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viernes, 23 de julio de 2021

La irresponsable agenda sanchista.

En períodos de crisis agudos como el que en estos momentos se vive en España constituye un ejercicio de responsabilidad política por parte de quienes dirigen el Estado intentar encontrar puntos de encuentro lo más abiertos e integradores posibles para aunar el máximo de voluntades políticas que puedan contribuir a superar los graves problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Es indudable que en estos momentos coinciden a la vez graves problemas económicos, sanitarios, sociales, políticos e institucionales cuya solución podrá ser más o menos rápida en función de la capacidad del Gobierno, de la Oposición y de los agentes sociales para alcanzar acuerdos de estado. Y, para lograrlo, es indudable que quien gobierna debe actuar con cierta grandeza de espíritu abriendo campos para el diálogo y para el acuerdo que cuenten con el mayor respaldo ciudadano posible, es decir, que sumen el mayor respaldo parlamentario. Y, para ello, lo más inteligente y eficaz es acotar la agenda del debate a la solución de los problemas más graves para la inmensa mayoría de los ciudadanos y aparcar temporalmente cualquier cuestión que ideológicamente suponga barreras de difícil superación para los interlocutores. 

 

Es evidente que la gestión de la pandemia habría sido muy diferente si el Gobierno desde el primer día hubiese intentado implicar en las medidas a adoptar y en la gestión sanitaria a todas las fuerzas políticas, si hubiese actuado con absoluta transparencia y si hubiese, por tanto, corresponsabilizado al conjunto de las administraciones y de las fuerzas políticas y sociales en el rumbo a seguir para minimizar el impacto de la misma. Unir a la sociedad para la consecución de grandes objetivos colectivos es un imperativo político de un Gobierno que aspire realmente a ejercer el poder con responsabilidad. Los cambios profundos no se consolidan si vienen respaldados por una mayoría parlamentaria frágil y precaria.

 

Salir más fuertes de la pandemia no se consigue por proclamarlo propagandísticamente. Se consigue abordando cambios profundos que fortalezcan la cohesión social, que consoliden un Estado lo suficientemente fuerte para poder enfrentar cualquier emergencia sanitaria de forma unitaria; se logra removiendo los obstáculos que nos dificultan un mercado interior único incluyendo también una reforma educativa duradera y nacional, una política energética transparente sin concesiones a la demagogia, una política fiscal incentivadora de la creación de empleo, cuya destrucción es ahora más que nunca un auténtico drama, una política exterior alineada, sin concesión alguna al populismo, con los países referentes en progreso y libertad; y se logra reformando aquellos aspectos institucionales que lastran nuestra convivencia democrática como la debilidad de la independencia judicial o la desigualdad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en función del territorio de residencia. Se sale más fuerte abordando de forma conjunta estos asuntos y despejando la agenda del debate político de aquellos otros que ni figuran en las preocupaciones de los ciudadanos, ni facilitan el entendimiento entre los partidos políticos.

 

Y en este sentido, no parece muy razonable, ni muy acuciante para la mayoría de los españoles sacar a la palestra el proyecto de Ley de Memoria Democrática. No sólo no es un tema prioritario, sino que además es un tema que sólo va a servir en estos momentos para reducir el campo de encuentro y de diálogo entre los grandes partidos para abordar en profundidad las reformas que nuestro país necesita para salir lo antes posible de la profunda crisis económica, política y social que atravesamos y para sentar unas bases sólidas de convivencia para las próximas décadas.

 

Los ciudadanos, la inmensa mayoría, queremos que se resuelvan los problemas de desempleo, que el precio de la electricidad sea asequible y que la factura de la luz deje de ser un instrumento de saqueo fiscal, queremos unas fronteras seguras y que nuestro país sea respetado, queremos que nuestros pensionistas reciban unas pensiones dignas y que se aseguren para las próximas décadas, queremos que nuestro sistema sanitario sea reforzado, queremos poder usar nuestro idioma en cualquier territorio español, queremos un pacto educativo y no reformas del modelo cada que hay un cambio de gobierno, queremos que los gobiernos no metan la mano ni en la caja pública, ni en la justicia ni en los medios de comunicación. 

 

Se equivocan y mucho quienes piensan que lo prioritario es imponer ese insulto a la lengua española que es el mal llamado lenguaje inclusivo o la mal llamada memoria democrática. Eso no es abrir ámbitos de diálogo, ni abordar los problemas más graves que a diario sufrimos los ciudadanos. Es simplemente irresponsabilidad ideológica. Es puro sanchismo.

 

Santiago de Munck Loyola

viernes, 23 de mayo de 2014

Acaba la campaña electoral, gracias a Dios.


Hoy termina la aburrida, zafia e inútil, gracias a la impresentable actitud de la mayoría de los partidos y candidatos que concurren, campaña electoral de las elecciones europeas y mañana se celebrará a llamada jornada de reflexión en la que una gran parte de los electores podrán elucubrar, sobre todo, si ganará el Real o el Atético de Madrid la final lisboeta.

Normalmente, las campañas electorales en nuestro país se vienen caracterizando por un bajo nivel de ideas y de propuestas y se suelen limitar a una competición de descalificaciones y exabruptos entre los distintos candidatos. En muchas ocasiones, y esta no ha sido una excepción, da la sensación de que los diferentes partidos nos consideran a los votantes incapaces de entender cualquier tipo de razonamiento o idea que supere el escalón del chascarrillo o el tópico simplista. Es patente que existe entre buena parte de la clase política un claro desprecio hacia la capacidad de comprensión y razonamiento de los votantes.

¿Y qué ha ocurrido en esta campaña electoral europea? Pues, además de lo anterior y del incidente de Arias Cañete, poco más. De una parte, que la inmensa mayoría de los medios de comunicación se ha conjurado en un pacto de silencio para ocultar a cualquier fuerza política cuya irrupción en el escenario político pudiese suponer un desequilibrio o un riesgo para el sistema bipartidista. Y a ello han contribuido no sólo los medios de comunicación públicos, la voz de su amo, sino también la gran mayoría de los medios de comunicación privados y supuestamente independientes, salvo alguna que otra honrosa excepción. Por otra parte, la mayoría de los partidos políticos han hecho o han intentado hacer una campaña electoral en clave nacional pero adulterada. Unos nos han contado que los socialistas no deben volver como si del resultado de las europeas dependiese la formación de un nuevo gobierno en España y otros que ellos nos van a sacar de la crisis que en su día no supieron o no quisieron ver y que los populares han agravado. Pero, en el fondo y situando el debate en clave nacional, pocos han querido entrar en los problemas que en realidad preocupan a los ciudadanos. Muy poco se ha hablado del paro y de las soluciones que se podrían proponer ante las negras perspectivas de creación de empleo, poco o muy poco se ha hablado de los problemas derivados del desafío independentistas y mucho menos aún de los graves problemas que la corrupción y la falta de regeneración democrática del sistema ocasionan. Es como si los dos grandes partidos, sobre todo, se hubiesen puesto de acuerdo en no tocar la corrupción que tanto les salpica, a pesar de ser una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos españoles según todas las encuestas. Por tanto, campaña en clave nacional pero descafeinada.

Con ello y con el hastío y la desafección ciudadana hacia la clase política, la mayoría de los partidos han conseguido que, si para muchos ciudadanos estas elecciones eran intrascendentes, lo sean ahora aún más. Planteando la campaña en una supuesta clave nacional que no ha sido tal, no han hablado de los problemas reales de la gente y aún menos de los problemas que se derivan de nuestra integración en Europa que también nos atañen. Poco o nada nos han hablado sobre la política europea en torno a la inmigración a pesar de los dramas que a diario se viven en nuestras costas y fronteras que también lo son de la Unión Europea, poco o nada nos han hablado sobre el creciente problema de la caída de la natalidad en una Europa cada año más vieja, poco o nada nos han hablado sobre la unión bancaria, sobre la necesaria estabilidad del euro o sobre la integración fiscal como tampoco lo han hecho sobre la política común exterior o de defensa comunitaria cuando al borde mismo de nuestras fronteras se están desarrollando serios conflictos que pueden desembocar en trágicos enfrentamientos civiles como en Ucrania y en los que la influencia de la Unión ha sido parte del detonante de los mismo.

La ausencia de debate público sobre los problemas reales que como miembros de la Unión afectan a la vida diaria de los ciudadanos y la propia incapacidad de las Instituciones europeas a la hora de abordarlos están en el origen del creciente euroescepticismo que se detecta en amplios sectores de la población. Muchos ciudadanos se cuestionan la necesidad de esta Unión si, de una parte no se abordan con eficacia graves problemas diarios, y si, de otra, no se atisba en el discurso político de los candidatos intención alguna de ponerse manos a la obra.

Los europeos tenemos señas de identidad comunes, por cierto eliminadas en las referencias constitutivas de la propia Unión, y problemas comunes algunos muy acuciantes pero la actitud de quienes nos han de representar, salvo algunas excepciones, no permite vislumbrar el nacimiento de proyectos comunes que refuercen esta Unión y que despierten la ilusión ciudadana. Es la clase política, una vez más, la que no sabe estar a la altura de las circunstancias y la que abona día a día  la pérdida de la ilusión por Europa entre los ciudadanos. ¡De pena!

Lo dicho, a reflexionar toca el sábado y a votar el domingo a pesar de todo. Un servidor sabe ya, sin necesidad de jornada de reflexión, a quien no votar: a los que incumplen su programa, a los incompetentes y demagogos ante la crisis, a los enemigos de la regeneración, a los que se complacen revolcándose en la cochiquera de la corrupción, a los separatistas y sus socios, a los colectivistas y enemigos de las libertades o a los populistas televisivos. ¡A votar toca para no otorgar con el silencio!

Santiago de Munck Loyola



jueves, 30 de enero de 2014

Huelgas y servicios públicos.


El pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores, rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la huelga, el ajuste se va a limitar a tres años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo, principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad, Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de basuras.

La falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo, las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo, los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión privada.

El debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha. Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza, resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.

Sin embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima eficiencia.

Desgraciadamente no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente, nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del conjunto de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola



martes, 12 de noviembre de 2013

La indecencia política sobrevive en medio de la crisis.


Decididamente hay que rendirse a la evidencia, nuestra clase política, sea del color que sea, es muy especial. Sigue instalada en sus privilegios y pase lo que pase en el país no está dispuesta a modificar sus costumbres, ni siquiera por el “qué dirán”. Es evidente que no todos nuestros representantes políticos son iguales pero muy pocos se atreven a disentir y a expresarlo públicamente cuando se toman algunas decisiones, aunque no las compartan, no sea que por ello dejen de “salir en la foto”.

Mientras se habla de los recortes también en las becas Erasmus, del cierre de televisiones ruinosas, del cobro de medicamentos hasta en los hospitales, de la desnutrición de muchos niños en Cataluña, de los centenares de niños que acuden al colegio sin desayunar por falta de recursos o de la desaparición de cientos de plazas asistenciales, nuestros políticos siguen a lo suyo, como si no pasase nada y éso de apretarse el cinturón no fuera con ellos. Cuando se trata de dar ejemplo poco importa el color, coinciden en no darlo los que arruinaron al país y quienes para salvarlo están arruinando a las familias.

Ayer, sin ir más lejos, el Congreso de los Diputados escenificó como nunca lo anterior. Sus señorías dejaron claro que padecemos una casta política privilegiada, derrochadora e insolidaria. El Partido Popular, una vez más, rechazó la propuesta presentada por UPyD para suprimir en los Presupuestos Generales de 2014 la partida de 350.000 euros para los servicios de traducción de lenguas cooficiales en los Plenos del Senado. Para que nos entendamos, que el Partido Popular con el beneplácito de todos los grupos se opuso a dejar de gastar 350.000 euros en pinganillos para los caprichosos e inútiles senadores. ¿La excusa? Que como está así regulado en el Reglamento del Senado el Congreso tiene la obligación de dejar intacta esa partida. Vamos, que como el PSOE fue el autor de semejante despilfarro y estupidez, el PP que ahora tiene mayoría absoluta para poder cambiarlo no lo hace. ¿Puro seguidismo? ¿La habitual cobardía popular? ¿“Maricomplejines” en estado puro? ¿No estará pasando lo mismo con la hoja de ruta de Zapatero respecto al terrorismo? No cabe la más mínima duda de que más de un diputado popular o socialista no compartirá ese rechazo pero en éste, como en tantos otros asuntos, se callarán y acatarán lo que les manden a la hora de pulsar el botón de votaciones. Y tampoco cabe la más mínima duda de que los dirigentes populares saben perfectamente que decisiones como éstas molestan profundamente a sus votantes pero una vez más es evidente que la opinión de los mismos, hoy por hoy y dada la lejanía electoral, les importa un pimiento. Ellos a lo suyo.

Y es que tiene su miga que el sentido común, la lógica y la decencia política sigan ausentes de las instituciones. Tiene lo suyo empecinarse en mantener un guiño zapateril inútil y costoso a los independentistas que lo único que pretenden es la voladura de España a la que por negarle le niegan incluso el uso normal de su idioma, del idioma común hablado por más de 400 millones de personas, en una de las cámaras depositaria de la soberanía popular, el Senado. La Constitución no puede ser más clara. En su Artículo 3.1 señala que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y que se sepa, el Senado es una institución del Estado, aunque no sepamos muy bien para qué sirve, no de las Comunidades Autónomas en las que, además del castellano, pueden ser cooficiales las demás lenguas propias. Y que se sepa también los senadores, aunque a algunos les pese, siguen siendo ciudadanos españoles y, por tanto, también tiene el deber de conocer la lengua castellana. Y si no la conocen pues a su casa, que ya está bien de burlas, desprecios y humillaciones hacia todo lo que sea español. Todos sabemos que todos los senadores hablan y entienden perfectamente el castellano, entonces ¿a qué viene lo del pinganillo, lo de tener que usar traductores para traducir una lengua que conocen sobradamente? ¿Por qué entonces hay que seguir tirando a la basura todos los años 350.000 euros? 

Las cuentas públicas no están para pagar los caprichos de nadie, por muy senadores que sean y ésto no es otra cosa que un capricho indecente que no tiene, además, ningún efecto político para buscar acercamientos hacia quienes sólo quieren alejarse. Lo de los pinganillos, se mire por donde se mire, no sólo es una payasada que provoca risas más allá de nuestras fronteras, sino que, además, es un auténtico insulto y desprecio hacia los sufridos ciudadanos que ven, día a día, cómo sus recursos disminuyen y sus dificultades crecen. ¿Qué clase de políticos tenemos que son capaces de tirar así 350.000 euros al año mientras hay miles de ciudadanos, a los que presuntamente representan, pasando hambre? Sencillamente no tienen vergüenza y se están burlando de los ciudadanos y de lo español. Perdóneme el lector, pero ¡que les den!

Santiago de Munck Loyola


lunes, 20 de mayo de 2013

Sin financiación justa no puede haber un reparto justo del déficit.



Estos últimos días ha estado muy agitado el patio autonómico a cuenta del reparto del déficit. Y si esta agitación la ha producido el reparto del déficit resulta inimaginable lo que habría sido si el reparto fuera de un superávit. Habrían volado los cuchillos y las navajas. Cada Presidente autonómico y en especial los del PP que para eso son la mayoría ha intentado hacer valer sus razones y argumentos sobre cómo debería ser ese reparto: igual para todos, asimétrico, penalizando a los incumplidores, premiando a los más cumplidores, etc. Cada cual, en su visión de reino de taifa, se encuentra asistido de poderosas razones con las que sostener sus argumentos. Muchas de las ideas que se han expuesto parecen bastante razonables.

No les falta razón a quienes llevan años apretándose el cinturón y claman contra una posible benevolencia hacia los incumplidores. Para muchos, el hecho de que Cataluña pueda verse beneficiada con un mayor margen de déficit que el resto sin haber hecho los deberes como los demás y sin haber renunciado a gastos inútiles y disparatados constituye una afrenta, no para ellos, sino fundamentalmente para los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas que sí han sufrido los rigores de toda clase de ajustes y recortes en nombre de la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestaria. Señalan que otorgar a Cataluña un mayor déficit que al resto de las comunidades autónomas es facilitar, además, el proyecto independentista a costa del bolsillo de los demás. Y no es que los ciudadanos de Cataluña no hayan sufrido en sus carnes también muchos recortes de mano de sus gobernantes separatistas sino que lo han hecho a costa de mantener seudo embajadas superfluas o un entramado televisivo público insostenible, pero muy rentable políticamente para los fines separatistas.

Hay quien, como el Presidente Fabra, reivindica el establecimiento de un déficit asimétrico, o sea, desigual, para entendernos, justificado por un hecho indiscutible como es la gran diferencia de financiación entre las distintas comunidades autónomas; un hecho que viene perjudicando especialmente a la Comunidad Valenciana que tan sólo entre 2011 y 2012 ha recibido 5.500 millones de euros menos de lo que habría recibido en el supuesto de contar con la misma cantidad por habitante, por ejemplo, que Cataluña. La Comunidad Valenciana ha sido la autonomía que menos ingresos públicos por habitante ha tenido en estos dos últimos años. Por cierto, algo parecido le pasa a la Provincia de Alicante en cuanto a las inversiones de la Generalitat en la misma que, al igual que con las inversiones estatales, está discriminada. No se puede pedir a quien recibe menos financiación que disminuya sus gastos en la misma medida que quienes perciben mucho más por cada habitante.

A nadie se le escapa que el tema de la financiación es un tema espinoso cuya solución se viene arrastrando desde hace muchos años. A la hora de pedir dinero, cada región encuentra siempre un motivo diferencial con el que justificar una demanda mayor que la de su vecino. Cuando no se trata de las peculiaridades geográficas, se trata de el PIB o si no de la población estacional, el nivel de desempleo o la existencia de lengua propia. Lo cierto es que hoy el principio constitucional de la igualdad entre los españoles está más lejos que nunca de ser una realidad. Los españoles, en función del territorio de residencia, cuentan con un mayor o menor catálogo de prestaciones públicas, una fiscalidad diferente y una aportación estatal también distinta. Es evidente que seguir avanzando en la misma dirección sin antes proceder de una vez a abordar con decisión y con la legitimidad que otorgan las urnas a una profunda revisión de nuestro modelo sólo puede servir para seguir incrementando los agravios comparativos entre los ciudadanos españoles. Establecer un determinado criterio del reparto del déficit sobre la base de un injusto sistema de financiación que hace que valga más un ciudadano residente en Navarra que otro en la Comunidad Valenciana es profundizar en la injusticia y en la fragmentación de la cohesión social.

En todo caso y sea cual sea la solución que finalmente se adopte en este asunto, bienvenido sea el debate público entre los dirigentes autonómicos y especialmente entre los populares. Pese a lo que algunos afirmen, el debate público es siempre enriquecedor y, como muy bien ha señalado alguno, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es posible que “el apoyo al gobierno no sea negociable” entre los Presidentes autonómicos populares, pero lo que es indiscutible es que lo que no es, ni debe ser negociable es la lealtad a los ciudadanos y la defensa de sus derechos frente a cualquier tipo de injusticia discriminatoria. No le falta razón al Presidente Fabra pero en política, en muchas ocasiones, no basta con tener razón. Deberá tener cuidado con lo que dice no sea que alguien termine por acusarle de intentar crear una corriente de opinión contraria a los intereses del partido si éstos, además, no coinciden con los intereses del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

martes, 14 de mayo de 2013

Del cordón sanitario a “un pacto por favor”.



¡Cómo cambian los tiempos! Hace pocos años, ayer como quien dice, el Sr. Rubalcaba, junto a los demás miembros de su partido, era uno de los promotores de aquella estrategia antidemocrática llamada del “cordón sanitario” al PP o lo que es lo mismo, al “PP ni agua”. El PSOE promovió entonces un aislamiento político al Partido Popular a todos los niveles, promoviendo cualquier tipo de alianzas y pactos con cualquiera con tal de no acordar nada con el Partido Popular. De esta forma y durante dos legislaturas, el PSOE, con un respaldo electoral muy inferior al que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones, tomó toda clase de decisiones e impulsó todo tipo de reformas legislativas sin sentarse a hablar con el Partido Popular, sin diálogos, ni consensos, que para eso estaba en vigor el llamado “cordón sanitario”. Sin acuerdos con el principal partido de la oposición y con un visible ánimo revanchista, los socialistas deshicieron todo lo que pudieron y a velocidades de vértigo: la reforma educativa, el Plan Hidrológico Nacional, la política antiterrorista, la política exterior renunciando al mayor peso obtenido para España en la Unión Europea, etc. Hasta la ley de aborto fue objeto de una importante reforma sin contar para nada con la oposición consiguiendo que España sea el único país del mundo en que las menores puedan abortar sin conocimiento ni autorización de sus padres.

Hoy, el panorama es muy distinto. El Sr. Rubalcaba y los suyos, además de seguir horadando su suelo electoral, por cierto con excelentes resultados, no dejan de ofrecer supuestos pactos y no paran de apelar al diálogo al Gobierno. Un diálogo que ellos nunca ofrecieron y un consenso que siempre negaron. Hoy cualquier reforma del nuevo gobierno es sistemáticamente descalificada, es tachada de contrarreforma al mismo tiempo que se ofrecen pactos. La experiencia demuestra cómo construye y cómo gestiona los pactos el PSOE y no hay más que recordar lo sucedido en torno al pacto antiterrorista.

La última generosa oferta del Sr. Rubalcaba versa sobre la política económica. Es verdad que el PSOE pide ahora muchas cosas que no quiso, pudo o supo hacer como se ha visto en el tema de la dación en pago pero, ahora, la nueva propuesta socialista introduce elementos tan novedosos como curiosos, algunos incluso fuera de la esfera del sentido común. El Sr. Rubalcaba acaba de presentar una serie de medidas para pactar con el Gobierno. Como era de esperar, los socialistas se decantan por seguir tirando del dinero público sin concretar de dónde piensan que se podrían obtener los recursos necesarios para ello sin subir los impuestos o sin incrementar el endeudamiento público, cuyos intereses nos están ahogando. El PSOE propone  créditos de hasta 30.000 euros por cada contrato indefinido de un desempleado, por ejemplo, o que las empresas de menos de 50 trabajadores que amplíen su plantilla con desempleados y la mantengan durante el tiempo de aplicación de los estímulos laborales, tengan una bonificación extraordinaria del 100 % de las cotizaciones sociales el primer año, el 75 % el segundo y el 50 % el tercero, aumentando así el desequilibrio de sus cuentas o la creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza, con una dotación de hasta mil millones de euros para 2013, sin especificar de dónde se saca ese dinero.

La propuesta de pacto al Gobierno abarca la política de vivienda, control de precios, modelo fiscal, modelo de crecimiento y política industrial, reformas en el sector de la energía y de las profesiones reguladas, reforma de las administraciones públicas y una ley de transparencia pactada, como si no pudieran llegar a acuerdos en el trámite parlamentario de la que se está tramitando. Y tiene su miga que en cuanto a las pensiones, el PSOE advierta que no apoyará nuevas reformas sin el consenso de los integrantes del acuerdo tripartito que modificó el sistema en 2013, y aboga por mantener el pacto de Toledo, suscrito hace 20 años y que, afirma el documento, "es un activo intangible que debe ser preservado". Un activo intangible siempre y cuando que el que lo toque no sean ellos, se entiende.

Parece que ya ha quedado claro que esa ocurrencia de tocar el dinero del rescate bancario para otros fines diferentes a los que tenía asignado no tiene encaje legal en la Unión Europea y que la peregrina propuesta de dar dinero a las empresas a cambio de que no se produzcan despidos, se ha encargado el mismo Felipe González de tirarla por tierra.

Es evidente que los dirigentes socialistas siguen a lo suyo, en no reconocer los errores y las responsabilidades que nos han traído hasta aquí, en insistir en modelos y políticas económicas suicidas, en seguir profundizando en estrategias suicidas y en intentar hacer creer que tienen una alternativa cuando lo que en realidad proponen es una fotocopia de su pasado más reciente. Rubalcaba y los suyos van a conseguir hacer realidad de frase del recientemente fallecido Giulio Andreotti de que el “poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 25 de abril de 2013

Los demoledores datos de la EPA.



Los datos de la EPA sobre el paro que hoy se han hecho públicos no pueden ser más desalentadores: más del 27 % de desempleo, casi 2.000.000 de hogares españoles con todos sus miembros en paro, más del 57 % de los jóvenes en paro… Comunidades autónomas como Andalucía con un paro del 38 %. En fin, cifras y datos tras los que se desarrollan auténticos dramas personales, proyectos vitales truncados y sombrías perspectivas de futuro. Se mire por donde se mire, estamos viviendo una situación dramática, una auténtica emergencia nacional que no puede prolongarse por mucho más tiempo. No sirve de consuelo el argumento que algunos esgrimen apelando a una desaceleración en el ritmo de destrucción de empleo porque, lo cierto, es que cada vez queda menos empleo que destruir. Y es posible que de no haberse adoptado muchas de las medidas que se ha visto obligado a tomar el Gobierno de Rajoy se habrían perdido más puestos de trabajo aún, pero eso es entrar en el terreno de las hipótesis y, en cualquier caso, no sirve de nada a los más de 6.200.000 ciudadanos que se han quedado sin trabajo, ni a los que están en riesgo de perderlo antes o después.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno del Partido Popular, a pesar de ser contraria a su propio programa, fue subir determinados impuestos para recaudar más y recortar sueldos a los funcionarios públicos para gastar menos. Ambas medidas, como desde estas líneas se anunció, suponían detraer dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Y a menos dinero en los bolsillos, menos consumo y a menos consumo menor producción y más paro. Era evidente e inexorable. Se sacrificó una parte de la liquidez en el mercado para obtener más ingresos públicos con los que hacer frente a los intereses de la enorme deuda pública generada en los últimos años. Pan para hoy y hambre para mañana. Dígase lo que se diga, no se crea empleo subiendo impuestos.

Pero es que además, a lo largo de los últimos meses, los ciudadanos no sólo hemos visto reducida nuestra capacidad adquisitiva con las subida de impuestos y con los recortes salariales, sino que, además, hemos sufrido y estamos sufriendo muchos recortes que afectan a casi todas las esferas de nuestra vida diaria. Es evidente que si no había, ni hay dinero para sostener el conjunto de prestaciones públicas había que recortarlas hasta donde fuese posible. Sin embargo, estos recortes que han afectado a la educación, a la salud o al bienestar social no han venido acompañados de unos recortes paralelos en el estatus de la clase política ni en las estructuras políticas de nuestro estado. Padecemos un modelo de estado cuya estructura no es sostenible económicamente, no hay dinero público suficiente para sostener este tinglado administrativo y político que hemos construido durante los últimos treinta años. Y sin embargo, no se abordado la imprescindible reforma de nuestras administraciones públicas que no podemos costear. Hemos sido muy rápidos para reordenar las prestaciones públicas que beneficiaban a los ciudadanos y desesperadamente lentos para hincar el diente a un estado insostenible. Y, en paralelo, los gritos de quienes se han venido oponiendo a cualquier recorte social han equilibrado sus tremendos silencios para pedir recortes en nuestra estructura política y administrativa.

Todos sabemos ahora que gastar mucho más de lo que ingresamos se paga con creces y que ahora debemos dedicar mucho dinero a pagar intereses de lo que debemos, dinero que nos sacan del bolsillo, vía impuestos o recortes, y que por tanto no lo podemos dedicar a invertir y a generar empleo. Somos ahora más conscientes que nunca que con la máquina de hacer dinero fuera de nuestro control no podemos por nuestra cuenta incrementar la masa de dinero circulante. Estamos percibiendo que la necesaria austeridad también tiene límites que una vez rebasados la convierten en un profundo obstáculo para la recuperación. Hemos constatado cómo los mercados se fían o no de nuestra capacidad y nos prestan dinero caro o barato en función de la confianza que sepamos inspirar. Y sabemos que sin más dinero circulando en los mercados, no puede haber más actividad económica y que sin ésta no se pueden generar más empleos.

No hay soluciones mágicas, ni recetas infalibles para solucionar este desolador panorama y quien afirme estar en posesión de las mismas seguramente está equivocado. Pretender insistir en aplicar las políticas económicas del anterior gobierno sería rematar definitivamente al enfermo. Querer insistir sin rectificaciones en el modelo actual es desesperantemente lento y agónico para todos y especialmente los desempleados. Hay reformas estructurales que se deberían haber abordado ya para flexibilizar más los mercados, para eliminar trabas administrativas, suprimir controles superfluos, para acabar con monopolios encubiertos de suministros, para unificar nuestro mercado interior acabando con las barreras impuestas por las autonomías, etc. Y, además, se tendría que haber empezado por rediseñar una estructura política y administrativa y por impulsar la regeneración de la clase dirigente española (la política, sindical y empresarial) que son los auténticos culpables de haber infravalorado lo que se venía encima y de no haber sabido ofrecer las soluciones para paliar los efectos de esta crisis. Se mire como se mire, lo cierto es que padecemos un Estado que absorbe la mayor parte de los recursos y energías de la sociedad y con esa losa encima es muy difícil avanzar.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 26 de noviembre de 2012

Cataluña: ir por lana y salir trasquilado.




Si una cosa ha dejado muy clara Artur Mas es su propia incompetencia como político. De una parte, ha demostrado su incompetencia para gobernar su autonomía en una situación económica desastrosa heredada del tripartito hasta el punto de adelantar dos años el fin de su mandato. Y, de otra, ha demostrado largamente su incompetencia como estratega a la vista de los pésimos resultados electorales que ha alcanzado. Trató de encubrir su incapacidad para lidiar con la crisis sacando a pasear el estandarte independentista y convocó elecciones autonómicas solicitando de los votantes una “mayoría excepcional”, es decir absoluta, para poner en marcha su proyecto secesionista y lo hizo en términos plebiscitarios.

Los resultados de esta doble incompetencia, como gestor y estratega, son evidentes:

1º Artur Mas ha conseguido que su partido pierda 12 escaños en el Parlamento catalán, de 62 a 50. Es decir, el logro de este “brillante” estratega ha sido perder un 20 % de representación parlamentaria.

2º Con su envite independentista, Artur Mas ha logrado que la representación parlamentaria de los partidos independentistas se reduzca en dos escaños pasando de 74 escaños a 72.

3º Ha conseguido radicalizar la posición del electorado independentista al propiciar un importante incremento de los radicales de ERC que pasan de 10 a 21 escaños y la aparición de la CUP con tres escaños, lo que contribuirá a dificultar la gobernabilidad y la estabilidad de la región.

4º Artur Mas ha logrado igualmente proyectar una imagen internacional negativa tanto para Cataluña como para el resto de España, transmitiendo una sensación de inestabilidad política sin precedentes lo que, sin ninguna duda, supone una pérdida de confianza de las instituciones internacionales y de los inversores extranjeros.

5º Ha hecho que el debate electoral sobre los graves problemas económicos y sociales que aquejan a Cataluña quede relegado a un segundo plano en beneficio del debate secesionista y en perjuicio del contraste electoral de diferentes opciones para resolver los graves problemas que diariamente afectan a los ciudadanos.

6º Ha dejado a Cataluña sin la aprobación de un Presupuesto para el próximo año cuya elaboración por el nuevo Gobierno que haya de constituirse tras estas elecciones se demorará muchos meses, precisamente cuando es más necesario que nunca comparecer ante las instituciones europeas con unas cuentas públicas rigurosas que avalen la recepción de fondos y ayudas para intentar salir de la crisis.

Éstos son algunos de los resultados obtenidos por la cobarde apuesta soberanista del Sr. Mas. En definitiva, no gobernar, no tomar decisiones solventes para solucionar los graves problemas de los ciudadanos a cambio de una aventura que se ha saldado con un estrepitoso fracaso electoral. Los sueños y los deseos no han podido con la dura realidad de la que intentaba evadirse el Sr. Mas. También ha conseguido poner sobre el tapete el espinoso asunto de la corrupción política, ésa que, de creer a la subvencionada prensa catalanista, no existe en el llamado “paraíso catalán”. Parece incomprensible que distintos informes policiales elaborados hace ya dos años en los que se alude a supuestas cuentas bancarias de dirigentes nacionalistas en paraísos fiscales no hayan salido a la luz hasta ahora. Es cierto que su filtración en estos momento ha respondido seguramente a intereses electorales, pero no lo es menos que resulta cuando menos curioso, sobre todo en un país como el nuestro en el que se filtran continuamente diligencias judiciales declaradas secretas, que hayan permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿A qué se debe este sigilo? ¿A que cuando se investiga a determinados políticos por supuestas irregularidades fiscales existe un mayor celo y sigilo que cuando se trata de ciudadanos normales? ¿No comunica la policía sus sospechas a los inspectores fiscales cuando se trata de políticos? ¿Hacienda no actúa con el mismo celo que con cualquier ciudadano cuando el sospechoso es un político? Se trata en todo caso de un grave asunto que no puede quedar en el anecdotario de una campaña electoral. Hacen falta luz y taquígrafos para que los ciudadanos sepamos la verdad. Tenemos derecho a conocer si se ha tratado de una simple sucia maniobra electoral o si, en realidad, existe una auténtica olla podrida, escondida durante tiempo por cierta prensa y determinados políticos, de la que se nutren partidos y dirigentes catalanes.

Como en todo proceso electoral, siempre hay consuelo para todos. Los socialistas aparentan cierto alivio por no haber perdido tantos escaños como pronosticaban las encuestas. Perder casi un 30 % de su representación parlamentaria y cosechar el peor resultado electoral de su historia es todo un éxito para algunos pensando que podía haber sido mayor la pérdida. Los populares catalanes satisfechos también porque, a pesar del desgaste producido por las duras medidas presupuestarias del Gobierno de la Nación,  han aumentado en un escaño su representación aunque ello signifique que no hayan alcanzado aún el porcentaje que en 1995 alcanzó Alejo Vidal Cuadras, el 13,1 %. Hay un dato curioso: en las generales del 2011, el PP obtuvo el 20,7 % de los votos en Cataluña (Ciudadanos no presentó candidaturas). Ahora, el PP ha obtenido el 12,99 % y Ciudadanos el 7,6 % de los votos. La suma de ambos porcentajes es casi idéntica al obtenido por el PP en solitario en las generales. En medio de tanta autocomplacencia popular no estaría de más que alguna cabeza pensante analizase este dato y realizase algún tipo de autocrítica para corregir o modular internamente determinados criterios porque hay un hecho evidente: más de un tercio del electorado popular en Cataluña no vota al PP en las autonómicas y prefiere hacerlo a un partido que no tiene complejo alguno respecto a su españolidad y a la crítica al actual sistema autonómico.

Ahora se abre un período mucho más difícil y posiblemente convulso que el terminado el pasado domingo. Ahora podremos comprobar cuales son las nuevas prioridades de la clase política catalana, si dan prioridad a la resolución de los graves problemas sociales y económicos de los ciudadanos o, por el contrario, la prioridad es otorgada a las metas secesionistas e identitarias. Es decir, si los políticos están con la gente o con su justificación existencial.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 7 de noviembre de 2012

Ellos se lo guisan, ellos se lo comen y los demás lo pagamos.




Al que madruga Dios le ayuda. Es lo que seguramente han pensado los diputados más despistados, los treinta primeros diputados que en los últimos nueve meses han “perdido” su iPad porque a partir de ahora la Mesa del Congreso ha decidido dejar de reponer las tabletas que pierdan sus señorías ya que en lo que llevamos de legislatura el Departamento de Informática del Congreso ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

La austeridad ha asomado tímidamente su patita en el templo de la Democracia, el Congreso, y a partir de ahora no se van a reponer las tabletas que los sufridos diputados pierdan. Sus Señorías dicen haber perdido 30 de las 350 tabletas que recibieron al principio de legislatura y las 30 han sido repuestas a razón de 700 € por cada una. Se ve que algunos diputados no son muy cuidadosos con los bienes públicos que les confían y que, acabado su mandato, debían devolver y eso que en este caso se trata de bienes para su uso y disfrute personal, eso sí por exigencias patrióticas. Y es que como el sueldo de sus señorías es escasito, según parece, al ser elegidos, los diputados reciben un 'kit tecnológico', a saber, un móvil de última generación, tipo iPhone, línea ADSL en su domicilio para estar conectados a Internet y, desde esta legislatura, una tableta iPad. Hay que ser comprensivos, sus señorías no pueden desempeñar correctamente sus altas funciones sin Internet a costa del contribuyente, la democracia correría peligro si tuvieran que pagarse la línea con sus magros sueldos.

Pero como todo es poco para que sus señorías nos representen como nos merecemos nos gastamos 6.750.000 € al año en los desplazamientos de los diputados, es decir 19.285 € al año por cabeza en billetes de avión, dietas, taxis o aparcamientos pagados en los aeropuertos. Ah y otros 1.714 euros por diputado al año en concepto de kilometrajes. Y para hacer más llevadera su sacrificada labor, los españoles contribuyentes les subvencionamos la comida y la bebida que consumen en la cafetería del congreso con 850.000 € al año, es decir, que pagamos más de 2.400 € por diputado al año para subvencionarles comida, café y copa (se supone que el tabaco corre por cuenta del parlamentario). Para que luego se diga que no somos rumbosos los españoles a pesar de la crisis y del hambre existente en las calles. Y para el año que viene aumentaremos esa subvención en 42.500 €. ¿Para qué aumentar otras partidas sociales? ¿Acaso hay algo más social que subvencionar el sustento de los representantes de todo el pueblo? Claro que siempre hay quien se lo monta mejor porque sus correligionarios de la Asamblea de Madrid tienen el Menú a mitad de precio, a 4,25 €, más barato como bien han señalado muchos que el precio del menú de los escolares.

Pero volviendo a las Cortes Generales y a las nuevas tecnologías hay que subrayar la abnegada y nunca suficientemente reconocida labor del Senado. El Senado, reserva espiritual de la inutilidad institucional, “invierte en democracia” según sus máximos representantes. Eso es, al menos, lo que han manifestado para justificar los 437.000 € del ala que se han gastado en su nueva página web a la que, por cierto, todos los grupos parlamentarios han ensalzado por ser un "instrumento de transparencia e información". Conociendo los precios del mercado parece que esa cantidad es desorbitada, claro, que un servidor se reconoce desconocedor de la rentabilidad de las “inversiones en democracia” como la presente y confía plenamente en que no se encuentre al nivel del “bono basura” que últimamente es el que más se prodiga en las administraciones de nuestra sacrificada clase política.

Todo es poco para nuestros excelsos parlamentarios: kits tecnológicos, menús anticrisis, viajes gratis total, sueldos, dietas (y no la Dunkan precisamente), tributación en hacienda como mileuristas, cotizaciones privilegiadas para sus pensiones, etc. Todo a cargo del contribuyente, todo. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. ¿Sacrificios? Los justos. ¿Austeridad? Para los demás. ¿Ejemplaridad? ¿Ejem… qué? Visto lo visto, la Indecencia política ocupa el grupo parlamentario más grande de la democracia… casi 350 escaños.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 10 de octubre de 2012

¿Desafección hacia la clase política? No, puro rechazo.




Parece ser que últimamente los dirigentes del Partido Popular y del PSOE han empezado a detectar lo que algunos llaman la “desafección” de una gran parte de los ciudadanos hacia la clase política y que, en consecuencia, van a estudiar el asunto para intentar corregirlo. O sea, que han tardado pero empiezan a notar algo que para cualquiera era evidente: que muchos ciudadanos están profundamente “cabreados” con la clase política. Y fieles a su proverbial sentido de Estado los dirigentes de los partidos mayoritarios han empezado por done siempre, por culparse mutuamente del progresivo rechazo que la clase política genera en la gente. Sólo falta que para completar sus costumbres el anunciado estudio conjunto de medidas para abordar el problema se haga mediante la constitución de una comisión parlamentaria a 600 € de dietas por asistente. Ya lo decía Napoleón, “si se quiere que un asunto no prospere, forme una comisión de estudio”. Y tan felices.

Una vez más, parece que la clase política no se da cuenta del verdadero alcance del problema que puede suponer el creciente rechazo que provoca en los ciudadanos y que es incapaz de aprender de la experiencia italiana en los años 90 que supuso el derrumbamiento electoral de los partidos tradicionales o de otras experiencias en las que los populismos han barrido partidos e instituciones.

Nuestra sociedad se ha empobrecido enormemente y los continuos recortes provocan un profundo malestar y un rechazo cada vez más generalizado. Los españoles pagamos hoy las consecuencias de la mala gestión de la clase política mientras que ésta sigue inalterable instalada en sus privilegios. Es la clase política la que ha dispuesto la construcción de aeropuertos vacíos, de autopistas que nadie usa o de edificios e instalaciones insostenibles y lo ha hecho sin tener el dinero necesario para ello, pidiéndolo prestado. Ahora, no sólo hay que devolver ese dinero sino que, además, hay que pagar unos intereses anuales que se comen el presupuesto público. La mala gestión de la clase política la sufrimos todos los ciudadanos y, sobre todo, los que cuentan con menos recursos.

Es normal que la mala gestión de los políticos provoque un mayor distanciamiento de los ciudadanos hacia ellos, pero no es sólo eso. Es que, además, nuestra clase política no ha hecho la más mínima autocrítica. Aquí nadie ha tenido la honestidad intelectual de reconocer los errores y de pedir, en consecuencia, perdón a los ciudadanos. O culpan al adversario de los problemas o, en algunos casos, se envuelven en la bandera regional para ocultar su profundo fracaso y engatusar a su opinión pública con quimeras antihistóricas. Y no contentos con ello, nuestra clase política, salvo honrosas excepciones, sigue instalada en un mundo de auténticos privilegios que suponen un agravio y un insulto permanente hacia sus víctimas, los sufridos ciudadanos. Es francamente improbable que sin un verdadero ejercicio de autocrítica nuestra clase política sea capaz de corregir su rumbo.

Son muchas las cosas que deben cambiar para intentar recuperar la confianza y la credibilidad del conjunto de los ciudadanos. Y lo primero que tendrían que asumir es que sin ejemplaridad sobra todo lo demás. Ante millones de ciudadanos asfixiados por subidas de impuestos, por el desempleo o por recortes en servicios esenciales es imprescindible que la clase política ofrezca un ejemplo de sacrificio y de austeridad y debe hacerlo, además, porque ella es la causante de nuestros males.

¿Sobran políticos? Es probable, pero no es ése el único problema. ¿Podemos gastarnos 350 millones de euros al año en sostener los Parlamentos Autonómicos? Puede que no. Son preguntas cuyas respuestas requieren un estudio mucho más profundo y cuya solución sólo puede pasar por un amplio consenso político y social. Sin embargo, hay otros aspectos más inmediatos que sí podrían suponer un gran paso hacia la ejemplaridad de la clase política. Es el caso de las retribuciones con dinero público. Hay que terminar de una vez con los abusos. En un país arruinado las administraciones públicas no pueden seguir pagando salarios por encima de los 70.000 € que cobra el Presidente del Gobierno. Es también el caso de los privilegios fiscales de los parlamentarios ¿por qué no tributan en el IRPF como cualquier ciudadano? ¿No conocen la diferencia entre inmunidad parlamentaria e impunidad? Es igualmente el asunto de las pensiones. Mientras que a los ciudadanos se nos endurecen los requisitos y períodos para cobrar una determinada pensión ¿por qué hay que consentir que nuestros parlamentarios puedan cobrar la pensión máxima con sólo 11 años cotizados? ¿Por qué no se someten al régimen general? Es el régimen de incompatibilidades, por ejemplo, que permite que parlamentarios y políticos cobren con cargo al erario público dos o más retribuciones disfrazas como indemnizaciones, pensiones o salarios. Nuestros parlamentarios cobran sus sueldos íntegros y, sin embargo, simultanean su actividad parlamentaria con dedicaciones privadas. Pues no, en las actuales circunstancias no se lo pueden permitir. Les pagamos un sueldo íntegro para que se dediquen exclusivamente a su labor y si no les parece suficiente que renuncien al escaño. Es el caso de los coches oficiales, de los viajes gratis total, de los consejos de administración, de los teléfonos gratuitos, de las dietas por alojamiento teniendo casa propia en la capital, los taxis a cargo de los contribuyentes,… La lista de privilegios prescindibles sería muy extensa y si no la recortan, como nos recortan nuestros sueldos y prestaciones, el rechazo hacia la clase política seguirá creciendo. Y del rechazo a la expulsión hay muy poquito.

Necesitamos una clase política ejemplar y ésta no lo es. Una clase política que haga su trabajo, que cobre por él, que no se beneficie de aquello que no pueden disfrutar los ciudadanos, que, en definitiva, tenga la autoridad moral y la legitimidad de ejercicio suficiente como para poder pedirnos sacrificios a todos.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 4 de octubre de 2012

Los empleados públicos chivos expiatorios.




Parece que en esta crisis los empleados públicos se han convertido en una especie de chivo expiatorio al que inmolar sobre el altar de los recortes. Es como si todo gobierno que se precie tuviera la necesidad o la obligación de propinar a este colectivo un pescozón para general deleite de la opinión pública. ¿Que los políticos han despilfarrado y han malgastado el dinero de los contribuyentes? Pues nada, siempre se empieza por congelar o recortar las retribuciones de los empleados públicos. Eso sí, de forma previa es preciso contar con la atmósfera adecuada y ningún ambiente más propicio para ello que el existente con más de cinco millones de parados en el que calan perfectamente toda clase de mensajes: que sobran muchos empleados públicos, que no trabajan lo exigible, que se lo llevan crudo, que tienen mucho absentismo laboral o que tienen asegurado de por vida el puesto de trabajo. Una vez se ha predispuesto adecuadamente a la opinión pública se produce el cíclico hachazo que generalmente es recibido con alborozo y satisfacción de muchos.

Es evidente que la imagen de los empleados públicos no se encuentra en esta época en sus mejores momentos. Es muy posible que a ello también haya contribuido la irresponsabilidad o la cara dura de algunos empleados públicos. Es cierto que existen en algunos ámbitos determinados abusos, pero si es así los responsables son los mandos, generalmente los políticos, que no han puesto remedio a estas situaciones, bien porque no han querido o bien porque no han sabido. A buenas horas un empresario permitiría que, día tras día, sus empleados llegasen dos horas tarde a trabajar como ocurre en algunos juzgados, por poner un ejemplo, o que sus trabajadores se llevasen a casa para uso particular materiales de la empresa, como ocurre en algunos hospitales o centros de salud, por poner otra ejemplo. A ningún buen empresario tampoco se le ocurriría poner a dirigir una fábrica o una tienda a personas sin la más mínima preparación por el simple hecho de pertenecer al mismo club de fútbol y, sin embargo, estamos hartos de ver cómo el simple hecho de poseer un determinado carnet político o la simple amistad sirve para ostentar máximas responsabilidades en muchos ámbitos públicos. Parece pues que existe una evidente responsabilidad en el consentimiento de determinados abusos por parte de algunos empleados públicos, abusos que en todo caso se producen por culpa o negligencia de la clase política y cuya difusión mancha la imagen del conjunto de servidores públicos. Y si a ello se añade la irracional pretensión de algunos políticos de identificar la gestión privada como paradigma de todas las bondades entonces podremos hacernos una clara idea de que detrás de esta mala imagen existe algún interés oculto.

Pese a todo, la realidad de la función pública es mucho más compleja de lo que evidencian las simplificaciones interesadas que circulan por ahí. Los empleados públicos también pueden perder sus puestos de trabajo, claro que sí. Con más o menos dificultad según su carácter funcionarial o laboral, pero pueden perderlo en determinadas ocasiones. Esa justificación de que son unos privilegiados por tener un puesto de trabajo para toda la vida y que por tanto no pasa gran cosa porque se les recorte el sueldo es falsa. Parece increíble, que el patrón de patronos, el Sr. Rosell, afectado por algún tipo de fobia funcionarial, pidiese hace unos meses sacrificios a los empleados públicos justificándolo precisamente "como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios". Afirmaba pomposamente que "no es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante". Y se quedó tan ancho mientras sigue percibiendo subvenciones que pagamos todos. Pues bien, desde 1982 a 2007, sin contar los sablazos del Sr. Zapatero y los últimos del Sr. Rajoy, los empleados públicos han perdido más del 42 % de su poder adquisitivo. ¿Más sacrificios?

Y forman parte de esta función pública a la que hay que seguir recortando para regocijo del personal los Policías, los Guardias Civiles o los soldados que nos protegen y a veces a costa de su propia vida, los bomberos y agentes forestales que mueren cada año en los pavorosos incendios que nos asolan cada verano, las trabajadores sociales que se ven desbordados para atender a los cientos de miles de personas arruinadas por la gestión de los políticos, el personal sanitario en cuyas manos ponemos nuestras propias vidas, el personal docente al que confiamos a nuestros hijos, las miles de personas que mantienes habitables nuestras calles o todos aquellos que nos resuelven la complicada burocracia que nos imponen unos dirigentes políticos incapaces de construir una sociedad más racional, por citar algunos ejemplos. No, los empleados públicos no son una cuerpo informe y abstracto idóneo para cualquier ocurrencia presupuestaria.

Hay quien dice que sobran, como mínimo, 500.000 empleados públicos en España. No lo sé. Puede que sea así pero una cosa es indudable: si queremos recibir unas prestaciones públicas de calidad, los empleados públicos son imprescindibles y deben ser tratados justamente. Es evidente que existen sectores no esenciales, en concurrencia desleal con el sector privado y además permanentemente deficitarios que podrían ser perfectamente prescindibles sin que se resientan los pilares básicos de una sociedad moderna, es decir, la sanidad, la educación y la atención social. Pero da la casualidad de que es precisamente en aquellos sectores  no esenciales donde los Partidos Políticos han encontrado un auténtico filón para colocar a sus huestes prescindiendo, además, de los principios para el acceso a la función pública. Hay quien prefiere, por ejemplo, recortar el personal sanitario de su Comunidad Autónoma antes que cerrar las seudoembajdas abiertas por medio mundo en las que familiares y amigotes encuentran una colocación a medida. Un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer.

Santiago de Munck Loyola