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viernes, 12 de diciembre de 2014

Portal de Transparencia, sueldos públicos y Ley de Retribuciones Públicas.


Para muchos ciudadanos conocer los sueldos de los políticos publicados en el portal de la Transparencia recientemente puesto en marcha ha sido una auténtica sorpresa. Los datos no son nuevos, ya eran públicos pero eran de difícil acceso y no estaban agrupados en ninguna publicación. Pero si hay algo que sorprende es que bastantes medios de comunicación parezcan también “sorprendidos” por esos datos y, sobre todo, por el hecho de que haya centenares de cargos públicos que cobran mucho más de lo que cobra el máximo responsable de lo público, el Presidente del Gobierno. Eso lo sabían o debían saberlo los medios de comunicación pero, por la razón que sea, no  han puesto esta espinosa cuestión hasta ahora sobre el tapete del debate público.

No es difícil imaginarse o mejor dicho soñar con que en una empresa un empleado pueda cobrar dos o tres veces más que el dueño de la misma o que su jefe. La imaginación es libre y soñar lo es aún más. Pero solo es un simple sueño porque en el mundo de la empresa privada es absolutamente imposible que algo así pueda darse. Sin embargo, en este nuestro país, cuando hablamos de lo público, de las administraciones públicas cualquier cosa es posible incluso eso, que los empleados cobren hasta cuatro veces más de lo que cobra su jefe. Y no estamos hablando solo de la Administración del Estado central, sino también de las administraciones autonómicas y locales y, además, de entidades públicas y privadas cuyos ingresos provienen principalmente de la hacienda pública, de subvenciones o ayudas.

Es evidente que existe desde hace muchos años una absoluta anarquía en cuanto a la cuantificación de todas las retribuciones públicas, es decir, de las retribuciones que se pagan el dinero de los contribuyentes y que nadie ha sido capaz o ha tenido la voluntad política suficiente para poner orden y sentido común en este asunto. Desde estas modestas páginas se viene denunciando esta circunstancia desde hace tiempo, sin necesidad de portal alguno de Transparencia. Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.

Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente.

A raíz de las noticias surgidas por la puesta en marcha del Portal de la Transparencia, el líder socialista, Pedro Sánchez, parece que ha encontrado la solución: que todos los cargos públicos se bajen el sueldo por debajo del correspondiente al Presidente del Gobierno. Resulta curioso que el líder socialista sólo sea capaz de lanzar una propuesta cuando saltan las noticias porque, como político profesional, hace tiempo que conocía esta escandalosa situación y nunca ha realizado ni él, ni su partido propuesta alguna para racionalizar el uso del dinero de los contribuyentes. Pero es que, además, su idea es simplista e insuficiente. No se trata sólo de que nadie gane más que el Presidente del Gobierno, sino que hay que evitar caer en la demagogia y el populismo. Seguramente habrá que empezar por asignar a la Presidencia una retribución razonable porque la actual es a todas luces insuficiente y a partir de ella establecer unos baremos hacia abajo que vinculen a las retribuciones de la administración central, de las autonómicas, de las locales y de cualquier entidad que perciba un solo euro proveniente de las arcas públicas. Y eso sólo se puede hacer con la aprobación de una Ley de Retribuciones Públicas, aplicando el concepto de público en el más amplio sentido posible.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 28 de noviembre de 2012

La paga extra para la ONG “políticos sin fronteras”.



A medida que se acercan las fiestas navideñas y se hacen más evidentes las consecuencias de la supresión de la paga extra para los empleados públicos crece la indignación, el cabreo y la impotencia de los afectados. Esta mañana, sin ir más lejos, charlando con dos compañeros la irritación y la indignación eran más que evidentes. El que más y el que menos contaba en su presupuesto personal y familiar con la paga extra y ahora su supresión borra de un plumazo muchas previsiones y desbarata las economías de millones de familias. Como es natural se lanzaban muchas preguntas al aire ¿por qué tienen que pagar los empleados públicos las consecuencias de la mala gestión de los políticos? ¿Por qué se rebaja el sueldo a los empleados públicos año tras año y ahora se elimina además la paga extra mientras que sigue habiendo gente que gana cientos de miles de euros con cargo a los presupuestos públicos? ¿Por qué se consiente que miles de políticos cobren de las arcas públicas más de un sueldo bajo el disfraz de dietas y complementos? ¿Por qué la clase política, responsable de esta crisis, sigue disfrutando de toda clase privilegios? ¿Por qué hay dinero público para rescatar a los bancos y no lo hay para pagar con justicia el trabajo de los empleados públicos? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que ayudar a los bancos hundidos por la pésima gestión consentida por los gobernantes? ¿En qué clase de país vivimos que unos empleados públicos se quedan sen paga y otros no según el territorio? La lista de preguntas era muy larga y el dedo acusador señalaba como culpable, curiosamente, al actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De poco valía intentar explicar que no era así porque el afectado sólo ve al que ha suprimido, en este caso, la paga extra y no ha quien nos ha conducido hasta aquí.

No me cabe la más mínima duda de que la supresión de la paga extra a los empleados públicos es profundamente injusta, sobre todo, porque no va acompañada de un sacrificio similar para toda la clase política cuya ejemplaridad vuelve a brillar por su ausencia. No basta con que los políticos hayan decidido aparentar ser solidarios prescindiendo ellos también de dicha retribución. No basta porque siguen conservando toda una clase de privilegios que se han otorgado ellos a si mismos tales como ventajas fiscales para los parlamentarios, coches oficiales, pagos en especie de toda clase, viajes gratis, comidas subvencionadas, cotizaciones privilegiadas para el cobro de sus pensiones, indemnizaciones injustas, percepciones retributivas públicas simultáneas de diferentes administraciones o empresas públicas, cuantías salariales inmorales e injustificables y todo un largo etcétera que define y caracteriza perfectamente la existencia de una casta superior que impone sacrificios a los demás mientras mantiene casi intacto su estatus. ¿Con qué cara se puede pedir a un empleado público que asuma este sacrificio mientras esa clase política permite que con dinero público se paguen sueldos de 100.000, 180.000, 750.000 ó 900.000 euros anuales? Porque estas cifras son ciertas y reales. No se trata sólo de sueldos de alcaldes o presidentes de comunidades autónomas, sino también de todos esos miembros de la casta partidista colocada en empresas públicas o en cajas y bancos sostenidos con ayudas públicas que se asignan tan estimulantes salarios. Ésa es una realidad incuestionable que ni éste ni ningún otro gobierno ha querido o ha podido abordar. Y que no nos cuenten que esas retribuciones tienen su justificación en las altas responsabilidades que sus trabajos conllevan porque es un cuento chino. Más responsabilidad tiene el Presidente del Gobierno o el Ministro de Hacienda y ganan diez veces menos que el Presidente de Bankia, entidad nacionalizada a la que van a parar miles de millones de euros públicos. Y para responsabilidad de verdad la de cualquier cirujano de la seguridad social, por poner un ejemplo, al que se le rebaja el sueldo y se le quita la paga extra en nombre de una austeridad y una solidaridad que en el fondo sirve también para que los intocables de la política se sigan forrando en nombre de España o de su sagrada autonomía.

¿No estábamos en la Champions League de las economías según Zapatero? ¿No teníamos el sistema financiero más sólido de Europa según este nefasto personaje? ¿No afirmaba sin el más mínimo rubor que hasta los franceses nos envidiaban? ¿No decía que esto no era una crisis sino unos simples desajustes temporales? ¿Y los brotes verdes? ¿Se los comió o se los fumó? Nada de nada. Y por dejarnos semejante herencia, en lugar de comparecer ante la justicia como en Islandia, ahí está, tan ricamente, cobrando 6.000 euros limpios al mes a costa de los españoles. Y como él muchos otros, todos tan tranquilos, sus cómplices sindicales y empresariales, sus palmeros subvencionados,  sus socios políticos y todos los que por acción u omisión nos han traído hasta aquí. Él fue el médico que no supo diagnosticar ni tratar adecuadamente la infección y ahora Rajoy es el médico que tiene que amputar y, por eso, se lleva la ira y el odio del paciente, entre otras cosas, porque no explica claramente  el parte médico. Una vez más, los fallos en comunicación son mortales.

Eliminar la paga de los empleados públicos es una chapuza con consecuencias inevitables en la caída del consumo y en la recaudación del IVA. Es un parche, un tratamiento sintomático poco eficaz porque sigue sin abordarse un tratamiento radical, ejemplar y profundo del uso del resto del dinero público que sigue siendo derrochado a manos llenas por una buena parte de la clase política, siempre instalada en el País de las Maravillas.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 5 de noviembre de 2012

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.



Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende "cambiar la ley", porque "trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos". Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que "hay que diferenciar" entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den "un tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público" y que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago" para "limitar la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación". Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 27 de septiembre de 2012

Recortes para todos o para nadie: por una Ley sobre Retribuciones Públicas.



Uno corre el riesgo de que le llamen pesado por insistir, desde estas páginas, en la necesidad de que el Gobierno tome ciertas medidas para ayudar a salir de la crisis, pero la coincidencia en la publicación de algunas noticias no deja otra alternativa. Es el caso de la propuesta desde aquí formulada de aprobar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Es cierto que una Ley como ésta sólo constituiría una gota en el inmenso vaso de la crisis y del gasto público, pero sería, sin ninguna duda, una Ley ejemplarizante y absolutamente solidaria con unos ciudadanos hartos de recortes y cada vez más distanciados de los únicos culpables de la situación actual, la clase política española sin distinción de siglas o colores. Y no hay más que echar un vistazo a la calle estos días para comprobar ese distanciamiento. Que una gran parte de la sociedad no se movilice puede que sea porque no se identifique con los convocantes o con los métodos elegidos para manifestar la repulsa por esta situación, pero el “cabreo” está ahí.

El pasado mes de agosto, el Ministro de Economía, el inefable De Guindos, declaraba que existía poco margen para más recortes. Hoy, hemos desayunado con la noticia de que 3.000.000 de españoles van a perder, por tercer año consecutivo, parte de su poder adquisitivo porque el Gobierno vuelve a congelar los salarios de los empleados públicos, espoleando con ello la caída del consumo y generando con ello más paro y gasto social. Es decir, que lo que se ahorra con la congelación se lo va a tener que gastar en prestaciones sociales. Es lo que se dice “desnudar a un santo para vestir a otro”.

Y ayer, sin ir más lejos, se hicieron públicos los salarios del presidente y del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y que alcanzaron en el último ejercicio los 149.325 euros al año cada uno, el doble de lo que se le asigna al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los otros dos consejeros que tuvieron una remuneración anual completa, Luis Pedroche, destituido como director de la Agencia Tributaria en 2008, y Ana Isabel Fernández, persona vinculada al antiguo presidente y al PSOE, se metieron al bolsillo 129.604 euros cada uno. Por su parte, los 21 directivos del regulador que trabajaron todo el año cobraron una nómina media de 132.300 euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad, fundado en 1988, encargado de la supervisión de los mercados de valores en España. Es decir, que los jefes de los directivos de este organismo público son el Ministro de Economía y el Presidente del Gobierno. ¿Tiene alguna lógica que los empleados ganen el doble que los Jefes? ¿Ocurre algo similar en el ámbito de la empresa privada? ¿Es lógico o decente que se recorte el sueldo a un empleado público mileurista mientras que estos “servidores públicos” gozan de semejantes salarios? Habría quien lo vea bien alegando que desempeñan puestos de gran responsabilidad. ¡Ya! ¿Y no tiene más responsabilidad el Presidente del Gobierno? ¿Y un cirujano de la Seguridad Social?

Pues bien, al igual que estos señores de la CNMV hay en España miles de Directivos con retribuciones pagadas por los contribuyentes que superan en mucho las del Jefe de todos, las del Presidente del Gobierno. Esta situación ni es lógica, ni es decente. Aquí tiene el Sr. De Guindos un excelente margen para recortes, aunque en muchos casos tenga que recortar a sus amigos.

¿Y cómo puede hacerlo? Pues aquí tiene una propuesta: aprobando una Ley sobre Retribuciones con origen en Fondos Públicos. Tendría que ser una Ley de ámbito estatal. Una Ley aplicable a todas las administraciones públicas, a las empresas públicas y a las empresas privadas y entidades financieras que se beneficien de cualquier ayuda pública directa o indirecta sea cual sea su forma. Se trataría de una Ley que estableciese en los casos citados los límites salariales a percibir bajo cualquier forma y cuyo tope se estableciese en función de la retribución del Presidente del Gobierno. Con ella podría impedirse que un Alcalde o un Presidente de una Comunidad Autónoma cobre más que el Presidente del Gobierno, se podría impedir que los directivos de entidades financieras que reciben ayudas públicas, dinero de los contribuyentes, sigan cobrando los sueldos astronómicos que están percibiendo. Y al que no le interese que se vaya al sector privado que siempre habrá candidatos a sucederle y seguramente con más méritos si en lugar de las afinidades políticas o las amistades se usa el mérito profesional y la capacidad para realizar tales nombramientos. Ya está bien de exprimir al contribuyente mientras algunos se van de rositas con el dinero de todos, el que nos detraen de las nóminas y los impuestos. Si no hay ejemplaridad, habrá que pensar en romper la baraja.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 3 de septiembre de 2012

Las retribuciones con dinero público: ni justas, ni equitativas.



La grave crisis que atraviesa nuestra Nación genera incesantes noticias a diario. La prima de riesgo, la Bolsa, los recortes, los rescates, el desempleo o los desahucios se han convertido en los protagonistas informativos y en una fuente de preocupación permanente para los españoles. Esta impresionante crisis o recesión, que hace dos años era tan sólo una desaceleración para los socialistas y sindicatos, se está llevando todo por delante y está obligando al Gobierno Popular a hacer recortes y auténticas podas, aunque prefieran hablar de ajustes. Por cierto, si hay una característica que une a la clase política, sea del color que sea, es su afición a pervertir el lenguaje, a utilizar eufemismos para suavizar sus acciones e hipérboles para definir las del adversario.

Ayer, el Diario ABC ofrecía en sus páginas una entrevista realizada al Presidente Rajoy. Preguntado sobre los sacrificios impuestos a los ciudadanos, el Presidente manifestaba que “estamos intentando ser justos y equitativos a la hora de repartir los esfuerzos”. Reflexionando sobre ello y sobre la realidad que los ciudadanos sentimos en nuestras vidas diarias, se puede pensar que el Gobierno efectivamente lo está intentando, pero sin conseguirlo. Lo cierto es que los esfuerzos y sacrificios no se están distribuyendo de una forma justa y equitativa y hay muchos ejemplos que pueden ilustrar esta afirmación. La justicia y la equidad de las medidas adoptadas, de los recortes que se están produciendo, no están a la altura del programa y de los principios ideológicos del Partido que sustenta al Gobierno, ni por supuesto, de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hace tan sólo ocho meses, en el mes de enero, en otra entrevista al Presidente Rajoy afirmó que había optado por incrementar el IRPF porque era más justo y equitativo, quien más tenía debía contribuir más, que incrementar el IVA, que supondría un aumento indiscriminado de la imposición, igual para ricos que pobres al no considerar el nivel de renta. Y ¿ahora qué? ¿En qué quedamos?

A ninguno nos gusta que nos suban los impuestos o que nos recorten el sueldo año tras año, como en el caso de los empleados públicos, pero nos gusta aún menos cuando constatamos que las cargas que se nos imponen para salir de esta crisis no se distribuyen con justicia y equidad. Y voy a referirme a un aspecto que ya he mencionado en varias ocasiones en estas páginas pero que ilustra, como pocos, la posibilidad real de redistribuir mejor y de forma más justa las cargas de la crisis. Me refiero al uso del dinero público, del dinero de los contribuyentes, a la hora de pagar salarios.

Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.

Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente. Es inaceptable, por ejemplo, que una empresa que acude a un ERE y concierta jubilaciones anticipadas que tienen un elevado coste para las arcas públicas, no sólo siga repartiendo beneficios entre sus accionistas, sino que además mantenga retribuciones multimillonarias entre sus directivos.

Hay quien justifica esta situación sosteniendo que estas retribuciones son necesarias en el sector público para captar a los mejores gestores que, en caso contrario, podrían marcharse al sector privado. Pues bien, este argumento no es válido. Primero, porque todos sabemos que la mayoría de los directivos de empresas públicas no llegan al puesto por ser los mejores en su ramo, sino porque son poseedores de un carnet político y tienen un buen padrino. Y en el ámbito público los méritos y la capacidad se miden conforme a la Ley. Otros justifican esos sueldos por la “enorme responsabilidad” que su desempeño conlleva. Ya. Y el funcionario “cirujano” en cuyas manos ponemos nuestra vida ¿no tiene una enorme responsabilidad?  Y el funcionario “profesor” en cuyas manos ponemos la educación de nuestros hijos ¿no tiene también una enorme responsabilidad? Pues seguramente tienen una responsabilidad mucho mayor que la de esos directivos y cargos públicos y, sin embargo, su sueldo está perfectamente regulado y limitado año tras año. Y lo que es peor, perfectamente recortado (o ajustado) año tras año también. Que un directivo de una Caja de Ahorros arruinada pueda cobrar 500.000 euros anuales apelando a la responsabilidad que ello conlleva mientras que un médico no pase de 50 ó 60.000 euros al año, no tiene nombre.

Por ello, cuando se constata que a los empleados públicos, gobierne quien gobierne, es a los primeros a los que se les pide e imponen sacrificios, porque su salario lo pagamos todos, mientras que a los directivos de empresas y entes públicos y a los de empresas privadas y entidades financieras fracasadas no sólo no se les exige lo mismo sino que, además, se les mantiene en un plano salarial privilegiado, aunque su sueldo también lo paguemos todos, surge la indignación y la exigencia de una política de austeridad más justa y más equitativa.

Hace falta ya una Ley sobre retribuciones con fondos públicos. Una Ley que afecte a todos cuantos perciban un salario con origen directo o indirecto en la hacienda pública, sea en el sector público o en el sector privado Un Ley que establezca unas tablas salariales como las que se aplican a los empleados públicos y que impida que, con cargo al dinero de los contribuyentes, nadie cobre un euro más que el Presidente del Gobierno. Así, cuando se habla de justicia y equidad en el reparto de las cargas de la crisis no habría tanto hueco para la incredulidad y el escepticismo.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 23 de agosto de 2012

¡Pobres banqueros! Sólo 500.000 € anuales de sueldo.



Mucho se ha hablado y escrito estos últimos días primero sobre la continuidad de la prestación de 400 € y después sobre su alcance y requisitos para su percepción. El Sr. Floriano, Portavoz Popular, hacía públicas sus reflexiones sobre la conveniencia de su concesión a desempleados que se ven obligados a vivir con la familia sin tener en cuenta la capacidad económica de dicha familia. Otros dirigentes gubernamentales han insistido en la conveniencia  o en la necesidad de vincular esta prestación de subsistencia a la consecución de un empleo. En fin, que como no hay dinero público se está mirando con lupa los pormenores y detalles de esta prestación excepcional que, por regla general, constituye para muchos ciudadanos el último y escaso salvavidas en medio de esta desoladora crisis económica.

Hoy hemos conocido que el Ejecutivo va a aprovechar la nueva norma sobre reestructuración y liquidación de entidades financieras con problemas para recortar otra vez las retribuciones de los directivos de bancos que perciben dinero público. Ya en febrero el Gobierno fijó el límite para la retribución fija anual, por todos los conceptos, de los directivos y consejeros con funciones ejecutivas, en 600.000 €, cifra nada desdeñable. Ahora se pretende rebajar esta cantidad en 100.000 € anuales y establecer el tope salarial en 500.000 €.

Hay que reconocer que se trata del primer Gobierno que se atreve a recortar los sueldos de los directivos de las entidades financieras que perciben ayudas públicas y que las rebajas impuestas son notables, pero no queda más remedio que preguntarse si esto es suficiente y, sobre todo, se esta decisión se moralmente aceptable cuando se está hablando de retribuciones que provienen de ayudas públicas, del dinero público que sale del bolsillo de los contribuyentes.

Es evidente que hay dos varas de medir a la hora de regular el uso salarial del dinero público y contrasta enormemente la minuciosidad y la preocupación de algunos dirigentes políticos a la hora de abordar la concesión de una prestación de subsistencia como la de los 400 € con su silencio y magnanimidad a la hora de regular las retribuciones de los directivos financieros que perciben dinero público para sostener las entidades bancarias que dirigen.

Ya en otras ocasiones desde estas mismas páginas se han puesto de relieve las anomalías que se detectan en el uso salarial del dinero público en nuestro país. Mientras que no hay dinero público para pagar, por ejemplo, la extra de Navidad a los empleados públicos o para extender la prestación de 400 €, resulta que sí hay dinero público para pagar retribuciones como las que aquí se detallan:

- Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.
- Consejeros de Red Eléctrica Española: 1 consejero con 899.000 euros al año, 5 consejeros con 182.000 euros al año,  3 consejeros con 153.000 euros al año, 1 consejero con 170.000 euros al año,  1 consejeros con 165.000 euros al año.
- ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.
- FEVE: director general 96.196,58 euros.
- Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € al mes como ex Presidente.
- RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.
- El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales.
- El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.
- Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.
- El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.
- Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.
- Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.
- Y cuando entre en vigor la nueva reforma, los directivos de las entidades financieras intervenidas sólo podrán cobrar, los pobrecitos, 500.000 € al año. ¿Y no se cuestiona el Sr. Floriano que cobren 500.000 € al año sin considerar la renta familiar?

En una situación económica como la de nuestro país el destino retributivo del dinero público no puede tener tratamientos tan dispares ni tan injustos. El dinero usado para las anteriores retribuciones nace en todo o en gran parte de los contribuyentes y debería, por tanto, ser usado con criterios públicos y objetivos. Es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas, las retribuciones no deberían establecerse siguiendo las mismas normas que rigen en la Administración Pública y, por tanto, no deberían superar las máximas retribuciones que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público.

El punto de partida es fácil de encontrar: nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. No es posible ni tolerable que los más débiles sigan siendo “los castigados” por la crisis. En vez de tanta “reforma” sectorial, de tanto parche legislativo, el Gobierno debería de una vez abordar una reforma global de los sistema retributivos cuando está por medio el dinero público y, para ello, debería elaborar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia. Que haya dinero público para pagar sueldos de 500.000 € anuales a los directivos de los bancos intervenidos y que no lo haya para abonar la paga extra de los empleados públicos o los 400 € no lo entiende nadie.

Santiago de Munck Loyola