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martes, 8 de octubre de 2019

9 de octubre. Su fiesta.



Hoy 9 de octubre se celebra el Día de la Comunidad Valenciana. En este día se conmemora la entrada del Rey aragonés Jaime I en la ciudad de Valencia en el año 1234, para liberarla del dominio musulmán. En 1976, los parlamentarios de las tres provincias que hoy componen la Comunidad Valenciana acordaron señalar en el calendario el 9 de octubre como jornada de afirmación autonómica, naciendo el Día Nacional del País Valenciano que posteriormente sería transformado en Día de la Comunidad Valenciana.

Por tanto, una festividad exclusivamente valenciana que rememoraba un hecho histórico relativo a la ciudad de Valencia fue elevada a la categoría de festividad regional ignorando con ello otros hechos históricos de los demás territorios de similar relevancia. Y da la sensación, además, de que para imponer ese relato histórico como seña de identidad común es preciso ignorar que para los alicantinos  tuvo mucha más relevancia la conquista militar de la ciudad que finalizó el 4 de diciembre de 1248 con las tropas del rey castellano Fernando III el Santo, dirigidas por su hijo el infante Alfonso, el futuro Alfonso X el Sabio. La designación del día 9 de octubre como fiesta autonómica, como Día de la Comunidad Valenciana, carece de sentido porque expresa claramente un sentimiento centralista de Valencia al convertir una efeméride puramente local en una festividad para las tres provincias. La fecha en la que celebrar la festividad de toda la Comunidad, de todos los territorios que constituyen el ente político autonómico debería ser una fecha con significado común para las tres provincias y esa fecha no puede ser otra que la conmemoración del día en que las tres provincias quedaron vinculadas y pusieron en marcha la nueva Generalidad Valenciana, es decir, el 1 de julio que es cuando el estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue aprobado por primera vez por la Ley Orgánica 5/1982, de 1º de Julio. 

Mal se puede construir un proyecto común cuando se empieza por imponer una visión histórica no compartida y se difuminan los antecedentes singulares de sus integrantes. Si a ello se añade un largo recorrido administrativo, económico, cultural y político marcado por el centralismo de los políticos valencianos y la sumisión de todos los territorios integrantes de la Comunidad a los intereses de una sola Provincia, el fracaso político del ente autonómico está más que garantizado.

Tras 37 años de la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana el balance para Alicante no es todo lo positivo que debería ser. Hay un dato muy revelador: hoy los alicantinos son más pobres respecto a los valencianos que hace 37 años, la brecha económica entre las dos provincias y, por tanto, la brecha en el nivel de bienestar de sus habitantes se ha agrandado. Cuando una administración pública no sólo no consigue la convergencia económica y social entre sus territorios sino que además la empeora ha fracasado. 

Año tras año, los informes de instituciones como el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante, INECA, cuantifican la discriminación presupuestaria que padece Alicante y detallan los perniciosos efectos en el desarrollo y el bienestar social de los alicantinos. Y ello exige respuestas del conjunto de la sociedad alicantina, soluciones para revertir una situación que gobierne la derecha o la izquierda no tiene visos, hoy por hoy, de cambiar.

Lamentarse, quejarse o protestar que es lo único que algunos políticos alicantinos hacen, sobre todo cuando están en la oposición o en períodos electorales, no sirve absolutamente de nada. Hay que poner en la agenda política propuestas concretas, soluciones realistas para empezar a construir un futuro mejor para toda la Provincia de Alicante.

Santiago de Munck Loyola

martes, 5 de marzo de 2019

28 de abril: doble cita electoral, doble oportunidad para Alicante.



Apurando los plazos al máximo e imponiendo su voluntad a la mitad de su gobierno regional, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas para que coincidan con las elecciones generales del 28 de abril. Detrás de esta inusitada decisión, se intuye, no el interés general de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, sino el más puro interés partidista. Se trata en resumen de que el PSPV pueda ir a rebufo de las encuestas más o menos favorables al PSOE y evitar así un hipotético progresivo descenso en la intención de voto a las socialistas que podría tener lugar en mayo. En definitiva, Ximo Puig ha optado por el 28 de abril en previsión de que en mayo los resultados electorales pudieran ser aún peores para su candidatura. Y, de paso, ha pillado con el pie cambiado a sus socios de Gobierno de Compromís que temen que su discurso quede diluido en el fragor de un debate de ámbito nacional.

El debate territorial va a ser sin duda un importante elemento de la agenda electoral durante las próximas semanas. Algo tan serio como una nueva posible aplicación del Artículo 155 va a depender de la mayoría que se forme en el senado hasta ahora en manos del PP. En muchas provincias, bastará un puñado de votos para que tres de los cuatro senadores asignados a la misma caigan de un lado o de otro. Es evidente que cuantos más senadores obtenga el PSOE más se alejará esa posibilidad de volver a aplicar si fuera necesario el Artículo 155 pues está condenado inevitablemente a volver a pactar, si los números así lo imponen en el Congreso, con los podemitas, separatistas y filoetarras para reeditar un nuevo gobierno sanchista.

Y si el debate territorial es importante lo es aún más para los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante. La inmensa mayoría de los partidos de nuestra provincia no han asumido que el actual modelo, que el actual estatus de nuestra provincia en la Comunidad Valenciana es la causa de la mayoría de los problemas sociales y económicos que padecemos. Una provincia como la nuestra que lleva décadas, desde que fue incorporada a la Comunidad Valenciana, siendo discriminada y ninguneada no puede seguir igual, debe reivindicar su importancia, su singularidad y su derecho a la igualdad.

No se trata de un problema de derechas o de izquierdas, se trata de un problema de todos los alicantinos que ven año tras año cómo los presupuestos de la Generalidad Valenciana la ningunean y cómo los presupuestos del Estado la relegan en beneficio de Valencia. Tampoco se trata de un problema sólo económico, sino también de un problema de identidad: Alicante no es Valencia, ni una extensión de los inexistentes Países Catalanes. Alicante es una provincia española, orgullosa de serlo, donde el español no puede ser perseguido ni menospreciado, es una provincia plural en la que no se deben seguir tolerando imposiciones ajenas a la cultura de la mayoría. Alicante es una provincia con un potencial territorial y humano de primer orden que no puede seguir siendo reprimido desde Valencia e ignorado desde Madrid.

Es un hecho evidente que nuestro sistema territorial, el sistema autonómico, tiene muchos defectos: es caro, tiene duplicidades innecesarias, quiebra en ocasiones la igualdad entre los españoles,… No se trata sólo del problema catalán, hay más. Demolerlo y recentralizar todo no es la solución. Hay otras vías que pueden y deben ser usadas si queremos preservar la convivencia entre todos los españoles. Las autonomías pueden y deben ser reformadas para garantizar a todos los españoles la igualdad de derechos y obligaciones y a la vez las mayores cotas de bienestar social posibles. Por ello, frente al inmovilismo o conformismo de unos y el antiautonomismo radical de otros hay una tercera vía que pasa necesariamente por la asunción racional y desapasionada de la necesidad imperiosa de promover su reforma.

Y en el caso concreto de nuestra Provincia hay que asumir, y ninguno de los grandes partidos lo ha hecho,  que su actual estatus en la Comunidad Valenciana constituye un fracaso histórico. La Generalidad Valenciana ha hecho con Alicante exactamente lo contrario de lo que se supone debería hacer un gobierno multiprovincial: tras más de tres décadas ha logrado ensanchar la diferencia de renta entre alicantinos y valencianos en perjuicio de los primeros. Ante esta evidencia hay que plantear soluciones que inevitablemente deberán pasar por un cambio de las relaciones entre la Provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana. No hay otra salida. Por ello, el 28 de abril, nos brinda una doble oportunidad para decir en Valencia y en Madrid que las cosas no pueden seguir igual, que Alicante no quiere seguir así.

Santiago de Munck Loyola



domingo, 29 de abril de 2018

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.



26-4-2018
NOTA DE PRENSA

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.

El Presidente del Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de la Generalidad Valenciana, que ha sido admitida a trámite, denunciando la reiterada negativa de la Generalidad Valenciana tanto en 2015 como en 2017 a tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial para la Romería de la Santa Faz.

En abril de 2015, el partido Esperanza Ciudadana promovió la apertura de un expediente para que esta expresión cultural alicantina  que  tiene un especial arraigo y sentimiento,  donde lo religioso y lo cívico  calan en la ciudadanía, fuera protegida y preservada, como es su obligación legal, por la Generalidad Valenciana. La Generalidad Valenciana ni se molestó, incumpliendo de forma flagrante la Ley, en responder a dicha solicitud.

En abril de 2017 se reiteró dicha solicitud con idéntico resultado poniendo una vez más en evidencia la discriminación hacia la provincia de Alicante y la ausencia de sensibilidad por parte del Gobierno Valenciano hacia las expresiones culturales, cívicas y religiosas netamente alicantinas.

Hay que señalar que ya se incoó un expediente administrativo a tal fin en el año 2002 sin que el mismo llegase a buen término y que dicho expediente fue solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 9 de abril de 2002 al aprobar por unanimidad solicitar a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a la Romería de la Santa Faz a partir del informe elaborado a instancias municipales por el Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante D. Enrique Cutillas quien hizo entrega del mismo el 6 de junio de 2001.

miércoles, 31 de enero de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (segunda parte).

Todos somos conscientes de que el problema territorial exige un pacto de Estado y una reforma de la Constitución. Sin embargo no existe el más mínimo consenso entre las principales fuerzas políticas sobre la dirección que ha de tomar dicha reforma constitucional y es evidente que no existe más que una alternativa con dos opciones contrapuestas: o se profundiza en la descentralización, que es tanto como persistir en la causa de los problemas territoriales actuales, o se opta por reforzar las competencias del Estado, lo que temporalmente puede soliviantar a los nacionalistas/independentistas. Buena parte de la izquierda se inclina por la primera opción resumida en más autonomía o federalismo, suponiendo erróneamente que con ella se contentarán los nacionalistas/independentistas. Nada más alejado de la realidad, su hipotética aceptación sólo tendría un carácter temporal e instrumental para disponer de más medios públicos para acabar precisamente con la unidad de España. En el espectro político de la derecha la opción del refuerzo de las competencias del Estado cuenta con dos variantes: la de quienes directamente pretenden acabar con el Estado de las autonomías y la de quienes prefieren reformarlo de modo que el Estado vuelva a asumir determinadas competencias para garantizar una igualdad básica entre todos los españoles.

Sea como fuere, lo cierto es que mientras no se establezca un consenso básico sobre la orientación que ha de tomar la reforma del modelo territorial es imposible que a corto o medio plazo pueda producirse una reforma de la Constitución y del propio estado de las autonomías. Sin embargo, es posible reconducirlo, racionalizarlo y hacerlo más solidario y eficiente sin tener que esperar a que la actual clase política acuerde su reforma constitucional. Hoy, una gran parte de los ciudadanos está insatisfecha con el funcionamiento de las autonomías porque son caras, ineficientes en muchos aspectos, complican la vida económica y social de los ciudadanos y duplican innecesariamente servicios públicos. Son la clase política y la partitocracia los más interesados en su mantenimiento en sus actuales términos, no los ciudadanos. Lo que en un principio se vendió como una descentralización administrativa se ha convertido en una descentralización política y en una fragmentación de la soberanía nacional que lejos de cohesionar a la sociedad española la ha dividido.

Necesitamos un estado moderno, eficiente, capaz de garantizar los mismos servicios públicos para todos los españoles con independencia del territorio en el que residan porque los derechos no son de los territorios, son de las personas. Necesitamos un estado que no levante barreras internas al mercado ni a las personas y que, al mismo tiempo, avance hacia la armonización de derechos y obligaciones con nuestros socios europeos. Y, desgraciadamente, las autonomías, en manos de políticos mediocres, han avanzado en la dirección contraria levantando toda clase de muros que obstaculizan el funcionamiento del mercado interior y la cohesión y movilidad social. El centro del debate no puede seguir siendo más o menos competencias o descentralización para las autonomías, sino que en la sociedad de las comunicaciones y de la informática debería centrarse en la búsqueda y el establecimiento de mayores cuotas de decisión de los ciudadanos sin el filtro de una clase política cuyos intereses parecen alejarse cada día más de los intereses del pueblo al que pretenden representar, aunque el desarrollo de esta idea no es ahora el objeto de estos artículos.

En este contexto y mientras siga vigente el actual modelo territorial, una provincia como Alicante no puede seguir sometida por inercia o por sentimentalismo a un estatus autonómico que claramente le perjudica. El balance de la pertenencia de Alicante a la Comunidad Valenciana, tras 36 años de autonomía, es francamente negativo. Las cifras y los datos están ahí para comprobarlo. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años. Y este dato solo tiene una interpretación: la Comunidad Valenciana, como ente político y administrativo territorial, ha fracasado porque no ha logrado la convergencia económica y social de sus territorios, de las tres provincias que la integran, sino que ha ensanchado la brecha entre Alicante, que ahora es más pobre, y las otras dos provincias. Se trata de un problema que es imprescindible reconocer como tal y, en consecuencia, proponer soluciones al mismo. Es muy curioso, pero cuando la izquierda está en la oposición alza la voz denunciando que nuestra provincia está discriminada por la Generalidad Valenciana y cuando es la derecha la que se encuentra en la oposición denuncia exactamente lo mismo. 36 años de fracaso autonómico en nuestra provincia han sido más que suficientes como para que nuestra clase política provincial hubiera puesto ya sobre la mesa algo más que lamentos y denuncias, para que hubiera aportado soluciones. Pero no ha sido así. Los disfrazados de alicantinistas en la oposición en cuanto tocan poder en Valencia se olvidan de su tierra y de su gente. Y cuando llegan a Madrid no digamos.

Santiago de Munck Loyola


martes, 22 de agosto de 2017

Y otra patada a Alicante ¿Hasta cuándo?

No hay día que pase sin que la Provincia de Alicante reciba una patada a modo de desprecio político o de discriminación presupuestaria por parte de la Generalidad Valenciana. La última es la propia Generalidad quien se ha hecho cargo de publicitarla, sin rubor alguno, a través de una nota de prensa difundida el 20 de agosto de 2017 titulada “Turisme (sic) difunde entre periodistas de Estados Unidos la oferta turística de la Comunitat Valenciana”. En esta nota de prensa, la Generalidad Valenciana cuenta que ha organizado un viaje de prensa para “dos periodistas estadounidenses con el objetivo de promocionar y difundir la oferta turística de la Comunitat Valenciana. De este modo, entre el 18 y el 25 de agosto, periodistas de la revista digital "Healthyaging.net" visitarán diferentes localidades de la provincia de Valencia y Castellón donde la gastronomía tendrá una especial relevancia”.

Añade dicha nota de prensa que la directora general de Turismo, la alicantina Raquel Huete, destaca que con este tipo de acciones "fomentamos la promoción de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana entre los potenciales turistas norteamericanos a través de los medios de comunicación" y que es "una oportunidad exponencial para mostrar al mercado norteamericano que la Comunitat Valenciana está a la vanguardia en el campo de la restauración...” 

Queda bien claro ¿no? La Generalidad Valenciana y la alicantina Raquel Huete (Directora General de Turismo) no hablan de promocionar el turismo en una parte de la Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón), sino en toda pero excluyen a la Provincia de Alicante, verdadero motor del turismo en la Comunidad. Este Gobierno autonómico, multipartito, de izquierdas y pancatalanista, ignora y desprecia a la Provincia de Alicante con más intensidad de lo que ya hacía el Partido Popular. Bofetada tras bofetada, patada tras patada, presupuesto tras presupuesto es evidente que la Provincia de Alicante no puede seguir así, que debe rebelarse. La Deuda Histórica generada por tanta discriminación de la Generalidad hacia Alicante es enorme, miles de millones de euros nos adeudan porque en equidad se deberían haber invertido en nuestra Provincia y, sin embargo, se han quedado en Valencia y Castellón.

La Generalidad Valenciana constituye un fracaso institucional para los ciudadanos de Alicante que lo sufren directamente en su nivel de bienestar porque la Generalidad Valenciana no ha sabido cohesionar socialmente a la población de las tres provincias que la componen, todo lo contrario. Hoy los ciudadanos de la Provincia de Alicante son más pobres respecto a los valencianos que hace 35 años, se ha agrandado la brecha entre la renta media del alicantino respecto a la del valenciano porque las políticas de la Generalidad no han propiciado la convergencia de rentas entre sus diferentes territorios. Al contrario, siendo Alicante la 5ª provincia con el Producto Interior Bruto más alto de España, los alicantinos tenemos una renta media inferior a la renta media nacional. Y éso se lo debemos a que la Generalidad Valenciana no ha invertido en nuestra Provincia lo que debía y a que ha venido influyendo para el desvío de las inversiones del propio Estado hacia el norte de la Comunidad Valenciana.

Y por si no tuviéramos suficiente los habitantes de esta Provincia con la marginación presupuestaria practicada durante décadas por la izquierda y la derecha no enfrentamos ahora a otro ataque directo a las libertades de los alicantinos y a su personalidad histórica plural y diferenciada. Es el ataque de los pancatalanistas instalados en el Gobierno de la Generalidad que con la colaboración de los socialistas atentan contra el idioma mayoritario de la provincia, contra el derecho de igualdad de los ciudadanos y contra la libertad de educación. Es el primer y decisivo paso en ese aberrante proceso de construcción de los Países Catalanes tan querido para la Vicepresidente Oltra y sus conmilitones.

No es hora de seguir lamentándose, no es tiempo ya de quejas y reclamaciones. Es hora de tomar conciencia de la realidad, de decir ¡Basta! y de actuar, de formular propuestas y acciones políticas concretas que salvaguarden la identidad de nuestra provincia y el derecho de los alicantinos a ser tratados con justicia y a decidir su propio futuro en los cauces de la Constitución Española.

Santiago de Munck Loyola.

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

miércoles, 3 de mayo de 2017

Dos jetas en Finlandia.


Según hemos sabido por los medios de comunicación, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Joaquín Francisco (Ximo) Puig y su Consejero de Educación, Vicente Marzá, se han  ido a pasar cuatro días a Finlandia con el fin de estudiar el modelo educativo de este país nórdico. Dicen que el objetivo del viaje es estudiar las experiencias del sistema educativo de ese país con el horizonte de pasar "de una economía de la especulación a una de innovación". Grandilocuente, eh.

Para ello, el Presidente encabeza un viaje institucional a Finlandia junto al consejero de Educación, Vicente Marzá, quienes irán acompañados por el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler; el director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Antonio Rodes; y el delegado del Consejo para la Unión Europea y relaciones externas, Joan Calabuig, según detalla la propia Generalidad en un comunicado.

Y a uno le asaltan las dudas al conocer esta noticia. Porque, vamos a ver, ¿no vivimos en un mundo globalizado, en una sociedad internacional sin fronteras informativas donde las redes intercambian toda clase de formación e información? ¿Acaso España no cuenta con excelentes profesionales de la educación y con grandes pedagógos? 

¿Hacía falta de verdad que estos dos jetas y su amplio séquito viajasen a Finlandia a "aprender" sobre su modelo educativo? ¿O es que acaso se encuentran más capacitados que los expertos en eduación para aprehender la esencia del modelo educativo finés? ¿No deberían entrar en política ya "aprendidos" estos políticos migrantes?

Lo cierto es que el presupuesto público da para mucho y la cara dura de algunos también. Siempre habrá alguien dispuesto a justificar semejante mamarrachada pero, ya está bien. Se les ve demasiado el plumero a estos ignorantes, jetas, despilfarradores, sectarios y antiespañoles del tripartito valenciano.


Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com.es

martes, 7 de febrero de 2017

Alicante: de mal en peor.


No hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es precisamente lo que le ocurre a muchos de nuestros conciudadanos de la Provincia de Alicante. Hay quien se empeña en no querer ver la realidad bien porque le da miedo, porque no le gusta o porque está más cómodo con sus propias fantasías.

Cada vez aparecen más voces de la sociedad civil que se suman a la denuncia del maltrato presupuestario que nuestra provincia viene sufriendo desde hace décadas por parte del Estado y, sobre todo, de la Generalidad Valenciana quien, en vez de cohesionar la población de su territorio, ha ido ensanchando la brecha de desigualdad entre sus habitantes en función de la provincia de que se trate. Los alicantinos siempre vienen recibiendo menos de lo que les corresponde y eso hace que, año tras año, la diferencia entre alicantinos y valencianos sea mayor, en perjuicio de los primeros. Pero con los políticos alicantinos no pasa lo mismo que con otros sectores de la vida alicantina. Han venido usando y usan esta anómala situación como arma arrojadiza pero han sido y son incapaces de ofrecer una respuesta política que suponga el fin de la misma. El Partido Popular tras gobernar 20 años la Generalidad Valenciana carece de legitimidad moral para denunciar una discriminación que él mismo ha practicado. Alzan ahora alguna tímida voz denunciando una discriminación que persiste con el tripartito de izquierdas, pero lo hacen sin mucha convicción y escasa credibilidad. Y lo mismo pasa con los políticos alicantinos de izquierdas. Son sus correligionarios los que ahora en la Generalidad Valenciana practican esa tradicional discriminación hacia nuestra Provincia y sus antiguas reivindicaciones provinciales han sido olvidadas.

Por si esto no fuera suficiente, desde hace año y medio hay que sumar al agravio comparativo un sistemático ataque a la propia identidad de nuestra Provincia y a las libertades básicas de los ciudadanos desarrollado desde el gobierno de izquierdas de la Generalidad Valenciana. El tripartito de Valencia no ejerce un gobierno de y para los alicantinos, ni siquiera para los valencianos o castellonenses. La Generalidad Valenciana se ha convertido en un apéndice de los proyectos pancatalanistas dispuesto a facilitar el desarrollo de una ficción política como lo es la fantasía de “los países catalanes”. Nada es casual. 

El tripartito está desarrollando todo un plan sistemático destinado a catalanizar a la Comunidad Valenciana. Los ataques continuos a la libertad en la educación, la política en medios de comunicación, los continuos ataques a la Diputación provincial, la importación de un proyecto de comarcalización ajeno a la tradición política alicantina, la progresiva imposición del catalán en las administraciones públicas, la persecución del uso del español, la imposición del catalán en la educación, los recortes a la libertad de elección de la lengua vehicular, las desaforadas subvenciones a entidades procatalanistas, separatistas e impulsoras de la ruptura de la unidad de España son solo un pequeño ejemplo, quizás el más visible, de este proceso de inmersión social al que someten a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y no queda más remedio que preguntarse ¿qué pinta la Provincia de Alicante en medio de todo esto? ¿Qué hace Alicante en una Comunidad Autónoma que además de perjudicarle económicamente pretende ahora borrar su propia identidad histórica?

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña. Alicante tiene identidad propia, personalidad única y diferente. La Provincia de Alicante tiene entidad política propia, anterior a la artificial Generalidad Valenciana y capacidad económica, social y cultural suficientes para ejercer su propia autonomía. ¿Qué ventaja obtienen los alicantinos del hecho de que las decisiones sobre la educación, la sanidad, el turismo o la política territorial se decidan en Valencia y no en Alicante? Ninguna.


Alicante, la quinta provincia española en población, con casi dos millones de habitantes censados, suma tanta población como las autonomías de Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra juntas. Y, sin embargo, está condenada a ser una provincia de segunda dentro de una autonomía sin tradición histórica que ni es leal con los alicantinos ni con el proyecto común que es España.

Es hora de abrir los ojos, de reconocer la realidad y de ofrecer soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y una solución posible es que la Provincia de Alicante se separe de la Generalidad Valenciana y se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial. No se trata de una propuesta sencilla, pero jurídicamente es posible, económicamente es razonable, políticamente es deseable y socialmente necesaria. No hay otra fórmula para defender la identidad y personalidad propia de nuestra Provincia. No hay otra vía para reducir el enorme peso de la burocracia administrativa que costeamos los ciudadanos. No hay otro medio para que las decisiones que afectan a nuestra Provincia se tomen en Alicante y no en Valencia. No hay, en definitiva, otra posibilidad para evitar que Alicante sea incorporada a un proyecto político independentista y para impedir la importación de una fractura social que desde hace décadas crece en las provincias catalanas. Si se quiere, se puede.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 31 de marzo de 2016

¿Comunidad Autónoma de Alicante? ¿Por qué no?


Cuando se menciona la posibilidad de que la Provincia de Alicante se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial no son pocos los que se rasgan las vestiduras y se oponen a esa idea sin ofrecer argumentos de peso para descartarla. Pero lo más preocupante es que, al mismo tiempo, son incapaces de presentar alternativas para acabar con una realidad que es una situación injusta y discriminatoria para los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Plantear que nuestra provincia se constituya como Comunidad Autónoma no es un acto de victimismo frente a esa discriminación política, social y económica que, gobierne quien gobierne, se practica desde Valencia y desde Madrid, sino que es el ejercicio de un derecho constitucional para la plena autonomía de la gestión de los intereses de los alicantinos. La autonomía uniprovincial no tiene por qué suponer la ruptura de vínculos culturales o históricos con la Comunidad Valenciana, pero sí que puede suponer la recuperación y potenciación de similares vínculos existentes con otras comunidades vecinas que han sido hasta ahora ignorados desde Valencia.

La propuesta de una Comunidad Autónoma uniprovincial para Alicante tiene su sustento en los propios principios que inspiran la organización territorial del Estado en nuestra Constitución. La descentralización, la autonomía en la gestión, el acercamiento de los centros de toma de decisiones al ciudadano, la justicia distributiva y la solidaridad territorial son principios constitucionales cuyo ejercicio no puede estar constreñido a un modelo concreto que a lo largo de su corta existencia ha demostrado, y las estadísticas están ahí para demostrarlo, que es claramente perjudicial para los intereses de los ciudadanos de nuestra Provincia. Esos mismos principios constitucionales son los que avalan y fundamentan la legitimidad de la pretensión de constituir una nueva Comunidad Autónoma por y para la Provincia de Alicante. ¿Por qué no pueden los alicantinos gestionar sus propios intereses en el marco constitucional sin tener que pasar por Valencia?

¡Menudo lío! Pensarán algunos. Otros dirán que lo que sobran son autonomías. Y realmente lo que sobran son competencias duplicadas o triplicadas, lo que sobra es el despilfarro de los recursos públicos, lo que sobra es la sustitución del centralismo de Madrid por el de Valencia. En estos días venimos escuchando cómo algunos partidos pactan la desaparición de la Diputaciones Provinciales, una de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, lo que en el fondo no es otra cosa que una involución política, una recentralización de carácter regional. Esa desaparición de las Diputaciones sería la puntilla para la defensa de los intereses de nuestra Provincia.

Imaginemos que Alicante se transforma en Comunidad Autónoma. Los ciudadanos de nuestra Provincia soportaríamos el peso de una administración menos sobre nuestras cabezas. La Diputación pasaría a ser el Gobierno Autónomo y absorbería determinadas competencias que hoy están en manos de la Generalidad Valenciana y podría devolver al Estado aquellas competencias cuyo coste sea excesivamente gravoso para los ciudadanos o que supongan un riesgo de quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles. Las decisiones  que nos afectan y que son de competencia autonómica no se tomarían en Valencia, sino en Alicante. La cercanía política al ciudadano y la descentralización administrativa serían mucho mayores de lo que son hoy en día. La racionalización de la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos no puede ni debe pasar por una nueva recentralización en favor de las Comunidades Autónomas sino por dos ejes básicos: una nueva redistribución de competencias que favorezca el principio de igualdad de derechos y obligaciones de los españoles y un fortalecimiento de las administraciones más cercanas al ciudadano.

España no puede seguir soportando por mucho tiempo un modelo territorial caro y disgregador como el actual. La propuesta de constitución de una Comunidad Autónoma para nuestra Provincia responde, aunque a algunos no les parezca, a la necesidad de dar solución a las necesidades de los alicantinos desde una estructura más eficiente, más cercana y más comprometida con la idea de una España moderna, fuerte y plural. La quinta provincia española en población y en PIB tiene la entidad histórica y la capacidad suficientes para asumir esa propuesta. Sólo falta la voluntad de los alicantinos. Y no debemos olvidar que más Alicante es más España.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 4 de noviembre de 2015

La Generalidad Valenciana nos sigue discriminando.


Hace tan solo unos días la mayor parte de los medios de comunicación publicaban que el Gobierno tripartito de la Generalidad Valenciana se olvidaba de la provincia de Alicante en su proyecto de presupuesto de inversiones para infraestructuras para el año que viene. Como es evidente, la reiterada discriminación presupuestaria de nuestra provincia no era noticia, por habitual, sino que lo novedoso era que, habiendo cambiado de color el gobierno regional, Alicante seguía como siempre, es decir, discriminada. Nuestra provincia, con el PP, estaba a la cola de las inversiones de la Generalidad Valenciana y ahora con la izquierda en el Gobierno regional también.

Tanto el Estado, como la Generalidad se comportan de forma similar con Alicante que no recibe lo que le corresponde ni por población ni por riqueza. Y da igual quien gobierne en Madrid o en Valencia. Ambas administraciones han generado una deuda millonaria con los alicantinos que es preciso cuantificar exactamente y reivindicar su pago. No se puede seguir admitiendo que año tras año se produzca la misma situación. Alicante debe recibir lo que es justo y debe cobrar esa deuda histórica provincial de la que no quieren ni oír hablar los grandes partidos que solo usan los intereses de los alicantinos como arma arrojadiza.

Ayer mismo sin ir más lejos, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, que hasta mayo fue vicepresidente de la Generalidad Valenciana y responsable por tanto de la evidente discriminación económica sufrida durante los últimos años por nuestra Provincia dio buena muestra de ello. Sin el más mínimo asomo de autocrítica y con elevadas dosis de cinismo político señaló que los presupuestos presentados por el nuevo Gobierno Regional “no van a servir para resolver los problemas de la provincia de Alicante” y que no recogen “ningún proyecto relevante o que ilusione” para la provincia. Dice José Ciscar que la media de inversión por habitante será de 24,5 euros frente a la media valenciana de 27,5. Y no queda más remedio que recordarle que la media de inversión con él y el PP ha sido en 2015 de 25 euros por alicantino mientras que la media regional se situaba en 32 euros, que en los últimos 7 años la Generalidad ha dejado de invertir en Alicante 253 millones de euros que le correspondían por población y que Alicante figura en el puesto 40 en las inversiones del Estado y en el último lugar en las inversiones de la Generalidad. Habla por tanto el que más tiene que callar, quien menos legitimado moralmente para denunciar la discriminación de nuestra provincia.

Hoy, los alicantinos somos más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es un dato incuestionable. La política de la Generalidad Valenciana ha propiciado una divergencia, en lugar de convergencia, de las rentas provinciales en su territorio. Y tras 20 años la tendencia no ha quebrado, sino que se ha confirmado con el nuevo Gobierno de izquierdas en la Comunidad Valenciana. Una autonomía así no funciona bien, no sirve a los intereses de los alicantinos.

Es hora de plantearse con lógica, con racionalidad y sin apasionamientos de carácter sentimental si no ha llegado el momento de cuestionar el modelo territorial y de proponer un modelo alternativo que permita a nuestra provincia desplegar todo su potencial y toda su capacidad de progreso por su cuenta. Es hora de plantearse si es imprescindible que los alicantinos debamos soportar sobre nuestras cabezas y nuestras espaldas cuatro administraciones diferentes (local, provincial, autonómica y estatal) en lugar de tres como ocurre con otras provincias españolas. Es hora, en fin, de plantearse qué modelo territorial es menos costoso, más eficiente y más adecuado a los intereses de los ciudadanos de Alicante.

Santiago de Munck Loyola







sábado, 10 de octubre de 2015

El 9 de octubre y Alicante.


Se acaba de celebrar, con más pena que gloria, al menos en Alicante, la festividad de la Comunidad Valenciana. Tanto los preparativos de la festividad,  como su propio desarrollo no han estado exentos de polémica. Era la primera vez que se desarrollaba bajo la presidencia del tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana y esta circunstancia no es posible desmarcarla de algunos gestos y actitudes del nuevo gobierno que caracterizan claramente su perfil identitario. Gestos y actitudes sectarias entre las que está el deseo manifestado por algunos de modificar la letra del Himno regional (al parecer molesta lo de “ofrendar nuevas glorias a España”), la puesta en cuestión de la educación en castellano, el traslado en Alicante del monumento al soldado, la supresión de la interpretación del Himno de España en determinadas festividades, la eliminación del tradicional Te Deum en los actos oficiales del 9 de octubre o la eliminación de la bandera de España en las fiestas de algunas localidades gobernadas ahora por miembros del tripartito. La propia publicidad institucional de la Generalidad Valenciana sobre la propia fiesta del 9 de octubre se ha realizado casi exclusivamente en valenciano, manifestando así  un desprecio absoluto de este gobierno tripartito hacia los ciudadanos castellano-parlantes, ampliamente mayoritarios en la Provincia de Alicante, al menos.

Esta fiesta oficial no parece que cuente en nuestra provincia con mucho fervor popular y su arraigo es prácticamente nulo. Lo cierto es que el 9 de octubre se conmemora la entrada del Rey Jaime I en la ciudad de Valencia en 1238. Este acontecimiento histórico de carácter localista fue elevado incomprensiblemente a la categoría de celebración oficial e institucional para toda la comunidad autónoma y el origen de esta decisión se encuentra en el Plenario de Parlamentarios que en 1976 proclamó el 9 de octubre como Día Nacional del País Valenciano, nada menos, y que más tarde fue ratificado con la puesta en marcha de la Comunidad Autónoma.

No está de más recordar que si el 9 de octubre de 1238 las tropas cristianas, en este caso del Reino de Aragón, tomaron la ciudad de Valencia, el 4 de diciembre de 1248 (festividad de Santa Bárbara), diez años después, las tropas cristianas, en este caso del Reino de Castilla, dirigidas por el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, tomaron la ciudad de Alicante.  Y ello fue así porque Alicante pertenecía a la zona de expansión castellana en virtud del Tratado suscrito en 1179 entre Alfonso VII de Castilla y Alfonso II de Aragón que había fijado la frontera meridional de Aragón en la línea que une Biar, Castalla, Jijona y Calpe.

Si el aniversario de la toma de la ciudad de Valencia se convirtió en la fiesta oficial de toda la Comunidad Valenciana por criterios exclusivamente políticos, nada debería impedir que por motivos también políticos, la defensa de Alicante y la reivindicación de su singularidad e identidad, se conmemore por todo lo alto el 4 de diciembre el aniversario de la toma de Alicante por las tropas cristianas, un hecho histórico más trascendente e importante para los alicantinos que la toma de Valencia. La defensa de los intereses de la Provincia de Alicante, la lucha contra su discriminación por parte de la Generalidad Valenciana y la exigencia del puesto que le corresponde pasa también por la recuperación de su memoria y de sus propis símbolos de identidad.

Santiago de Munck Loyola