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domingo, 17 de diciembre de 2017

Vicente García Saiz: de víctima en el aeropuerto a verdugo en el ayuntamiento.


¡Que cosas tiene la vida! Como sabéis mis amigos desde hace dos años estoy sufriendo acoso laboral por parte del Concejal de Personal del Ayuntamiento de Monforte del Cid, Vicente García Saiz, y de la alcaldesa de IU, que se ha traducido en graves daños en mi salud y en mi economía.

Pues bien, os invito a que leáis la noticia adjunta publicada hoy en el Diario El Mundo. Resulta que el acosador Vicente García Saiz, concejal de personal por el PSOE, cuyo trato despótico, arbitrario y chulesco lo sufre una buena parte de los empleados municipales y cuyo acoso laboral no se ha limitado a mi persona, sino que se ha hecho extensivo a amigos compañeros del Ayuntamiento, denuncia que él lleva un año sufriendo acoso laboral en su trabajo, en el aeropuerto de Alicante. 

Hay que ser cínico y jeta. Hay que carecer de vergüenza para denunciar que le están acosando. ¿Puede alguien creer que una verdadera víctima de acoso laboral se dedique a acosar a otras personas? Si este sujeto de verdad hubiera sufrido acoso laboral sabría el daño personal y familiar tan profundo que ello conlleva porque lo habría sufrido en sus propias carnes y no se lo infligiría a nadie como ya lleva dos años haciendo. La conclusión es evidente: o bien miente o bien es una persona auténticamente mala.

He aquí la noticia. Va de pobre víctima, cuando la realidad, y son muchos los testimonios que así lo confirman, que actúa de verdugo sin principios cuando actúa de concejal de persona. Una joya: difamador, acosador, homófobo, etc.

sábado, 16 de diciembre de 2017

CONSTITUIDO EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA.

16-12-2017.
COMUNICADO.

CONSTITUIDO EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA.

Hoy, 16 de diciembre de 2017, se ha celebrado en Monforte del Cid el congreso constituyente del partido Esperanza Ciudadana. Los afiliados asistentes han procedido a modificar los Estatutos provisionales del partido así como el Ideario del mismo reforzando su orientación netamente alicantinista y autonomista frente a la constante marginación de la provincia de Alicante tanto por el centralismo valenciano como de la administración del estado. La modificación estatutaria más significativa ha sido el cambio de nombre del partido que pasa a denominarse Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana.

En el Ideario aprobado en la ponencia política se destaca que “Mientras que el PIB de nuestra Provincia se sitúa en el 5º puesto de España, la renta media de los alicantinos se sitúa en el puesto 40 con 18.148 euros, un 20 % por debajo de la media nacional que es de 22.766 euros. Los representantes políticos de la provincia en la Generalidad Valenciana o en las Cortes españolas no vienen actuando como representantes y defensores de los intereses de los ciudadanos alicantinos, sino de los partidos que los han incluidos en las listas electorales y a los que deben sus puestos. A ello hay que añadir que el anexionismo y el independentismo catalán se han infiltrado y contaminado las instituciones valencianas cuya gestión depende de fuerzas políticas claramente proclives al pancatalanismo. A la discriminación económica permanente que sufre la Provincia de Alicante ahora hay que sumar los continuos ataques a su singularidad como provincia española, con identidad propia, plural y leal al proyecto constitucional”. En dicho documento se señala también que “No existe ni una sola razón que justifique que los alicantinos no puedan decidir en su tierra lo que a la misma afecta y que, por el contrario, se deba decidir en Valencia. Alicante tiene identidad propia, personalidad, territorio, economía y medios humanos suficientemente capacitados como para poder ejercer su autonomía y hasta el nivel que desee dentro de los límites de la Constitución”.

Entre otras muchas propuestas aprobadas el Partido Alicantino Regionalista propone:

- Promover la constitución de la Provincia de Alicante como Comunidad Autónoma Uniprovincial de modo que recupere su propia identidad, reciba financiación para su desarrollo de forma autónoma, asuma sólo aquellas competencias que se considere imprescindibles para su desarrollo económico y social, elimine el peso de una administración pública (la Generalidad Valenciana) sobre los ciudadanos transformando a la Diputación provincial en el Gobierno Regional y en definitiva entregue a los alicantinos la capacidad de decisión sobre los asuntos que a ellos únicamente competen.
- Reivindicar de forma permanente y mientras no se alcance ese objetivo un tratamiento presupuestario del Estado y de la Generalidad Valenciana para la Provincia de Alicante basado en principios de equidad y solidaridad.
- Promover la reforma constitucional para reorganizar el Estado sobre la base de su configuración fundamentalmente provincial y, en su caso, impulsar la reorganización de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas desde la premisa de la unidad de España, eliminando las duplicidades y haciendo realidad los principios de igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre la población de los diferentes territorios de modo que la Justicia, la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales sean iguales para todos los españoles.

Por último, los afiliados han procedido a la elección del Comité de Dirección del partido que estará presidio por Santiago de Munck Loyola y cuya Secretaría General será desempeñada por Manuel García-Serna Colomina.


jueves, 14 de diciembre de 2017

Relato de una purga ideológica en Monforte del Cid (Capítulo 8).

Desde el pasado mes de enero no había vuelto a publicar nada sobre el proceso de acoso laboral al que estoy siendo sometido por parte de la Alcaldesa comunista de Monforte del Cid, Mª Dolores Berenguer Belló, y el concejal de Personal, el socialista Vicente García Saiz, con la inestimable colaboración activa o, en su caso, pasiva del resto de concejales del Gobierno tripartito socialcomunista y de algún que otro funcionario. Llevo ahora varios meses de baja, desde el 15 de septiembre, como consecuencia de los graves daños en mi salud que las cacicadas de estos sujetos me han ocasionado, pero he decidido retomar el relato y dejar así constancia de la catadura moral de esta pandilla.

Lo cierto y así podrá deducirlo el lector es que nunca había llegado tan bajo el nivel ético y moral de la Alcaldía y del Gobierno Municipal de Monforte del Cid, como tan poco había llegado tan alto el nivel de incompetencia jurídica de los funcionarios y colaboradores jurídicos externos  que colaboran activamente en este proceso delictivo de acoso laboral y moral contra un empleado público. 

Hacía mención en el último capítulo a un desagradable incidente que retrata perfectamente la catadura moral de su protagonista, el concejal de personal Vicente García Saiz, un sujeto que ha conducido al PSOE de Monforte del Cid a los peores resultados electorales de su historia, y que gestiona la concejalía de personal con la misma sensibilidad social que un borracho un automóvil. Pues bien, este individuo que, por cierto, se ha quedado con mis efectos personales que no me ha devuelto desde hace dos años y que estaban en el despacho que él ahora ocupa (dinero, un bolígrafo de oro, cartas, nóminas, declaración de la renta, etc.), el 26 de noviembre de 2016, vaso de cubata en mano y en presencia de varios testigos entre los que se encontraba el Concejal de IU D. Juan Manuel Sabater Requena y el empresario D. José Francisco Martínez Vicente manifestó, en el Pub “Baboluba” de Monforte del Cid, entre otras cosas, lo siguiente:

-              Que estaba harto de Santiago de Munck, que a él como concejal podrían inhabilitarle pero que no le preocupaba pues él vivía de su sueldo en el aeropuerto, pero que como Santiago de Munck vivía solo de su sueldo de funcionario iba a hacer todo lo posible para echarle del Ayuntamiento y que se quedase sin su medio de vida.
-              Que iba a actuar igualmente contra amigo de Santiago de Munck, el funcionario D. Christian Berná García, quien extrañamente a su parecer tenía casa, coche y moto porque o bien el Sr. de Munck le pagaba la hipoteca o era traficante de drogas y que le iba a enviarle una inspección de hacienda.

El día 1 de diciembre de 2016, uno de los testigos de las afirmaciones del lenguaraz concejal, el empresario  D. José Francisco Martínez Vicente vino a verme al Ayuntamiento y me relató detalladamente dicha conversación y posteriormente se la relató también al otro funcionario objeto de las fijaciones del inefable concejal socialista y, no se ría el lector, sindicalista, de la UGT para más señas, en el aeropuerto de Alicante donde, por cierto, su cuestionada fama le precede. Ese mismo día se lo comuniqué al asesor de la Alcaldesa D. Francisco José Lifante, dada la posibilidad de que al día siguiente pudiera surgir algún desagradable incidente, ya que se estaba rifando un guantazo y alguien ya tenía todas las papeletas para ser el agraciado.

Al día siguiente, la Alcaldesa y el asesor de Alcaldía nos comunicaron a los afectados por las calumnias e injurias del acomplejado concejal, que por cierto se escondió y no apareció por el Ayuntamiento, que habían comprobado la veracidad de los hechos, nos pidieron que tuviéramos calma y nos dijeron que, en cuanto pasasen las fiestas patronales que se celebraban en la primera quincena de diciembre, se reuniría el pacto de gobierno para tratar el asunto y adoptar en su caso las medidas a que hubiere lugar. ¿El resultado? Ni caso. A la Alcaldesa le importa un rábano la verdad y la justicia, al fin y al cabo, gobierna gracias al voto del PSOE y de los tránsfugas de Ciudadanos y su sueldo depende de ellos, así que sus lentejas están por encima de cualquier principio ético.

En perfecta consonancia con lo anterior, el 24 de abril, el Concejal de Personal Sr. Vicente García Saiz y la Concejala tránsfuga, Sra. De las Nieves Alberola, esposa del funcionario interino Sr. Vicente Boyer, redactaron sendas solicitudes para que una auditoría externa procediese a examinar el proceso de selección y nombramiento del Técnico de Administración General del año 2008, de mi plaza. Y el 7 de septiembre los concejales de IU, PSOE y los tránsfugas aprobaron un acuerdo para revisar de oficio el acuerdo de convocatoria, selección y provisión puesto de Técnico de Administración General y poder, así, anular mi nombramiento y echarme de mi puesto de trabajo.

Resulta más que pintoresco y denota su nivel intelectual el hecho de que la Concejala tránsfuga, Sra. De las Nieves Alberola, promoviese esa revisión, alegando que había defectos formales en el proceso de selección en el que participé para ganar la plaza, sabiendo o debiendo saber que en el caso de su propio marido, el funcionario interino Sr. Vicente Boyer, ni siquiera hubo proceso de selección y que, por tanto, deberá perder su empleo de forma inmediata, salvo que alguien quiera seguir prevaricando.

Y, hay más, hay mucho más para contar sobre los métodos, enjuagues y chanchullos de esta cuadrilla que envuelta en la bandera de la izquierda no tiene ningún reparo en chapotear en las heces del sectarismo, el revanchismo y el odio ideológico con más rancio abolengo. Y lo voy a seguir contando.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 15 de noviembre de 2017

LA ALCALDESA DE MONFORTE DEL CID FALSIFICA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

14-11-2017
NOTA DE PRENSA.

Por segundo año consecutivo, la Alcaldesa de Monforte del Cid y Concejala de Hacienda, Mª Dolores Berenguer Belló, ha ordenado la publicación en el Boletin Oficial de la Provincia el Presupuesto General del Ayuntamiento alterando ilegalmente las cifras aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación.

El Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid celebrado el 28 de abril de 2017 aprobó inicialmente el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y la plantilla del personal. El 5-5-2017, en el BOP de Alicante nº 84, se publicó el anuncio de exposición pública por 15 días para la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado ninguna alegación, la Alcaldesa dispuso la publicación de la aprobación definitiva lo que tuvo lugar en el BOP de Alicante nº 104 de 2-6-2017. Sin embargo, sin acuerdo plenario alguno, la Alcaldesa dispuso la publicación de una plantilla donde se alteraron las cuantías de complemento específico asignadas a los administrativos, introduciendo una diferencia de 3.500 euros respecto a lo aprobado por el Pleno.

Se da la circunstancia de que ya el año pasado, la Alcaldesa de Monforte del Cid hizo lo mismo con la publicación del presupuesto de 2016. El 21 de junio de 2016 en el BOP de Alicante nº 118, sin que se hubiese celebrado un Pleno para proceder a modificar el texto inicialmente aprobado, la Alcaldesa ordenó publicar la aprobación definitiva del presupuesto alterando 12 partidas presupuestarias de la plantilla de personal con respecto al texto que el Pleno había aprobado el 19 de mayo. Dichas modificaciones no constituían ningún error material y habían sido previamente señaladas por el CSIF y cuya corrección, en todo caso, habría correspondido al propio Pleno antes de la publicación.

Dichas actuaciones de la Alcaldesa y de los funcionarios responsables han sido objeto de sendas denuncias ante la fiscalía provincial de Alicante.


viernes, 27 de octubre de 2017

El Gobierno tripartito de Monforte del Cid acumula en 2 años 7 Recomendaciones del Síndic de Greuges para que deje de incumplir la Ley.

25-10-2017.
NOTA DE PRENSA.

El Gobierno tripartito de Monforte del Cid acumula en 2 años 7 Recomendaciones del Síndic de Greuges para que deje de incumplir la Ley.

El Gobierno tripartito de Monforte del Cid compuesto por IU, PSOE y tránsfugas de C’s, presidido por Mª Dolores Berenguer Belló, acumula en poco más de dos años siete “Recomendaciones” del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana recordándole cuáles son sus obligaciones legales e instándole reiteradamente a cumplir la Ley. Algunas de estas Recomendaciones del Síndic, no contestadas por la Alcaldesa y consiguientemente no aceptadas, ya han sido publicadas en la página oficial del Síndic de Greuges y se dará cuenta de las mismas a las Cortes Valencianas en el informe anual de esta Institución.

De forma reiterada el Síndic de Greuges recuerda a la Alcaldesa de Monforte del Cid, Mª Dolores Berenguer Belló, que tiene la obligación de cumplir con las normas que rigen los procedimientos administrativos, que está obligada a responder a los escritos de los ciudadanos resolviendo expresamente los procedimientos administrativos y que debe respetar el libre ejercicio de los derechos sindicales proporcionando la información necesaria para que los representantes sindicales puedan ejercer sus funciones.

Es la primera vez, desde la creación de la Sindicatura de Agravios, que el Ayuntamiento de Monforte del Cid es amonestado por esta institución y esta circunstancia pone de manifiesto la falta de transparencia y la arbitrariedad que impera en el Ayuntamiento monfortino desde el acceso al Gobierno Municipal de comunistas, socialistas y tránsfugas.

jueves, 26 de octubre de 2017

Unidos Podemos contra la soberanía de los españoles.

Puede que sea deformación profesional, pero cada vez que escucho a determinados políticos hablar sobre “diálogo” con los independentistas o proponer como solución al problema del secesionismo la celebración de un referéndum “pactado y legal” o reformar la propia Constitución, no salgo de mi asombro. Todo el mundo sabe que cuando los independentistas hablan de diálogo éste se circunscribe a “su libro”, es decir, los independentistas sólo quieren dialogar para fijar cuándo se rompe España y con las mayores ventajas económicas para ellos. No quieren entrar en otro tipo de diálogo dentro del marco constitucional. Eso pertenece al pasado cuando el diálogo consistía en dame más, dame más y dame más. Ahora es distinto. Lo quieren todo, son los atracadores de un banco, atrincherados en el mismo con rehenes, rodeados por la Policía y su negociación no es tal, sino la imposición de sus exigencias: “nos vais a dejar salir, con la pasta, cuando digamos y cómo digamos”. El chantaje no es diálogo se vista como se vista. En estos días, Pablo Iglesias ha reivindicado "diálogo" y "sensatez" a las partes y una solución que pase por que los catalanes voten en un referéndum "pactado, legal y con garantías" sobre la independencia, ha asegurado que no ha habido declaración unilateral de independencia por parte de Puigdemont y encuentra injustificada la aplicación del Artículo 155 de la Constitución porque conduciría a España "a una situación de involución democrática que afecta a la calidad democrática".

De los independentistas puede esperarse cualquier cosa por disparatada que sea incluso que nieguen la existencia de España como nación, pero no resulta comprensible en un partido que se supone que quiere gobernar España. No existe ninguna posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña pactado y legal por dos razones evidentes que conoce o debería conocer el Sr. Iglesias y cuantos se suman esta tesis.

La primera razón es legal. Para que pudiera celebrarse ese hipotético referéndum habría que modificar la Constitución española y, de hacerlo, supondría la eliminación de la soberanía del pueblo español y, por consiguiente, la aniquilación de la propia nación española. Hoy por hoy, tal y como recoge la Constitución la soberanía nacional reside en el pueblo español lo que quiere decir que es el conjunto del pueblo español, y no solo una parte del mismo, quien tiene que manifestarse en un referéndum. El Artículo 1. 2. De la Constitución no admite interpretaciones “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. 

Que los independentistas catalanes nieguen al pueblo español su propia existencia como titular de la soberanía nacional tiene su sentido pues de aceptarla no tendrían sentido sus pretensiones; no pueden coexistir dos soberanías y dos naciones sobre un mismo ente jurídico, pero que Podemos y su líder se sumen a las tesis independentistas negando al pueblo español su titularidad sobre la soberanía nacional, no es de recibo. Como no lo es tampoco hablar de un Estado plurinacional, de una nación de naciones,  porque admitirlo sería tanto como admitir que, de una parte, España no es una nación y, de otra, que cada nación debe tener su propio estado.

La segunda razón es, además de sentido común, de índole democrática. Una hipotética independencia de Cataluña tendría efectos inmediatos sobre el conjunto de los españoles y no sólo sobre los habitantes de Cataluña. Hay vínculos seculares, relaciones, infraestructuras, servicios públicos, transacciones, etcétera que estarían afectados y cuyo futuro, por tanto, no puede dejarse en manos exclusivamente de una parte de los ciudadanos españoles, los catalanes. Es imposible de admitir que sólo los catalanes puedan decidir sobre el futuro del conjunto de las pensiones, de la deuda pública o de los impuestos que afectan a todos. Son todos los españoles los que tienen derecho a decidir sobre ello e impedirlo constituye un atentado a los más elementales principios democráticos.

Son cuestiones elementales, de principios generales del derecho que no se pueden obviar asumiendo el discurso de los independentistas. Pero, todo parece indicar que el Sr. Iglesias y su coalición Unidos Podemos van un poco más allá en la manipulación de sus discurso. Se muestran absolutamente contrarios a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, llegando al ridículo de pretender acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo, y alegan que no pueden respaldar su aplicación porque el Partido Popular es un partido “fuera de la ley” y corrupto. Y, sin embargo, están del lado de los independentistas que pública y notoriamente se han situado fuera de la Constitución y son los responsables de los mayores escándalos de corrupción durante casi cuarenta años en Cataluña, con la bendición del clan Pujol, donde han instaurado el régimen del 3%. Por ello, es muy significativo que Unidos Podemos anteponga su interés partidista, echar al Gobierno de Rajoy de la mano del PSOE, los independentistas y los proetarras, a la defensa de la Ley y la soberanía de todos los españoles apoyando las tesis y pretensiones de los reyes de la corrupción en Cataluña. Todo vale para los podemitas y sus lacayos de IU porque en el fondo están convencidos de que todo lo que pueda servir para volar por los aires la Constitución de 1978 puede y debe ser usado como paso previo a una aventura revolucionaria, bolivariana, de impredecible final.

Santiago de Munck Loyola.

sábado, 21 de octubre de 2017

Josef Stalin resucita en Monforte del Cid.

Reproduzco el artículo publicado el 21-10-2017 en www.ramblalibre.com



Despacho de Francisco José Lifante, asesor de la alcaldesa. /Foto: ramblalibre.com.
Josep Sansano.
El equipo de Gobierno es de traca. Tal y como está actuando está llevando a Monforte del Cid a ser el ridículo nacional. La alcaldesa, el concejal de Personal y el conjunto del equipo de Gobierno son el cotilleo y el hazmerreír en los almacenes de uvas de mesa. Despachos de los mandamases del Ayuntamiento están decorados con fotografías de Vladimir Illich Lenin, un patente criminal, fundador de la checa y un apasionado de fusilar a la oposición. Es, más o menos, como si alguien colgara fotografías de Adolfo Hitler.
Monforte del Cid está gobernada por los comunistas, que perdieron las elecciones. Lo hacen con el PSOE, que también perdió las elecciones. Y lo hacen gracias a dos aventureros que abandonaron el PP para presentarse con Ciudadanos. Obviamente los votantes de Ciudadanos nunca pensaron, ni en sus peores pesadillas, que sus votos terminaran recalando o sirviendo a Izquierda Unida (marca vergonzante del PCE). Con esta dudosa legitimidad, el equipo de Gobierno es un auténtico desastre de gestión y se dedica a enredarse con sectarismo rampante. Josef Stalin ha resucitado en Monforte del Cid.
El genocida Josef Stalin. /Foto: thefamouspeople.com.

Tal y como informamos el pasado 17 de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid celebrado el 7 del mismo mes decidió abrir expediente al funcionario Santiago de Munck, como última etapa de los que se presenta como un presunto delito de mobbing, por criterios ideológicos y personales. Dicho expediente plagado de irregularidades y aún en tramitación se abrió para revisar, nueve años después, la selección y nombramiento como funcionario de Santiago de Munck pretextando errores en su tramitación por parte del propio Ayuntamiento.
La alcaldesa de Monforte, María Dolores Berenguer Belló. /Foto: youtube.com.
Sin embargo, el mobbing hacia este funcionario y otros sigue a instancias de la Alcaldesa, María Dolores Berenguer Belló, y del concejal de personal, Vicente García Sáiz, tratando de involucrar a los empleados municipales lo que ha causado un hondo malestar entre los mismos. En efecto, dado que los defectos formales que se imputan al procedimiento de selección de la plaza de Técnico de Administración General, Santiago de Munck, son comunes a muchas otras plazas del Ayuntamiento, el mismo Secretario accidental, Fernando Mullor Ortiz, según nos han hecho saber varios funcionarios, está citando en su despacho a los empleados municipales para que firmen un escrito en el que se pide que la revisión de los procesos electivos de las plazas municipales se limite exclusivamente a la plaza ocupada por Santiago de Munck. Igualmente, ha entregado este escrito a representantes sindicales de Comisiones Obreras para que recojan firmas de los empleados destinados en las brigadas de obras y servicios del Ayuntamiento.
Ayuntamiento de Monforte del Cid./ Foto: qvo.es.
Esta inaudita e ilegal actuación del Secretario, por encargo del Gobierno Municipal, ha causado un profundo malestar entre los trabajadores porque les obliga a posicionarse y en caso de no firmar a quedar señalados como “no adictos” al Gobierno Municipal, con las consecuencias que ello conlleva en un Ayuntamiento donde la arbitrariedad más absoluta reina a la hora de fijar tareas o abonar complementos salariales.
El equipo de Gobierno de Monforte del Cid se encamina a un completo fracaso electoral.

miércoles, 11 de octubre de 2017

Dos golpes por el precio de uno.


La escalada secesionista que llevamos años padeciendo ha culminado ayer en un golpe de estado perpetrado en el Parlamento catalán que a muchos ha dejado atónitos. Hay quien cree que ayer Puigdemont ha dado marcha atrás y se lo agradecen como el inefable traidor Pablo Iglesias, hay quien piensa que ha sido un simple “gatillazo” y muchos, en definitiva, están convencidos de que nada de lo que sale de los secesionistas tiene efectos jurídicos.

Es todo un despropósito y da la sensación de que los actores de esta tragedia viven en mundos y realidades absolutamente diferentes. Anoche mismo, tras la declaración de independencia enunciada y aparentemente suspendida por Puigdemont,  compareció la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y dijo entre otras cosas que “ni el Sr. Puigdemont, ni nadie, pueden sacar conclusiones de una ley que no existe (la Ley catalana de Referéndum) ni de un referéndum que no se ha producido”. Vamos a ver, que el referéndum del 1 de octubre fuera ilegal, que careciese de cobertura legal y que no fuera democráticamente homologable, no quiere decir que no se haya producido. 

Todos los vimos, hubo un referéndum con una participación escasa y con unos resultados falseados, pero lo hubo. No se puede negar la evidencia. Afirmar lo contrario sería tanto como renunciar a perseguir a quienes organizaron el referéndum ilegal. El problema está ahí y reside en que las autoridades golpistas catalanas ya están actuando con su propia legalidad, con su ley de referéndum y su ley de Transitoriedad, y no acatan las decisiones del Tribunal Constitucional. Sus actuaciones vulneran desde hace tiempo la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las decisiones judiciales porque no reconocen la autoridad del Estado en Cataluña. Rechazan la legalidad española y han creado la suya propia y por mucho que la justicia española, a la que no reconocen, declare su ilegalidad lo cierto es que están fingiendo que actúan al amparo de sus propias leyes.

Pero es que, además, la esquizofrenia independentista se plasma en que solo fingen que actúan conforme a su propio nuevo ordenamiento porque, en realidad, tampoco lo hacen y ayer Puigdemont y sus acólitos lo demostraron ante todo el mundo. De acuerdo con su propia ley catalana de referéndum, aprobada irregularmente e inútilmente suspendida por el Tribunal Constitucional, “Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. A tal efecto el Parlamento de Cataluña dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura electoral celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordó el inicio del proceso constituyente” (Art.4.4). Es decir que debería haber proclamado los resultados la Sindicatura Electoral y no había tal Sindicatura. Y, en segundo lugar, el Parlamento de Cataluña debería haber celebrado a los dos días de dicha proclamación (que no se ha efectuado) una sesión ordinaria (que tampoco se ha celebrado) para declarar formalmente la independencia de Cataluña. Sin embargo, lo que ayer vivió todo el mundo fue una sesión extraordinaria del Parlamento de Cataluña en la que Puigdemont “proclamó” los resultados del referéndum y en la que “declaró” la independencia de Cataluña para, a renglón seguido, proponer al Parlamento que suspendiese temporalmente los efectos de dicha declaración. 

Peor imposible, una tomadura de pelo. Puigdemont se arrogó las atribuciones de la Sindicatura Electoral, proclamando él mismo los resultados, y del Parlamento catalán, declarando él mismo la independencia. Y ni siquiera el Parlamento catalán llegó a suspender los efectos de tal declaración tal y como se acababa de decir. La guinda de este autogolpe fue la firma posterior de un documento firmado por una parte de los diputados proclamando la república catalana en nombre de todos los catalanes. Los hechos son los que son: Puigdemont y los suyos no solo violan la legalidad constitucional sino que sus primeros actos al amparo de sus propias normas también constituyen una violación de las mismas. Puigdemont sustituyó a su Sindicatura de Cuentas y al propio Parlamento catalán arrogándose atribuciones propias de un dictador. Puigdemont es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo”, Artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado de 1967, perfecto para esta ocasión. ¿Cómo no van a huir las empresas de Cataluña con semejante inseguridad jurídica? ¿Cómo no van a huir las inversiones de un territorio donde reina la más absoluta arbitrariedad? ¿A qué tienen que atenerse los ciudadanos catalanes? ¿A la legislación española, a la catalana, a la que se le ocurra a cualquier separata en cualquier momento?

No es posible seguir así ni un día más. Plantearse ahora si esa declaración no hecha pero con solicitud de suspensión no efectuada y acompañada de una proclamación de independencia firmada fuera del hemiciclo tiene o no tiene efectos jurídicos es indiferente, sus efectos son políticos y económicos. Y plantearse ahora que hay buena voluntad de los secesionistas porque quieren dialogar durante unas semanas con el Gobierno de España es sencillamente engañarse, engañar a los ciudadanos, hacer el juego a los golpistas y sumarse al intento de dinamitar la unidad de España porque solo quieren dialogar sobre cuándo, cómo y por cuánto se independizan. No se puede pactar con un violador cuándo y cómo va a delinquir.

Hoy el Consejo de Ministros ha dado por fin un paso que parece que se encamina hacia la aplicación del Artículo 155 de la Constitución al requerir a Puigdemont para que aclare si la payasada de ayer fue una declaración de independencia, algo obvio. Quizás si se le hubiera requerido formalmente a la Generalidad para que anulase su Ley de Referéndum y su Ley de transitoriedad ya se habría podido aplicar el Artículo 155 y todos nos habríamos ahorrado muchos sin sabores, pero lo importante ahora es que se ponga fin cuanto antes a este disparate político y jurídico. Y, una vez restablecida la legalidad, nada habría más sano para nuestra democracia que convocar simultáneamente unas elecciones autonómicas en Cataluña y unas Generales porque todos ya se han retratado y los electores ya sabemos quién está con la Constitución y la unidad de España y quién no.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 7 de octubre de 2017

El Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) requiere al Gobierno para que aplique el Artículo 155 de la Constitución.

7-10-2017

COMUNICADO.

Ante la situación existente en Cataluña y los reiterados incumplimientos por parte de la Generalidad catalana de sus deberes constitucionales así como su intención expresa de proceder en los próximos días a declarar unilateralmente la independencia de las provincias de Cataluña, el Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) ha remitido ayer un requerimiento al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, para que proceda a poner en marcha de forma inmediata el Artículo 155 de la Constitución Española.

En el citado requerimiento se señala que “el Gobierno de España, una vez consumada esta parte del golpe de estado que se está desarrollando en Cataluña, no puede seguir haciendo dejación de sus funciones y seguir esperando para actuar en función del siguiente escalón golpista que, como ya se ha anunciado públicamente, será la declaración unilateral de independencia”.

Igualmente se recuerda que “el Artículo 155 de nuestra Constitución señala que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general” pero, a la vista de los acontecimientos, no es posible ampararse más en el carácter optativo de esta disposición contenido en su redacción al señalar que ”el Gobierno…podrá adoptar..” porque hacerlo supondría no sólo facilitar la consumación del golpe de estado, sino vulnerar los mandatos del Código Penal para defender la Constitución”.

Por ello, concluye el escrito remitido a la Presidencia del Gobierno  que se requiere “Al Presidente del Consejo de Ministros de España, D. Mariano Rajoy Brey, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y proceda de forma urgente a activar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española y a dictar las instrucciones precisas para la persecución de todos los actos delictivos que se han producido o estén en curso de ejecución”.

viernes, 6 de octubre de 2017

Nueva cacicada de la alcaldesa de Monforte del Cid.

Reproduzco el artículo publicado el 6-10-2017 en www.ramblalibre.com

Nueva cacicada de la alcaldesa de Monforte del Cid.

La alcaldesa de Monforte, María Dolores Berenguer Belló. /Foto: youtube.com.
Josep Sansano.
La Alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer Belló  ha decidido no abonar su salario (la prestación por ILT) desde el día 28 del mes de septiembre al funcionario Christian Berná García que se encuentra de baja laboral. Lo hizo sin comunicárselo al interesado, sin una resolución a la que pudiera alegar o recurrir y sin darle ni una sola explicación.
Previamente, el concejal de personal, Vicente García Saiz había comentado a los representantes sindicales que se estaba tramitando un procedimiento contra este funcionario por parte de la Mutua, UMIVALE, porque al parecer no había comparecido a las citaciones de revisión hechas por la Mutua.
Para que todo el mundo sepa la catadura moral de estos personajes relatamos aquí los hechos a raíz de los documentos aportados por UMIVALE:
  • El 5 de junio el funcionario Christian Berná García que está empadronado en Monforte del Cid recibe la baja por ILT.
  • Tal y como es habitual, dos semanas después, la mutua UMIVALE intenta contactar con el citado funcionario en cuatro ocasiones y le remite escritos a un domicilio sito en la Avenida Doctor Rico de Alicante en el que nunca ha estado empadronado el Sr. Berná por lo que es imposible que conozca que le están buscando.
  • El 29 de junio, UMIVALE se pone en contacto con la funcionaria del Ayuntamiento (cuyo nombre omitimos) que se encarga de las relaciones con la Mutua para comunicar la imposibilidad de contactar con el Sr. Berná y para confirmar la dirección a efectos de notificaciones. Sorprendentemente dicha funcionaria señala, sabiendo que es falso, que la dirección de la Av. Doctor Rico es la correcta y no facilita el número de teléfono del Sr. Berná.
  • En el mes de julio, el Sr. Berná se persona en el Ayuntamiento y le comunica a dicha funcionaria su extrañeza por no haber sido citado por la Mutua para revisión. La funcionaria le oculta que la Mutua intenta localizarle y le dice que siendo verano y por el tipo de baja puede ser normal que aún no le hayan avisado. No obstante, el Sr. Berná le pidió que volviera a tomar sus datos personales por si hubiera algún error.
  • Dado que la Mutua, UMIVALE, no pudo contactar con el Sr. Berná el 19 de septiembre acordó, explicando los motivos al Ayuntamiento, suspender cautelarmente el pago de la prestación.
Como bien puede ver el lector se trata de una maniobra perfectamente orquestada y dirigida por la concejalía de personal para causar un perjuicio económico al funcionario al que desde el primer día le han venido hostigando y sometiendo a toda clase de discriminaciones. Es falso que la responsabilidad de que no haya percibido sus haberes el funcionario sea de UMIVALE, tal y como en un watshap ha dicho la Sra. Alcaldesa al funcionario. La responsabilidad es de ella y de su concejal de personal porque es el Ayuntamiento el que a propósito no ha proporcionado a la mutua UMIVALE la dirección correcta ni el teléfono del funcionario. El comportamiento del Ayuntamiento es inadmisible porque conocedores desde el 29 de junio de que la dirección del funcionario que manejaba UMIVALE era incorrecta no solo no procedieron a proporcionar a dicha entidad la dirección correcta sino que, además, no tuvieron la decencia de comunicar al funcionario lo que estaba ocurriendo.
Al día de hoy, el funcionario sigue sin percibir sus haberes. Y luego se llaman de izquierdas. Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió.

miércoles, 4 de octubre de 2017

¡Sí a un Referéndum!


Los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña parece que vienen a certificar que ni nuestra Constitución de 1978 ni nuestra clase política son capaces de responder a las necesidades del conjunto de los ciudadanos españoles. La crisis del sistema político es ya endémica y lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre es sólo una prueba más de esa circunstancia, pero no es la única, ni la primera. Lo ocurrido el 1 de octubre tiene su origen inmediato en no haber aplicado el Artículo 155 de la Constitución y había sobrados motivos para ello. En días se producirá la declaración unilateral de independencia y ya dará lo mismo el Artículo 155 y sólo quedará el Artículo 8.1 “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” al que aferrarse. El Gobierno de España tenía y tiene la obligación legal de actuar antes de que se vuelva a perpetrar otro delito. No hay otro camino: aplicación del Artículo 155 y convocatoria de elecciones autonómicas y generales simultáneas porque la campaña ya está hecha y aquí ya se ha retratado todo el mundo.

Padecemos una crisis territorial y una profunda crisis institucional que ya afloró con ocasión del 15 M. La Constitución de 1978 fue el resultado de la voluntad mayoritaria de encontrar un punto de encuentro en el que la convivencia entre todos, izquierda y derecha, centralistas y autonomistas, fuera posible.

Es evidente que la Constitución dejó importantes flecos sin resolver e importantes carencias que con el paso de los años se han agravado. Al amparo de la misma y de las leyes emanadas de la misma (Estatutos de Autonomía, Ley electoral, ley de partidos políticos, etc.) se ha desarrollado toda una clase política que depende económicamente de los partidos y de sus intereses y de las cuotas de poder territoriales que ha impedido que el sistema político construido a partir de la Constitución contara con los elementos necesarios para establecer contrapesos a los distintos poderes y con los mecanismos legales imprescindibles para le propia regeneración del sistema.

El resultado es una clase política que, incapaz de ganarse la vida en el ámbito de la sociedad civil, ocupa el poder a todos los niveles no por méritos técnicos o intelectuales, sino por su sumisión a los intereses partidistas, a las estructuras políticas. Nunca la mediocridad había alcanzado tan altas cotas de poder. Otros, han hecho del conflicto territorial y del victimismo su modus vivendi. Los reyezuelos de las Taifas. Ni a unos ni a otros les interesa llegar a la raíz del problema porque supondría acabar con su propio medio de vida y viven mejor instalados en el conflicto.

El Estado de las Autonomías ha demostrado su incapacidad para asegurar la igualdad entre todos los españoles y su imposible sostenibilidad económica y financiera. Hay que recordar que desde el frustrado intento de armonizar el proceso autonómico a principio de los 80 con la LOAPA no se ha hecho ningún esfuerzo por racionalizar las autonomías y por ponerlas al servicio del ciudadano en lugar de al servicio de la clase política. Nuestros impuestos se destinan a sostener un sistema político caro e ineficiente y nuestros políticos anteponen su sostenimiento al aseguramiento, por ejemplo, de nuestras futuras pensiones. Es una realidad fácilmente constatable. En España se fabrican más leyes y reglamentos anualmente que en cualquier otro lugar del mundo porque, al final, la soberanía nacional, la soberanía del pueblo está fragmentada en 17 trozos.

El no acometer a tiempo las carencias y defectos de la Constitución nos ha traído hasta aquí. Muchos apuestan ahora como solución para el conflicto secesionista por el diálogo. Y se equivocan. A los secesionistas no les interesa dialogar porque su objetivo no es encontrar un modelo de encaje constitucional, su objetivo es la independencia y punto. No es posible además dialogar con los golpistas, con los delincuentes porque hacer supone no sólo quebrar los fundamentos del estado de derecho sino abrir la puerta a la insumisión ciudadana en cualquier otro ámbito. Sería tanto como consagrar el derecho exclusivo de la clase política a violentar la legalidad sin consecuencias penales.
Ya no vale que a partir de negociaciones y acuerdos entre los partidos alcancen un consenso temporal para confeccionar un parche constitucional y después preguntarnos a todos los ciudadanos si damos un sí, un no o nos abstenemos. No, no vale. Otro apaño de esta clase política para mantener sus privilegios, para prolongar la agonía de un sistema político y constitucional en estado terminal por culpa de sus intereses de casta no es de recibo.

Yo quiero un referéndum, un referéndum nacional antes de que los partidos, la casta, toquen la Constitución y que nos pregunten previamente si queremos un Estado, unitario, autonómico o federal, si queremos una monarquía o una república, si queremos la igualdad real de derechos y obligaciones para todos los españoles o preferimos el mantenimiento de privilegios según el territorio de que se trate, si queremos una Justicia verdaderamente independiente o si preferimos con el sistema actual y si queremos mecanismos de regeneración democrática o que todo siga igual. No hay otro camino que preguntar a todos los españoles sobre estos asuntos básicos si queremos evitar un nuevo pasteleo cocinado a espaldas del pueblo para que después nos lo presenten como un trágala. Yo quiero un referéndum nacional porque no hay otro camino para que esta gran Nación que es España siga siéndolo. Ya va siendo hora de que esta clase política incapaz, mediocre, cobarde o traidora quite sus sucias manos del presente y del futuro de España.

Fdo. Santiago de Munck Loyola


jueves, 28 de septiembre de 2017

Religiosos catalanes: zapatero a tus zapatos.

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), como bien es sabido, es una de las tres formaciones que lidera la vía golpista para lograr la independencia de Cataluña. ERC fue fundada en 1931 y sus actuales dirigentes se proclaman herederos de aquella Esquerra de los años 30 de tan funesto y siniestro recuerdo.

Resulta muy llamativa la nula memoria histórica de esos 400 sacerdotes catalanes que se han sumado la causa del referéndum secesionista y, por tanto, se han aliado con los señores de Esquerra Republicana de Cataluña. Estos sacerdotes pertenecientes a la Iglesia Católica (es decir universal) han decidido apostar políticamente por un movimiento que pretende imponer sus tesis a la mitad, al menos, de la población catalana. De la universalidad evangélica han saltado al provincialismo político sectario y excluyente sin despeinarse. 

Han decidido con la firma de un manifiesto apoyar a quienes defienden dinamitar las leyes, desde la Constitución hasta el Estatuto de Autonomía, y adherirse al llamado derecho de autodeterminación o derecho a decidir que a lo mejor se encuentra recogido en los tratados teológicos, no lo sé porque no soy experto en la materia, pero que de ningún modo se encuentra en ninguna Constitución democrática. Claro, que estos curas tienen todo el derecho del mundo a expresar libremente su opinión sobre cuestiones políticas, afortunadamente España no es el Vaticano donde expresar libremente la opinión sobre cuestiones religiosas puede acabar en los tribunales de la sucesora de la Inquisición como les ocurrió a Kung o a Lefèvre por citar dos extremos, pero lo que no parece ya moralmente aceptable es que usen los sagrados púlpitos para posicionarse en una cuestión estrictamente partidista. ¿Acabarán por imponer penitencias más severas a los constitucionalistas confesos?

Es evidente que lo mismo que estos curas pueden pedir públicamente, aunque sea desde los púlpitos de las Iglesias, que se reconozca el derecho a decidir, que se viole el orden constitucional o la independencia de Cataluña los demás ciudadanos podríamos pedir a la Iglesia Católica que reconozca el divorcio, que bendiga el adulterio, que legalice la poligamia en el derecho canónico o que los curas se metan en sus asuntos.

Volviendo al inicio de estas líneas, es llamativa la falta de memoria de estos sacerdotes cuyos sueldos, por cierto, pagamos en su mayor parte los constitucionalistas, a la hora de alinearse políticamente porque van de la mano de los señores de Esquerra Republicana de Cataluña. Hay que recordarles a estos pastores sectarios de la Iglesia Universal que bajo el control de ERC funcionaron entre 1936 y 1939 46 checas del terror tan sólo en la ciudad de Barcelona y centenares en toda Cataluña. Hay que recordarles a estos curas que 8.148 civiles fueron asesinados en Cataluña durante este periodo y que de éstos, más de 2.000 fueron religiosos, unos 1.190 curas, unos 795 monjes y 50 monjas. Sólo entre julio y septiembre de 1936 el número de personas asesinadas fue de 4.682. ¿Ha pedido perdón la Esquerra Republicana de Cataluña? No lo ha hecho nunca, ni lo hará. Pero ello parece que no es ningún obstáculo para que 400 sacerdotes de los casi 2000 que hay en Cataluña vayan de la mano con estos señores cuyo anticlericalismo está más que acreditado. Y basta ver las pintadas actuales que se gastan para adivinar el futuro que les espera a los religiosos con estos independentistas en el poder.

Curas cargados de odio contra España y los españoles, sacerdotes que fomentan la confrontación civil es lo último que necesita nuestra sociedad y, por supuesto la Iglesia católica. ¡Zapatero a tus zapatos!

Santiago de Munck Loyola.