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domingo, 15 de abril de 2018

Pocos libres de pecado.


El presunto Master de Cristina de Cristina Cifuentes y el escándalo mediático perfectamente orquestado en torno al mismo están sirviendo para destapar, aunque sea con desigual intensidad, otros asuntos aún más escandalosos. No es santo de mi devoción Cristina Cifuentes y si ha mentido en torno a las condiciones en que obtuvo el master de marras debe dimitir porque el político no solo ha de contar con la legitimidad de origen que otorgan las urnas, sino también con la legitimidad de ejercicio que se mantiene, entre otras cosas, con el valor de su palabra, el principal referente ético en la política democrática. Pero dicho esto, es evidente que el tratamiento mediático aplicado a Cristina Cifuentes y las repercusiones políticas partidistas son absolutamente desproporcionadas si se comparan con las que se aplican en los casos de muchos otros políticos.


Durante los últimos días se ha desatado un auténtico frenesí para cambiar el curriculum vitae de muchos políticos españoles y se han vuelto a destapar numerosos casos que ya fueron noticia, sin consecuencias, en el pasado. Es una epidemia que afecta a buena parte de la casta política. Padecemos una clase política bastante mediocre, unos dirigentes políticos acomplejados, incapaces de presentarse ante la sociedad tal cual son, con las virtudes, méritos o defectos que les adornan o ensombrecen. 

Son depredadores, parásitos del presupuesto público que para acceder el mismo necesitan mimetizarse con el entorno, disfrazarse con títulos o méritos inexistentes que les faciliten el acceso a la casta y, en consecuencia, al botín. Se empieza mintiendo con la titulación, diciendo que eres por ejemplo ingeniero industrial y se termina por robar la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil. 

Políticos de todos los colores han vestido su desnudez curricular con falsos méritos: Carlos Puigdemont, Pilar Rahola, Ada Colau, Joana Ortega, Guerrero, Oriol Junqueras, Leyre Pajín, Gregorio Rojo, Celestino Corbacho, José Montilla, Elena Valenciano, Paxti López, Trinidad Jiménez, Bernat Soria, Pepe Blanco, José Luis Corcuera, Javier Rojo, José Manuel Franco (y éste encima firma la moción de censura contra Cifuentes), Toni Cantó, Juan Merlo de Podemos, Javier Viondi de IU, Arsenio Fernández de Mesa, Tomás Burgos, Juan Manuel Moreno, Joaquín Ramírez, ex presidente del PP de Málaga, Gema Igual, alcaldesa de Santander y así una interminable lista. 

Parece que en unas estructuras partidistas como las que padecemos la capacidad y el mérito solo se miden por la apariencia, por la “titulitis” y no por una acreditada trayectoria de trabajo, de dedicación, de despliegue vital de principios éticos y políticos. Las cúpulas de la casta olvidan que los conocimientos no se acreditan sólo por titulaciones específicas y que la experiencia vital no se puede sustituir por la capacidad genuflexa de los individuos.

El caso Cifuentes ha puesto de manifiesto no sólo la proclividad de una gran parte de los dirigentes políticos de nuestro país a mentir sin rubor alguno dado que les sale gratis, no solo la doble vara de medir, la hipocresía, el sectarismo y la manipulación de muchos medios de comunicación dispuestos a linchar solo y exclusivamente a quienes no se sitúan en su órbita ideológica, sino también de los partidos políticos dispuestos a mociones de censura como en este caso mientras sostienen a gobiernos y partidos responsables de tramas corruptas como las desarrolladas en  Andalucía donde se ha llevado a cabo el mayor caso de latrocinio de dinero público.

Por último y no menos importante, el caso Cifuentes ha destapado un auténtico chiringuito universitario, y no es el único existente, en una universidad pública. No es de extrañar que ninguna universidad española se encuentre entre las 200 mejores del mundo. Padecemos un sistema público universitario en el que al amparo de una supuesta autonomía universitaria y de una consentida promoción endogámica han florecido toda clase de cutres negocios, tráficos de influencias y politiqueos partidistas, relegando a un segundo plano la excelencia, el saber y la investigación en claro perjuicio de los alumnos.

Cifuentes debería dimitir si se confirma que ha mentido a los ciudadanos sobre cómo obtuvo su master, pero con ella deberían dimitir todos los políticos que han igualmente mentido en el curriculum vitae. Son inadmisibles esas falsedades, sobre todo, porque ponen de manifiesto que todo les vale con tal de tener acceso al dinero público.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 25 de septiembre de 2013

A cuenta de la regia intervención quirúrgica.


Parece que, para algunos, en España no hay ahora asunto más importante que opinar sobre dónde se opera el Rey, si en un hospital público o privado, si con médicos que trabajan aquí o traídos de fuera. Y lo que más sobresale en este artificial e insustancial debate es la actitud profundamente mezquina de muchos dirigentes de la izquierda española. Mezquindad y, en algunos casos, miseria moral como se puso de manifiesto en el grave accidente de tráfico que sufrió y que casi le cuesta la vida a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Porque hay que ser muy miserable para pedir que se saque de un hospital público y sea trasladada a otro privado a una persona que está en coma y luchando por salvar la vida. No hay otro calificativo para describir a quienes quisieron hacer electoralismo y política sectaria con la vida y la recuperación de la Sra. Cifuentes quien tenía todo el derecho del mundo a ser tratada en el centro hospitalario que quisiera, como cualquier otro ciudadano.

Ahora le toca el turno al Jefe del Estado. Es evidente que cualquiera que fuese la decisión que el Rey hubiese adoptado para tratar la dolencia que le afecta habría sido aprovechada por los mezquinos de turno para lanzar toda clase de críticas y de descalificaciones. Todo parece indicar que el Rey no ha tomado la decisión personalmente, sino que lo ha hecho consultando con su familia, sus médicos y sus colaboradores inmediatos valorando todas las posibilidades y opciones e inclinándose por lo que ha entendido mejor para la recuperación de la salud del Monarca. En estos asuntos no hay improvisación que valga y sólo puede prevalecer finalmente, o solo debería prevalecer, el interés de la salud del paciente.

Pero, no, parece que algunos tienen la imperiosa necesidad de “montar el pollo” por lo que sea y se han puesto manos a la obra. Si el Rey hubiese optado finalmente por someterse a esta nueva operación en un hospital público estarían despotricando porque lo haría saltándose las listas de espera o porque su presencia en cualquiera de los hospitales públicos supondría enormes molestias para el resto de los pacientes ingresados en el mismo, molestias derivadas de las imprescindibles medidas de seguridad en el recinto hospitalario o molestias ocasionadas por la inevitable presencia de todos los medios de comunicación, vehículos, reporteros y demás personal que colapsarían las proximidades al centro público elegido. Y lo más probable es que hubiesen aprovechado los miserables de turno para montar otra escenita en las proximidades exigiendo que le operasen en un centro privado.

Como finalmente la decisión de la Casa Real ha sido que el Monarca sea intervenido en un centro privado también alzan su voz, unos protestando sin matices por la elección y otros haciendo públicas sus preferencias, como si alguien les hubiese preguntado por sus gustos, por la decisión contraria, es decir, diciendo que les hubiera gustado más que el Rey fuese intervenido en un Hospital público. Eso sí, como siempre con las dos varas de medir, porque más de uno, aunque no lo diga, está siendo tratado para algunas dolencias o ha sido tratado en la sanidad privada aunque ahora diga que prefiere que el Rey sea intervenido en la sanidad pública.

En fin, que algunos no pierden la oportunidad para intentar sacar tajada electoral incluso sobre las operaciones reales. Y mientras tanto, el Gobierno y, por supuesto, el Partido Popular tomando decisiones “muy oportunas” manifiesta que no tiene pensado de momento proceder a regular, a legislar sobre las funciones del príncipe de Asturias. Al parecer, según un peculiar criterio de oportunidad política, resulta irrelevante que el Jefe del Estado vaya a estar alejado de sus funciones durante una larga temporada para decidir si conviene o no regular las funciones del heredero de la Corona que necesariamente habrá de sustituir en muchas ocasiones al Rey. Incluso parece que es irrelevante que durante algunas horas, como ocurrió ayer, el Jefe del Estado estuviera inconsciente durante una intervención quirúrgica y simultáneamente el Presidente del Gobierno estuviese ausente de España viajando hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No hay nada que regular, el heredero de la Corona desarrolla funciones representativas de la Jefatura del Estado, sin soporte jurídico alguno. Curioso.


Santiago de Munck Loyola