deberíamos tener bastante.

Veremos a ver cómo se las apañan para sacarnos al resto de los españoles los más de13.000 millones de euros que la Agencia Tributaria Catalana nos va a robar a todos. Eso sí, la caja de las pensiones no la quieren. Se las seguiremos pagando también los demás. ¡Pedrito, has hecho un pan con unas hostias! 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

BULOS NO, HECHOS.

“No hay caso”, “todo son bulos” se harta a repetir la ministra Portavoz del Gobierno. Sin rastro de poseer conocimiento jurídico alguno, pero dotada de poderes adivinatorios no se cansa de repetir la misma cantinela una y otra vez. Su respeto a las decisiones judiciales es tan evidente como su escasez de materia gris. Y junto a ella, todos los demás miembros del gobierno y del partido gubernamental. Lo tienen fácil, el argumentario diario que reciben por las mañanas se limita a las frases “no hay caso” y “todo es un bulo” a la que se les permite añadir algún improperio contra el juez Peinado.

Pero sí, sí hay caso judicial. Y lo hay porque como consecuencia de varias denuncias, un juez ha abierto diligencias previas para tratar de determinar si los hechos denunciados son o no constitutivos de delito. No sabemos aún si hay o no delito o delitos, para saberlo has que esperar a conocer el resultado de las diligencias que tiene que practicar el juzgado. La prudencia de cualquier persona medianamente inteligente impide asegurar o no su existencia, pero eso no impide que determinados hechos y conductas se investiguen judicialmente y a eso se le llama un caso judicial.

Y hay quien se empeña en repetir machaconamente que todo son “bulos”, noticias falsas propaladas con algún fin. Pues que mejor que examinar algunos de esos supuestos “bulos”, de esas supuestas noticias falsas para poder hacerse una idea de quién miente y quién no. Dice el Presidente del Gobierno en su primera epístola que su mujer es una “excelente profesional”. Nadie lo discute, pero todos nos preguntamos ¿de qué es profesional? ¿En qué profesión ha destacado por su excelencia? Puede que ayudase eficazmente a su padre en la gestión de sus saunas gays, pero de ahí a hablar de “excelencia profesional” hay un verdadero abismo. No es un bulo, sino algo contrastado e indiscutible, que Dª Begoña Gómez carece de estudios universitarios como tampoco es un bulo que dirige , ni más ni menos, que toda una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid impartiendo cursos a licenciados universitarios. Salvando las distancias y con todo respeto no puedo imaginarme a Arguiñano dirigiendo una cátedra de física cuántica. Pues eso.

No es un bulo, que para conseguir dirigir esta Cátedra Dª Begoña Gómez convocó al rector de la Universidad Complutense a una reunión en sus oficinas profesionales, cuya existencia se desconoce, sino en el mismo Palacio de la Moncloa y no una sino, al menos, dos veces. Palacio al que convocaba a otros directivos de empresas cuyo patrocinio buscaba para su excelente actividad profesional. Tampoco es una noticia falsa el hecho de que varias empresas, por encargo de la complutense, hiciesen un software para la cátedra de Begoña y que esta lo registrase a su propio nombre, ni el hecho de que cargase facturas, sin competencia para ello, a la Universidad Complutense razón por la cual esta Universidad ha pedido al Juzgado que sea juzgada por apropiación indebida. 

No son un bulo tampoco el hecho de que su amigo y “socio” Barrabés se hiciese con contratos públicos por un importe cercano a los 20 millones de euros o que su amigo Víctor Aldama, del grupo Globalia, empresa matriz de Air Europa,  y el ejecutivo de Air Europa, Sr. Hidalgo, se hiciesen con un rescate exprés para su aerolínea de 475 millones de euros y un préstamo de 140 millones avalados por el ICO. Dada la relación de estos dos últimos personajes con Koldo García, no habría estado de más una selección algo más exquisita de los contactos “profesionales” de Dª Begoña Gómez. Y, la verdad, andar escribiendo cartas de recomendación en favor de empresas en procedimientos públicos en los que la intervención de su marido o de los subordinados de su marido es determinante, no parece muy higiénico.

Todos los anteriores hechos son ciertos. No se trata de rumores, ni de bulos. Puede que no sean delito porque para declararlos como tal los jueces deben hilar muy fino, pero nadie con un mínimo de objetividad puede negar que huelen muy mal, que apestan. Como dijo recientemente en el Congreso de los diputados Aitor Esteban, refiriéndose a las actividades “profesionales” de Dª Begoña Gómez, “lo que nadie puede dudar es de que hay cosas que no se pueden hacer”. Y retrocediendo 2000 años conviene recordar a Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.), uno de los más destacados oradores, políticos, filósofos y escritores de la antigua Roma, “Meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere”, lo que en roman paladino significa “que el juez debe estar libre tanto de sospecha como de culpa” o lo que es lo mismo “La esposa no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo” .

Santiago de Munck Loyola

Los tres Pedros.

Corría el mes de noviembre de 2018 cuando Carmen Calvo, vicepresidente entonces del Gobierno, se vio obligada a realizar malabares dialécticos en una rueda de prensa para tratar de justificar el cambio de criterio del Presidente del Gobierno que había ordenado a la abogacía del estado que excluyera el delito de rebelión de su escrito de acusación en el juicio del “procés”, o sea, del golpe de estado de los independentistas catalanes. Y no encontró mejor argumento que afirmar que Pedro Sánchez nunca había dicho que se tratase de un delito de rebelión. Cuando el periodista le insistió afirmando lo contrario, la señora vicepresidente matizó que nunca lo había dicho como Presidente del Gobierno, sino que lo dijo cuando aún no lo era. Ya entonces deberíamos haber aprendido los españoles que hay dos o quizás tres Pedros Sánchez. A saber: Pedro sin el cargo de Presidente, Pedro el Presidente y Pedro el candidato a Presidente y que cada uno de ellos tiene sus propios principios, sus propias ideas y sus propias opiniones, nunca necesariamente coincidentes, de tal suerte, que ninguno de los Pedros es un traidor, un veleta o un mentiroso. Tres personas distintas en y para un solo ego.

A solo tres días del 23 de julio pasado, Pedro el candidato les dijo a los españoles que no habría amnistía para los golpistas, ni referéndum de independencia en Cataluña. Algo que no era la primera vez que lo decía y que machaconamente repetían Salvador Illa, los Bolaños, los políticos y afiliados socialistas, así como casi todos los comentaristas políticos y medios de comunicación, debidamente engrasados con dinero público. La amnistía no era constitucional afirmaban en coincidencia con el PP, Vox y algún que otro partido minoritario, con lo que el “no a la amnistía” superó ampliamente el 75% de los votos emitidos por los españoles en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Una cifra incontestable.

Pedro el candidato prometió lo que creía que mejor aceptarían los españoles, su olfato carroñero no le traicionó, pero, sorpresa: no fue suficiente ni para ganar las elecciones, ni para prescindir de sus infecciosos socios que, a pesar de obtener unos pésimos resultados electorales, se convirtieron en la llave para que Pedro el Presidente pudiese repetir en la Moncloa.

Finalmente, tras semanas mareando la perdiz, en las que Pedro el candidato no se atrevía a pronunciar la palabra “amnistía” y en las que sus conmilitones se esforzaban por suavizar, edulcorar y manipular el alcance de una hipotética amnistía, Pedro Presidente “in pectore” decidió hacer público “en nombre de España” su voluntad de impulsar y aprobar una “ley de amnistía” que borre el historial de los golpistas y del dinero robado para ello. Y en un alarde de cinismo y con el aplauso ovino de su audiencia,  afirma que el 80 % del electorado catalán está a favor de la amnistía, cuando lo cierto es que el 56 % (PSC+PP+Vox) votó contra la amnistía. En el nombre de España, los golpistas le darán a cambio su voto para que él pueda repetir como Presidente del Gobierno y ellos consumar por fin un golpe de estado. Y no lo dude el lector, después vendrá el referéndum de autodeterminación de Cataluña y, quién sabe, si no terminaremos como en la antigua Yugoeslavia.

A cualquiera que se haya preocupado un poco por conocer a los tres personajes del ególatra monclovita no le extrañará todo esto. Su catadura moral es más que evidente. Pero lo que más sorprende es que periodistas, comentaristas, miles de cargos socialistas y cientos de miles de votantes socialistas puedan variar 180 grados sus opiniones y sus supuestos principios políticos en poco más de dos meses. Hace falta tener poca vergüenza y muy poca autoestima para defender una cosa y la contraria en tan poco tiempo. Lo que no era constitucional el pasado mes de julio cuando había que pedir el voto a los ciudadanos, depositarios de la soberanía nacional, ahora sí lo es justo cuando lo que hay que pedir es el voto a los enemigos de España y de la Constitución. El “gironazo” de la mayoría de la prensa puede que tenga su explicación en las decenas de millones de euros distribuidos desde el gobierno y en la condición de simples mercenarios de muchos de sus profesionales. Pero cuando se observa la sumisión, la inconsistencia intelectual y la ausencia de principios éticos de tantos políticos y aspirantes a políticos profesionales, no es posible evitar un sentimiento de repugnancia y de profunda tristeza por el negro porvenir que nos depara la ausencia de calidad humana de buena parte de la clase política.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

PUCHINNEKEN PIS.

 

Ni amnistía, ni amnesia.

 

La gran operación de intoxicación social ha comenzado. Las terminales mediáticas de la izquierda, toda una legión de periodistas y comunicadores paniaguados, así como los miembros del Gobierno y sus allegados en nómina se han lanzado a opinar favorablemente sobre una eventual amnistía a los golpistas catalanes y, en muchos casos, a contarnos exactamente lo contrario de lo que opinaban tan solo hace unos pocos meses. Basta que el inquilino de la Moncloa haya cambiado de opinión, si es que alguna vez lo que dijo fue una opinión, para que todos como loros bien entrenados repitan lo mismo.

 

Ahora nos cuentan que una amnistía sí es constitucional, que porque la Constitución no la prohíba expresamente no quiere decir que no se pueda aprobar, que hay que pasar página y hacer como si los graves incidentes de 2017 y la malversación de cientos de millones de euros no hubiesen existido nunca. Incluso tratan de lavar la cara a esa eventual amnistía llamándola, en un alarde desfachatez increíble, una “ley de alivio penal”, como si la aplicación de la ley fuera una molestia digestiva. Y lo hace gente que nunca ha tocado un libro de derecho o que ni tan siquiera se ha molestado en leer la Constitución con cierto detenimiento. Y aún así, no resulta tan sencillo, como algunos creen, interpretar el sentido de una norma compleja como es una Constitución. Para intentar entenderla en sus aspectos más oscuros o polémicos hay que acudir a la doctrina y a sus fuentes jurídicas.

 

Una reciente entrevista publicada en El Debate a D. Emilio Frías, fiscal hasta el 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, clarifica mucho los motivos por los que una eventual amnistía no sería constitucional. Y hay algunos aspectos que deben ser destacados para subrayar esta opinión.

 

1º Es cierto que la Constitución no menciona la amnistía entre las medidas de gracia que pueden aprobarse, pero el hecho de que no prohíba la amnistía no quiere decir que las autorice. Tampoco prohíbe el canibalismo o la esclavitud y eso no quiere decir que estén permitidas. 

 

2º De acuerdo con las actas de la Comisión Constitucional en las que sí se hablaba de amnistía, los ponentes de la Constitución decidieron intencionadamente no incluirla en el texto constitucional.

 

3º La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y una amnistía es más que un indulto general. Por tanto, cuando se prohíbe lo menos se prohíbe lo más. Se trata de un principio general del derecho.

 

4º La Constitución se basa en la división de poderes y, en consecuencia, establece claramente las competencias y atribuciones de cada poder. No hay una supremacía del poder legislativo sobre los demás poderes. La aprobación de medidas de gracia corresponde al poder ejecutivo, no al legislativo. Por consiguiente, admitiendo que fuera legal una eventual amnistía correspondería al Gobierno aprobarla, no a las Cortes. Pero, un gobierno en funciones no podría hacerlo. Como mucho, las Cortes podrían despenalizar, mediante la oportuna reforma del Código Penal, los delitos por los que deben responder aún los eventuales beneficiados de esa supuesta amnistía.

Parecen, por tanto, precipitadas y fruto de la más absoluta ignorancia todas las propuestas, plegándose a las órdenes del prófugo de Waterloo, de aprobar en las Cortes una Ley de Amnistía y de aprobarla antes de que Pedro Sánchez se someta a una investidura. ¿Cómo es posible que los delirios de un payaso puedan someter a tanta gente? Las Cortes no pueden atribuirse competencias que la Constitución reserva al Gobierno y el Gobierno no puede en estos momentos aprobar medidas de gracia porque está en funciones.

 

Dicho esto, lo relevante no está ya en la constitucionalidad o no de una Ley de Amnistía que debería estar ya fuera del debate público, sino el alcance y las consecuencias que supondría para un Estado como el nuestro, un estado social y democrático de derecho al que una hipotética amnistía pondría en cuestión la legitimidad de su propia existencia. Nuestro ya maltrecho poder judicial quedaría definitivamente tocado y desprestigiado ante la opinión pública y la Unión Europea. El principio básico de la igualdad entre los españoles quedaría anulado. Los riesgos y el peligro para nuestra democracia y nuestra pacífica convivencia son elevadísimos y todo para que el Sr. Sánchez consiga seguir en la Moncloa rehén de esta cuadrilla de delincuentes. Porque una eventual amnistía no va a servir para resolver el “conflicto” catalán que no es otro que la insumisión de una casta política contra el ordenamiento jurídico de un estado democrático. Ellos no engañan, la amnistía no va a solucionar nada, salvo las posaderas presidenciales, va a servir para fortalecer su objetivo principal, la independencia de su región por encima de todo. ¿Le merece la pena a la izquierda española?

 

Santiago de Munck Loyola

 

La peregrinación indigna de la besucona.

En las elecciones generales del pasado mes de julio, los partidos independentistas con representación parlamentaria lograron 1.614.000 votos en toda España, es decir, el 6,59% de los votos. Estos resultados suponen respecto a las elecciones de 2019 una pérdida de más de 700.000 votos (2.427.000 votos en 2019) y un retroceso porcentual de casi puntos (10,11% en 2019). En definitiva, en 2023 los partidos independentistas perdieron casi a un tercio de sus votantes respecto a 2019 y ello se tradujo en una pérdida de 9 escaños al pasar de 35 a 26 escaños en 2023.

 

Sin embargo, por esas paradojas de la aritmética parlamentaria, su capacidad de influencia en el conjunto de la política nacional es infinitamente superior a la que venían ostentando. Se han convertido en decisivos para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en el eje derecha-izquierda para la formación del nuevo gobierno. Son muy conscientes de que pueden situar en el poder de nuevo a los perdedores de las elecciones, a la izquierda española, que es lo que conviene a sus intereses antiespañoles. Son conscientes de que tienen enfrente a un líder socialista sin principios, incapaz de mantener un solo postulado básico con tal de seguir en el poder. Y no hace falta enumerar aquí todos los “cambios de opinión” que el Sr. Sánchez ha padecido en los últimos cuatro años. La ausencia de principios del Sr. Sánchez, su debilidad electoral y su enfermiza ansia de poder son la fortaleza de los independentistas, de los enemigos de España. Y hay que hablar claro, esta patulea de partidos son los enemigos de España, repudian la democracia porque solo la entienden, si acaso, para los suyos, son una mezcla de la derechona rancia, meapilas y racista del PNV, de la extrema izquierda filoterrorista de Bildu, de la derechona racista, burguesa y provinciana adicta al 3% de Junts, de la izquierda heredera del genocida Companys y de la extrema izquierda gallega. No nos engañemos, son enemigos de los españoles, odian a España, pero quieren que entre todos les paguemos las pensiones y asumamos las deudas que sus desastrosos gobiernos autonómicos han generado con sus embajadas, sus inmersiones lingüísticas, sus medios de comunicación y su corrupción institucionalizada. Se han inventado unas naciones, han manipulado la historia, llevan décadas adoctrinando a las nuevas generaciones e inculcando el odio hacia lo español en sus territorios. Y lo han estado haciendo con la pasividad, cuando no la colaboración, del conjunto de la sociedad española, medios de comunicación incluidos, y de su meliflua clase política.

 

Y en medio de esta grave situación siempre aparece alguien capaz de empeorar las cosas. Pocas veces se habrá podido ver un espectáculo más vergonzoso, más repugnante y humillante que la visita de toda una Vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, rindiendo pleitesía en Bruselas al delincuente y prófugo de la Justicia española Carlos Puigdemont. Reunirse con un enemigo declarado de nuestra democracia, de nuestro país, hacerle el juego a este cobarde sujeto dejando con el “culo al aire” a uno de los tres poderes del Estado, el judicial, prestarse a blanquear a un golpista, dejar por los suelos la imagen de España trasladando la sensación de que tenemos un estado fallido no tiene un pase. Es evidente que la Sra. Yolanda Díaz no tiene un ápice de dignidad propia y una persona indigna no puede representar a los españoles. Y no, no ha ido a Bruselas a negociar nada en beneficio de España, ha ido a mendigar los votos de los diputados del golpista para mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones. No hay ningún fin altruista o patriótico tras su mamarrachada. Todo lo contrario. Esta señora está encantada de haberse conocido y tras esta bochornosa peregrinación a Bruselas aún más. 

 

Santiago de Munck Loyola

Una amnistía dañina para España.

 

Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.

 

Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.

 

Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también  su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.

 

El debate político sobre la constitucionalidad o no de una posible Ley de Amnistía está abierto. Y el principal escollo está en el Artículo 14 de la Constitución que proclama que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto y, por tanto, la voluntad de los constituyentes es clara, diáfana, cristalina y lo es hasta tal punto que no cabe interpretación alguna. Lo puede entender cualquiera, hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o los independentistas. Pero…a pesar de ello, están preparando el camino hacia una amnistía. Dice Pedro Sánchez que en el derecho cabe todo, pero no es así. No todo cabe en el derecho español, en Corea del Norte puede, pero en España no. Primero, porque en la cúspide de la pirámide normativa que diría Kelsen está la Constitución y ninguna Ley puede rebasarla. Segundo, porque por encima de la Constitución está la Nación española, la soberanía del pueblo español que es radicalmente incompatible con cualquier otra pretendida soberanía.

 

No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace

( https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/jurisprudencia-constitucional-avala-amnistia-exposicion-motivos-ley-justifica-como-fin-problema-politico/20230901113849629428.html ) lo podemos comprobar. Algunos nos quieren hacer creer que justificando debidamente en el preámbulo de una Ley de Amnistía su razón de ser se puede vulnerar constitucionalmente el principio de igualdad ante la Ley siempre que sea para obtener un bien social. Pretenden justificarlo en que la legislación vigente no es suficiente para resolver lo que llaman un conflicto político que no es otro que la negativa de los independentistas a someterse a las reglas de la democracia, a acatar el ordenamiento jurídico español que seguirán sin acatar tras ser amnistiados. Igual que lo han hecho con los indultos. Y ahí está la raíz del problema. No están perseguidos por ser independentistas porque en España, gracias a la Constitución, cada cual puede ser lo que quiera. Si no porque se niegan a usar los caminos legales, que existen en la propia Constitución, para hacer realidad sus deseos. Los independentistas proclaman que son una nación y, consiguientemente, nos niegan a los demás el derecho a serlo. Ellos no reconocen la soberanía del pueblo español, no.

Y, por tanto, están en rebeldía con el ordenamiento jurídico que el pueblo español se ha dado. Pretender que una amnistía va a resolver un problema que las actuales leyes no pueden resolver, además de una simpleza, es una falacia. Una Ley de amnistía en la que además pretenden los independentistas incluir a una tipeja como Laura Borrás, condenada por corrupción, y excluir de la misma a los policías encausados por obedecer órdenes el 1 de octubre, no arregla nada, solo beneficia a los delincuentes, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.

¿Incluirán en esta amnistía a los h. de p. de los CDR que estos días han intentado herir o matar a los deportistas que participaban en la vuelta ciclista a España a su paso por Cataluña?

 

Pero es que, además de vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, una amnistía traslada a Europa y al mundo la idea de que en España nuestras leyes son injustas y que tenemos presos políticos y a gente perseguida por sus ideas políticas.

Es cuestionar la ejemplar actuación del Rey Felipe VI en aquellos días de octubre de 2017 y su modélico discurso. No se puede lanzar el mensaje de que aquí se puede delinquir y se puede vulnerar el ordenamiento jurídico con total impunidad porque a un aspirante a la jefatura del Gobierno le hacen falta los votos de los delincuentes. Lo que en otras circunstancias podría ser entendido como un signo de generosidad de nuestra democracia hacia sus enemigos, solo puede ser visto como una señal evidente de debilidad y como una muestra de la inexistencia de principios para defender el ordenamiento jurídico que garantiza la justicia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se equivocan y mucho socialistas y comunistas pensando que con una amnistía se va a solucionar algo el problema independentista, si es que en verdad lo piensan, porque todo indica que ese problema les importa un comino, solo quieren sus votos para la investidura y si ese es el precio lo pagarán.

 

Santiago de Munck Loyola

  

PINCELADAS POSELECTORALES.

 

Creo que no me equivoco si afirmo que el resultado de las pasadas elecciones generales ha constituido una sorpresa para casi todo el mundo, fanáticos de uno y otro lado incluidos. Y tampoco creo equivocarme si califico el resultado como desastroso para la gobernabilidad de España que, con un sistema electoral necesitado de una profunda reforma, aboca, necesariamente, a la inestabilidad y a la compra y venta de voluntades para constituir un gobierno.

 

Aunque no lo parezca, a tenor de las celebraciones realizadas desde la misma noche electoral, las elecciones las ha ganado el Partido Popular y el centro derecha que en su conjunto pasa de 147 a 170 escaños y las ha perdido la coalición gubernamental que ha pasado de 155 escaños a 152. Por cierto, las formas son muy importantes, son indicativas del talante de los políticos, y hasta la fecha el Sr. Sánchez Castejón ni felicitó al partido ganador, el PP, en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, ni lo hizo en la noche electoral del 28 de julio. Todo un detalle que caracteriza al personaje que, incapaz de realizar la más mínima autocrítica para asumir y explicar su derrota a pesar del uso ilegítimo en la campaña de todos los recursos del estado, se ha lanzado a una carrera para reunir, a cambio de lo que haga falta, cuantos apoyos pueda de separatistas y filoterroristas, ésos a los que les une, según la Ministra de Hacienda y vocera ordinaria, Montero, el amor a España. El personaje carece no solo de convicciones democráticas, sino del más mínimo sentido de estado, el mismo sentido de estado que condujo a Felipe González en 1996 a no intentar siquiera repetir los pactos que mantenía con Convergencia i Unió y PNV para mantenerse en el poder. Había sacado menos escaños (141) que el Partido Popular (156), lo asumió y renunció desde el primer minuto, tras felicitar al ganador, a intentar volver a formar gobierno.

 

Como estamos viendo esta victoria no será suficiente para alcanzar el poder, ni aún sumando el escaño de UPN y, posiblemente, el de Coalición Canaria. Los partidos perdedores de las elecciones harán todo lo posible para amalgamar una mayoría por la mínima para impedir un gobierno, sólo o en compañía, del partido ganador. Ello exige una autocrítica y una corrección de rumbo para, ante todo, aprovechar las características de nuestra denostada Ley Electoral y convertir las debilidades en fortalezas de cara al futuro.

 

Los partidos de centro derecha han cometido errores de bulto antes y durante la campaña electoral siendo corresponsables de esta situación. Llevamos cinco años con un gobierno socialista en coalición con la ultraizquierda. Sí, con la ultraizquierda porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si se da por bueno que lo que está a la derecha del PP es la ultraderecha, habrá que concluir que lo que está a la izquierda del PSOE es la ultraizquierda. Sin embargo, pocos comunicadores asumen ese razonamiento y sustituyen el término “ultraizquierda” por “progresista”. Siempre había entendido que ultras eran todas aquellas formaciones políticas que rechazaban el sistema democrático y en su ideario proponían su sustitución por cualquier tipo de sistema autoritario y dictatorial, llámese democracia popular, democracia orgánica, corporativista o bolivariana. Ahora resulta que un partido democrático netamente conservador es calificado de ultra porque cuestiona, por ejemplo, la ideología de género o las teorías del calentamiento global. Y la realidad es que las ideologías no son dogmas que deban ser asumidos obligatoriamente en un sistema plenamente democrático, cuya base es precisamente la libertad de pensamiento y de expresión del mismo, como tampoco deben serlo las simples teorías. Pero como lo ultra suena mal, lo compran y dan por buenas las definiciones que la izquierda, con su habitual pretendida superioridad moral, difunde e imparte. Pero, lo peor es que el PP también compra esta mercancía adulterada. Y el problema de fondo que muchos dirigentes populares parecen ignorar es que Vox, en gran medida, es un hijo suyo. Sus dirigentes y sus votantes provienen de las filas populares expulsados de las mismas por las continuas traiciones en la era Rajoy a sus compromisos electorales. Cuando el PP se comportó como una derecha vergonzante, como una organización endogámica, encubridora de corruptos y escasamente democrática abrió la puerta para la fuga de votantes. Ahora existen dos organizaciones en el centro-derecha y aunque la lógica política sugiere que con el tiempo el pez grande comerá al chico, lo cierto es que no se puede asumir el discurso de la izquierda y tratar permanente de marcar diferencias ofendiendo a quienes antes habitaban en tu casa y a quienes puedes necesitar, en vez de plantar cara de una vez a tanto tópico interesado. Tan legítimo es que se llegue a acuerdos con Vox, como que el PSOE llegue a acuerdos con sus vecinos de SUMAR, antes Podemos. Y el PP no tiene por qué andar poniéndose estupendo, poniendo barreras y objeciones a sus excompañeros de partido cuando, además, los necesita. Las cuitas sobre los pactos en plena campaña, haciéndole el juego a la izquierda, han sido un verdadero desastre. Solo el PP de la Comunidad Valenciana, liderado por Carlos Mazón, ha seguido una estrategia eficaz e inteligente: discreción, seriedad, rapidez y claridad. Un pacto sin trampa ni cartón, un pacto concreto y preciso publicado de forma inmediata que satisface plenamente a los votantes de ambos partidos. ¿Qué no le gusta a la izquierda y a sus palmeros? Pues, evidentemente, mejor. Les faltó tiempo para recordar que el candidato autonómico de Vox, Carlos Flores, había sufrido una condena por malos tratos años atrás, rasgándose hipócritamente las vestiduras las ministras socialistas mientras durante años su partido ha protegido a su presidente en el País Vasco, el Sr. Eguiguren, condenado en 1992 por dar una paliza a su pareja.

A SUMAR se le escapó en su programa que pretendía acabar con la libertad de prensa, pero pasó desapercibido misteriosamente. Mientras la derecha no se sacuda los complejos y dé la batalla dialéctica y cultural marcando la agenda del debate será muy difícil desprenderse del yugo izquierdista.

 

No me resisto de dejar de señalar la falta de madurez política, en plena campaña, de quienes se ofendían y quejaban porque el PP apelase al voto útil, como si su cuota de votantes fuese fija y en propiedad. ¿En serio lo piensan? Los votantes de Vox son un caladero en el que el PP puede y debe intentar pescar, como lo hace Vox en el caladero de votantes populares. Perder un solo minuto en una campaña electoral en denunciar que te quieren quitar votos es de una simpleza y de una inmadurez impropia de un partido político serio. Como lo es quejarse que el PP, el rival, quiera ganar los suficientes escaños para poder gobernar en solitario. Pues claro, a eso es a lo que debe aspirar cualquier partido que se precie de serlo y no a conformarse con gobernar acompañado, a no ser que en el fondo se consideren un partido muleta.

 

Es muy probable, casi seguro y ojalá me equivoque, que el Partido Popular no alcance el gobierno esta vez. Lo habría alcanzado si no se hubiesen dejado enredar con los pactos autonómicos con Vox, si no hubiesen levantado el pie del acelerador confiados con las encuestas, si no hubiesen rehuido los debates tras el espectacular triunfo de Núñez Feijoó sobre un Sánchez descolocado, si hubiesen centrado su estrategia en exigir responsabilidades por la suelta de centenares de violadores durante los últimos meses, sobre la traición a los

saharauis o sobre los ataques del gobierno a las libertades públicas durante la pandemia por ejemplo. ¿Derogar el Sanchismo? ¿En serio?  El sanchismo es algo mucho más complejo que echar a Sánchez algo que probablemente no todos los votantes alcanzan a comprender. Y, por último, en la derecha deberían de una vez aprender a usar la Ley Electoral para maximizar los resultados y ello pasa necesariamente por cerrar acuerdos preelectorales que son mucho más beneficiosos que los poselectorales, además de transparentes para los votantes.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

VADE RETRO SANCHIDAD.

 

Bueno, ya queda menos, tan solo unos días para poder votar y para, según deseamos muchos, a pesar de lo que diga el CIS, enseñarle la puerta de salida a Pedro Sánchez, a sus socios y demás acompañantes. Pedro Sánchez, Antonio para los amigos, es una mentira andante y voladora. Llegó al poder mediante una moción de censura construida sobre la falsedad de una sentencia y se ha sostenido durante su mandato usando el embuste, el engaño y el fraude de forma permanente. Ni sus compañeros de partido, ni sus votantes, ni sus socios de gobierno se han escapado de sus constantes falsedades. Un lustro negro en el que la verdad ha estado ausente de la política presidencial, el lustro del Pinocho monclovita. Probablemente no se podría esperar otra cosa cuando llega al poder un farsante que nunca ha tenido que trabajar, sin experiencia laboral fuera de la política conocida y con un doctorado tan fraudulento como el comité de expertos del Covid, pero cuesta creer la pasividad y la tolerancia de una sociedad moderna como la nuestra ante un sujeto sin escrúpulos como éste. De la pasividad y tolerancia con este sujeto de los medios de comunicación para qué hablar tras haber sido regados desde el poder con millones de euros. Porque no nos llamemos a engaño, el único valor que puede presentar un político en una democracia ante los votantes es el valor de su palabra, la fidelidad a sus compromisos. Claro que, para ello, antes hay que tener algún principio.

 

Aunque pueda resultar paradójico, durante la campaña electoral lo que más ha repetido el Sr. Sánchez y sus acólitos es que la oposición miente, y lo dice y repite precisamente él, el del comité de expertos inexistente del Covid, el de la tesis doctoral cum fraude, el del intento de pucherazo en la votaciones del comité federal de su partido, el de “y si quiere se lo repito cinco veces, no pactaré con Bildu”, el de Podemos me provoca insomnio, el de “la política sobre el Sáhara no ha cambiado”, el de “la Ley del solo sí es sí” es formidable, el de la economía va como una moto, etc. Ese mismo, la mentira personificada, acusa a los demás de mentir. De psiquiatra.

 

Y en lo que va de campaña electoral merece la pena destacar algunos asuntos. En primer lugar, el debate entre Núñez Feijóo y Sánchez. Reconozco que me sorprendió agradablemente. Vi a un Sánchez nervioso, agresivo, faltón e incapaz de enarbolar ningún logro de su gobierno. Y enfrente a un Feijóo seguro de si mismo, confiable, honesto y transmitiendo una solvencia de gobernante responsable y experimentado. Sánchez, “excusatio non petita, accusatio manifesta”, se ocupó de reivindicar su honradez, su limpieza, su peregrina justificación del abuso del Falcon o de defender a su mujer. Increíble. Y en el culmen del disparate metió en el debate en lema “que te vote Txapote”, por si quedaba algún español que no lo conociera. A pesar de sus cientos de asesores y de los 3 o 4 días que se tomó para preparar el debate, se estrelló.

 

En segundo lugar, el seguidismo de los medios de comunicación a las consignas monclovitas sobre los pactos del PP con Vox y las incomprensibles reacciones de la derecha. Que la izquierda trate de demonizar dichos pactos es normal, pero no que lo secunde los medios de comunicación y, mucho menos, que los populares entren en el juego. No es normal que los pactos del PSOE con la ultraizquierda, antes Podemos, ahora Sumar, con Bildu o con los independentistas golpistas catalanes esté asumido como aceptable y, por el contrario, los pactos del PP con Vox se demonicen. Vox es al PP lo que Sumar o Podemos son al PSOE. Así de claro. Vox es un partido constitucionalista, aunque propugne la reforma de la Constitución, como se supone que lo son Podemos o Sumar. Que se quiere calificarles de “ultras”, pues vale, pero en la misma medida a la izquierda que a la derecha. No hacerlo, es falsear la realidad, es mentir y es manipular.

El ejemplo de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana es el camino a seguir: actuar sin complejos y con sentido común en armonía con lo deseado por la inmensa mayoría de los votantes de derechas. Además, la experiencia histórica en nuestro país enseña que la incorporación a un gobierno de coalición implica a la larga la absorción del partido pequeño por el partido mayoritario.

 

En tercer lugar, la campaña está sirviendo para hacer aún más patente y visible la oquedad intelectual de Yolanda Díaz. Es un producto artificial, su retórica es forzada y antinatural, sus ideas inexistentes o, en el mejor de los casos, simples clichés sin capacidad de desarrollo. Y, paradójicamente, este personaje surgido de la factoría monclovita para cargarse a los podemitas más incómodos cuenta, según las encuestas, con un alto grado de aceptación entre los votantes, lo que, sinceramente, dice muy poco sobre los que aprueban su supuesto liderazgo. ¿Se han parado a analizar sus discursos, sus soflamas, sus ideas? Seguramente no. La Fashionaria no va a obtener un gran resultado a pesar de contar con mucha benevolencia de los medios de comunicación que no han subrayado suficientemente el componente estalinista de una formación que pretendía en su borrador de programa acabar con la libertad de expresión en España. Los comunistas, por mucho que cambien de siglas, no cambian.

 

Por último, parece que la campaña de Vox ha quedado empañada por los ecos producidos por sus negociaciones con el PP en las que se ha puesto de manifiesto más el hambre por ocupar sillones que por acabar con el sanchismo. Sus propuestas, su programa no está llegando a los votantes, pero su estrategia y sus fines lamentablemente sí. Resulta un poco cómico que Abascal se queje o lamente por los esfuerzos del PP por captar votantes de Vox. ¿Y qué esperaba el dirigente de Vox? ¿De dónde se cree que proceden sus propios votantes? Pues del PP, como él mismo. Cualquier partido que aspire a gobernar aspira a conseguirlo obteniendo el mayor número de votos y, en el caso de los populares, es que lógico que intenten ensanchar su base electoral por su izquierda y por su derecha.

 

No parece haber más opción para poner punto final al lustro negro de la mentira que apoyar con el voto al partido con más posibilidades reales de conseguirlo, el Partido Popular. Es relativamente fácil imaginar un gobierno presidido por Feijóo, un gobierno respaldado por el PPE y no por partidos dudosamente europeístas y amigables con Putin, como los que frecuenta el líder de Vox, algo que facilitará la posición de España en la compleja dinámica europea. Nos jugamos mucho el 23 de julio, nos jugamos sobre todo la libertad individual y colectiva que se sustenta sobre el respeto a la Constitución, a la separación de poderes, a la libertad de prensa y al consenso que hizo posible la transición. Para muchos de nosotros los supuestos avances esgrimidos por los sanchistas no son tales: el guerracivilismo no es un avance, la compra de voluntades mediáticas no es un avance, la catástrofe jurídica sobre los delincuentes sexuales no es un avance, el fortalecimiento de los derechos de los okupas no es un avance, la desaparición de la Guardia Civil en determinadas regiones y tareas tampoco, como tampoco son avances los disparates de género, la sumisión a Marruecos, el despilfarro constante con café para todos al renunciar a la progresividad en las ayudas, la colonización de todas las instituciones, etc. Y sí, estos supuestos avances son auténticas lacras que deterioran la calidad democrática de nuestra política y por ello deben ser derogados sin complejos y con la misma rapidez que la usada en el pasado por el PSOE para derogar todo lo que se les puso por delante.

 

A Sánchez, al PSOE, a SUMAR y a la Fashionaria que les voten Txapote, Tito Berni, los violadores y pederastas, los malversadores, los de los EREs, Mohamed, Maduro, los independentistas, Fernando Simón, el director de Correos y los alumnos y clientes de Begoña. Yo lo tengo claro.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

Efectos indeseables, previsibles e irrevocables.

Pocos casos se habrán dado de una Ley tan malparida y con efectos tan indeseables como el de La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del “solo sí es sí”. Más de 330 delincuentes sexuales han visto reducidas sus condenas y 30 han salido a la calle por obra y gracia de la entrada en vigor de esta Ley. Es indudable que con su entrada en vigor se pretendía proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual o, al menos, eso decían. No había más que contemplar en los medios de comunicación la autocomplacencia de las diferentes facciones del Gobierno y la patética competición entre ellas para atribuirse los méritos sobre su paternidad. Pero, lo cierto es que no pudieron hacerlo peor. Esta Ley no protege mejor a las víctimas. Es evidente. Y ahora la parte socialista del Gobierno, con muchos meses de retraso, se abre a la posibilidad de enmendar su propia ley aludiendo a lo que llaman sus efectos indeseables. Y éstos no son otros que los derivados de la aplicación de los principios jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico: el principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo recogido no solo en el Código penal sino también reconocido por el artículo 9.3 de la Constitución Española. Vamos, de primero de carrera.

Pues sí, sus efectos son indeseables y son una auténtica burla a las víctimas de esos delincuentes sexuales, pero no pueden engañarnos. Los efectos de la entrada en vigor de esta bazofia legislativa han sido, son y serán durante años indeseables, pero eran perfectamente previsibles para cualquier persona con un mínimo de nociones jurídicas.

Y aunque lo intentan, los miembros del Gobierno no pueden alegar, sin mentir una vez más, que los efectos indeseables eran imprevisibles porque debían saberlo y porque los informes jurídicos previos, como el elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, a la aprobación de la Ley ya preveían dichos efectos negativos para las víctimas y beneficiosos para los delincuentes sexuales condenados.

La realidad es que en el Ministerio de la podemita Irene Montero las cuchipandis moradas pasaron literalmente de los informes jurídicos críticos con la redacción del borrador de la Ley. Aupadas en la soberbia del cargo decidieron que los juristas no eran quiénes para enmendarles la plana. Ya se sabe que hay quien piensa que la legitimidad democrática dota al electo de superiores conocimientos a los del común de los mortales.  Y ahí está el resultado.

 

Las chapuzas de esta reforma legislativa no se limitan a las rebajas de penas que benefician a determinados delincuentes sexuales, sino que también alcanzan a otros aspectos que misteriosamente silencian los medios de comunicación. Es el caso de los delitos cometidos por menores edad. Tanto la jueza de menores de Madrid, Eva Saavedra, como el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco García Ingelmo, han advertido recientemente sobre la mayor dureza con la que castiga esta Ley del “solo sí es sí” a los menores respecto a los adultos cuando cometen determinados tipos sexuales. Se da el caso de que mientras que el adulto por la comisión de un delito sexual recibe una pena de prisión de seis meses o incluso una multa, en el caso de los menores no baja de un año de internamiento en un centro. Algo que va en contra no solo de la propia legislación española, sino del propio Derecho Internacional ya que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por España, establece que un menor de edad no podrá ser penado en peor condición que un adulto.

 

Sinceramente, no tienen vergüenza alguna y su empatía con las víctimas de agresiones sexuales es similar a la de un mejillón. Se permiten el lujo de bromear sobre las excarcelaciones y no cesan de mentir buscando endosar su responsabilidad a cualquiera: que si el problema son los jueces machistas, que si no hay problema alguno y que se trata de una campaña orquestada por la derecha política, mediática o judicial, que si se trata de un simple desajuste propio de la aplicación de una Ley nueva, que si los jueces no saben hacer su trabajo, etc. Todo menos reconocer su responsabilidad y su culpa. 

Pero no sólo las podemitas son las responsables de favorecer a los delincuentes sexuales, lo son también todos los miembros del Gobierno de España, empezando por el propio Presidente del Gobierno que sí pasará a la historia como el mejor amigo de los delincuentes sexuales y como el mayor excarcelador de los mismos. Y son también responsables los 205 diputados de 8 grupos parlamentarios diferentes que votaron a favor de esta Ley. ¿Cuántos se leyeron el texto con el detenimiento que merece un proyecto que iba a afectar a la libertad, a la seguridad y a la vida de tantas personas antes de apretar el botón verde? ¿Estos son los “padres” de la Patria? ¿En manos de qué clase de indigentes mentales y morales estamos?

 

Hay que decir las cosas claras, los daños ocasionados por la Ley del “sólo sí es sí” son indeseables como también son irremediables tanto como previsibles. Y por mucho “retoque” o reforma que vayan a introducir, solo una declaración judicial de nulidad por haber prescindido de algún informe preceptivo en su tramitación podrá anular todos sus efectos. Algo que no parece posible que vaya a ocurrir. ¡Vaya legado que la izquierda sanchista nos ha dejado!

 

Santiago de Munck Loyola