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miércoles, 14 de enero de 2015

Con Sonia y Paco, por la dación en pago y la condonación de la deuda.

Desde el pasado 5 de enero, un matrimonio alicantino, Sonia y Paco con dos niños pequeños, permanecen acampados ante la oficina del BBVA de la Avenida Alfonso el Sabio, junto con los miembros de la Plataforma Stop Desahucios de Alicante, para exigir a esta entidad financiera la condonación de la deuda que les reclama a pesar de haberlos desahuciado y de haberse quedado con su casa y cuya cuantía exacta ha permanecido durante mucho tiempo en el limbo de inexactitudes y ocultaciones del banco a la pareja y a sus representantes.

La vivienda de esta pareja costó 119.000 euros, durante 7 años pagaron sus cuotas hipotecarias por importe total de 40.000 euros. Se quedaron en el paro, como tantos millones de españoles y renegociaron la hipoteca con el banco. Cuando ya no pudieron seguir haciendo frente a los pagos, ofrecieron la dación en pago y el BBVA rechazó esta opción. El banco ejecutó la hipoteca, se quedó con la vivienda por 34.000 euros y los puso en la calle. Después les reclamó una deuda de 105.000 euros y procedió a embargar la pensión de los padres de Sonia que habían sido avalistas en la hipoteca y que constituía prácticamente el único ingreso familiar para la subsistencia de 6 personas.



Se trata de una situación familiar dramática que pone de manifiesto, una vez más, que este Gobierno, al igual que el anterior, ha sido incapaz de prevenir y abordar estas situaciones con una profunda reforma de la legislación hipotecaria desde la perspectiva del interés del ciudadano y no de las entidades financieras. No se debería olvidar que la concesión de hipotecas es un simple negocio de los bancos que, en esencia, implica que ellos valoran y tasan la vivienda y sobre ese valor prestan el dinero. Y en caso de impago, es la vivienda la que garantiza el pago, la que debe responder por ese incumplimiento. Es evidente que siempre la vivienda vale o debería valer más que el dinero prestado y, por tanto, que adquiriendo la propiedad de la misma el banco está 0 debería estar más que saldada la deuda. Sin embargo, durante los últimos años es público y notorio que de una parte los bancos dieron en ocasiones más dinero del necesario realizando para ello tasaciones inmobiliarias por encima del valor del bien a hipotecar. Y de otra, la crisis y la recesión, en gran parte originada por las malas prácticas de las propias entidades financieras, han implicado una bajada importante del valor de los bienes inmobiliarios, de las viviendas. En todo caso, es evidente que la responsabilidad ante una posible pérdida de dinero por la diferencia entre el dinero prestado y el valor actual del bien es del banco, no del cliente, del ciudadano y por tanto tiene que ser la entidad financiera la que soporte la pérdida. Son así los negocios, unas veces se gana y otras se pierde. Lo que no es de recibo es pretender ganar siempre haciendo trampas. Porque por muy legal que sea usar un valor del bien hipotecado, el del momento de la concesión o el del momento presente, según convenga es una trampa moral y ética.

Estamos ante unas prácticas bancarias inadmisibles. Ni este gobierno, ni el anterior, han sido capaces de priorizar el interés del ciudadano. El drama de Sonia y de Paco es el drama familiar de miles de españoles que a la pérdida de la vivienda habitual tienen que sumar la losa de una deuda añadida que hará muy difícil que puedan volver a empezar una nueva vida.

Los ciudadanos tenemos la solución en nuestra mano. Los bancos no son nada sin nosostros, los clientes, al igual que los partidos no son nada sin nosotros, los votantes. Tenemos la obligación ética y política de traducir la indignación que nos provocan hechos como este en actuaciones individuales solidarias y concretas. "Usted, banco, sigue abusando y aplastando a sus clientes, pues no cuente conmigo, me cambio de entidad bancaria". "Usted, gobernante, sigue legislando a favor de los bancos, pues no cuente con mi voto". 

Hay que denunciar el abuso de situación dominante que las entidades bancarias ejercen de modo implacable sin ningún tipo de sensibilidad social y humanitaria. Y hay que denunciar a quienes consienten que las leyes, a pesar de las últimas reformas, sigan estando al servicio de los poderosos y no de los ciudadanos.

Hace falta una profunda reforma de la legislación hipotecaria y de los demás instrumentos legales pertinentes con el fin de establecer como opción al servicio del ciudadano la dación en pago con la consiguiente liquidación de la deuda hipotecaria y la asunción en  exclusiva por parte de las entidades financieras de los riesgos derivados de su mala praxis en las operaciones de tasaciones hipotecarias y de los riesgos de las posibles depreciaciones de los precios del mercado inmobiliario. Y hace falta igualmente, como en otros países de nuestro entorno, el establecimiento de una renta familiar mínima por debajo de la cual no se pueda producir un desahucio aunque el banco adquiera la propiedad de la vivienda tras la ejecución de la hipoteca.

Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es

viernes, 15 de marzo de 2013

Sobre los desahucios.



Ayer, día 14 de marzo, se celebró en el local del Foro Esperanza Popular una Mesa Redonda sobre “Los desahucios y las reformas legislativas”. Estaban invitados a participar tanto la Plataforma Stop Desahucios de Alicante como la Cruz Roja de Alicante pero, por diferentes razones, no quisieron exponer en público su posición sobre este auténtico drama social. Coincidió esta Mesa Redonda con la publicación de la Sentencia del Tribunal Europeo que cuestiona la compatibilidad de la legislación hipotecaria española con la europea y que ha abierto, en un primer momento, demasiadas esperanzas, tal y como señaló alguno de los ponentes.

La Mesa Redonda se inició con la intervención de D. José Joaquín Belda Gonzálvez, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Perito tasador judicial, Asesor hipotecario, Técnico Urbanista y Ex agente y delegado de la Sociedad Publica de Alquiler del Ministerio de fomento, quien hizo un análisis sobre las responsabilidades de la banca, las sociedades inmobiliarias y la clase política en el estallido social que vivimos en torno a la vivienda. Destacó la interesada falta de flexibilidad de los bancos a la hora de abordar los problemas de impagos de sus clientes así como la incongruencia que supone el rescate bancario frente a la desprotección del ciudadano. Subrayó la necesidad de apostar por la adopción de diferentes soluciones simultáneas como el reforzamiento de la ley concursal para los particulares, la ampliación de las recientes reformas para que alcancen a más ciudadanos, el desarrollo de una auténtica política de vivienda social que permita superar los intereses ocultos de sociedades inmobiliarias al servicio de las instituciones financieras o la reforma de la vigente Ley hipotecaria. Por último, denunció la ineficacia de la clase política para reaccionar en tiempo y forma ante una situación que ha terminado por estallarle en las manos.

A continuación, intervino D. Carlos Pérez Pomares, Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández, Socio de Cuatrecasas y director de Cuatrecasas Alicante hasta 2012 y abogado en ejercicio, quien empezó por señalar que estamos viviendo en número de desalojos más alto de la historia hipotecaria española. Destacó que la legislación hipotecaria española con más de 100 años de existencia a sus espaldas ha venido funcionando razonablemente bien y que ha siso y es considerada en muchos países como un modelo por lo que muchos de sus elementos están siendo importados en legislaciones extranjeras. Subrayó que de hecho nuestra legislación es la que ha permitido que la mayoría de la gente sea propietaria de su vivienda y que, a diferencia de otros países, más del 90 % de las viviendas pertenezcan a ciudadanos particulares y no a sociedades. Uno de los principales efectos de la crisis es la pérdida de empleo y, por tanto, de la capacidad del prestatario de cumplir con sus obligaciones frente al banco quien finalmente termina por quedarse con la garantía del préstamo, la casa, dejando además al ciudadano sin vivienda y con una enorme deuda. Subrayó que hasta hoy las diferentes soluciones aportadas por los políticos son débiles, que existe además una enorme dificultad por nuestro sistema legal para generar beneficios al consumidor con efectos retroactivos, que una Ley de Dación en pago es muy difícil y compleja para ser desarrollada y que habría que reformar la legislación hipotecaria permitiendo la convivencia de otras fórmulas como las anglosajonas.

Por último, intervino D. Emilio José Crespo Martínez, ex directivo de la CAM, quien aportó su vivencia y su visión del profesional de la banca que tiene que enfrentarse a diario a situaciones dramáticas con personas de su entorno. Subrayó que uno de los principales problemas con los que se enfrenta el sistema es el de la política del banco de España que exige a los bancos unas elevadísimas dotaciones lo que, al final, encarece de forma desorbitada los procedimientos hipotecarios y, con ello, las deudas finales de los prestatarios. Destacó que considerando que la mayor parte de los procedimientos de ejecución se centran en deudas no superiores a los 50.000 euros una política monetaria más flexible sobre las dotaciones implicaría una importante reducción de los costes beneficiando con ello a los deudores. Señaló que constituye un absurdo que se traduce en un enorme sobrecoste para el deudor el hecho de que las ejecuciones hipotecarias se alarguen durante cuatro o cinco años. Todos estos sobrecostes se repercuten en el usuario y en el precio del dinero.

Tras las intervenciones de los ponentes se abrió un interesante debate entre los asistentes que sirvió para clarificar y matizar muchas cuestiones que se fueron suscitando a lo largo de la sesión.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 5 de noviembre de 2012

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.



Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende "cambiar la ley", porque "trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos". Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que "hay que diferenciar" entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den "un tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público" y que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago" para "limitar la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación". Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 6 de junio de 2012

Una marea creciente.

En el día de hoy, el Portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando LLopis ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha subrayado el incremento de la mendicidad en las calles de Alicante y ha sugerido diferentes vías de actuación para atajar algunas de sus consecuencias. Ha mencionado la necesidad de que los servicios sociales y otras instituciones apoyen a las personas más necesitadas para que puedan acceder a recursos básicos de subsistencia y de que se actúe contra las mafias que al parecer recaudan dinero explotando a algunos mendigos. El activo Portavoz de UPyD (qué vitalidad política la suya si se compara con la otros grupos municipales) ha centrado buena parte de su mensaje, o al menos así lo han destacado algunos medios de comunicación, en la mala imagen que la mendicidad causa en una ciudad turística como la nuestra y en la necesidad, por tanto, de que la Policía aplique las normas existentes para erradicarla.

Es cierto que la mendicidad se ha multiplicado en los últimos años como consecuencia de la profunda crisis que vivimos, pero la mendicidad no es el problema, sino que es un síntoma y un reflejo del problema de fondo que no es otro que la enorme extensión de la pobreza en nuestra ciudad al igual que en tantas ciudades españolas. La crisis ha hecho mella, ha golpeado muy duramente en nuestra ciudad y se refleja en muchos otros aspectos, no sólo en la proliferación de la mendicidad.

No hace mucho, en un centro comercial cercano, una familia, el matrimonio y dos hijos pequeños, entraron por la mañana. Mientras la madre con los niños se dirigía al interior del establecimiento, el padre, muy azorado, se acercó a una de las cajeras y le dijo: “Disculpe señorita, mis hijos ayer no comieron nada, no tengo nada. Vamos a coger algo para que desayunen y no podemos pagarlo. Si quiere llame a la Policía”. Duro, pero real. Un reflejo de cómo están las cosas. ¿Qué hacer entonces?

La realidad de la calle, la que en muchas ocasiones no se quiere o no se puede ver desde los despachos es mucho más dura y grave que lo que pueda suponer la imagen de la mendicidad. Para hacerse una idea del contexto en el que nos movemos, el contexto del que surge la mendicidad hay que considerar algunos datos. En mayo, el número de parados en la Provincia de Alicante se situó en 223.591 personas, lo que significa 17.275 personas en desempleo más en relación al mismo periodo del año anterior. De estos 223.591 desempleados, solo están cobrando prestaciones 118.367 personas y de ellas más de 70.000 subsisten con una prestación asistencial que no llega ni a los 500 euros al mes. Los parados de la ciudad de Alicante superan los 36.000 y casi la mitad de ellos no percibe ningún subsidio.

Recientemente, el obispo de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, afirmó que unos 40.000 alicantinos se encontraban en una situación de extrema pobreza y que 360.000 más se hallaban en el umbral de la pobreza relativa. Los comedores sociales de la Iglesia están desbordados y la capacidad asistencial de su voluntariado al límite.

Según un comunicado de la Cruz Roja de Alicante, esta entidad atendió en el primer trimestre de 2012 a 1.490 personas sin hogar a través de diferentes proyectos. En la provincia de Alicante, se han puesto en marcha proyectos como el de Unidades Móviles de Emergencia Social (UMES) para la asistencia de personas que viven en las calles.

Café, comida, abrigo, materiales de aseo e higiene, atención sanitaria y escucha son algunas de las labores que prestan los voluntarios. En los primeros meses del año se han atendido a 1.004 personas sin hogar por ola de frío en 17 localidades de la provincia. A lo largo del año pasado casi 5.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas en la Provincia de Alicante y para este año esa cifra va a ser ampliamente superada.

Si estos datos no reflejan por si solos una situación de auténtica emergencia social que va mucho más allá de los daños que a la imagen de la ciudad la práctica de la mendicidad puede provocar, es que no es posible sintonizar con la clase política. Estamos ante una situación social excepcional que exige medidas excepcionales por parte de todas las administraciones y una auténtica movilización solidaria de la sociedad.

En este contexto social sorprende que algunos se irriten (y no se imagina el lector hasta qué punto) cuando se critica la existencia en el Ayuntamiento de más asesores y cargos de confianza que de concejales, o se cuestiona que los ediles cobren hasta 1.500 euros por asistir a Consejos de Administración de las Empresa Públicas o se dude la necesidad de gastar más de 500 euros diarios en la reposición de plantas ornamentales, por citar algunos ejemplos. Pero, en fin, la sensibilidad social es muy variable.

La mendicidad no es el problema. La mendicidad es un reflejo más, y no el único, del problema de fondo, la creciente pobreza de miles de familias de nuestro entorno. Y no deberíamos olvidar que en estas circunstancias no hay diques que nos mantengan a salvo de esta marea creciente.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Pobre España pobre.

No hace muchas horas, en los informativos de una cadena de televisión se podían ver unas imágenes en las que aparecían unos ancianos que esperaban a que se sacaran a la calle los contendores de la basura de un restaurante para registrarla y sacar comida para llevarse a casa. Después de coger lo que podían aprovechar, volvían a meter en los cubos la basura que no les servía. No eran éstas las únicas escenas de este estilo que últimamente se han podido ver en las televisiones. Cada vez son más los casos de gente que tiene que buscar en la basura para poder comer. Desempleados y jubilados, gente que hasta no hace mucho podía, con más o menos dificultades llegar a fin de mes, hoy ya no puede hacerlo. Los comedores sociales de Caritas, de esa Iglesia tan denostada por algunos, no dan ya  abasto, se han quedado pequeños. En nuestro país ya hay 1.425.200 familias en las que todos sus miembros están en paro y sin ingresos. El 4,3 por ciento de los españoles con 65 o más años se encuentra en estado de desnutrición y el 25,4 por ciento se halla en riesgo de padecerla. En 2011 más de 100.000 familias perderán su vivienda. Todos los datos estadísticos señalan que hoy muchos más pobres en España que en 2004 y que la brecha entre los ricos, que son más ricos que en 2004, y los pobres se ha agrandado de forma notable. Esta es la realidad que estamos viviendo, la realidad que existe en nuestras calles a pesar de la casi paradisíaca imagen que, salvo excepciones, nuestros medios de comunicación transmiten. Pan y circo para los que aún no les ha tocado la crisis. Entretenimiento, fútbol, chismorreos del corazón y banalidades para huir de una realidad estremecedora.

Que un país como el nuestro permita que muchos de sus ancianos, tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, tengan que rebuscar en la basura para comer no tiene vergüenza. Que una sociedad como la nuestra atiborrada de estandartes y lemas sociales, tan grandilocuentes como huecos, abandone a su suerte a tanta gente no es digna de respeto.

No estamos hablando de cualquier país, no. Estamos hablando de España, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros vecinos o de nosotros mismos. Hemos construido dos mundos, dos realidades diferentes que compartiendo tiempo y espacio se rehúyen. La España oficial, la que se refleja en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la de la clase política y la de una gran parte de la sociedad española, instalada con mayor o menor comodidad, que prefiere mirar a otro lado. Y la España de los comedores sociales, del hambre y el frío, de los desalojos y el abandono que no es escuchada normalmente.

A la primera España pertenece la segunda mayor flota de coches oficiales del mundo porque nuestra clase política no usa su vehículo privado o los medios de transporte público para ir a trabajar, a cumplir sus obligaciones. A la primera España pertenecen los miles de asesores que necesitan nuestros políticos para intentar hacer aquello por los que les pagamos. De esa España forman parte las indemnizaciones millonarias de los banqueros que se embolsan tras vaciar las entidades financieras que tenían a su cargo y que los demás saneamos con nuestros impuestos. A la misma pertenecen las SICAV, las pensiones de oro de los políticos, los dobles y triples sueldos disfrazados y con origen en la caja pública, los privilegios en las pensiones, los más de 100.000 teléfonos móviles pagados con dinero público y sin control de uso alguno, los cientos de millones de euros en subvenciones repartidos entre partidos políticos y sindicatos, los ERES fraudulentos, las obras públicas inútiles que no hay quien mantenga tras su inauguración, los privilegios recaudatorios de la SGAE, los pelotazos urbanísticos, las burbujas inmobiliarias y financieras, las primas de riesgo y su “santa” madre…

Entre una y otra España hay un gran muro, un muro de la vergüenza que es negado e ignorado, pero que ahí está. Y la clase política, en la medida que se afianza, olvida cada vez más una realidad que no le gusta o, lo que es peor, que no conoce. En el fondo, la clase política sólo es un producto, un reflejo de la sociedad que la genera, la encumbra y la tolera. Una sociedad anestesiada e insensible sólo puede generar una clase política igual de anestesiada e insensible.

Hoy mandan los mercados, los especuladores y la clase política hace lo que sea menester para tranquilizarlos. Si hace falta hasta se cambian gobiernos sin que el pueblo vote siquiera. Y si hay que reducir gastos porque no se puede seguir gastando más de lo que se tiene, se empieza siempre aplicando unos retoques cosméticos a cuanto afecta a la propia clase política (ejemplaridad dicen) y se continúa con cirugía de campaña, sin anestesia, para los demás. Y así no se puede seguir por mucho tiempo. Torres más altas han caído.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 7 de octubre de 2011

Por la dación en pago, ahora o nunca.

El Consejo General del poder Judicial acaba de hacer públicos los datos relativos a los desahucios del primer semestre del presente año. Los datos son estremecedores: más de 30.000 nuevos procedimientos, es decir, un 28,5 % más que en el mismo período del año 2010. 30.000 familias españolas más que pierden sus casas y lo que es peor, en la mayoría de los casos, pierden sus casas y siguen manteniendo deudas millonarias con las entidades financieras que se quedan con sus viviendas (http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3433226/10/11/vivienda-los-desahucios-crecen-un-285-en-el-primer-semestre-hasta-los-32010-procesos.html ).

Hace ya varios meses que el Congreso de los Diputados rechazó la iniciativa para que la deuda hipotecaria de las familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudiera ser saldada con la entrega de la vivienda ( http://santiagodemunck.blogspot.com/2011/02/me-parece-asombroso-y-me-produce.html ). Nuestros representantes parlamentarios decidieron que la dación en pago no era buena idea porque con ello se ponía en peligro la solidez de nuestro sistema financiero y que, por tanto, era preferible que los españoles afectados no sólo perdieran su casa sino que, además, una vez en la calle, siguieran siendo deudores de los bancos de modo que tuvieran muy difícil, por no decir imposible, poder reiniciar su vida y conseguir una nueva vivienda. Así de claro, los representantes de los ciudadanos se pusieron del lado de los bancos, de los poderosos, y no de sus representados en un ejercicio de inmoralidad política sin precedentes.

No me cabe la más mínima duda de que la decisión del Congreso de rechazar la dación en pago supone perpetuar un sistema profundamente injusto e inmoral diseñado a la medida del capital, del beneficio sin escrúpulos de los bancos. Las entidades financieras, los bancos son empresas que buscan el máximo beneficio para sus accionistas y, por tanto, en un sistema de libre mercado deben estar sujetos a los mismos riesgos a los que se somete cualquier empresario. Si uno monta un negocio y no tiene suerte o lo gestiona mal o no hace bien los deberes pierde y no hay red para la caída. Es el libre mercado, se puede perder o ganar. Pero no ocurre lo mismo con los bancos, con las entidades financieras que tienen una excelente red para las caídas sujetada con mimo y fuerza por la clase política. Si en plena crisis se pone de manifiesto que los bancos han hecho mal sus deberes con las hipotecas concedidas, les toca perder, al igual que le ocurre a todo el mundo. Si los bancos han sobrevalorado los bienes para prestar más dinero y, por tanto, ganar más y ahora resulta que dichos bienes valen menos de la tasación que en su día hicieron, les debe tocar perder al igual que le toca perder a todo empresario que ha metido la pata.

Pero no, nuestra clase política ha decidido que no sea así, ha decidido, amparándose en grandilocuentes argumentos, que los bancos no sólo no pueden perder sino que, además, deben seguir obteniendo beneficios a costa de las familias sin recursos de modo que las entidades financieras se quedan con la vivienda y, además, con un desorbitado crédito a las espaldas del desahuciado. Más inmoral no se puede.

Claro que, bien pensado, la culpa la tenemos los ciudadanos porque, por una parte, somos incapaces de ponernos de acuerdo para boicotear a aquellas entidades financieras que se están aprovechando de la crisis para hacer caja, a aquellos bancos que, además, retribuyen escandalosamente a sus directivos y, por otra parte, somos incapaces de exigir a la clase política, a los partidos políticos que acaben de una vez con esta insostenible situación.

Las elecciones del 20 de noviembre son una excelente ocasión para exigir a los partidos políticos, a todos, que incluyan en sus programas el compromiso de hacer realidad la dación en pago de la vivienda para poder permitir que miles de familias españolas puedan rehacer sus vidas. Tenemos los instrumentos y la oportunidad para exigirlo. Yo, desde luego, me apunto.

Santiago de Munck Loyola