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lunes, 4 de noviembre de 2013

El PPucherazo de Alicante.


Hace poco más de un año, el 12 de octubre de 2012, periódicos como Las Provincias, ABC, Información, El País, El Mundo o Crónica Digital se hicieron eco de las siguientes informaciones:

Que el 11 de octubre de 2012 el Comité Ejecutivo Provincial de Alicante acordaba disolver la Junta Local de Alicante y constituir una Comisión Gestora Constituyente, presidida por el secretario general provincial José Juan Zaplana, con Miguel Zaragoza, como vicepresidente y con los siguientes vocales: Nino Llorens, Asunción Sánchez Zaplana, Marta García Romeu, Pablo Sandoval, Mari Angeles Goitia, Arnaldo Martínez, Miguel Cabeza, Lola Peña, Vicente García, Vicente Cutanda, Juan Manuel Galbis, Vicente Buades, Diego Menor, José Parrón, Israel Cortés Francisco Sempere Buyolo, Tommy Duarte, Francisco Maestre, Manuel Maldonado y Juani Maciá.

Y que, habiendo quedado disuelta la Junta Local, su Presidente, Julio de España, pasaba a ser vocal por designación directa del presidente provincial, José Císcar, iniciativa que fue aprobada además por aclamación por los miembros del Comité Provincial..

Hay que recordar, además, que dichas informaciones no fueron enmendadas o rectificadas por ningún dirigente popular provincial por lo que todo parece indicar que eran ciertas. Y a este hecho hay que sumar que la veracidad de las mismas está ratificada por el testimonio de varios de los asistentes a aquel Comité Ejecutivo en el que se disolvió, ilegalmente como algunos denunciamos y por lo que terminamos siendo expulsados del PP, la Junta Local del Partido Popular de la Ciudad de Alicante

Pero ¡sorpresa! Los afiliados del Partido Popular de Alicante acaban de recibir la convocatoria para las elecciones de las Juntas de Distritos recientemente creadas. ¿Y quién firma la convocatoria? Pues nada menos que el “dimitido o “cesado” ex Presidente de la desaparecida Junta Local del PP de la ciudad de Alicante, D. Julio de España Moya y lo hace firmando para colmo como Presidente de la Junta Local de Alicante. Ni más, ni menos. Ilegalidad sobre ilegalidad, chapuza sobre chapuza. ¿No había cesado D. Julio de España en sus funciones de Presidente al disolver la Junta Local de Alicante? ¿No había sido sustituida la Junta Local de Alicante por una Comisión Gestora Constituyente? ¿En qué quedamos? ¿Se equivocaron todos los medios de comunicación? ¿O más bien se trata de que quien transmitió los acuerdos de aquel Comité mintió a los medios de comunicación? ¿No será que teníamos razón los que afirmábamos que el Comité Provincial carecía de competencias para sustituir una Junta Local por una gestora y que han rectificado sin reconocer su error? ¿Será ésa la razón por la que el Secretario Provincial José Juan Zaplana se negaba a entregar copia del acta de aquella sesión del Comité Provincial?

Sea como fuere es evidente que todo este proceso huele francamente mal, huele a podrido desde el primer día. Ya sabemos para qué se ha montado toda esta comedia, para eludir la regeneración del PP, para sortear la línea roja del Presidente Fabra y para que Alicante no cuente con un Partido Popular fuerte. La vulneración de los Estatutos del Partido Popular está siendo sistemática y está muy claro quiénes son los responsables. Alguien ha mentido y está mintiendo a los medios de comunicación y a los propios afiliados. Si D. Julio de España firma esta convocatoria electoral como Presidente de la Junta Local de Alicante, porque milagrosamente esta Junta sigue existiendo, también está infringiendo las normas del Partido Popular porque en ese caso determinan que deberían celebrarse elecciones a la propia Junta Local y después a las Juntas de Distrito. En el Partido Popular las elecciones internas se desarrollan de arriba abajo, es decir, primero se renuevan los órganos superiores y en último lugar los más pequeños. Y si, por el contrario, D. Julio de España ha firmado la convocatoria electoral como Presidente de una Junta Local inexistente podría estar incurriendo en algo mucho más grave, en un posible ilícito penal. No obstante, en cualquiera de los dos casos serán ahora los Tribunales los encargados de dilucidar la cuestión y de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.

Al hilo de todo esto se pueden plantear dos reflexiones. En primer lugar, la incomprensible actitud de muchos miembros del Comité Provincial que son plenamente conscientes de esta tremenda chapuza jurídica y electoral, y así lo manifiestan en privado, pero que permanecen callados y sumisos, quizás a la espera de alguna migaja de poder o quizás simplemente porque prefieren seguir instalados en la comodidad. Y no es eso lo que se espera de personas con conciencia, íntegras y con vocación política de auténtico servicio a unos valores y a una sociedad. Y, en segundo lugar, lo que supone para los ciudadanos en general el hecho de que quienes son capaces de cometer estas chapuzas jurídicas y tropelías antidemocráticas, y quienes con su sumisión y cómplice silencio las consienten, ostenten en muchos casos responsabilidades de gobierno en diferentes administraciones públicas. No es posible dejar de plantearse que si es así como gestionan su propia casa, qué no serán capaces de hacer cuando gestionen otras. ¡Qué peligro!

Santiago de Munck Loyola








domingo, 16 de diciembre de 2012

La izquierda incoherente y sin memoria reciente.


En los últimos tiempos y especialmente en la última semana buena parte de los dirigentes de la izquierda  nos están ofreciendo todo un recital de incoherencia, de amnesia selectiva y de cinismo político. Cuando uno escucha determinadas declaraciones y observa algunos comportamientos no tiene más remedio que preguntarse si estos dirigentes políticos se creen realmente lo que dicen y hacen o si creen que los ciudadanos somos tontos o desmemoriados. Cuanto más grandilocuentes son sus descalificaciones sobre las diferentes medidas que ha ido tomando el Gobierno de Rajoy más se pone en evidencia, de una parte, la urgencia de su adopción y, de otra, que los causantes de las mismas son sobre todo los solemnes vociferantes socialistas y sus satélites sindicalistas.

El actual aparato dirigente de lo que queda del PSOE tras el émulo de Atila, Zapatero, parece que ha hecho suyo el enunciado de Goebbels “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad” y, por ello, se han lanzado a una frenética carrera para condenar la revalorización de las pensiones para el año 2013 aprobada por el Gobierno de Rajoy. Sin cortarse un pelo repiten mil y una vez que el Gobierno no sube las pensiones o que las ha congelado y poniéndose al frente de la manifestación, los socialistas, los únicos que en las historia de la democracia congelaron las pensiones en 2010, tratan con la complicidad de los amnésicos grupos parlamentarios de la oposición de utilizar como tercera cámara legislativa al Tribunal Constitucional. Y sin despeinarse. Hay que ser muy cínicos, tener mucha cara dura y despreciar mucho al ciudadano para enarbolar una falsedad semejante y presentar un recurso de inconstitucionalidad. Si presentan un recurso contra este incremento de las pensiones ¿por qué no lo presentan de paso contra la congelación del año 2010? Si por una de esas extrañas cosas que a veces pasan en el Tribunal Constitucional ganasen el recurso todos los pensionistas se lo agradecerían eternamente.

No ha habido ninguna congelación de las pensiones para el año 2013. El Gobierno ha aprobado una revalorización de las pensiones que, eso es cierto, no alcanza el incremento que el IPC ha sufrido en el último año pero que, en todo caso, sí supone una mejora de las pensiones superior desde luego a la que el tandem Zapatero-Rubalcaba aprobó en el año 2010. Seguramente el Gobierno habría deseado poder subir las pensiones incluso por encima del IPC pero no lo ha podido hacer, entre otras cosas, por el inmenso agujero en las cuentas públicas dejado por el Sr. Rubalcaba y sus conmilitones. Ni tenemos un Gobierno masoquista al que le encanta fastidiar a los votantes para perder votos, ni tenemos un Gobierno irresponsable subido en una nube fumando brotes verdes, ni tenemos, afortunadamente, un Gobierno de conjunciones planetarias. Se podría comprender que el incremento aprobado fuese discutido en cuanto a su distribución en función de la cuantía de las pensiones para reclamar más incremento para las mínimas y menor para las más altas, pero no a eso se han dignado los amnésicos pirómanos de las calles.

Otro de los aspectos en los que buena parte de la clase dirigente de la izquierda está dando sobradas muestras de su maestría en la incoherencia y el cinismo es de la sanidad pública y, en especial, la madrileña cuyo Gobierno Regional ha iniciado un plan de reformas que incluye la privatización de algunos servicios hospitalarios y de 23 centros de salud. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha venido insistiendo en que los centros sanitarios van a seguir siendo públicos y sólo va a privatizar determinados servicios complementarios. Algo que se parece mucho al modelo que se viene siguiendo en la Junta de Andalucía desde hace muchos años. El modelo de conciertos significa que centros sanitarios que son privados, "con gestión privada y actividad propia", realizan "alguna actividad programada que se encarga por parte del SSPA", afirmaba hace unos días  la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía. Puede, y aún no se sabe, que haya diferencias cuantitativamente en función de la cantidad de servicios complementarios a privatizar pero una cosas es cierta: cualitativamente parecen el mismo modelo.

Por último y por citar sólo un ejemplo más de la incoherencia y el cinismo de parte de esta izquierda poszapateril tenemos el caso de los ERE puestos en marcha por los sindicatos al amparo de la denostada reforma laboral y especialmente por CCOO. Tiene lo suyo que este sindicato, tan dócil y subvencionado con el Gobierno anterior, haya hecho un “casus belli” de la Reforma Laboral y que simultáneamente se apreste a aplicarla con devoción a centenares de sus propios empleados. ¿Cabe mayor prueba de incoherencia y de cinismo?

Mal camino es éste para que la credibilidad en la clase dirigente española pueda recuperarse. Cuando no es la derecha es la izquierda y cuando no las dos juntas. Los ciudadanos nos merecemos más respeto y algunos, que no todos, parecen empeñados en hacernos comulgar con ruedas de molino. Mal camino, sí señor.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 1 de abril de 2012

Nunca digas de esta agua no beberé…

Hace unos días, un amigo, Valentín, comentaba un enlace relacionado con el nuevo presupuesto y recordaba lo que decía la Vicepresidenta a propósito de la reforma laboral del PSOE de 2010 para concluir subrayando lo falsos que son los políticos. Sin llegar a generalizar sobre todos los políticos, hay que admitir que no es ociosa esta afirmación sobre una buena parte de la clase política.

No cabe duda que los políticos no tienen una buena imagen entre la mayoría de los ciudadanos y que la causa de ello se encuentra, con toda seguridad, en sus propios comportamientos y actitudes. El desprestigio de la clase política es responsabilidad casi exclusiva de la propia clase política y, quizás, de parte de los medios de comunicación. Por cierto, digan lo que digan algunos tertulianos políticos, denunciar los comportamientos inmorales de algunos políticos no supone ni desprestigiar al sistema democrático, ni poner en peligros la vigencia de los valores sobre los que se asienta. Todo lo contrario, es y debería ser un deber inexcusable para lograr la regeneración del sistema democrático. La vitalidad y enraizamiento de un sistema político entre los ciudadanos depende se su capacidad de regeneración permanente.

El éxito de cualquier profesional depende, en gran medida, del crédito que tenga, de la credibilidad sobre su capacidad que pueda ofrecer a quienes, en un momento dado, deseen usar sus servicios. Y los políticos no son excepciones, es más, su éxito depende fundamentalmente de su credibilidad. Y esas credibilidad se extiende a muchas facetas de su vida, incluso, a las que deberían pertenecer a la esfera privada. La armonía entre lo que dijeron y lo que ahora dicen, entre lo que dicen y lo que hacen es fundamental. Sin embargo, no nos tienen acostumbrados a eso. Parece que todo vale con tal de justificar sus cambios y sus contradicciones.

Parte del problema radica en esa necesidad que algunos tienen de pronunciarse siempre sobre cualquier tema de debate político y de hacerlo, además, sobre posiciones perfectamente previsibles en función de dónde se encuentren, de si están en el Gobierno o en la Oposición. Y, además, lo hacen trasladándonos a los ciudadanos mensajes simplistas y maniqueos como si no fuésemos capaces de distinguir matices o precisiones que puedan modular los análisis que realizan. Nos suelen tratar como a niños a los que no hay que dar demasiadas explicaciones. Lo vemos cada vez que hay una campaña electoral o cada vez que les ponen un micrófono delante. Ni es necesario que opinen sobre todo, ni es preciso que lo hagan en términos de blanco o negro.

Lo acabamos de ver respecto al debate sobre la reforma laboral y lo volvemos a ver sobre el debate de la mal llamada “amnistía fiscal” (legalmente prohibidas) incluida en el proyecto de presupuesto. Resulta inconcebible que una regularización fiscal fuera absolutamente inaceptable en 2010 cuando la propuso el PSOE y que ahora resulte que es el único camino encontrado para ingresar 2.500 millones de euros y poder así eludir una subida del IVA. Es cierto que las circunstancias económicas han empeorado desde entonces pero ¿tanto? Si política y moralmente era inaceptable en 2010 ¿no lo será ahora también? Y si ahora, para el PSOE, esta nueva regularización fiscal resulta inaceptable porque significa “premiar a los defraudadores” ¿no lo era también en 1984, en 1991 y en 2010? ¿Cómo es posible que el Sr. Rubalcaba descalifique tan rotundamente una medida que él mismo aprobó en el pasado? ¿Son malas las regularizaciones fiscales cuando las propone el PSOE y buenas cuando lo hace el PP? ¿Son una maravilla, hasta el punto de hacer tres, cuando las impulsa el PSOE y un pecado cuando lo hace el PP?

Son situaciones como éstas las que ponen en evidencia la inteligencia de algunos políticos y el escaso respeto que manifiestan hacia los votantes que nos inducen a generalizar sobre la mala imagen de la clase política. La aplicación de la Ley del embudo como norma transversal, las descalificaciones simplistas y categóricas y la ausencia absoluta de autocrítica no contribuyen a mejorar la credibilidad de la mayoría de los políticos. Deberían recordar aquello de “nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre”.

Santiago de Munck Loyola