La escalada secesionista que
llevamos años padeciendo ha culminado ayer en un golpe de estado perpetrado en
el Parlamento catalán que a muchos ha dejado atónitos. Hay quien cree que ayer
Puigdemont ha dado marcha atrás y se lo agradecen como el inefable traidor
Pablo Iglesias, hay quien piensa que ha sido un simple “gatillazo” y muchos, en
definitiva, están convencidos de que nada de lo que sale de los secesionistas
tiene efectos jurídicos.
Es todo un despropósito y da la
sensación de que los actores de esta tragedia viven en mundos y realidades
absolutamente diferentes. Anoche mismo, tras la declaración de independencia
enunciada y aparentemente suspendida por Puigdemont, compareció la Vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y dijo entre otras cosas que “ni el Sr. Puigdemont, ni nadie, pueden sacar conclusiones de una ley
que no existe (la Ley catalana de Referéndum) ni de un referéndum que no se ha producido”. Vamos a ver, que el
referéndum del 1 de octubre fuera ilegal, que careciese de cobertura legal y
que no fuera democráticamente homologable, no quiere decir que no se haya
producido.
Todos los vimos, hubo un referéndum con una participación escasa y
con unos resultados falseados, pero lo hubo. No se puede negar la evidencia.
Afirmar lo contrario sería tanto como renunciar a perseguir a quienes
organizaron el referéndum ilegal. El problema está ahí y reside en que las
autoridades golpistas catalanas ya están actuando con su propia legalidad, con
su ley de referéndum y su ley de Transitoriedad, y no acatan las decisiones del
Tribunal Constitucional. Sus actuaciones vulneran desde hace tiempo la
Constitución, el Estatuto de Autonomía y las decisiones judiciales porque no
reconocen la autoridad del Estado en Cataluña. Rechazan la legalidad española y
han creado la suya propia y por mucho que la justicia española, a la que no
reconocen, declare su ilegalidad lo cierto es que están fingiendo que actúan al
amparo de sus propias leyes.
Pero es que, además, la
esquizofrenia independentista se plasma en que solo fingen que actúan conforme
a su propio nuevo ordenamiento porque, en realidad, tampoco lo hacen y ayer
Puigdemont y sus acólitos lo demostraron ante todo el mundo. De acuerdo con su
propia ley catalana de referéndum, aprobada irregularmente e inútilmente
suspendida por el Tribunal Constitucional, “Si
en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más afirmativos que negativos,
el resultado implica la independencia de Cataluña. A tal efecto el Parlamento
de Cataluña dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los
resultados por parte de la Sindicatura electoral celebrará una sesión ordinaria
para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus
efectos y acordó el inicio del proceso constituyente” (Art.4.4). Es decir que debería haber proclamado
los resultados la Sindicatura Electoral y no había tal Sindicatura. Y, en
segundo lugar, el Parlamento de Cataluña debería haber celebrado a los dos días
de dicha proclamación (que no se ha efectuado) una sesión ordinaria (que
tampoco se ha celebrado) para declarar formalmente la independencia de
Cataluña. Sin embargo, lo que ayer vivió todo el mundo fue una sesión
extraordinaria del Parlamento de Cataluña en la que Puigdemont “proclamó” los resultados del referéndum
y en la que “declaró” la
independencia de Cataluña para, a renglón seguido, proponer al Parlamento que
suspendiese temporalmente los efectos de dicha declaración.
Peor imposible, una
tomadura de pelo. Puigdemont se arrogó las atribuciones de la Sindicatura
Electoral, proclamando él mismo los resultados, y del Parlamento catalán,
declarando él mismo la independencia. Y ni siquiera el Parlamento catalán llegó
a suspender los efectos de tal declaración tal y como se acababa de decir. La
guinda de este autogolpe fue la firma posterior de un documento firmado por una
parte de los diputados proclamando la república catalana en nombre de todos los
catalanes. Los hechos son los que son: Puigdemont y los suyos no solo violan la
legalidad constitucional sino que sus primeros actos al amparo de sus propias
normas también constituyen una violación de las mismas. Puigdemont sustituyó a
su Sindicatura de Cuentas y al propio Parlamento catalán arrogándose
atribuciones propias de un dictador. “Puigdemont es el representante supremo
de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo
político y administrativo”, Artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado de
1967, perfecto para esta ocasión. ¿Cómo no van a huir las empresas de Cataluña
con semejante inseguridad jurídica? ¿Cómo no van a huir las inversiones de un
territorio donde reina la más absoluta arbitrariedad? ¿A qué tienen que
atenerse los ciudadanos catalanes? ¿A la legislación española, a la catalana, a
la que se le ocurra a cualquier separata en cualquier momento?
No es posible seguir así ni un
día más. Plantearse ahora si esa declaración no hecha pero con solicitud de
suspensión no efectuada y acompañada de una proclamación de independencia
firmada fuera del hemiciclo tiene o no tiene efectos jurídicos es indiferente,
sus efectos son políticos y económicos. Y plantearse ahora que hay buena
voluntad de los secesionistas porque quieren dialogar durante unas semanas con
el Gobierno de España es sencillamente engañarse, engañar a los ciudadanos,
hacer el juego a los golpistas y sumarse al intento de dinamitar la unidad de España
porque solo quieren dialogar sobre cuándo, cómo y por cuánto se independizan.
No se puede pactar con un violador cuándo y cómo va a delinquir.
Hoy el Consejo de Ministros ha
dado por fin un paso que parece que se encamina hacia la aplicación del
Artículo 155 de la Constitución al requerir a Puigdemont para que aclare si la
payasada de ayer fue una declaración de independencia, algo obvio. Quizás si se
le hubiera requerido formalmente a la Generalidad para que anulase su Ley de
Referéndum y su Ley de transitoriedad ya se habría podido aplicar el Artículo
155 y todos nos habríamos ahorrado muchos sin sabores, pero lo importante ahora
es que se ponga fin cuanto antes a este disparate político y jurídico. Y, una
vez restablecida la legalidad, nada habría más sano para nuestra democracia que
convocar simultáneamente unas elecciones autonómicas en Cataluña y unas
Generales porque todos ya se han retratado y los electores ya sabemos quién está
con la Constitución y la unidad de España y quién no.
Santiago de Munck Loyola
