Translate

miércoles, 20 de junio de 2012

Si la Constitución ampara a los violentos, habrá que cambiarla.

Hoy el Tribunal Constitucional, con el voto de los Magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa, Luis Ortega y la ponente, Elisa Pérez Vera, ha decidido legalizar al brazo político de ETA, Sortu, y enmendar la plana, una vez más, al Tribunal Supremo (a lo mejor habría que eliminar lo de “Supremo”, visto lo visto). Parece que lo políticamente correcto en estos casos es decir que se “respeta la decisión, aunque se discrepe”. Pues bien, como uno no está obligado a decir lo que no siente, un servidor ni respeta la decisión, ni respeta a los mal llamados magistrados que han decidido por seis votos contra cinco que Sortu es un partido político tan respetable como lo puedan ser el PSOE, el PP o el PNV.

Prefiero estar al lado de las víctimas del terrorismo que del lado del Tribunal Constitucional y los de Sortu. Prefiero estar del lado de las Fuerzas de Seguridad del estado, que por activa y pasiva han demostrado que ETA y Sortu son lo mismo, que del lado de los Magistrados del Constitucional que han favorecido al brazo político de ETA. Prefiero estar del lado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que consideró a Sortu “testaferro de ETA”. Prefiero estar del lado del Tribunal Supremo que ilegalizó a Sortu que del lado de un Tribunal Constitucional que, deliberadamente o no, sigue casualmente cierta “hoja de ruta” denunciada mil veces por las víctimas de ETA. Prefiero estar del lado de quienes se oponen a la presencia de terroristas o de jaleadores de los mismos en las instituciones que de un Tribunal Constitucional más político que jurídico. Vamos, que el Tribunal Constitucional se pasa por el arco del triunfo todos los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que confirman que Sortu es Batasuna y que Batasuna es ETA y se pasa por el miso arco la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que considera a Sortu un simple instrumento político de ETA y las mismas sentencias del Tribunal Supremo. O sea que todo el mundo está en un error menos los ilustres seis magistrados del Constitucional. Claro que para formar parte de este alto tribunal no hace falta ser juez o magistrado, sino que basta con ser “jurista” y contar con el apoyo de los partidos políticos.

Parece que para los magistrados avalistas de Sortu la simple declaración contraria a la violencia terrorista que se hace en los estatutos de Sortu es decisiva para determinar que se trata de una organización perfectamente democrática y que, por tanto, ha de ser legalizada con su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior. ¡Faltaría más! ¿Puede alguien con un mínimo de rigor intelectual plantearse la posibilidad de que Sortu hubiese expresado en sus estatutos su simpatía o comprensión hacia la violencia terrorista? Son terroristas pero no tontos de remate. Sabían perfectamente qué debía figurar en sus estatutos para poder colarse en las instituciones que pretenden derribar sea con las urnas o con la violencia cuando les conviene. Es puro sentido común, pura estrategia que, misteriosamente, no ha sido percibida por los seis ilustres juristas del Constitucional. Los estatutos del partido nazi en la República de Weimar o los de los Partidos Comunistas en la posguerra mundial eran todos formalmente respetuosos con la legalidad vigente de sus respectivos países, pero una vez en el poder liquidaron las instituciones democráticas. Por tanto, el argumento esgrimido para legalizar a Sortu centrado en el contenido de sus estatutos es un argumento falaz, injustificable e interesado.

Esta vergonzosa e inaceptable sentencia del Tribunal Constitucional no es fruto de la casualidad. Responde a todo un proceso político generado por el anterior Gobierno con su correspondiente reflejo en la propia composición del Tribunal Constitucional. Pero, si existe en este desenlace una evidente y gran responsabilidad del anterior Gobierno, no es menos cierto que el actual Gobierno también tiene una parte de responsabilidad en que el resultado final haya sido el que es porque no hay que olvidar que la renovación del Tribunal, pendiente desde hace mucho, no se ha producido tras seis meses de Gobierno del Partido Popular. No parece muy coherente que el Gobierno venga ahora con lamentos sobre el resultado de esta sentencia cuando pudiendo y debiendo actuar antes dejó pasar el tiempo.

Lo cierto, al día de hoy, es que la interpretación de nuestra Constitución permite que quienes apuestan por la violencia o la justifican como medio de acción política y quienes pretenden derribar el propio edificio constitucional que les da cobijo puedan actuar libremente en el juego democrático. Un Estado democrático puede y debe articular los medios legales necesarios para defenderse. Un Estado democrático, y ahí tenemos la experiencia de lo que ocurrió en la Alemania de los años 30, puede y debe excluir del juego político a cualquier fuerza política que no sea democrática o cuyos fines atenten contra la propia supervivencia de las garantías constitucionales que no son otras que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles. Y si esta Constitución no es capaz de hacerlo con la interpretación que de la misma hacen estos “juristas” de medio pelo, habrá que ir pensando en reformarla.

La lección que deberíamos extraer de este penoso episodio es que hay que movilizarse a favor de quienes apuesten de verdad por la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que esa defensa pasa por dos propuestas esenciales: la primera, modificar la Constitución para garantizar la exclusión de la vida política de los violentos, de sus cómplices y de todas las fuerzas políticas cuyos fines no encajen con los valores democráticos; la segunda, que es preciso poner orden en el edificio jurisdiccional español y que el Tribunal Supremo sea de verdad la cúspide de este edificio. No puede haber, en el ámbito interno, dos cúspides coronando el edificio. La implantación del sistema de garantías constitucionales a través de un órgano específico como el Tribunal Constitucional, ajeno al poder judicial y completamente politizado, se ha demostrado un error. Con una nueva sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo sería más que suficiente y se acabaría con este dislate jurídico aunque sea en detrimento de la permanente interferencia de los Partidos Políticos en el mundo de la Justicia.

Santiago de Munck Loyola