Translate

jueves, 31 de marzo de 2016

¿Comunidad Autónoma de Alicante? ¿Por qué no?


Cuando se menciona la posibilidad de que la Provincia de Alicante se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial no son pocos los que se rasgan las vestiduras y se oponen a esa idea sin ofrecer argumentos de peso para descartarla. Pero lo más preocupante es que, al mismo tiempo, son incapaces de presentar alternativas para acabar con una realidad que es una situación injusta y discriminatoria para los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Plantear que nuestra provincia se constituya como Comunidad Autónoma no es un acto de victimismo frente a esa discriminación política, social y económica que, gobierne quien gobierne, se practica desde Valencia y desde Madrid, sino que es el ejercicio de un derecho constitucional para la plena autonomía de la gestión de los intereses de los alicantinos. La autonomía uniprovincial no tiene por qué suponer la ruptura de vínculos culturales o históricos con la Comunidad Valenciana, pero sí que puede suponer la recuperación y potenciación de similares vínculos existentes con otras comunidades vecinas que han sido hasta ahora ignorados desde Valencia.

La propuesta de una Comunidad Autónoma uniprovincial para Alicante tiene su sustento en los propios principios que inspiran la organización territorial del Estado en nuestra Constitución. La descentralización, la autonomía en la gestión, el acercamiento de los centros de toma de decisiones al ciudadano, la justicia distributiva y la solidaridad territorial son principios constitucionales cuyo ejercicio no puede estar constreñido a un modelo concreto que a lo largo de su corta existencia ha demostrado, y las estadísticas están ahí para demostrarlo, que es claramente perjudicial para los intereses de los ciudadanos de nuestra Provincia. Esos mismos principios constitucionales son los que avalan y fundamentan la legitimidad de la pretensión de constituir una nueva Comunidad Autónoma por y para la Provincia de Alicante. ¿Por qué no pueden los alicantinos gestionar sus propios intereses en el marco constitucional sin tener que pasar por Valencia?

¡Menudo lío! Pensarán algunos. Otros dirán que lo que sobran son autonomías. Y realmente lo que sobran son competencias duplicadas o triplicadas, lo que sobra es el despilfarro de los recursos públicos, lo que sobra es la sustitución del centralismo de Madrid por el de Valencia. En estos días venimos escuchando cómo algunos partidos pactan la desaparición de la Diputaciones Provinciales, una de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, lo que en el fondo no es otra cosa que una involución política, una recentralización de carácter regional. Esa desaparición de las Diputaciones sería la puntilla para la defensa de los intereses de nuestra Provincia.

Imaginemos que Alicante se transforma en Comunidad Autónoma. Los ciudadanos de nuestra Provincia soportaríamos el peso de una administración menos sobre nuestras cabezas. La Diputación pasaría a ser el Gobierno Autónomo y absorbería determinadas competencias que hoy están en manos de la Generalidad Valenciana y podría devolver al Estado aquellas competencias cuyo coste sea excesivamente gravoso para los ciudadanos o que supongan un riesgo de quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles. Las decisiones  que nos afectan y que son de competencia autonómica no se tomarían en Valencia, sino en Alicante. La cercanía política al ciudadano y la descentralización administrativa serían mucho mayores de lo que son hoy en día. La racionalización de la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos no puede ni debe pasar por una nueva recentralización en favor de las Comunidades Autónomas sino por dos ejes básicos: una nueva redistribución de competencias que favorezca el principio de igualdad de derechos y obligaciones de los españoles y un fortalecimiento de las administraciones más cercanas al ciudadano.

España no puede seguir soportando por mucho tiempo un modelo territorial caro y disgregador como el actual. La propuesta de constitución de una Comunidad Autónoma para nuestra Provincia responde, aunque a algunos no les parezca, a la necesidad de dar solución a las necesidades de los alicantinos desde una estructura más eficiente, más cercana y más comprometida con la idea de una España moderna, fuerte y plural. La quinta provincia española en población y en PIB tiene la entidad histórica y la capacidad suficientes para asumir esa propuesta. Sólo falta la voluntad de los alicantinos. Y no debemos olvidar que más Alicante es más España.

Santiago de Munck Loyola