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miércoles, 1 de noviembre de 2023
Los tres Pedros.
viernes, 6 de octubre de 2023
martes, 12 de septiembre de 2023
Ni amnistía, ni amnesia.
La gran operación de intoxicación social ha comenzado. Las terminales mediáticas de la izquierda, toda una legión de periodistas y comunicadores paniaguados, así como los miembros del Gobierno y sus allegados en nómina se han lanzado a opinar favorablemente sobre una eventual amnistía a los golpistas catalanes y, en muchos casos, a contarnos exactamente lo contrario de lo que opinaban tan solo hace unos pocos meses. Basta que el inquilino de la Moncloa haya cambiado de opinión, si es que alguna vez lo que dijo fue una opinión, para que todos como loros bien entrenados repitan lo mismo.
Ahora nos cuentan que una amnistía sí es constitucional, que porque la Constitución no la prohíba expresamente no quiere decir que no se pueda aprobar, que hay que pasar página y hacer como si los graves incidentes de 2017 y la malversación de cientos de millones de euros no hubiesen existido nunca. Incluso tratan de lavar la cara a esa eventual amnistía llamándola, en un alarde desfachatez increíble, una “ley de alivio penal”, como si la aplicación de la ley fuera una molestia digestiva. Y lo hace gente que nunca ha tocado un libro de derecho o que ni tan siquiera se ha molestado en leer la Constitución con cierto detenimiento. Y aún así, no resulta tan sencillo, como algunos creen, interpretar el sentido de una norma compleja como es una Constitución. Para intentar entenderla en sus aspectos más oscuros o polémicos hay que acudir a la doctrina y a sus fuentes jurídicas.
Una reciente entrevista publicada en El Debate a D. Emilio Frías, fiscal hasta el 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, clarifica mucho los motivos por los que una eventual amnistía no sería constitucional. Y hay algunos aspectos que deben ser destacados para subrayar esta opinión.
1º Es cierto que la Constitución no menciona la amnistía entre las medidas de gracia que pueden aprobarse, pero el hecho de que no prohíba la amnistía no quiere decir que las autorice. Tampoco prohíbe el canibalismo o la esclavitud y eso no quiere decir que estén permitidas.
2º De acuerdo con las actas de la Comisión Constitucional en las que sí se hablaba de amnistía, los ponentes de la Constitución decidieron intencionadamente no incluirla en el texto constitucional.
3º La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y una amnistía es más que un indulto general. Por tanto, cuando se prohíbe lo menos se prohíbe lo más. Se trata de un principio general del derecho.
4º La Constitución se basa en la división de poderes y, en consecuencia, establece claramente las competencias y atribuciones de cada poder. No hay una supremacía del poder legislativo sobre los demás poderes. La aprobación de medidas de gracia corresponde al poder ejecutivo, no al legislativo. Por consiguiente, admitiendo que fuera legal una eventual amnistía correspondería al Gobierno aprobarla, no a las Cortes. Pero, un gobierno en funciones no podría hacerlo. Como mucho, las Cortes podrían despenalizar, mediante la oportuna reforma del Código Penal, los delitos por los que deben responder aún los eventuales beneficiados de esa supuesta amnistía.
Parecen, por tanto, precipitadas y fruto de la más absoluta ignorancia todas las propuestas, plegándose a las órdenes del prófugo de Waterloo, de aprobar en las Cortes una Ley de Amnistía y de aprobarla antes de que Pedro Sánchez se someta a una investidura. ¿Cómo es posible que los delirios de un payaso puedan someter a tanta gente? Las Cortes no pueden atribuirse competencias que la Constitución reserva al Gobierno y el Gobierno no puede en estos momentos aprobar medidas de gracia porque está en funciones.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 6 de septiembre de 2023
La peregrinación indigna de la besucona.
En las elecciones generales del pasado mes de julio, los partidos independentistas con representación parlamentaria lograron 1.614.000 votos en toda España, es decir, el 6,59% de los votos. Estos resultados suponen respecto a las elecciones de 2019 una pérdida de más de 700.000 votos (2.427.000 votos en 2019) y un retroceso porcentual de casi puntos (10,11% en 2019). En definitiva, en 2023 los partidos independentistas perdieron casi a un tercio de sus votantes respecto a 2019 y ello se tradujo en una pérdida de 9 escaños al pasar de 35 a 26 escaños en 2023.
Santiago de Munck Loyola
domingo, 3 de septiembre de 2023
Una amnistía dañina para España.
Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.
Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.
Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.
No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace
Santiago de Munck Loyola
lunes, 7 de agosto de 2023
PINCELADAS POSELECTORALES.
Creo que no me equivoco si afirmo que el resultado de las pasadas elecciones generales ha constituido una sorpresa para casi todo el mundo, fanáticos de uno y otro lado incluidos. Y tampoco creo equivocarme si califico el resultado como desastroso para la gobernabilidad de España que, con un sistema electoral necesitado de una profunda reforma, aboca, necesariamente, a la inestabilidad y a la compra y venta de voluntades para constituir un gobierno.
Como estamos viendo esta victoria no será suficiente para alcanzar el poder, ni aún sumando el escaño de UPN y, posiblemente, el de Coalición Canaria. Los partidos perdedores de las elecciones harán todo lo posible para amalgamar una mayoría por la mínima para impedir un gobierno, sólo o en compañía, del partido ganador. Ello exige una autocrítica y una corrección de rumbo para, ante todo, aprovechar las características de nuestra denostada Ley Electoral y convertir las debilidades en fortalezas de cara al futuro.
No me resisto de dejar de señalar la falta de madurez política, en plena campaña, de quienes se ofendían y quejaban porque el PP apelase al voto útil, como si su cuota de votantes fuese fija y en propiedad. ¿En serio lo piensan? Los votantes de Vox son un caladero en el que el PP puede y debe intentar pescar, como lo hace Vox en el caladero de votantes populares. Perder un solo minuto en una campaña electoral en denunciar que te quieren quitar votos es de una simpleza y de una inmadurez impropia de un partido político serio. Como lo es quejarse que el PP, el rival, quiera ganar los suficientes escaños para poder gobernar en solitario. Pues claro, a eso es a lo que debe aspirar cualquier partido que se precie de serlo y no a conformarse con gobernar acompañado, a no ser que en el fondo se consideren un partido muleta.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 19 de julio de 2023
VADE RETRO SANCHIDAD.
Aunque pueda resultar paradójico, durante la campaña electoral lo que más ha repetido el Sr. Sánchez y sus acólitos es que la oposición miente, y lo dice y repite precisamente él, el del comité de expertos inexistente del Covid, el de la tesis doctoral cum fraude, el del intento de pucherazo en la votaciones del comité federal de su partido, el de “y si quiere se lo repito cinco veces, no pactaré con Bildu”, el de Podemos me provoca insomnio, el de “la política sobre el Sáhara no ha cambiado”, el de “la Ley del solo sí es sí” es formidable, el de la economía va como una moto, etc. Ese mismo, la mentira personificada, acusa a los demás de mentir. De psiquiatra.
Por último, parece que la campaña de Vox ha quedado empañada por los ecos producidos por sus negociaciones con el PP en las que se ha puesto de manifiesto más el hambre por ocupar sillones que por acabar con el sanchismo. Sus propuestas, su programa no está llegando a los votantes, pero su estrategia y sus fines lamentablemente sí. Resulta un poco cómico que Abascal se queje o lamente por los esfuerzos del PP por captar votantes de Vox. ¿Y qué esperaba el dirigente de Vox? ¿De dónde se cree que proceden sus propios votantes? Pues del PP, como él mismo. Cualquier partido que aspire a gobernar aspira a conseguirlo obteniendo el mayor número de votos y, en el caso de los populares, es que lógico que intenten ensanchar su base electoral por su izquierda y por su derecha.
No parece haber más opción para poner punto final al lustro negro de la mentira que apoyar con el voto al partido con más posibilidades reales de conseguirlo, el Partido Popular. Es relativamente fácil imaginar un gobierno presidido por Feijóo, un gobierno respaldado por el PPE y no por partidos dudosamente europeístas y amigables con Putin, como los que frecuenta el líder de Vox, algo que facilitará la posición de España en la compleja dinámica europea. Nos jugamos mucho el 23 de julio, nos jugamos sobre todo la libertad individual y colectiva que se sustenta sobre el respeto a la Constitución, a la separación de poderes, a la libertad de prensa y al consenso que hizo posible la transición. Para muchos de nosotros los supuestos avances esgrimidos por los sanchistas no son tales: el guerracivilismo no es un avance, la compra de voluntades mediáticas no es un avance, la catástrofe jurídica sobre los delincuentes sexuales no es un avance, el fortalecimiento de los derechos de los okupas no es un avance, la desaparición de la Guardia Civil en determinadas regiones y tareas tampoco, como tampoco son avances los disparates de género, la sumisión a Marruecos, el despilfarro constante con café para todos al renunciar a la progresividad en las ayudas, la colonización de todas las instituciones, etc. Y sí, estos supuestos avances son auténticas lacras que deterioran la calidad democrática de nuestra política y por ello deben ser derogados sin complejos y con la misma rapidez que la usada en el pasado por el PSOE para derogar todo lo que se les puso por delante.
A Sánchez, al PSOE, a SUMAR y a la Fashionaria que les voten Txapote, Tito Berni, los violadores y pederastas, los malversadores, los de los EREs, Mohamed, Maduro, los independentistas, Fernando Simón, el director de Correos y los alumnos y clientes de Begoña. Yo lo tengo claro.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 1 de febrero de 2023
Efectos indeseables, previsibles e irrevocables.
Pocos casos se habrán dado de una Ley tan malparida y con efectos tan indeseables como el de La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del “solo sí es sí”. Más de 330 delincuentes sexuales han visto reducidas sus condenas y 30 han salido a la calle por obra y gracia de la entrada en vigor de esta Ley. Es indudable que con su entrada en vigor se pretendía proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual o, al menos, eso decían. No había más que contemplar en los medios de comunicación la autocomplacencia de las diferentes facciones del Gobierno y la patética competición entre ellas para atribuirse los méritos sobre su paternidad. Pero, lo cierto es que no pudieron hacerlo peor. Esta Ley no protege mejor a las víctimas. Es evidente. Y ahora la parte socialista del Gobierno, con muchos meses de retraso, se abre a la posibilidad de enmendar su propia ley aludiendo a lo que llaman sus efectos indeseables. Y éstos no son otros que los derivados de la aplicación de los principios jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico: el principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo recogido no solo en el Código penal sino también reconocido por el artículo 9.3 de la Constitución Española. Vamos, de primero de carrera.
Pues sí, sus efectos son indeseables y son una auténtica burla a las víctimas de esos delincuentes sexuales, pero no pueden engañarnos. Los efectos de la entrada en vigor de esta bazofia legislativa han sido, son y serán durante años indeseables, pero eran perfectamente previsibles para cualquier persona con un mínimo de nociones jurídicas.
Y aunque lo intentan, los miembros del Gobierno no pueden alegar, sin mentir una vez más, que los efectos indeseables eran imprevisibles porque debían saberlo y porque los informes jurídicos previos, como el elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, a la aprobación de la Ley ya preveían dichos efectos negativos para las víctimas y beneficiosos para los delincuentes sexuales condenados.
Las chapuzas de esta reforma legislativa no se limitan a las rebajas de penas que benefician a determinados delincuentes sexuales, sino que también alcanzan a otros aspectos que misteriosamente silencian los medios de comunicación. Es el caso de los delitos cometidos por menores edad. Tanto la jueza de menores de Madrid, Eva Saavedra, como el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco García Ingelmo, han advertido recientemente sobre la mayor dureza con la que castiga esta Ley del “solo sí es sí” a los menores respecto a los adultos cuando cometen determinados tipos sexuales. Se da el caso de que mientras que el adulto por la comisión de un delito sexual recibe una pena de prisión de seis meses o incluso una multa, en el caso de los menores no baja de un año de internamiento en un centro. Algo que va en contra no solo de la propia legislación española, sino del propio Derecho Internacional ya que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por España, establece que un menor de edad no podrá ser penado en peor condición que un adulto.
Sinceramente, no tienen vergüenza alguna y su empatía con las víctimas de agresiones sexuales es similar a la de un mejillón. Se permiten el lujo de bromear sobre las excarcelaciones y no cesan de mentir buscando endosar su responsabilidad a cualquiera: que si el problema son los jueces machistas, que si no hay problema alguno y que se trata de una campaña orquestada por la derecha política, mediática o judicial, que si se trata de un simple desajuste propio de la aplicación de una Ley nueva, que si los jueces no saben hacer su trabajo, etc. Todo menos reconocer su responsabilidad y su culpa.
Hay que decir las cosas claras, los daños ocasionados por la Ley del “sólo sí es sí” son indeseables como también son irremediables tanto como previsibles. Y por mucho “retoque” o reforma que vayan a introducir, solo una declaración judicial de nulidad por haber prescindido de algún informe preceptivo en su tramitación podrá anular todos sus efectos. Algo que no parece posible que vaya a ocurrir. ¡Vaya legado que la izquierda sanchista nos ha dejado!
Santiago de Munck Loyola
martes, 9 de agosto de 2022
La crisis energética no es compatible con los privilegios de la clase política.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 26 de mayo de 2021
Sr. Sánchez, métase los indultos por donde le quepan.
Lo primero que hay que subrayar es que en España no hay ningún preso político, aunque lo diga el mismo Papa. Nadie está en la cárcel por sus ideas políticas. Lo que hay son políticos presos por haber cometido no uno, sino muchos delitos contra el estado, contra la hacienda pública y contra la pacífica convivencia entre los españoles. Sus delitos son gravísimos pues pretendían quebrar lo más sagrado para cualquier demócrata, la soberanía nacional, el derecho a decidir de todos españoles, no de unos pocos, y la unidad nacional cuya defensa en última instancia habría supuesto la quiebra de la pacífica convivencia y su aseguramiento finalmente mediante el uso de las armas.
Santiago de Munck Loyola