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domingo, 10 de marzo de 2013

Motivos para regenerar.



José Blanco, ex Ministro de Fomento, imputado por tráfico de influencias y sigue en su escaño. 38.000 millones de euros públicos inyectados a la banca en 2012 y ésta inicia más de 50.000 procedimientos de desahucio en el mismo año. Los diputados madrileños Bartlomé González e Isabel Redondo se dedican a jugar con sus iPad mientras se habla del paro en la Asamblea, el diputado autonómico valenciano Luis Díaz Alperi se hace la manicura en el Pleno mientras su compañera de escaño Milagrosa Martínez aprovecha para estudiar francés. Los ciudadanos deberán  tomar como referencia los últimos 25 años cotizados para obtener la cuantía de la pensión por jubilación, mientras que diputados y senadores pueden cobrar la pensión máxima con 11 años. Los sindicatos se rasgan las vestiduras por la reforma laboral y después se afanan en aplicarla en los despidos de sus propios empleados. Patrimonio Nacional se gastó más de 2 millones de euros en acondicionar la finca La Angorrilla en la que se alojó la entrañable amiga del Rey y éste nos habla de la necesidad de ejemplaridad sin inmutarse. La Alcaldesa de Novelda es procesada y ni dimite ni su Partido le pide públicamente que lo haga. Los españoles pagamos en cuatro viajes oficiales del Rey los gastos de su acompañante, la entrañable amiga de La Angorrilla. El PSOE, el día de la mujer, se hace con la Alcaldía de Ponferrada gracias a una moción de censura negociada con un acosador sexual. El ex Presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, en la cárcel. El Vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, acusado de pagar en negro a sus empleados, se jacta de deber dinero a la Seguridad Social y a Hacienda. 

IU de Madrid debe más de 1 millón de euros a hacienda al destinar a otros fines las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores. La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras ser imputada por cuatro delitos es homenajeada por la Dirección provincial del PP. El Secretario de Estado de la Seguridad Social falsea su curriculum afirmando ser médico sin serlo, en su ficha del Congreso no aparece la "Declaración de Actividades" ni tampoco "Declaración de Bienes y Rentas" a pesar de las 5 legislaturas que lleva de congresista y no dimite. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano es embargada por no cumplir sus obligaciones tributarias tanto por la Agencia Tributaria, como por la Diputación de Alicante y tampoco dimite. Carmen Vela hace campaña a favor de Rubalcaba y dos meses después es nombrada por Rajoy Secretaria de Estado de Investigación para desprecio de votantes y afiliados del PP. La Generalidad Catalana recorta en Sanidad mientras se gasta 33 millones de euros al año en embajadas ilegales. Desaparecen en 2008 más de 100 kgs. de cocaína de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y todavía no se sabe quienes son los culpables. Más de 1.400 millones de euros desaparecen en los EREs fraudulentos andaluces y no dimite ningún alto cargo andaluz. Jesús Sepúlveda fue contratado en Génova después de tener que dimitir de Alcalde y no se sabe aún quién y por qué le contrató. La  Fundación Ideas pagó 150.000 euros provenientes de subvenciones públicas  a Traducciones Políglota, la empresa de la hermana de Elena Valenciano, Paloma, por unos trabajos que nadie ha especificado en qué consistieron. Mientras falta dinero para el subsidio del paro, se siguen pagando sueldos con dinero público de 900.000 euros al año en Red Eléctrica, de 500.000 euros en bancos rescatados o de 150.000 euros en empresas públicas. Los partidos políticos recibieron en 2012 más de 64 millones de euros para sus gastos de funcionamiento. Urdangarín vendió humo a las administraciones públicas por varios millones de euros y los políticos que lo compraron siguen tan tranquilos. Bárcenas sigue chuleando al PP y éste no responde coordinadamente y con contundencia. La corrupción preocupa cada día más a los españoles según el CIS y el PSOE se abstiene en las resoluciones para combatirla aprobadas en el Congreso por el resto de los grupos parlamentarios. España está plagada de obras públicas millonarias y sin ningún uso y ningún político ha respondido por este despilfarro. Algunas televisiones privadas pagan a delincuentes para entrevistarlos. 

La pensión mínima de jubilación para un trabajador de 65 años es de  8.383,20 euros al año, mientras que Zapatero, tras arruinar al país, simultaneará una pensión vitalicia de 75.000 euros anuales con otros 80.000 euros al año como Consejero de Estado. Los Clubs de fútbol adeudan a Hacienda más de 750 millones de euros y a la seguridad social otros 11 millones. La familia del ex presidente Pujol se benefició durante años de las influencias del padre pero no se debe denunciar porque se podría interpretar como un ataque a Cataluña. El ex ministro socialista Julián García Valverde se va a llevar 335 millones de euros en comisiones por el Ave a La Meca gracias a las gestiones del ex ministro Blanco. Los españoles seguimos pagando la electricidad más cara de Europa. Un escaño por Soria cuesta 47.000 votos mientras que por Madrid 188.000 votos. Desde 2006 España dona a ONU mujeres 178 millones de euros y termina colocando a la ex Ministra Bibiana Aido con un sueldo de 6400 euros mensuales. Ana Mato se gasta 17.000 euros en un informe titulado “gobernando con amor”. El salto de Falete al agua rompe records de audiencia televisiva. Los madrileños sufrieron en 2012 una media de 10 manifestaciones diarias. El Tribunal de Cuentas tarda más de cinco años en fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Con más de 800.000 catalanes en paro, la prioridad de Mas es la independencia… El PSOE en San Sebastián vota a favor de galardonar a uno de los fundadores de ETA. Podría seguir escribiendo páginas y más páginas. ¿Todavía hay alguien que piense que España no necesita una regeneración?

Santiago de Munck Loyola

domingo, 28 de octubre de 2012

Las personas importan, no las banderas.



La historia está repleta de ejemplos de gobernantes que, ante su propia necesidad de supervivencia, han sabido dirigir la atención de sus conciudadanos hacia metas o enemigos imaginarios desviando así la atención de la realidad más próxima y que más les podría perjudicar. Hoy casi todos estamos pendientes del capote independentista que el Sr. Mas está agitando con cierta soltura y nos fijamos en las estrafalarias afirmaciones de su entorno: que si los aviones españoles les amenazan, que si Cervantes y Cristóbal Colón eran catalanes, que si Cataluña perdió 600 años de “autogobierno”… No importa la majadería que suelten, todos entramos al trapo.

Es cierto que hay muchos catalanes, inducidos o convencidos, que sienten que la independencia es su sueño, pero también es cierto que la independencia o no de Cataluña no es el principal problema que ensombrece la vida de millones de catalanes. El Sr. Mas y su partido heredaron una administración arruinada por el tripartito pero ha sido incapaz de poner remedio a dicha herencia y los problemas no han hecho otra cosa que crecer.

Los datos están ahí y no se trata de frías estadísticas sino que detrás de cada número hay personas sufriendo, auténticos dramas familiares que no van a encontrar remedio con el simple debate sobre la independencia. Durante el tercer trimestre de 2012 el paro ha subido en Cataluña en 18.000 personas más, alcanzando un total de 840.000 desempleados, es decir, el 22,56%. Simultáneamente, en el conjunto de España, el paro ha subido en 85.000 personas, un 1,5% más que el trimestre anterior, hasta situarse el número total de desempleados en 5.778.100,  el 25,02%. Mientras discutimos sobre la independencia, Cataluña es una de las comunidades en las que mayores incrementos de parados se han dado en el último año, un 13,26 % más que en el tercer trimestre del año pasado.

En este contexto político, económico y social, en Cataluña el 57% de los ciudadanos lo tienen crudo para llegar a fin de mes, el 39% de las familias no pueden permitirse ni una semana de vacaciones al año y el 12,7% no puede siquiera poner la calefacción. Mientras se inflaman los sentimientos independentistas y se emplea mucho dinero en ello, el número de las familias que viven de alquiler se ha disparado en cinco años (del 14% al 24%). Mientras el Sr. Mas prometía hoy que en una Cataluña independiente bajaría los impuestos resulta que hoy uno de cada tres catalanes está bajo el umbral de la pobreza, más de 2.200.000 pobres. Claro que habrá quién rápidamente argumentará que eso es porque Cataluña entrega al Estado mucho más de lo que recibe y no le importará lo más mínimo que según los últimos datos oficiales es la Comunidad de Madrid la que más dinero ingresa a las arcas del estado, recibiendo a cambio mucho menos que las demás o que Cataluña, por ejemplo.

Muchos economistas han rebatido una y otra vez el manido argumento de la balanza fiscal desfavorable para Cataluña, pero les da igual. Lo de la solidaridad, principio básico en todo estado moderno y rector de la construcción europea, no cuenta para ellos, para los que siendo incapaces de resolver los problemas de la sanidad, la educación, las pensiones o la simple convivencia, buscan en la independencia la tapadera de su ineptitud. Pues gracias a esa solidaridad tan denostada por los independentistas es por la que en Cataluña o en el País Vasco se pueden seguir pagando las pensiones desde el año 2010. Son los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares los que pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña y el País Vasco entre otras regiones de España. Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de18.422 millones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos en pensiones fueron de 19.541 millones.


Pueden seguir agitando el referéndum o la bandera de la independencia pero lo cierto es que mientras tanto los recortes sanitarios han disparado un 42,1% las listas de espera el último año en Cataluña, debido al primer ajuste presupuestario de la historia en este ámbito con un recorte del 10% en sanidad. Y son los ciudadanos, no los políticos, quienes lo pagan. Los políticos siguen en su mundo virtual, dedicando millones de euros a la promoción del independentismo, a sus pseudo embajadas donde sus familiares y amigos están al abrigo del desempleo y de los recortes, alejados del umbral de la pobreza que cada día se hace más grande para el resto.

Ahora más que nunca es cuando se puede medir la talla de cada uno y qué prioridades son las que rigen sus actos. ¿Las personas o las banderas? Cuando el barco hace agua en medio de una tremenda tormenta, pretender salvarse abandonándolo en un bote salvavidas en lugar de contribuir a cerrar las vías de agua y de achicar arrimando el hombro, es posiblemente un tremendo error. Un error que dice muy poco de quienes lo intentan.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 18 de diciembre de 2011

Nuestra clase política vulnera permanentemente la Constitución.

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” dice el artículo 14 de la Constitución Española. Más claro, el agua, ¿verdad? Pues nada, este artículo es una auténtica patraña, una mentira constitucional, papel mojado que sólo sirve para decorar la Constitución. La realidad es muy distinta. En España no existe la igualdad ante la Ley porque la clase política es la primera interesada en que así sea. Y su interés en vulnerar permanentemente este artículo obedece a su deseo de enriquecerse a costa de las arcas públicas. No hay otra explicación posible.

Me ha venido a la cabeza este artículo de la Constitución al conocer las noticias en torno a las magníficas pensiones que el Sr. Bono y el Sr. Rodríguez Zapatero van a recibir una vez que los votantes los han enviado a su casa.

El socialista José Bono, con un patrimonio personal no precisamente escaso, disfrutará de una jubilación durante los próximos dos años como ex presidente del Congreso de los Diputados: percibirá el 80% de su sueldo como presidente, 154.080,48 euros brutos, unos 11.000 euros mensuales, y tendrá, además, derecho a otros privilegios como un asistente y escolta de seguridad a cargo del presupuesto del Congreso durante cuatro años. Cabe preguntarse ¿si ha anunciado que se retira de la política para qué hay que pagarle un asistente? ¿Para que le asista en sus asuntos privados?
Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero tendrá derecho a un sueldo vitalicio y recibirá 84.000 euros anuales, recibirá un segundo sueldo de más de 80.000 euros como consejero nato de Estado y el Estado le pagará además una oficina, secretaria, dos funcionarios -uno de ellos con rango de director general-, seguridad y coche oficial. En su caso no existe incompatibilidad alguna para cobrar simultáneamente una pensión y un sueldo.

Estos casos no son únicos ni excepcionales entre la clase política española pero vienen a poner de relieve, una vez más, el abismo que existe entre los privilegios que la clase política se otorga a si misma a costa del dinero de los contribuyentes y las angustiosas dificultados a las que se ven sometidos estos últimos.
Los españoles no somos iguales ante la Ley, no. Dice el Artículo 14 de la Constitución que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de… cualquier circunstancia personal. Y, sin embargo, aquí vemos como la condición personal, el cese en sus cargos, de estos dos políticos implica una clara discriminación con respecto a los demás ciudadanos españoles.

La dedicación política es un servicio a la comunidad pero nuestra clase política parece entenderlo como servirse de la comunidad. Nuestros dirigentes políticos no están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades para percibir más de un ingreso de las arcas públicas, ni deben cotizar los mismos años que los ciudadanos a los que representan para cobrar una pensión, ni tienen la misma limitación en cuanto a las cuantías máximas de las pensiones, ni cobran el desempleo en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, ni tributan en el IRPF al igual que todos los españoles eludiendo, de forma legal, pagar los impuestos como todo el mundo. En definitiva, nuestros dirigentes políticos se pasan la igualdad ante la Ley por el arco del triunfo. Así de claro, así de evidente y así de irrefutable.
La igualdad ante la Ley no admite matizaciones ni excusas. Es un imperativo ético que nuestra clase política proceda a revisar de forma urgente esta escandalosa violación de la Constitución. Debe hacer autocrítica, pedir perdón a los ciudadanos y acabar de una vez con sus privilegios. Si los parlamentarios pueden tributar en el IRPF como si fueran mileuristas, a pesar de sus ingresos, ¿qué nos impide a los demás, invocando el Art. 14 de la Constitución, hacer lo mismo? Habrá que planteárselo.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 16 de noviembre de 2011

Pobre España pobre.

No hace muchas horas, en los informativos de una cadena de televisión se podían ver unas imágenes en las que aparecían unos ancianos que esperaban a que se sacaran a la calle los contendores de la basura de un restaurante para registrarla y sacar comida para llevarse a casa. Después de coger lo que podían aprovechar, volvían a meter en los cubos la basura que no les servía. No eran éstas las únicas escenas de este estilo que últimamente se han podido ver en las televisiones. Cada vez son más los casos de gente que tiene que buscar en la basura para poder comer. Desempleados y jubilados, gente que hasta no hace mucho podía, con más o menos dificultades llegar a fin de mes, hoy ya no puede hacerlo. Los comedores sociales de Caritas, de esa Iglesia tan denostada por algunos, no dan ya  abasto, se han quedado pequeños. En nuestro país ya hay 1.425.200 familias en las que todos sus miembros están en paro y sin ingresos. El 4,3 por ciento de los españoles con 65 o más años se encuentra en estado de desnutrición y el 25,4 por ciento se halla en riesgo de padecerla. En 2011 más de 100.000 familias perderán su vivienda. Todos los datos estadísticos señalan que hoy muchos más pobres en España que en 2004 y que la brecha entre los ricos, que son más ricos que en 2004, y los pobres se ha agrandado de forma notable. Esta es la realidad que estamos viviendo, la realidad que existe en nuestras calles a pesar de la casi paradisíaca imagen que, salvo excepciones, nuestros medios de comunicación transmiten. Pan y circo para los que aún no les ha tocado la crisis. Entretenimiento, fútbol, chismorreos del corazón y banalidades para huir de una realidad estremecedora.

Que un país como el nuestro permita que muchos de sus ancianos, tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, tengan que rebuscar en la basura para comer no tiene vergüenza. Que una sociedad como la nuestra atiborrada de estandartes y lemas sociales, tan grandilocuentes como huecos, abandone a su suerte a tanta gente no es digna de respeto.

No estamos hablando de cualquier país, no. Estamos hablando de España, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros vecinos o de nosotros mismos. Hemos construido dos mundos, dos realidades diferentes que compartiendo tiempo y espacio se rehúyen. La España oficial, la que se refleja en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la de la clase política y la de una gran parte de la sociedad española, instalada con mayor o menor comodidad, que prefiere mirar a otro lado. Y la España de los comedores sociales, del hambre y el frío, de los desalojos y el abandono que no es escuchada normalmente.

A la primera España pertenece la segunda mayor flota de coches oficiales del mundo porque nuestra clase política no usa su vehículo privado o los medios de transporte público para ir a trabajar, a cumplir sus obligaciones. A la primera España pertenecen los miles de asesores que necesitan nuestros políticos para intentar hacer aquello por los que les pagamos. De esa España forman parte las indemnizaciones millonarias de los banqueros que se embolsan tras vaciar las entidades financieras que tenían a su cargo y que los demás saneamos con nuestros impuestos. A la misma pertenecen las SICAV, las pensiones de oro de los políticos, los dobles y triples sueldos disfrazados y con origen en la caja pública, los privilegios en las pensiones, los más de 100.000 teléfonos móviles pagados con dinero público y sin control de uso alguno, los cientos de millones de euros en subvenciones repartidos entre partidos políticos y sindicatos, los ERES fraudulentos, las obras públicas inútiles que no hay quien mantenga tras su inauguración, los privilegios recaudatorios de la SGAE, los pelotazos urbanísticos, las burbujas inmobiliarias y financieras, las primas de riesgo y su “santa” madre…

Entre una y otra España hay un gran muro, un muro de la vergüenza que es negado e ignorado, pero que ahí está. Y la clase política, en la medida que se afianza, olvida cada vez más una realidad que no le gusta o, lo que es peor, que no conoce. En el fondo, la clase política sólo es un producto, un reflejo de la sociedad que la genera, la encumbra y la tolera. Una sociedad anestesiada e insensible sólo puede generar una clase política igual de anestesiada e insensible.

Hoy mandan los mercados, los especuladores y la clase política hace lo que sea menester para tranquilizarlos. Si hace falta hasta se cambian gobiernos sin que el pueblo vote siquiera. Y si hay que reducir gastos porque no se puede seguir gastando más de lo que se tiene, se empieza siempre aplicando unos retoques cosméticos a cuanto afecta a la propia clase política (ejemplaridad dicen) y se continúa con cirugía de campaña, sin anestesia, para los demás. Y así no se puede seguir por mucho tiempo. Torres más altas han caído.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 23 de enero de 2011

LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE LOS PARLAMENTARIOS: UN PRIMER PASO.


Desde estas páginas se ha venido denunciando la inmoralidad que supone hoy en día el mantenimiento de un privilegiado sistema de pensiones de los parlamentarios mientras se discute la necesidad de reformar el sistema para el resto de los ciudadanos. El mantenimiento de privilegios y prebendas para la clase política resta legitimidad a sus decisiones. Quien no está dispuesto a realizar sacrificios carece de legitimidad para exigirlos a los demás. Ayer, en la Convención del Partido Popular en Sevilla, Mariano Rajoy manifestó lo siguiente: "Vamos a dar la talla, vamos a ser austeros, vamos a dar ejemplo", "y ahora que hay debate sobre pensiones, vamos a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados y senadores y la eliminación de cualquier cosa que suponga un privilegio respecto del resto de los españoles". Hace poco más de un mes, el Partido Popular en el Congreso se opuso, junto a los demás partidos, a una iniciativa de Rosa Díez en este sentido.

Estas declaraciones de Rajoy son una buena noticia. Esta intención de revisar las pensiones y privilegios de los parlamentarios puede ser un paso importante, pero no debería ser el único a dar si lo que se pretende es terminar con unos modos y prácticas de la clase política que la alejan cada día más de la apreciación positiva del conjunto de los ciudadanos. La dedicación política hoy es considerada por muchos más que como un desarrollo vocacional al servicio de los demás, como un medio de vida fácil y enriquecedor. Las prácticas y los hábitos vigentes en nuestra sociedad en torno a la dirección y gestión de la “cosa pública” propicia la proliferación de toda una gigantesca bolsa de militantes partidistas impacientes por aterrizar en los escalones superiores de las administraciones públicas y desde allí usar los recursos disponibles. Sin embargo, la relación entre las burocracias y los gestores de las mismas sería otro tema. Lo relevante ahora es que este anuncio no se quede en un simple retoque de carácter populista, sino que signifique un primer paso hacia un objetivo mucho más ambicioso: la regeneración de la clase política y la ejemplaridad de la misma. No es posible hablar de la regeneración de nuestra democracia sin que, de forma previa, se aborde la necesidad de regeneración de la clase política acabando con las prácticas que la distancian de la normalidad ciudadana.

Y, para ello, propuestas no faltan pues son muchos los privilegios y situaciones anómalas que suponen una afrenta comparativa respecto al conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes. En plena crisis económica y política, la elaboración y aprobación de un Estatuto de los Cargos Políticos sería una saludable iniciativa. Este Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:

- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.

- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.

- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo incompatibilidades con otros ingresos.

- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.

- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.

- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.

- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración.

- Reducir de forma drástica el número de cargos de confianza en todas las administraciones públicas.

- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas.

- Limitar los gastos de representación.

Estas son algunas propuestas que ayudarían a sanear la imagen de la clase política y, por tanto, el funcionamiento de las instituciones democráticas. No se trata de un número cerrado de propuestas y seguramente hay más medidas a añadir en un posible y necesario Estatuto de los Cargos Políticos. Revisar el sistema de las pensiones de los parlamentarios era una exigencia de higiene democrática, pero no es la única y, en todo caso, habrá que ver en qué sentido se aborda esa reforma. Ojala no se trate de un simple anuncio electoralista.

Santiago de Munck Loyola

martes, 18 de enero de 2011

EL SENADO: UNA CÁMARA SIN VERGÜENZA.

Para ser barrendero municipal o peón hay que saber leer y escribir y aprobar una oposición que incluya conocimientos sobre la Constitución. Para ser Alcalde, Diputado, Senador o Ministro no hace falta. Basta que un partido te designe candidato y que resultes elegido en las urnas. Paradojas del sistema. Nuestros representantes no tienen que poseer conocimiento alguno de la gestión y de la administración pública. Parece que las urnas les confieren la suficiente sabiduría para el desempeño del cargo. Lo que no parece que las urnas les otorguen es vergüenza, sensibilidad social o dignidad a la vista del panorama de nuestra nación y del ejercicio que desarrollan de sus tareas institucionales.

En una sociedad como la nuestra en donde hay gente pasando hambre, donde hay personas rebuscando alimentos en los contenedores de basura, donde no hay recursos públicos suficientes para atender con dignidad a miles de personas dependientes, donde hay más de ocho millones de españoles por debajo del umbral de la pobreza, donde los pensionistas y empleados públicos pierden poder adquisitivo un año más, donde más de un millón y medio de familias no tienen ningún ingreso para subsistir o donde más de 100.000 familias se han quedado sin vivienda en el año 2010 por no poder hacer frente a sus hipotecas, por citar sólo algunos datos, resulta que la clase política vive de espaldas a esa realidad y disfruta de privilegios y prebendas derrochando el dinero de los contribuyentes.

Más de 35.000 coches oficiales circulan por nuestras carreteras transportando es esta clase política situando a España en el sexto puesto del mundo en cuanto al número de coches oficiales. De ellos, 1.637 en Extremadura, dato especialmente relevante. Aviones oficiales utilizados por los más altos cargos para usos particulares, como participar en mítines. Ordenadores portátiles para los parlamentarios, como si con sus ingresos no tuviesen suficiente para adquirir uno. Pluralidad de ingresos públicos, privilegios fiscales y pensiones de jubilación de lujo al margen del sistema general para sus señorías. Y, ahora, 350.000 euros anuales para la traducción simultánea de los senadores que quieran utilizar la lengua de su comunidad autónoma en los Plenos de la Cámara. ¡Claro, pobrecitos! Como no tienen que saber leer y escribir para acceder al escaño, seguramente tampoco conocerán algunos de ellos esa lengua que usan 400 millones de personas en el mundo, el español.

En una situación de crisis como ésta, gastar ese dinero en intérpretes y traductores entre un grupo de representantes de los ciudadanos es inmoral, sencillamente impresentable. Podrán esgrimir toda clase de justificaciones políticas para avalar esta decisión, apelar grandilocuentemente a las señas de identidad de su región, etc. pero una cosa es cierta, sus señorías no tienen vergüenza, ni sensibilidad social, ni dignidad. Con esta conducta, el Senado, pretendida Cámara de representación territorial, no es más que un crisol de frívolos irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 12 de enero de 2011

AZNAR Y GONZÁLEZ: IMAGEN DE UNA MISMA CLASE POLÍTICA.


Hace pocas horas ha sido noticia el “fichaje” de José María Aznar como asesor de la compañía eléctrica Endesa por 200.000.- € brutos anuales. Se trata de una nueva actividad del ex Presidente del Gobierno que se viene a añadir a otras actividades privadas que viene desempeñando desde que abandonó el poder en 2004. Hace menos de un mes, otro ex Presidente, Felipe González, era noticia por haber “fichado” por la empresa energética Gas Natural Fenosa, como consejero independiente de la sociedad, percibiendo por ello 126.500 euros brutos anuales. Se trata también de una nueva actividad privada a añadir a otras que viene desempeñando.
Es público que ambos ex Presidentes perciben, gracias a estas actividades privadas, sustanciosos ingresos económicos. Puede ser discutible la conveniencia e idoneidad de algunas de estas actividades, pero desde el punto de vista legal no hay nada reprochable en ellas.

Pero ambos ex Presidentes, al margen de los enormes ingresos económicos generados en sus actividades privadas disfrutan de sendas pensiones vitalicias pagadas por todos los contribuyentes. En el caso de Felipe González su pensión vitalicia es de 90.000 euros brutos anuales. En el caso de José maría Aznar su pensión vitalicia es de 60.000 euros brutos anuales. Ambos tienen secretaria, asistente y escolta personal con cargo a los presupuestos generales del Estado.

También gozan de pensiones vitalicias algunos ex Presidentes autonómicos con cantidades que varían entre los 40.000 y los 90.000 euros brutos anuales.

Cuando estas pensiones vitalicias se perciben en un régimen de absoluta compatibilidad con otros ingresos provenientes del ámbito privado, no queda más remedio que plantearse qué finalidad tienen estas pensiones vitalicias y, sobre todo, qué compatibilidad ética y moral con el conjunto de un sistema de pensiones públicas como el que tenemos.

Es evidente que cuanto más alto sea el puesto desempeñado por un político más fácil es su reincorporación al mercado laboral. Los contactos y la agenda generada en los años de poder abren muchas puertas cerradas para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por tanto, terminada la etapa de gobierno, la concesión de una pensión vitalicia sólo puede ser entendida como una salida para evitar que se inicie una andadura profesional al amparo de las relaciones generadas en los años de gobierno, objetivo, por lo demás, de carácter más que saludable para la higiene democrática. Pero, si no existe incompatibilidad legal alguna entre la percepción de una pensión vitalicia y el ejercicio de actividades profesionales privadas entonces no hay razón alguna que justifique su existencia.

En cuanto al encaje moral y ético de este tipo de pensiones en el sistema público de pensiones no puede haber duda alguna: no existe. Basta para ello comprobar el panorama existente en el país para sostener esta afirmación. El sistema que soporta estas millonarias pensiones vitalicias es el mismo sistema que abona a los ciudadanos pensionistas una media de 874,97 euros al mes, cifra de enero de 2010. Es el mismo sistema que paga una pensión mínima de 587,80 euros al mes y máxima de 2.466 euros al mes. Es el sistema que abona 587,80 euros al mes a las viudas mayores de 65 años. Es el sistema de previsión pública que sólo puede abonar a los pensionistas del SOVI por vejez, invalidez o viudedad 375,70 euros mensuales.

Es el sistema de previsión de un país en el que el 20,8% de la población está por debajo del umbral de pobreza relativa, cifra que en 2009 se situaba en el 19,5%; de un país en el que tres de cada 10 hogares manifiestan llegar a fin de mes “con dificultad” o “mucha dificultad”, según los datos resultantes de la publicación provisional de la ECV del INE que ofrece información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año 2009.

Estas son algunas de las cifras reales que describen el panorama, el estado de una sociedad que, curiosamente, sí tiene recursos para pagar pensiones vitalicias millonarias.

Parece que en estas cuestiones no hay color político, pero sí una clase política que comparte privilegios al margen del estado de la nación. Habrá quien argumente que esto es demagogia y que suprimiendo los privilegios de la clase política no se resuelven los problemas sociales de los ciudadanos. Y puede que sea cierto. Pero es evidente que desde una perspectiva ética y moral, la clase política no puede servirse de los ciudadanos, ni acogerse de forma permanente a privilegios fiscales, económicos y sociales que la aleja de la vida real que sus representados viven. O la clase política empieza a dar ejemplo o habrá que reemplazarla.

Es posible que en un futuro no muy lejano Iberdrola cuente con Zapatero como asesor. Será una excelente señal.


Santiago de Munck Loyola

jueves, 16 de diciembre de 2010

¿REFORMA DE LAS PENSIONES? SÍ, PERO LAS DE LOS POLÍTICOS PRIMERO.

Ayer, 15 de diciembre, se reunió la Comisión del Pacto de Toledo y según apuntan casi todos los medios informativos parece que hay un amplio consenso para introducir dos importantes modificaciones en el actual sistema de pensiones: Por una parte, retrasar la edad de jubilación lo que parece indicar que, si bien no se han atrevido a concretar una edad, es muy posible que se retrase la jubilación hasta los 67 años, por otra, ampliar el período de cotización computable pasando de los 15 años actuales a 20 o 25 años.

Sobre este asunto parece que hay dos cuestiones fuera de toda duda: la necesidad de abordar una reforma del actual sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura y la legalidad y legitimidad política de quienes deben llevar a cabo tal reforma.

Sostengo que nuestros parlamentarios y nuestro gobierno carecen de la legitimidad moral suficiente para abordar esta reforma que implica necesariamente un retroceso en los derechos sociales adquiridos por los ciudadanos. Y ello es así por la sencilla razón de que nuestros políticos están anclados en privilegios que blindan su situación personal en lo relativo a las pensiones, indemnizaciones y subsidios de toda índole una vez que cesan en su actividad pública. Es de cajón que quien no está dispuesto a renunciar a sus privilegios, quien no está dispuesto a asumir sacrificios carece de toda legitimidad moral para exigirlos a los demás. Y eso es precisamente lo que le pasa a la clase política española.

El Art. 14 de la Constitución de 1978 señala que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por su parte, en el Capítulo III, bajo el epígrafe “DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA.”, el Art. 50 determina que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y, en cuanto a los Parlamentarios, el Art. 71 de la C.E. establece la inviolabilidad por sus opiniones y la inmunidad parlamentaria, como únicas diferencias para garantizar el ejercicio de sus funciones. Nada señala nuestra Constitución sobre la existencia de privilegios económicos de los parlamentarios por el ejercicio de su cargo, ni establece un Régimen Especial de previsión social para los mismos. Es evidente que los parlamentarios españoles se ha dado a si mismos un trato especial y diferenciador en materia de pensiones que vulnera directamente el principio constitucional de igualdad y que supone una grave afrenta comparativa con el resto de los ciudadanos, los contribuyentes.

Estos parlamentarios que ahora mismo debaten sobre si nos retrasan o no la jubilación a los demás, pueden jubilarse a los 60 años si han cotizado a la Seguridad Social durante 40. Estos mismos parlamentarios que ahora discuten sobre si nos amplían el período de cálculo para la determinación de la cuantía de la pensión de 15 a 20 o 25 años tienen garantizada la pensión máxima (2.466,20.- €) con 11 años de actividad parlamentaria. Estos mismos parlamentarios son los que tiene regulados toda una serie de disposiciones que permiten complementar, vía Presupuestos públicos, las cantidades necesarias para lograr la pensión máxima en el caso de no contar con los 11 años señalados. Y no son éstos los únicos privilegios con los que cuentan como las indemnizaciones por transición, cuando dejan el escaño, o las indemnizaciones por cese.

Para qué hablar de las indemnizaciones o “pensiones” de cargos públicos como los 129.000.- € anuales del ex - presidente de la Generalidad Catalana, de los ex – presidentes del Gobierno de la Nación o las pensiones e indemnizaciones de los cargos públicos regionales, diputados autonómicos, etc. Estos privilegios económicos de los políticos se justifican siempre o bien aludiendo a la necesaria homologación con los políticos europeos (como si al resto de los ciudadanos ya estuviéramos homologados en cuanto a salarios, pensiones o derechos sociales) o la dificultad de reintegración al mercado laboral una vez terminada la dedicación política. A nadie se le obliga a asumir responsabilidades políticas y ya el propio desempeño de las mismas conlleva suficientes privilegios como para que sea necesario su prolongación una vez concluidas. La dedicación a la política no puede justificar el establecimiento de cómodos colchones de por vida.

Hoy por hoy, nuestros parlamentarios, nuestros gobernantes carecen de autoridad moral, de legitimidad moral para exigir sacrificios al conjunto de los ciudadanos. Es condición indispensable y previa que renuncien a sus privilegios económicos, que hagan realidad el principio constitucional de igualdad ante la Ley y que se sometan al Régimen General en materia de pensiones, indemnizaciones o subsidios al igual que el resto de los ciudadanos. En cualquier tiempo y momento la ejemplaridad es la mejor pedagogía política, pero en tiempos de crisis lo es aún más. Sólo así podrán conseguir que la clase política no sea considerada cada vez más como un problema por parte de la ciudadanía, en lugar de la solución a los problemas que nos agobian.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 5 de noviembre de 2010

DEL DICHO AL HECHO.

La necesidad de proyectar una determinada imagen y unos valores concretos hace que muchos políticos terminen por decir y enunciar cosas en las que realmente no creen o que, ni siquiera, han formado parte de su bagaje intelectual o de sus reflexiones y compromisos personales. Tal es así que leen discursos grandilocuentes, evidentemente redactados por terceros, cargados de nobles ideas y buenos propósitos, pero que realmente no se corresponden con sus convicciones íntimas. Hay que suponer que es así, que no son plenamente conscientes del alcance de sus palabras y que, por tanto, es normal que su acción política no se corresponda con sus palabras e ideas. Porque, de lo contrario, lo que hay que suponer es que son unos auténticos cínicos y que no les importa usar la mentira como instrumento permanente de comunicación.

La decisión del PSOE de vetar las enmiendas de la Oposición en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 para impedir que en el Parlamento se pueda hablar de la congelación de las pensiones constituye una buena prueba de ello. Este veto socialista, escudándose en una interpretación restrictiva y posiblemente fraudulenta del Reglamento del Congreso, tiene por finalidad que ni tan siquiera se pueda discutir o hablar sobre la citada congelación de las pensiones. No se trata ya de que se rechacen las enmiendas destinadas a impedir la congelación, sino de impedir lo más elemental: que se pueda hablar de ello. Si el Congreso de los Diputados, si el Parlamento donde reside la soberanía nacional no es el lugar adecuado para que se discuta sobre ello algo muy profundo quiebra en el sistema democrático.

Hay que recordar lo que José Luis Rodríguez Zapatero manifestó en su discurso de investidura el jueves, 15 de abril de 2004, en el Congreso de los Diputados:

“Estoy decidido a propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su misión fundamental de controlar al Gobierno. Es una cuestión de racionalidad política: en esta Cámara reside la soberanía nacional. Es una cuestión de pedagogía política: un Parlamento anquilosado, prisionero del Gobierno, pierde su condición de referente político para el ciudadano. Es una cuestión de valores políticos: aquí es donde debe concretarse el diálogo y la transacción en una sociedad plural.”

¡Qué abismo entre estas palabras y la decisión de vetar las enmiendas de la Oposición! O simplemente mentía entonces o nunca se enteró de lo que leía. Y, en todo caso, es evidente que el deseo de revitalizar la acción parlamentaria nunca formó parte de su acervo democrático. Felipe González usó sólo una vez el veto. José María Aznar ninguna. Y Zapatero lo ha usado ya 60 veces. Las cifras hablan por sí solas de las convicciones democráticas del Presidente y, sobre todo, de su capacidad de mentir a la sociedad española.

Cada día es mayor la distancia y más acusado el contraste entre sus palabras y sus hechos. Tanto discurso escrito por terceros, tantos cientos de asesores en la Moncloa sólo consiguen evidenciar la profunda vaciedad intelectual del personaje.

Santiago de Munck Loyola