Una amnistía dañina para España.

 

Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.

 

Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.

 

Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también  su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.

 

El debate político sobre la constitucionalidad o no de una posible Ley de Amnistía está abierto. Y el principal escollo está en el Artículo 14 de la Constitución que proclama que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto y, por tanto, la voluntad de los constituyentes es clara, diáfana, cristalina y lo es hasta tal punto que no cabe interpretación alguna. Lo puede entender cualquiera, hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o los independentistas. Pero…a pesar de ello, están preparando el camino hacia una amnistía. Dice Pedro Sánchez que en el derecho cabe todo, pero no es así. No todo cabe en el derecho español, en Corea del Norte puede, pero en España no. Primero, porque en la cúspide de la pirámide normativa que diría Kelsen está la Constitución y ninguna Ley puede rebasarla. Segundo, porque por encima de la Constitución está la Nación española, la soberanía del pueblo español que es radicalmente incompatible con cualquier otra pretendida soberanía.

 

No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace

( https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/jurisprudencia-constitucional-avala-amnistia-exposicion-motivos-ley-justifica-como-fin-problema-politico/20230901113849629428.html ) lo podemos comprobar. Algunos nos quieren hacer creer que justificando debidamente en el preámbulo de una Ley de Amnistía su razón de ser se puede vulnerar constitucionalmente el principio de igualdad ante la Ley siempre que sea para obtener un bien social. Pretenden justificarlo en que la legislación vigente no es suficiente para resolver lo que llaman un conflicto político que no es otro que la negativa de los independentistas a someterse a las reglas de la democracia, a acatar el ordenamiento jurídico español que seguirán sin acatar tras ser amnistiados. Igual que lo han hecho con los indultos. Y ahí está la raíz del problema. No están perseguidos por ser independentistas porque en España, gracias a la Constitución, cada cual puede ser lo que quiera. Si no porque se niegan a usar los caminos legales, que existen en la propia Constitución, para hacer realidad sus deseos. Los independentistas proclaman que son una nación y, consiguientemente, nos niegan a los demás el derecho a serlo. Ellos no reconocen la soberanía del pueblo español, no.

Y, por tanto, están en rebeldía con el ordenamiento jurídico que el pueblo español se ha dado. Pretender que una amnistía va a resolver un problema que las actuales leyes no pueden resolver, además de una simpleza, es una falacia. Una Ley de amnistía en la que además pretenden los independentistas incluir a una tipeja como Laura Borrás, condenada por corrupción, y excluir de la misma a los policías encausados por obedecer órdenes el 1 de octubre, no arregla nada, solo beneficia a los delincuentes, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.

¿Incluirán en esta amnistía a los h. de p. de los CDR que estos días han intentado herir o matar a los deportistas que participaban en la vuelta ciclista a España a su paso por Cataluña?

 

Pero es que, además de vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, una amnistía traslada a Europa y al mundo la idea de que en España nuestras leyes son injustas y que tenemos presos políticos y a gente perseguida por sus ideas políticas.

Es cuestionar la ejemplar actuación del Rey Felipe VI en aquellos días de octubre de 2017 y su modélico discurso. No se puede lanzar el mensaje de que aquí se puede delinquir y se puede vulnerar el ordenamiento jurídico con total impunidad porque a un aspirante a la jefatura del Gobierno le hacen falta los votos de los delincuentes. Lo que en otras circunstancias podría ser entendido como un signo de generosidad de nuestra democracia hacia sus enemigos, solo puede ser visto como una señal evidente de debilidad y como una muestra de la inexistencia de principios para defender el ordenamiento jurídico que garantiza la justicia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se equivocan y mucho socialistas y comunistas pensando que con una amnistía se va a solucionar algo el problema independentista, si es que en verdad lo piensan, porque todo indica que ese problema les importa un comino, solo quieren sus votos para la investidura y si ese es el precio lo pagarán.

 

Santiago de Munck Loyola

  

¿Por qué dicen negociación cuando quieren decir claudicación?

Políticos de izquierdas, alguno despistado de derechas, comentaristas políticos y muchos ciudadanos repiten incesantemente que la solución al problema de los independentistas catalanes pasa por el diálogo. Parece que lo “progre”, lo molón, es repetir este mantra, el del diálogo. Y algunos lo matizan además, como el Presidente del Gobierno en funciones, que se trata de “diálogo dentro de la Constitución”. Una majadería, por mucho que se repita, no deja de ser lo que es una majadería. ¿Alguien ha prohibido dialogar en nuestro país? ¿Saben de verdad lo que significa dialogar? ¿Desde cuándo hay que hablar dentro de la Constitución o de las leyes? ¿Y qué significa eso?

La palabra diálogo no es otra cosa, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua Española, que una “Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”. Dicho en román paladino dialogar es hablar, conversar, platicar, departir y en España se puede hablar de todo esté dentro o no de la Constitución. Y los políticos además de poder hacerlo cuando, como y donde quieran tienen a su disposición no sólo un Parlamento Nacional (de “parlar”, hablar) sino 17 parlamentos regionales. Por cierto, cuando el demagogo presidente del Parlamento catalán afirma que no va a consentir que el Tribunal Constitucional impida que se hable de cualquier tema, incluida la independencia, en su cámara regional, miente como un bellaco. En el Parlamento catalán se puede hablar de todo de independencia o del racismo del Sr. Torra (salvo cuando lo prohíbe el Sr. Torrent), pero lo que no se puede hacer es adoptar resoluciones contrarias a la Ley. Ni en el Parlamento catalán ni en ningún otro.

Por tanto, va siendo hora de desmontar ese discurso buenista a la vez que torticero. Nadie impide en España que se dialogue sobre el independentismo o sobre los genes superiores de Torra. El problema de Cataluña no es que falte diálogo, como tampoco es la solución. Tampoco hacen falta mesas de diálogo en las que poder hablar de espaldas a los españoles. Las únicas “mesas” de diálogo, en un estado de derecho, se llaman Parlamento donde los políticos deben hablar y expresar sus opiniones en representación de los votantes con luz y taquígrafos.

Pero no contentos con intentar vendernos esta moto del diálogo, a la misma le añaden el sidecar de la negociación. Diálogo y negociación para solucionar el problema de los independentistas. El problema es que los independentistas catalanes, al igual que los, bilduetarras y demás nacionalistas vascos entienden por negociación la rendición y la cesión de la otra parte. Llegan a la “mesa” exigiendo o pidiendo lo suyo pero no se plantean que a lo mejor el de enfrente puede poner encima de la mesa también lo suyo. El diccionario de la RAE ofrece dos significados sobre la palabra negociar que pueden tener aplicación en el mundo de la política:

2. intr. Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. U. t. c. tr.

3. intr. Tratar por la vía diplomática, de potencia a potencia, un asunto, como un tratado de alianza, de comercio, etc. U. t. c. tr.

De momento, descartemos la acepción segunda aunque signifique la fantasía de todo independentista. Nada impide a ningún gobierno, es más constituye una obligación, tratar asuntos públicos procurando su mejor logro. Sin embargo, los separatistas catalanes no buscan eso.

Por negociación entienden que ellos exigen la independencia y el Gobierno de España debe pactar con ellos cómo y cuándo otorgarla. No le demos más vuelta. No hay más. Los separatistas solo quieren “negociar” cuán y cómo van a conseguir la independencia.

Ahora bien, imaginemos por un momento una “negociación” de verdad. De una parte, tendríamos a los independentistas con su propuesta, la única, la independencia de Cataluña. De otra, al Gobierno de España pero no como hasta ahora sin propuesta alguna, sino con la lista de sus pretensiones que muy bien podrían ser: garantizar a todos los españoles los mismos derechos (fiscales, sanitarios o asistenciales) y obligaciones en todos los territorios de España, incluida Cataluña, (algo tan evidente como ejecutar un mandato constitucional, por cierto), establecer el mismo modelo educativo en todas las autonomías (como en cualquier país europeo), garantizar la educación en español en cualquier parte de España (como ocurre en Francia, Alemania o Gran Bretaña), establecer un mando único nacional sobre todas las Fuerzas y cuerpos de seguridad o suprimir los organismos autonómicos que duplican competencias estatales. Sería una lista de pretensiones absolutamente constitucional, incluso más, sería un simple cumplimiento en la mayor parte de los asuntos de los mandatos constitucionales ¿No? Y ahora a negociar ¿no?

Pues eso es lo que implica toda negociación, intentar acercar posturas y transaccionar. Lo que no nos pueden “vender” es su moto, ni imponer su monotema de la independencia. No, ni los independentistas, ni los que les compran su mantra de “diálogo y negociación” lo que en realidad quieren es en primer lugar que se hable solo y exclusivamente de su pretensión y, en segundo lugar, que la negociación sea una rendición, una claudicación del Estado ante su exigencia. Los independentistas no quieren negociar, solo imponer su objetivo. Que no nos vengan más con su cuento. Se han inventado un pasado inexistente para justificar su objetivo;

ocultan su pasado filonazi de los años treinta; santifican a asesinos como Companys;  se proclaman nación y nos niegan a los demás el derecho a serlo; se inventan un derecho a la autodeterminación que no existe en ningún país del mundo; agitan el espantajo de la independencia para tapar una profunda corrupción que empapa a todo el independentismo catalán y que durante décadas ha estado robando a manos llenas a los catalanes y, de paso, al resto de las españoles; se creen superiores genéticamente; postulan la existencia de dos clases de ciudadanos, de una parte, la clase política y, de otra, el resto otorgando a la primera la impunidad para vulnerar la ley, para delinquir, al usar la denominación de “presos políticos” en lugar de la simple realidad, políticos presos; participan por acción u omisión de la violencia y no sólo de la física, sino también de la violencia social que llevan décadas practicando. Su voluntad dialogante y negociadora no es más que una farsa porque solo quieren imponer su voluntad sin someterse a las reglas establecidas en la Constitución vigente, porque no creen en la democracia, ni en el estado de derecho y se pasan la soberanía del pueblo español por el arco del triunfo.

Si quieren negociación, que la tengan, pero que además de su carta, el Gobierno de España ponga sobre la mesa las suyas y que, para ello, pregunte al Parlamento español qué propuestas debe trasladar a la negociación. Mejor aún, que nos pregunte a los españoles. A ver si se atreve.

Santiago de Munck Loyola

La falacia del independentismo pacífico.

Se les llena la boca con la palabra pacífico para definir a su movimiento independentista catalán y suena a burla, a un mal chiste. El independentismo catalán no es un movimiento pacífico por mucho que así nos lo quieran contar y no lo es porque se sustenta en una violencia estructural, coercitiva y continuada ejercida desde hace décadas contra todos los ciudadanos que no se someten al mismo. 

La violencia no tiene una única forma de expresión y no hace falta pegar, herir o matar para que un acto pueda ser calificado de violento. Producen hartazgo y verdaderas náuseas tanto comentarista televisivo que se llena la boca de alabanzas hacia un supuesto carácter pacífico y no violento del independentismo catalán. La sumisión de tanto comunicador profesional o aficionado es repugnante. Es evidente que puede mucho más su amor al dinero que a la verdad, que prefieren distorsionar la realidad antes que ponerse del lado de los débiles, de quienes durante décadas vienen siendo víctimas de una violencia estructural ejercida y financiada con el dinero de todos los españoles desde las instituciones catalanas y la red asociativa y mediática construida a golpe de talón y mordidas en beneficio de un proyecto secesionista y xenófobo.

La violencia está presente en la vida catalana de muchas formas y en diferentes grados. No se trata ya de que la policía haya detenido a un grupo de independentistas de los CDR con material para la fabricación de explosivos y planes para actuar, que es quizás el último escalón reciente, sino que hay constantes y numerosas expresiones de violencia que desmontan el supuesto carácter pacífico del independentismo. Violencia es la que ayer y hoy se ve en muchos lugares de Cataluña con la excusa de la protesta por la sentencia que condena a los cabecillas del intento de secesión de la región acaecido hace dos años. 

No se trata de protestas pacíficas, no. Nada habría que objetar a que se produjesen manifestaciones de protesta organizadas conforme a la regulación del derecho de manifestación, pero no es así, ni mucho menos. Cuando se impide a cualquier ciudadano ejercer su derecho fundamental a la libre circulación para acceder a su trabajo, al médico, a la compra o a su casa se está ejerciendo la violencia. Los derechos fundamentales individuales están por encima de los derechos colectivos ejercidos al margen de la Ley. Cuando se impide a la gente estudiar en su lengua materna se está ejerciendo la violencia. Cuando se sanciona al comerciante por rotular en la lengua oficial del Estado se está ejerciendo la violencia. Cuando se increpa y denuncia a un médico por hablar español se está ejerciendo la violencia. Cuando las autoridades educativas implantan comisarios en los patios de recreo de los colegios para espiar el idioma que usan los niños, se está ejerciendo la violencia. Cuando los profesores señalan y estigmatizan a niños porque sus padres son Guardias Civiles, se está ejerciendo la violencia.

Protestar y manifestarse es legal y legítimo, pero cuando para hacerlo se conculcan los derechos de quienes no quieren protestar o manifestarse, se está ejerciendo la violencia. Y que no vengan con más cuentos. Nadie acude a una manifestación o a una protesta con la cara tapada para no ser identificado si no es porque quiere violentar la ley, si no es porque su intención es la de cometer actos que pudieran ser castigados en caso de ser identificado. Es incomprensible que nuestras leyes no prohíban el uso de capuchas, máscaras o pañuelos en las manifestaciones. Durante los últimos años los destrozos causados por el vandalismo de los pacíficos independentistas ascienden a millones de euros.

¡Ya está bien de cuentos y milongas! El independentismo catalán no es un movimiento pacífico, ni física, ni intelectualmente. Y ello no quieres decir que todos los independentistas cometan actos violentos, pero la inmensa mayoría los consiente, los aplaude y los tolera. El día que se desmarquen de cualquier tipo de violencia física o estructural se podrá dialogar con ellos. Mientras tanto es imposible, salvo que se quiera ir retrocediendo en la defensa y la salvaguarda de los derechos humanos de la mayoría.

Santiago de Munck Loyola

Independentismo catalán y violencia.

El pasado domingo, el Presidente de la Generalidad catalana, Joaquín Torra, repitiendo como un loro las consignas independentistas, afirmó que no puede "condenar lo que no existe" en respuesta a quienes le exigen que condene las acciones de los CDR encarcelados, acusados de terrorismo. Insistió, además, en subrayar el pacifismo de los independentistas: "El independentismo siempre ha sido pacífico" y por ello "choca contra la violencia de manera natural".

El cinismo de este independentista, racista y xenófobo, produce arcadas. Él, al igual que todos los demás xenófobos independentistas que han salido a la palestra estos días para no condenar a los CDR, da asco y no sólo por su escaso bagaje cultural, sino por la perversión intelectual que se deriva de su discurso.

Hay que decir las cosas claras. Los Comandos de Defensa de la República (CDR) son y han sido siempre violentos. Lo son desde el primer día que hicieron su aparición porque sólo de violentas pueden calificarse la mayor parte de sus actuaciones callejeras. Violencia es agredir a las fuerzas de orden público; violencia es montar barricadas en autopistas, calles o vías de tren para impedir que la gente pueda circular libremente por ellas; violencia es organizar piquetes para obligar a cerrar comercios; violencia es toda actuación tendente a coaccionar la libertad de elección de los demás ciudadanos. Sí, todo eso es violencia y cuando el Sr. Torra les animaba a que “apretasen” más a lo que les estaba animando era a ser más violentos. Y lo han hecho, los CDR o parte de ellos han subido un peldaño más en la escalera de la violencia. 

Comprar material para fabricar explosivos, planificar sabotajes de infraestructuras públicas o el asalto al Parlamento regional de Cataluña es violencia y más específicamente violencia terrorista, aunque dichas acciones se hayan quedado sólo en su fase de tentativa gracias a una investigación judicial y a una intervención policial. No hace falta pegar un tiro en la nuca a alguien para que exista terrorismo, basta con intentarlo.

Treinta agentes de los Mossos d’Esquadra resultaron heridos el 21 de diciembre de 2018 en los incidentes por las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) contra la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. ¿No fue eso una manifestación clara y rotunda de violencia?

Tras la detención de Puigdemont en Alemania los CDR salieron a la calle en abril de 2018 con asaltos violentos a instituciones, destrozos del mobiliario urbano y corte de carreteras y el 28 de abril del mismo año los partidos independentistas se negaron a condenar la violencia de los CDR en el Parlamento catalán. ¿Por qué habrían de condenar ahora el hecho de que los CDR hayan subido un escalón más en el podio de la violencia?

Son los independentistas los que desde el primer día están banalizando la violencia en todas sus formas y ahora lo hacen incluso banalizándola en su formato terrorista. Con ello no hacen otra cosa que “bendecir” el uso de la violencia como un instrumento más al servicio de la causa independentista. Es cierto que la inmensa mayoría de los independentistas no son violentos, pero cuando los líderes de los partidos independentistas son incapaces de trazar una línea roja entre demócratas y violentos, cuando asumen la defensa a ultranza de “sus” violentos no pueden extrañarse de que su imagen se confunda con la de los violentos y la de los aprendices de terroristas.

El independentismo actual nació de la mano de la corrupción del clan Pujol y no supo soltar amarras en el momento preciso y ahora se mantiene de la mano de los más violentos, de quienes prefieren la barricada al escaño, el adoquín al argumento, el pasamontañas a la razón, el explosivo a las urnas. Deberían saber ya que esas compañías terminarán por morder la mano que les da de comer y que ese camino solo lleva a la cárcel.

Santiago de Munck Loyola