La falta de dinero para poder
sostener el conjunto de las administraciones y, por tanto, el conjunto de las prestaciones
públicas se traduce en una serie de medidas de ahorro camufladas bajo distintas
denominaciones que en muchas ocasiones ponen los pelos de punta. Los anuncios,
los globos sonda, las rectificaciones o las matizaciones se suceden a diario ya
se hable de educación, de pensiones, de sanidad o de infraestructuras. Unas
veces nos anuncian que nos van a cobrar por usar las autovías que ya estaban
pagadas y amortizadas, otras que vamos a tener que pagar más por los
medicamentos, antes nos dijeron que los años que habíamos cotizado para cobrar
una pensión ya no valían y que había que cotizar más años, después nos quitaron
el cheque bebé y así sucesivamente. Anuncios, amenazas, amagos, reformas y
contrarreformas constituyen el pan nuestro de cada día. Eso sí, si hay que salir
corriendo a salvar a Bankia, no se corre, se vuela.
Lo cierto es que no hay dinero
para todo. Lo cierto es que hay más de cinco millones de parados en nuestro
país y que el siguiente en engrosar la larga lista puede ser cualquiera de
nosotros. Lo cierto es que cada año 200.000 familias se quedan sin vivienda. Lo
cierto es que casi dos millones de personas ya no reciben ayuda pública alguna.
Y lo cierto es que estamos donde estamos porque la mayor parte de la clase política, de todos los
colores, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no ha sabido
hacer bien su trabajo ni en ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni
en el Estado. Puede haber muchas causas que hayan propiciado que hayamos
llegado hasta aquí en estas condiciones, pero es evidente que nuestra clase
política debería haber estado lo suficientemente preparada y capacitada para
haberlo previsto y para haber sabido mitigar o paliar los efectos de esas
causas externas o internas. Y no lo ha hecho.

Si la persona, si el ser humano
estuviesen en el centro de la acción política a nadie se le ocurriría adoptar
medidas que pudieran suponer poner en riesgo la salud y la vida de los
individuos. Bien está que se racionalice el sistema sanitario; bien está que de
una vez se diseñe un catálogo de prestaciones sanitarias para todos los
ciudadanos con independencia del territorio de España donde residan; bien está
que se acabe con el turismo sanitario y con el abuso que supone, por ejemplo, el
empadronamiento fraudulento de 140.000 vecinos portugueses para beneficiarse de
nuestra sanidad; bien está, si no queda más remedio, que se paguen por quien
tenga capacidad económica para ello determinadas prestaciones sanitarias.
Pero
plantearse la posibilidad de dejar sin asistencia sanitaria a los llamados “sin
papeles” es inmoral. Si durante años hemos permitido que cientos de miles de
personas se instalasen en nuestro país de forma irregular no podemos ahora
dejarles sin prestación sanitaria. Regúlese la inmigración de una forma lógica
y racional, adóptense las medidas a que haya lugar respecto a los inmigrantes
irregulares, legalizando su situación o repatriándoles a sus lugares de origen si fuere preciso,
pero mientras sigan viviendo con nosotros no podemos dejarlos sin atención
sanitaria. Es una cuestión de principios, de derechos humanos, de sentido común
y de ética elemental.
Santiago de Munck Loyola