Desde estas páginas se ha venido denunciando la inmoralidad que supone hoy en día el mantenimiento de un privilegiado sistema de pensiones de los parlamentarios mientras se discute la necesidad de reformar el sistema para el resto de los ciudadanos. El mantenimiento de privilegios y prebendas para la clase política resta legitimidad a sus decisiones. Quien no está dispuesto a realizar sacrificios carece de legitimidad para exigirlos a los demás. Ayer, en la Convención del Partido Popular en Sevilla, Mariano Rajoy manifestó lo siguiente: "Vamos a dar la talla, vamos a ser austeros, vamos a dar ejemplo", "y ahora que hay debate sobre pensiones, vamos a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados y senadores y la eliminación de cualquier cosa que suponga un privilegio respecto del resto de los españoles". Hace poco más de un mes, el Partido Popular en el Congreso se opuso, junto a los demás partidos, a una iniciativa de Rosa Díez en este sentido.
Estas declaraciones de Rajoy son una buena noticia. Esta intención de revisar las pensiones y privilegios de los parlamentarios puede ser un paso importante, pero no debería ser el único a dar si lo que se pretende es terminar con unos modos y prácticas de la clase política que la alejan cada día más de la apreciación positiva del conjunto de los ciudadanos. La dedicación política hoy es considerada por muchos más que como un desarrollo vocacional al servicio de los demás, como un medio de vida fácil y enriquecedor. Las prácticas y los hábitos vigentes en nuestra sociedad en torno a la dirección y gestión de la “cosa pública” propicia la proliferación de toda una gigantesca bolsa de militantes partidistas impacientes por aterrizar en los escalones superiores de las administraciones públicas y desde allí usar los recursos disponibles. Sin embargo, la relación entre las burocracias y los gestores de las mismas sería otro tema. Lo relevante ahora es que este anuncio no se quede en un simple retoque de carácter populista, sino que signifique un primer paso hacia un objetivo mucho más ambicioso: la regeneración de la clase política y la ejemplaridad de la misma. No es posible hablar de la regeneración de nuestra democracia sin que, de forma previa, se aborde la necesidad de regeneración de la clase política acabando con las prácticas que la distancian de la normalidad ciudadana.
Y, para ello, propuestas no faltan pues son muchos los privilegios y situaciones anómalas que suponen una afrenta comparativa respecto al conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes. En plena crisis económica y política, la elaboración y aprobación de un Estatuto de los Cargos Políticos sería una saludable iniciativa. Este Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:
- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.
- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.
- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo incompatibilidades con otros ingresos.
- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.
- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.
- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.
- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración.
- Reducir de forma drástica el número de cargos de confianza en todas las administraciones públicas.
- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas.
- Limitar los gastos de representación.
Estas son algunas propuestas que ayudarían a sanear la imagen de la clase política y, por tanto, el funcionamiento de las instituciones democráticas. No se trata de un número cerrado de propuestas y seguramente hay más medidas a añadir en un posible y necesario Estatuto de los Cargos Políticos. Revisar el sistema de las pensiones de los parlamentarios era una exigencia de higiene democrática, pero no es la única y, en todo caso, habrá que ver en qué sentido se aborda esa reforma. Ojala no se trate de un simple anuncio electoralista.
Santiago de Munck Loyola
