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viernes, 1 de junio de 2018

De Guatemala a Guatepeor.



Termina una semana de vértigo político. En tan sólo siete días hemos pasado del aplauso de los populares festejando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la ayuda de Ciudadanos y el PNV, al aplauso de despedida de los mismos diputados a su jefe, al Presidente Rajoy que deja de serlo al triunfar la moción de censura presentada por el exdiputado socialista Pedro Sánchez. Mañana, sábado 2 de junio, a las 11 horas Pedro Sánchez tomará posesión en la Zarzuela ante el Jefe del Estado.

Se cierra una semana de vértigo político que se inició al hacerse pública la Sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sentencia considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón se tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. El tribunal ve probado que el PP se benefició, sin ser consciente de su procedencia delictiva, de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda. Y esta sentencia que prueba hechos delictivos por un importe total de 244.814 euros cometidos antes de ser Mariano Rajoy Presidente del PP es la que ha conseguido unir a la mayoría de la oposición para echar a Rajoy y desalojar al PP del gobierno de España. Es evidente que se trata de fantasmas del pasado que han aparecido ahora y han terminado por tumbar a Mariano Rajoy. Es muy posible que Rajoy esté pagando los platos rotos por otros, pero suya es la culpa por no haber actuado con contundencia contra la corrupción, por haber mirado a veces hacia otro lado y, sobre todo, por no haber puesto en marcha los mecanismos necesarios para regenerar al Partido Popular y para democratizarlo de abajo a arriba. Y lo peor para el PP está por venir. De aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas van a seguir apareciendo más fantasmas del pasado a través de diferentes sentencias.

Al votante de centro derecha no puede servirle de consuelo o justificación que los socialistas estén peor en materia de corrupción con treinta procedimientos judiciales abiertos, con 4.000 millones de euros bajo sospecha y con casi 600 imputados. La política informativa desarrollada por el PP durante años ha conseguido una mayoría de medios de comunicación para los que un estornudo de un “pepero” se convierte en una pandemia de ébola, mientras que una epidemia de ébola entre los “sociatas” son simples casos de alergias individuales y, por tanto, no son noticia.

Ahora se abre una nueva etapa que además está lastrada por los apoyos que ha recibido Sánchez para ganar la moción de censura: los populistas y comunistas de Unidos Podemos, los separatistas y golpistas de ERC, los golpistas y racistas del PDeCat, los nacionalistas del PNV, los pancatalanistas de Compromís y el brazo político de los terroristas de ETA. Sánchez ha aceptado gustoso el apoyo de todos, no ha hecho ascos a ningún apoyo por muy repugnante que fuera con tal de llegar a la Presidencia del Gobierno. Como es normal no se sabe exactamente a cambio de qué, excepto en el caso del PNV, aunque en otros casos podemos intuirlo. Pero ahora viene lo más difícil: gobernar con 84 diputados socialistas, cumplir los acuerdos a los que haya podido llegar y “torear” en un senado con mayoría absoluta del PP. Y ahí es por donde va a tener que empezar. Sánchez ha prometido al PNV gobernar con los presupuestos del PP, vetados por él mismo y el PSOE hace siete días, aprobados la semana pasada en el Congreso y que aún han de ser aprobados en el Senado donde cinco de los partidos que le han apoyado en la moción de censura, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, ERC y Compromís, han registrado este mismo viernes sus vetos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Sánchez ha logrado la Presidencia del Gobierno de España sin haber ganado unas elecciones generales, habiendo cosechado los peores resultados del PSOE desde la restauración de la democracia en España, sin presentar a las Cortes un programa de gobierno alternativo y sin haber construido una nueva mayoría parlamentaria de gobierno. En estas circunstancias y en una lógica democrática sólo tiene una salida política decente: dar la palabra al pueblo español para que decida. Unas elecciones generales anticipadas son imperativas para cualquier demócrata.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 25 de junio de 2015

Ciscar, un aspirante incompetente para la Diputación.


Hay cosas que en política son incomprensibles. Es incomprensible que en un partido político como el Partido Popular que acaba de perder la friolera de 140.000 votos en la provincia y, con ello, numerosas alcaldías no se haya movido nada. Es incomprensible que no se haya producido en su seno un debate profundo, una autocrítica para analizar las causas y corregir los errores. Es incomprensible que no se haya producido ni una sola dimisión de los responsables políticos de esta debacle electoral. Y es aún más incomprensible que el principal responsable de ello, el Presidente provincial José Ciscar, no sólo continúe en su puesto, sino que además ahora aspire a presidir nada menos que la Diputación Provincial de Alicante.

Este señor, por si fuera poco, además de no poder exhibir en su favor un resultado electoral presentable, tampoco puede presentar como aval los resultados de su gestión a favor de nuestra provincia como miembro del Gobierno valenciano. Todo lo contrario, ha sido responsable de la discriminación presupuestaria y de la marginación económica que durante los últimos años y con especial intensidad ha padecido la provincia de Alicante a manos de la Generalidad Valenciana.

José Ciscar ni siquiera puede exhibir como mérito para Presidir la Diputación Alicantina una trayectoria política ejemplar, un talante democrático y conciliador o un acreditado compromiso con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, José Ciscar y su secretario provincial, José Juan Zaplana, representan lo peor de la vieja política, del pasteleo institucional y del caciquismo.

Ambos con la colaboración de muchos otros ahora travestidos de renovadores y con la pasividad de la militancia popular han dejado al Partido Popular alicantino hecho unos zorros, en una organización sin vida interna, en una simple maquinaria electoral gastada y oxidada en la que se suceden las traiciones, las reyertas y los cambios de chaqueta para ver dónde encuentran acomodo los vividores y los profesionales de la política.

No es de extrañar pues que quien tiene ahora la llave para decantar la Presidencia de la Diputación hacia la izquierda o hacia la derecha, Ciudadanos, se oponga a que alguien con el siniestro perfil de José Ciscar pueda llegar a presidirla. Hay quien atribuye esta negativa a una especie de venganza personal del Coordinador de Ciudadanos, Emigdio Tormo, en tiempos hombre de confianza de Joaquín Ripoll, contra José Ciscar. Incluso el propio Ciscar ha tenido la cara dura de sugerir que tras esa oposición pudiera haber motivos relacionados con el caso Brugal, insinuación absolutamente fuera de lugar sobre todo viniendo de alguien que ha sido incapaz de explicar su propia vinculación con la trama Gürtel puesta en evidencia en los informes de la UDEF.

Sean cuales sean los motivos de fondo de Ciudadanos para vetar a José Ciscar como Presidente de la Diputación lo cierto es que sobra para hacerlo con los motivos aparentes. Se trata de una cuestión de higiene democrática para la política alicantina y para la institución provincial que debe dejar de ser un coladero de amigotes y enchufados y un instrumento en manos de políticos de la catadura de José Císcar al que le falta incluso la generosidad política suficiente como para renunciar a su candidatura con el fin de que el Partido Popular no pierda el gobierno de esta importante administración.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

sábado, 24 de enero de 2015

La Caja B de Bárcenas y sus discípulos alicantinos.


La salida de la cárcel del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha sido ciertamente inoportuna para este partido. Inoportuna porque se ha producido pocos días antes de que los populares iniciasen su Convención, evento propagandístico destinado a insuflar ánimos a las desencantadas huestes populares, a servir de pasarela de todos cuantos aspiran a seguir en “el machito” y a transmitir los mensajes a la ciudadanía que durante tres largos años no se han escuchado e inoportuna porque esta excarcelación se produce a pocos meses de unas importantes elecciones en las que el enfado ciudadano con la corrupción y con cierta clase política se va a hacer notar.

El ahora innombrable para muchos dirigentes del PP, Luis Bárcenas, que, por cierto, hasta el pasado 28 de enero de 2013 seguía percibiendo mensualmente su nómina de Génova 13, se ha vuelto bastante más locuaz de lo que era antes de su paso por Soto del Real y parece que no tiene, ni va a tener, ningún inconveniente en contarnos detalles de cómo se manejaba el dinero en el Partido Popular. Y ha empezado por lo que parece algo más que evidente: que había una Caja B en el Partido Popular, afirmación que tiene visos de absoluta credibilidad para el magistrado que instruye la causa por la que el Sr. Bárcenas ha pasado casi dos años en la cárcel. De poco sirve que el Sr. Floriano, recientemente nombrado director de la campaña electoral del Partido Popular para mayor regocijo de los adversarios del PP, se haya apresurado a afirmar con tanta solemnidad como poca convicción que en el PP nunca ha habido una Caja B.  ¿De dónde han venido si no los sobresueldos y “préstamos” reconocidos ya por distintos miembros del PP? ¿De dónde si no proceden determinados pagos de obras y de gastos electorales? 

Podría preguntar el Sr. Floriano en el PP de Alicante, por ejemplo. Podría preguntar al Presidente Provincial Sr. Ciscar si es cierto o no si pagaba facturas de campaña electoral en negro, como afirma la Guardia Civil en sus informes. Podría también preguntárselo entre otros a la Alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, o al Alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio, señalados también y por la misma razón en los informes policiales aportados en la causa de la rama valenciana de la trama Gürtel. Los tiene ahora cerquita, en la Convención. Y también podría preguntar aunque ahora ande de tertuliana en Tele Cinco a Sonia Castedo para que le explique cuanto gastó y de dónde venía todo el dinero empleado en las campañas de electorales de 2007 y 2011. Incluso el Secretario Provincial, el edil derrochador de San Vicente de Raspeig, Sr. Zaplana, le podría explicar cómo se manejaban fondos en cuentas paralelas a nombre de asociaciones en distintas localidades de la provincia de Alicante. ¿Una Caja B en el PP? Pues a lo mejor va a terminar teniendo razón el Sr. Floriano. Una no, pero sí muchas Cajas B.

La existencia de Cajas B no es un pecado exclusivo del Partido Popular. Se trata de una práctica bastante extendida entre los partidos políticos del sistema. Luis Bárcenas no hace sino poner negro sobre blanco, subrayar lo que es una práctica muy generalizada entre los partidos políticos que se han venido mostrando poco interesados o incapaces de establecer una regulación clara, estricta y eficaz para acabar con estas anómalas situaciones. No nos pueden venir a hablar de regeneración política unos partidos que no empiezan por regenerarse a si mismos, unos partidos que tienen tan poca adhesión y afecto ciudadano que son incapaces de sobrevivir sin el dinero del contribuyente percibido mediante las subvenciones que se otorgan a si mismos, unos partidos que esconden su contabilidad a sus propios afiliados.

Los ciudadanos queremos ejemplaridad y transparencia en nuestros dirigentes y en los partidos políticos. Queremos una democracia fuerte y para ello necesitamos unos partidos políticos sólidos, capaces de ganarse la adhesión y la confianza de la ciudadanía. Y para ello necesitamos saber de dónde procede el dinero de los partidos y cómo lo gastan. Es un síntoma de mala salud democrática que el 80% de los ingresos de los partidos políticos provenga de subvenciones y que sin ellas no puedan sobrevivir. No es de recibo que mientras que tantos alicantinos lo pasan mal, PP y PSOE aprobaran el año pasado que con dinero de la Diputación de Alicante, presidida por la Sra. Luisa Pastor, podrían pagar vía subvención el alquiler de sus sedes. Luz y taquígrafos es lo que la financiación de los partidos políticos necesita, cuentas claras y públicas, ni un euro de subvenciones y fiscalización judicial rigurosa. En Esperanza Ciudadana de Alicante apostamos por que así sea.

Santiago de Munck Loyola


martes, 2 de diciembre de 2014

Los “Pequeños Nicolases” del PP alicantino.


Que Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias el pequeño Nicolás, es un jeta, un caradura y un farsante, parece que está fuera de toda duda o así al menos lo percibe la mayor parte de la opinión pública. El pequeño Nicolás ha engañado a mucha gente fingiendo ser lo que no era, dando gato por liebre y llegando, incluso, a creerse el papel que representaba. Iba de lo que no era y da la sensación de que se cree sus propias fantasías. El personaje bien podría encuadrarse en la tradición de la picaresca española y seguramente sus andanzas podrían servir para hacer una novela.

No es el pequeño Nicolás el único farsante que parece haberse creído su papel. Sin ir muy lejos, tenemos cerca de dos personajes que bien podrían formar parte también de la picaresca política española. Se trata de José Ciscar, Presidente del PP de Alicante, y de José Juan Zaplana, Secretario Provincial del PP alicantino, dos personajes que nada tienen que envidiar al pequeño Nicolás en cuanto a capacidades teatrales. Ambos transitan por el mundo político disfrazados, ambos van de lo que no son. Cuando se compara sus actuaciones con sus discursos, sus hechos con sus palabras se hace patente que estos sujetos portan máscaras, caretas y ¡menudas caretas!

Diario ABC
Da la casualidad de que ayer coincidieron dos noticias que afectan al Partido Popular de Alicante. De una parte, el Diario ABC (http://www.abc.es/local-alicante/20141130/abci-alicante-barcelona-201411301802.html) ofrecía el siguiente titular “La regeneración democrática de Císcar sitúa a Alicante en la vanguardia del nuevo PP” bajo el que se daba cuenta, con una pésima redacción, de “los éxitos” regeneradores de la cuadrilla de Ciscar. Hay que matizar que, con el rigor periodístico que suele caracterizar a este Diario en relación a la noticias de nuestra provincia, el ABC no era el autor de la noticia, ni de su penosa y reiterativa redacción, sino que se había limitado a transcribir un comunicado del servicio de “prensa y propaganda” del PP alicantino (http://www.alicantepp.es/las-iniciativas-de-regeneracion-democratica-de-ciscar-situan-a-los-populares-de-la-provincia-de-alicante-en-la-vanguardia-del-nuevo-pp-de-rajoy/)  en el que, al parecer, a pesar del dinero público que se embolsan no cuentan con alguien capaz de redactar con cierta soltura periodística.

Página web PP Alicante
Simultáneamente, el Diario El País publicaba lo siguiente: “El PP me pagó con billetes de 500 en b parte de una campaña en Alicante” (http://politica.elpais.com/politica/2014/11/30/actualidad/1417366127_817999.html) y daba cuenta de las declaraciones del empresario Enrique Ruiz Córcoles, propietario de la agencia de publicidad ER Backspin, al que el Partido Popular de Alicante encargó gran parte de la campaña electoral de 2007, pagándole terceros en B y adeudándole aún más de 140.000 euros.

La noticia es nueva para el público, pero los hechos eran conocidos desde hace tiempo por los Sres. Ciscar, José Juan Zaplana y también por Julio de España al que en su calidad de presunto Presidente Local del Partido Popular un servidor, cuando era afiliado del Partido Popular, le remitió un escrito señalando la existencia de deudas electorales y solicitando el examen de la contabilidad. Los presuntos regeneradores no sólo no se dieron por enterados, no sólo no accedieron a enseñar la contabilidad a los afiliados sino que, además, aceleraron los trámites de expulsión de quienes pedíamos limpieza, honestidad, democracia interna y transparencia.


Es un sarcasmo que el PP alicantino pretenda arrogarse estar a la vanguardia de la regeneración democrática en el seno del Partido Popular y menos aún con estos émulos del pequeño Nicolás. Y si es así, apañados van en el PP de Rajoy. Ciscar y JJ Zaplana, tras su careta regeneracionsita, han demostrado por activa y por pasiva que son contrarios a la democracia interna, a la participación de los afiliados, a la transparencia en la contabilidad de un partido cuyos ingresos en un 80 % provienen de los presupuestos públicos, al cumplimiento de las normas contables y de transparencia del propio Partido Popular. Han demostrado sobradamente que les molesta la libre concurrencia de candidaturas en las elecciones internas, que reparten los puestos orgánicos como si el partido fuera su cortijo, que presiden cenas de homenaje cuando se imputa a la alcaldesa, que la nombran coordinadora del partido para sortear la famosa línea roja de Fabra, que pastelean con ella la fragmentación del PP en distritos, que no asumen responsabilidad alguna como en el caso del Sr. Ciscar cuando es señalado por la Guardia Civil como pagador con dinero negro a la trama Gürtel ni ofrece explicación alguna a los ciudadanos y que no son capaces de adoptar ninguna medida de ejemplaridad. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que estos hechos (que no opiniones) se corresponden con políticos que creen en la regeneración? ¿Alguien sensato, salvo el ABC, puede tomarse en serio la nota-panfleto del PP alicantino autoproclamándose vanguardia regeneradora? ¿Un partido que esconde su contabilidad a sus propios afiliados y sobre el que recaen sospechas fundadas de financiación irregular puede ser un ejemplo positivo? Por favor, ya está bien de engaños. Ya esta bien de “pequeños Nicolases”. En la política, no, por favor.

Santiago de Munck Loyola

Para más información se adjuntan los siguientes enlaces:


jueves, 27 de noviembre de 2014

Ana y Tania.


Dos mujeres están siendo noticia esta semana. Dos mujeres situadas en polos políticos opuestos. Dos mujeres que viven desde hace tiempo de y por la política y a las que las denuncias de conductas inapropiadas o sospechosas de escasa ejemplaridad han unido en los medios de comunicación. De una parte Ana Mato que, al parecer, ignoraba de dónde provenía el Jaguar que su marido tenía en el garaje o cómo pagaba viajes y festejos familiares. De otra Tania Sánchez cuyo padre, concejal de IU en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, la colocó digitalmente como asesora municipal (algunos malpensantes lo calificarían de nepotismo puro y duro) y le allanó el camino hacia más altas metas políticas. ¡Ay, la familia en ambos casos!

Vaya por delante que Ana Mato a la que conocí personalmente hace casi veinte años nunca ha sido santo de mi devoción ni como Diputada, ni como Ministra después. Siempre ha sido una verdadera incógnita la razón por la que con su capacidad y preparación ascendía en la escala orgánica del Partido Popular. El resultado de su gestión como Ministra de Sanidad o muchas de sus intervenciones públicas son buena prueba de ese misterio. Sin embargo, hoy no queda más remedio que elogiar su decisión de presentar su dimisión, voluntaria o forzada, como Ministra a las pocas horas de conocerse el Auto del juez Pablo Ruz en el que señala que Ana Mato fue "partícipe a título lucrativo" de los beneficios generados por los presuntos delitos cometidos en el caso Gürtel, es decir, que el juez se propone juzgarla por haber disfrutado y haberse beneficiado de servicios turísticos y de regalos pagados por la trama Gürtel y cuyo valor superaría los 55.000 euros. No se trata de que Ana mato haya cometido delito alguno sino de que, según el juez, se habría beneficiado del dinero delictivamente obtenido por otros y, por tanto, podría ser responsable civil de su devolución. Y hay que resaltar que se está hablando de una investigación judicial en curso, de un procedimiento al que aún le queda un largo camino hasta que se produzca una sentencia firme.

A pesar de ello y a pesar de la presunción de inocencia, en el comunicado que ha hecho público Ana Mato afirma que "no quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular". Es decir, que estamos ante una dimisión por responsabilidad política, sin imputación penal alguna, y ante hechos muy anteriores a su gestión como Ministra, algo absolutamente excepcional en nuestro país y entre nuestra clase política en la que abundan los ejemplos contrarios como el de la inefable Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su palmero número uno, el Vicealcalde Andrés Llorens. Pero, hay algo más que conviene subrayar en el Auto del Juez Ruz, no solo señala a Ana Mato como "partícipe a título lucrativo" en la trama Gürtel, sino que atribuye la misma condición al Partido Popular. ¿Responderá alguien como ha hecho Ana Mato?

El caso de Tania Sánchez es también de “rabiosa” actualidad aunque momentáneamente haya quedado eclipsado por la dimisión de Ana Mato. Tania Sánchez está en el candelero porque está siendo objeto de acusaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones en el ayuntamiento ripense vinculadas a su etapa como asesora y posteriormente como concejala y sobre la venta de su vivienda de VPO a otro miembro de IU. La existencia de anomalías e irregularidades en muchas contrataciones del Ayuntamiento ripense no sería ninguna novedad como no lo ha sido nunca el fervor por la institución familiar puesto en práctica por los dirigentes de IU durante el largo califato de “los primos” que parece estar llegando a su fin, basta repasar la relación de parentescos entre cargos políticos, empleados públicos y adjudicatarios para darse cuenta de ello, pero es aventurado, hoy por hoy y a la vista de lo publicado, afirmar que dichas irregularidades se han vuelto a reproducir en este caso.


Es evidente que Tania Sánchez está siendo objeto de un concienzudo examen por dos razones: la primera, porque es la pareja de Pablo Iglesias y gracias a ello en parte, goza de un plus que le facilita el acceso a tertulias y debates en los que, con modales y técnicas dialécticas más que cuestionables, se dedica a repartir estopa ética como si ella estuviese libre de “pecado” y ya se sabe que donde las dan, las toman. La segunda, porque es la candidata a la Presidencia de IU de Madrid y tiene rivales. Y también es sabido que el primer enemigo en política está siempre cerca, entre los conmilitones. Y ha sido precisamente el compañero político de Tania, Gregorio Gordo, el que ha señalado que el asunto del piso le parece "poco presentable" y que cree que un hijo de un concejal no puede presentarse a un concurso de vivienda, "por mucho que sea un concurso", rematando sus apreciaciones sobre ella afirmando que "este tipo de cuestiones no favorece los discursos de transparencia, de ser distintos a los demás, sino que favorece otro tipo de discursos, por lo tanto, mi opinión no es nada favorable". ¿Otro tipo de discursos? ¿Cómo el de Podemos? ¡Acabáramos!

Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es

jueves, 6 de febrero de 2014

El olor a podrido.


Un nuevo informe de la policía judicial ha vuelto a poner de manifiesto la existencia de graves irregularidades en la financiación del PPCV. No se trata de ninguna novedad. Llueve sobre mojado y sorprende mucho la lentitud de la justicia a la hora de enjuiciar y depurar responsabilidades de toda una trama corrupta de la que ha formado parte el PPCV. El último informe de la policía judicial sobre el caso Gürtel añade más acusaciones sobre las irregulares transacciones entre la trama corrupta y la contabilidad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según el informe policial el Partido Popular ha manejado abundante dinero negro y con él pagó a las empresas de la trama Gürtel numerosos actos electorales. Este informe saca a la luz también varios regalos efectuados por los responsables de la trama corrupta a muchos políticos que no eran ajenos, desde luego, a la formalización de contratos con las empresas de esta trama. Es cierto que muchos de los hechos denunciados quedan ya lejos en el tiempo como los relativos al Congreso Regional de 2002 que costó  240.582 euros y por el que el PPCV abonó a la empresa Special Events más 150.000 euros en negro, que se dice pronto, o como los 17.429 euros también pagados en negro en 2002 por la Convención Regional celebrada en el Palau de la Música de Valencia. Pero no es menos cierto que la posible prescripción de hechos delictivos o simplemente irregulares no puede en modo alguno esgrimirse como excusa para no depurar las responsabilidades políticas a que hubiere lugar.


Pero sin irnos tan lejos en el tiempo todavía quedan muchas cuestiones que aclarar y es muy importante hacerlo, no ya por la cantidades económicas manejadas, sino porque muchos de los que han manejado dinero negro para pagar actos electorales del Partido Popular ostentan hoy importantes responsabilidades de gobierno. Ya en el informe de la UDEF de 2008 se realizaban importantes y graves acusaciones que, al día de hoy, no han sido respondidas adecuadamente ante la opinión pública. En aquel informe se mencionaban a una serie de personas como pagadores, como personas de contacto para las empresas de la trama corrupta, para los gastos de las campañas de las elecciones de 2007 y las generales de 2008. Entre ellos hay que destacar a los siguientes y por las cantidades en dinero negro que se relacionan:

Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda y Vicepresidenta 1ª de la Diputación: 13.997.- €.
Alfredo Castelló, Alcalde de Sagunto y Presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV (¡Qué ironía!): 14.554.- €.
Miguel Peralta 5.067.- €.
Mercedes Alonso, Alcaldesa de Elche: 42.131.- €.
César Augusto Asencio, Alcalde de Crevillente y Vicepresidente 2º de la Diputación de Alicante: 39.900.- €.
José Ciscar, Presidente del PP de Alicante y Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Hacienda y Portavoz del Consejo de la Comunidad Valenciana: 4.472.- €.
Y respecto a la ciudad de Alicante a la que se asignan en el informe 62.495.- € pagados en negro no figura el nombre del “pagador” de los gastos de la campaña de 2007, aunque todos conocemos quién era la coordinadora de la campaña electoral.

Desde luego tiene lo suyo que el actual Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y Consejero de Hacienda, el Sr. Ciscar, pudiera haber manejado alegremente dinero negro para pagar actos electorales. Pues bien, como puede apreciarse del examen de los nombre de esta lista de políticos que manejaron dinero negro destaca el hecho de que la mayoría ostenta en la actualidad cargos de enorme relevancia. Se trata de personas que hoy en día manejan presupuestos públicos y el dinero de los contribuyentes, sin que hasta la fecha se sepa si es o no cierto lo que de ellos dice la policía. Son, en todo caso, políticos bajo sospecha y esa sospecha no despejada debería inhabilitarles, mientras no ofrezcan a la opinión pública una explicación plausible sobre la misma, para seguir ejerciendo responsabilidades públicas y, desde luego, les incapacita para exigir nada a los ciudadanos. ¿Cómo van a combatir estos señores por ejemplo la economía sumergida y el consiguiente tráfico de dinero negro si están acusados de manejarlo? Aquí sólo hay una alternativa: o la policía judicial miente o mienten los políticos.

Es cierto que la inmensa mayoría de los partidos políticos tiene sus “pecadillos” en cuanto a su financiación. Pero también es cierto que si los ciudadanos somos permisivos o tolerantes con estas prácticas la espiral de la corrupción será inacabable. Hace no mucho, algunos afiliados del PP de Alicante tuvimos conocimiento de denuncias de irregularidades en la campaña de las municipales de 2007: actos pagados por empresas, deudas impagadas al día de hoy, etc. Y como en el PP nunca se da cuenta a los militantes de la contabilidad, tuvimos el “atrevimiento” de pedir por escrito información al respecto. ¿Respuesta? Silencio sepulcral. Bueno, silencio del todo, no, algunos fuimos rápidamente expulsados mediante un procedimiento ilegal y leninista.

Mientras los partidos políticos no respondan ante sus afiliados y ante los contribuyentes que son los que ponen el 80 % del presupuesto oficial de los partidos políticos, las prácticas corruptas seguirán siendo el pan nuestro de cada día. Y mientras los partidos políticos sigan funcionando gracias al dinero público y no de las cuotas de sus afiliados seguirán viviendo por encima de sus posibilidades sin tener que responder ante nadie. Siempre vendrán con el cuento chino de que sus cuentas están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. ¡Claro! ¡Faltaría más! Y se quedan tan anchos. ¿Fiscaliza el Tribunal de Cuentas la contabilidad B, el dinero negro con el que, al parecer y según la Policía Judicial, el Sr. Ciscar y sus conmilitones pagaban a la trama Gürtel?

Una democracia sana necesita instituciones sanas y unas instituciones sanas necesitan partidos políticos sanos, partidos políticos democráticos, limpios y transparentes. Y desgraciadamente el PPCV hoy por hoy y con estos dirigentes no lo es. Un partido que hace trampa en las elecciones es como un deportista que se dopa. Su triunfo está viciado y cualquier análisis terminará por demostrarlo. Los ciudadanos no debemos mirar para otro lado, ni admitir prácticas semejantes bajo la excusa del mal menor. O somos firmes contra estas prácticas o seguirán arruinando nuestra democracia. Mirar para otro lado, minimizar estos problemas, colaborar con estas personas bajo sospecha o votarles es amparar y proteger la corrupción. Y viendo a dónde nos han conducido no nos lo podemos permitir. Va siendo hora de abrir las ventanas para que el olor a podrido desaparezca.


Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

miércoles, 10 de abril de 2013

Camps ¿y ahora qué?



El 20 de julio de 2011 el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, presentó su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel. En las últimas elecciones autonómicas del 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes había preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. No obstante, con ese gesto necesario e inteligente allanó su camino para su defensa judicial y despejó notablemente la agenda política. Fue juzgado y absuelto por un jurado popular. Los socialistas valencianos, insatisfechos con el veredicto, recurrieron y el Tribunal Supremo acaba de confirmar por cuatro votos contra uno de los Magistrados dicho veredicto de inocencia. Francisco Camps y Ricardo Costa han sido absueltos de nuevo y las reacciones a dicha resolución no se han hecho esperar. La oposición, la izquierda valenciana, dice respetar dicha sentencia pero no respaldarla. Es decir que, para los que acusaron falsamente al ex presidente de unos delitos que no cometió, éste sigue siendo culpable, digan lo que digan los Tribunales. Sin cortarse un pelo y haciendo gala de un absoluto desprecio al Estado de Derecho, la diputada de Compromis en las Cortes Valencianas Mireia Molla, ha afirmado que "para nosotros son culpables de los delitos que se les acusaron". Entonces, no cabe más remedio que preguntar ¿para qué sirven los Tribunales de Justicia? ¿Para qué sirven las garantías procesales de nuestro sistema jurídico? Habrá que reformar las leyes. Ya se sabe: un acusado de un delito es culpable si así lo deciden los presuntos ”demócratas” de Compromis. ¡Pues vamos listos con esta gente! Y los socialistas igual, erre que erre. Ni siquiera se han dignado a pedir disculpas por haber realizado unas acusaciones falsas que no han podido ser demostradas ni política ni judicialmente. Y es a ellos a quien correspondía la carga de la prueba, no al acusado.

Así las cosas ¿y ahora qué? Nos encontramos con que el que fue el Presidente más respaldado por los votantes de la Comunidad Valenciana hubo de dimitir ante las múltiples presiones recibidas como consecuencia de unas acusaciones que finalmente han resultado ser falsas. No vale ahora intentar mezclar este asunto con todo el entramado Gürtel y demás casos en la escenario judicial. Francisco Camps y Ricardo Costa dimitieron por unas acusaciones concretas y han sido absueltos, no sólo por un jurado popular, sino también por la máxima instancia judicial española. Es evidente y, sobre todo a la vista de las manifestaciones de buena parte de la izquierda valenciana, que su reputación y credibilidad han resultado dañadas para siempre y que no hay forma de restaurarlas. Pero no es menos cierto que la razonable y elogiable dimisión de hace casi dos años debe tener tras la absolución judicial una compensación de carácter político.

Aquí nadie se pone de acuerdo cuando debe o no dimitir un político imputado en una causa judicial y en qué supuestos debería hacerlo. Cada partido tiene su vara de medir y aplica cuando así le conviene la ley del embudo. No habiendo por tanto ni norma escrita, ni hábito consensuado, parece que, en todo caso, la lógica política exige que cuando alguien tiene la gallardía y honradez política de dimitir ante una simple imputación debería ser repuesto en su cargo cuando sale limpio del proceso judicial al que se ha sometido. Es muy posible que la alegría oficial popular por el veredicto del Tribunal Supremo no se corresponda con los verdaderos sentimientos que albergan quienes de un modo u otro resultaron beneficiados políticamente con la dimisión de Francisco Camps. Ya se sabe que en un partido político en cuanto te levantas de la silla alguien la ocupará sin problemas y que será harto difícil que te la devuelva, aunque te la hayas ganado en las urnas. ¡Difícil, miserable y desagradecido mundo el de la militancia política!

Santiago de Munck Loyola

viernes, 29 de marzo de 2013

Las cuentas del PP de la ciudad de Alicante.



Durante las últimas semanas se han venido sucediendo noticias relacionadas con la financiación o la contabilidad del Partido Popular, de sus sedes locales o de las últimas campañas electorales. De una parte, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado varias diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. El magistrado ha solicitado a nueve empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información detallada sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007. Hay también, al parecer, dificultades para conocer los gastos electorales populares en las municipales de la ciudad de Alicante. De otra, parece que está bastante extendida en sedes del PP de Alicante la costumbre de llevar un sistema de "contabilidades paralelas" a nombre de particulares o de asociaciones y no la contabilidad oficial del Partido. Una anómala práctica a la que, tras hacerse público por los medios de comunicación, ha decidido poner fin la Dirección Provincial Alicantina quien lo venía consintiendo desde hace tiempo, incumpliendo los Estatutos Nacionales del Partido Popular (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/03/29/pp-regulara-finanzas-juntas-locales-atajar-descontrol-dinero/1358435.html).

Esta forma de proceder, conocida y consentida al parecer por la Dirección Provincial, resulta más que sorprendente para cualquiera que haya tenido responsabilidades en el Partido Popular en otras zonas de España. La ausencia de una contabilidad oficial del Partido en una localidad, la inexistencia de cuentas bancarias a nombre del propio partido, el manejo de fondos a través de asociaciones paralelas y la opacidad contable para los propios militantes no sólo vulnera los Estatutos del propio partido, sino que además constituye una práctica absolutamente fraudulenta que debería saldarse con la exigencia y depuración de responsabilidades, tanto de los autores como de los consentidores o encubridores. Un servidor que durante catorce años presidió una junta local en un municipio madrileño nunca conoció semejantes prácticas. El partido local contaba con una cuenta bancaria abierta con la presentación previa del apoderamineto de la gerencia regional (el equivalente a la provincial en Alicante). Los militantes eran informados anualmente de los ingresos y gastos de la sede local y aprobaban en asamblea el presupuesto anual. Periódicamente, el tesorero local se reunía con el gerente regional que fiscalizaba los libros y las cuentas de la Junta local. Un funcionamiento que nada tiene que ver con la práctica vivida en la Junta Local de Alicante durante los últimos diez años. 

Aquí no se da cuenta a los militantes de los gastos e ingresos de la Junta local, eso sí, desde la provincial se pide un euro por afiliado sin explicar nada a los interesados. ¿Será ésta una de las razones para acabar con la Junta Local de Alicante y sustituirla por Distritos? ¿No será multiplicar por diez el descontrol económico existente? Resulta lógico que estando tan ocupados en la provincial en perseguir a los militantes que pedimos transparencia, honradez y participación en el Partido no hayan tenido tiempo ni para cumplir ni para hacer cumplir los propios Estatutos del Partido, ni para poner en limpio las cuentas de las juntas locales de Alicante.

No necesitan inventarse nada, ni improvisar supuestas medidas de control para contentar a la prensa. Todo ya está inventado y previsto. El Artículo 54.2 de dichos estatutos señala que los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones oficiales que las Administraciones Públicas aporten al Partido y a todos los Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.
Y el Artículo 55 de los mismos Estatutos señala por su parte que 1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territoriales tendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e intervención del responsable correspondiente de finanzas.
2.- El Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.
3.- Anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa.

¿Se han cumplido estas disposiciones en todas las Juntas locales de la Provincia? ¿Y en la Junta Local de Alicante? Si es así, nada que objetar. Y si no se han cumplido los Estatutos ¿se abrirán expedientes disciplinarios a los responsables o éstos sólo se reservan a los llamados críticos? Dado que en diez años de pagar puntualmente la cuota de afiliado un servidor nunca ha sido informado, a pesar del derecho que le asiste a ello según los propios Estatutos del partido Popular, sobre el estado de gastos e ingresos de su Junta Local, la de Alicante, ni de los presupuestos de la misma aprobados conforme a la norma antes citada, es por lo que el pasado 15 de marzo solicitó por escrito al Presidente local, D. Julio de España, la información económica pertinente. Y, a pesar de haber pasado quince días desde entonces, mutismo total, silencio absoluto, nada de nada. Luego dicen que les molesta tener que enterarse de estas cosas por la prensa. ¿Y cómo creen que nos sentimos los militantes cuando nos enteramos por la prensa de sus decisiones? ¿Cómo creen que nos sentimos cuando comprobamos, día a día, que se pasan por el arco del triunfo los Estatutos del Partido y que nos niegan a los afiliados los derechos de información y de participación? Pues nada, ahora le reitero en público, a ver si lo lee, la misma petición: copia de los presupuestos anuales, balances y acceso a la documentación económica de mi Junta local porque quiero saber cómo se ha gestionado mi dinero y porque me preocupan tantas noticias negativas sobre las cuentas de mi partido. ¿Hay algo de malo en ello?

Santiago de Munck Loyola

viernes, 18 de enero de 2013

Chorizos a granel.




¡Vaya semanitas que llevamos! Parece que ningún partido se libra de salir en los papeles de los trincones. Hace tan sólo unos meses se hablaba de los Gürtel, después de los ERES falsos andaluces, más tarde de Pepiño el campeón y sus entrevistas en gasolineras, hace unas semanas empezaron a correr noticias en torno a los cinco hijos millonarios de Pujol y sus aficiones a las montañas suizas y a los complejos hoteleros caribeños, hace unos días nos centrábamos en los independentistas de Durán y su amor a la formación remunerada con fondos europeos y ahora estamos en plena tormenta ocasionada por el Sr. Bárcenas, alias Luis “el cabrón” según las contabilidad gurteliana, y su pasión por el alpinismo suizo. 

Y seguiremos dentro de unas semanas con nuevos y jugosos casos protagonizados por parte de nuestra sacrificada clase dirigente. Aquí el que no corre vuela, desde el yerno del Rey hasta el ex presidente de los empresarios, pasando por políticos de distintos colores y jerarquías, desde independentistas a constitucionalistas. Todos ellos unidos por una misma “pasta”, todos ellos compartiendo afición al trinque de lo ajeno. Corrupción trasversal. Mal está que 30.000 ciudadanos cobren ilegalmente la dependencia de fallecidos, pero con el ejemplo que algunos dirigentes de este país ofrecen ¿qué menos se puede esperar? 

¡Ya está bien! Es hora de que los ciudadanos que nos las vemos y deseamos para cumplir con nuestras cargas familiares y con nuestras obligaciones tributarias, digamos ¡basta! Y nos posicionemos de forma clara y rotunda contras este estado de cosas. Nada de tibiezas porque con ellas no cambiarán, no reaccionarán quienes tienen la obligación de hacerlo. Con tanta tibieza lo que sí han conseguido es que la conducta inmoral de unos pocos manche el nombre de toda la clase política.

Es muy probable que el actual estado de cosas será aprovechado por los simples y por los manipuladores de siempre para decir que todo es culpa del año de gobierno del PP, como si no fuera más que evidente que la corrupción no nace de un día para otro. Están aflorando casos que durante años y bajo distintos gobiernos se han ido fraguando. Y ello ha sido posible porque los distintos gobiernos han carecido de la voluntad política necesaria para establecer mecanismos preventivos. Hay corrupción porque nuestras leyes otorgan un gran margen de discrecionalidad a los políticos a la hora de contratar con las administraciones públicas; hay corrupción porque se ha pervertido la independencia judicial; hay corrupción porque no se ha querido establecer una Ley de financiación de partidos políticos seria y transparente; hay corrupción porque se han aflojado los mecanismos de control que antes ejercían, por ejemplo, los habilitados nacionales en las corporaciones locales; hay corrupción porque nadie ha acometido una reforma sería de las normas que rigen los procedimientos judiciales para implantar criterios de sumariedad en las causas abiertas o hay corrupción porque los partidos políticos no permiten que sus militantes decidan quienes les representan en las instituciones y utilizan los cargos públicos como recompensa para los fieles, sea cual sea su preparación, a las cúpulas dirigentes. Son muchas las causas que propician la aparición de casos de corrupción pero pocas las inequívocas manifestaciones de voluntad política, traducida en hechos concretos, para acabar con ellas.

Hoy afirmaba el Presidente Fabra en relación a cargos populares imputados o procesados que el Partido Popular ha establecido una clara línea roja: los imputados o procesados no pueden ostentar cargos internos dentro del partido ni permanecer en puestos de designación directa, de confianza. Vale, muy bien. Pero eso quiere decir que quien está imputado o procesado, a pesar de la presunción de inocencia, no es apto para ese tipo de puesto, pero sí, al parecer, para seguir ostentando cargos electos. O sea que un imputado no puede ser secretario general del PPCV, por ejemplo, pero sí puede ser alcaldesa de Alicante. Es curioso que se considere necesario preservar de la presencia de un imputado un cargo de partido y no un cargo público. ¿Es lógico?

Por otra parte, hoy también, Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, ha hecho un llamamiento para que "los más preparados, los más comprometidos y los más íntegros"  entren en política con el objetivo de que "no la copen los peores". ¡Perfecto! Pero a ver si la leen en Alicante porque bastó que en septiembre se anunciase a la Dirección Provincial la intención de un grupo de modestos militantes de base alicantinos (sin pretender presentarse como los más preparados, comprometidos e íntegros) de presentar una candidatura a la Junta Local del PP de Alicante por la regeneración del partido para que un mes después se suprimiese la Junta Local de Alicante con el fin de evitar elecciones a la misma.

Cada día se hace más evidente la necesidad de una reacción ciudadana en contra de todas estas tropelías, de los sinvergüenzas de cualquier color que han confundido las instituciones con una charcutería. Y es necesario no callar, condenar sin tibieza, marcar líneas rojas más claras aún y hacerlo con frecuencia porque si no lo hacemos así los escándalos de hoy serán simples anécdotas dentro de unos meses y serán sustituidas con normalidad por otras noticias similares. Nada hay peor que terminar por acostumbrarse al sonido atronador porque termina imponiéndose la sordera.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 26 de enero de 2012

Camps inocente, de momento.

El jurado del proceso seguido contra el ex Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha declarado que tanto él, como Ricardo Costa son no culpables de los cargos por los que estaban siendo enjuiciados, es decir, por el delito de cohecho impropio. El jurado entiende que ni Camps, ni Costa recibieron regalos por razón de su cargo y que no se ha demostrado en el juicio que hubiese regalos pagados por la trama corrupta de Gürtel. Esta decisión del jurado deberá plasmarse en los próximos días en una sentencia absolutoria a partir de la cual podrán presentarse recursos ante el Tribunal Supremo por lo que el asunto no está definitivamente zanjado.

Ahora se producirá una auténtica explosión de reacciones y declaraciones de toda índole en función de la posición ideológica de cada uno. Es evidente que quienes durante estos últimos tres años han ignorado y pisoteado el derecho a la presunción de inocencia van ahora a pisar y a desacreditar esta resolución favorable a los Sres. Camps y Costa. Los impulsores o autores del escandaloso linchamiento político y moral al que durante tanto tiempo han sometido a los acusados van a seguir haciéndolo porque “su verdad” está, como siempre, por encima de los pronunciamientos de la Justicia y del respeto a los más elementales derechos tutelados en un estado de Derecho. Es su modus operandi y no van a renunciar a él ante ninguna evidencia que desmonte sus difamaciones.

Llama la atención alguna reacción inmediata, como la del Secretario general Socialista en el Congreso, Eduardo Medina, que se ha apresurado a mentir a la ciudadanía afirmando lo siguiente: "Francisco Camps absuelto de la trama Gurtel. Garzón... en el banquillo de los acusados por investigarlo”. El Sr. Medina es un mentiroso con todas las letras. De semejante afirmación puede deducirse fácilmente el nivel intelectual del personaje y su catadura moral. El Sr. Camps no ha sido enjuiciado por la trama Gürtel, no. Fue acusado de un presunto delito de cohecho impropio, recibir tres trajes de regalo, del que ha sido, por segunda vez, absuelto. Y el Sr. Garzón, por su parte, no ha sido juzgado por investigar dicha trama, no. El Sr. Garzón ha sido enjuiciado por vulnerar la Ley ordenando grabar las conversaciones de los abogados con sus defendidos cuando dichas grabaciones no tienen amparo legal para su ejecución. Es decir, por violar un derecho elemental, como el derecho de defensa, sin un amparo legal que lo justificase. Así de sencillo y de claro. Posiblemente el público afín al Sr. Medina requiera de simplificaciones, o mejor dicho de simplezas, como las que profiere el Portavoz Socialista, pero tales simplezas son falsas y manipulan la realidad. Como también constituye una falsedad monumental la afirmación tan repetida últimamente de que el Sr. Garzón también está siendo juzgado por investigar los crímenes del franquismo. No es así. Está siendo juzgado por saltarse la Ley, por tratar de instruir procesos para los que legalmente no era competente.

Y qué diferencia de tratamiento mediático entre ambos casos. Abismal. Como también ha sido muy diferente la actitud ante los tribunales de ambos acusados. Era de esperar, además, que el respeto por la Justicia que los seguidores de Garzón tienen se pusiera hoy de manifiesto al conocer la sentencia absolutoria de Camps. Coherentes con su ideología su reacción ha sido insultar al acusado absuelto y lanzar objetos contra su vehículo. Era de esperar: de tal juez, tales defensores.

Todo parece indicar que habrá recursos contra la absolución de Camps y Costa y también señalan los expertos que será difícil que tales recursos prosperen. Ahora, con la absolución “provisional” en la mano, y más adelante, si ésta deviene firme, será imposible restituir a los acusados lo que se les ha arrebatado: su dignidad. No habrá, con seguridad, reparación posible al daño causado. ¿Quién pagará los platos rotos? Seguro que nadie.

Santiago de Munck Loyola.


domingo, 17 de julio de 2011

Camps debe dimitir.

El pasado 27 de junio, el Secretario General del PPCV, Antonio Clemente, exigía al Portavoz Socialista, Jorge Alarte, que dimitiera por haber resultado imputado por un supuesto delito contra el honor por injurias y calumnias con publicidad contra sesenta cargos del PP valenciano.

Ahora, es el propio Presidente del PPCV y Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el que ha resultado, no ya imputado, sino procesado por un presunto delito de cohecho impropio, es decir, por el caso de los tres trajes que recibió, presuntamente, como regalo de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel.

La justicia ha dado un paso más al dejar atrás la siempre discutible condición de “imputado” de Francisco Camps y ahora le ha procesado. Esto significa que la Justicia aprecia en la conducta de Francisco Camps indicios racionales de criminalidad que han de ser examinados a fondo y, en su caso, sancionados o ignorados por no confirmarse.

En este contexto no está de más recordar que el Partido Popular tiene un Código de Buenas Prácticas en el que se señala que los cargos públicos del Partido deben mantener una conducta ejemplar y que deben abstenerse de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización (Art. 1.a). Igualmente en el art. 7 del citado código se determina que los cargos públicos populares tienen prohibido aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Por último, el art. 8 señala que los cargos públicos del Partido Popular tienen el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública.

Es evidente que el Comité Nacional de Derechos y Garantías tiene la obligación política y moral de determinar si la permanencia en el cargo del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una vez procesado, daña a la propia organización o a la institución pública. Quien piense que no la daña, se equivoca.

Parece que en un reciente cambio de la estrategia de la defensa de Camps se ha llegado a plantear incluso la admisión de la existencia de los regalos como algo normal. Sin embargo, este cambio de estrategia colisiona frontalmente con el Código citado, en concreto, con su artículo 7 lo que supone, sin ninguna duda, un claro error político.

No sé si Camps recibió o no como regalo los famosos trajes. No sé si en el caso de recibirlos lo hizo a cambio o no de favores, algo que sería bastante ridículo. Ahora y desde la perspectiva de la regeneración democrática es indiferente. Lo cierto es que la Justicia entiende que con los datos existentes al día de hoy su conducta contiene aparentemente indicios de criminalidad. Y eso debe ser suficiente para que Camps presente su dimisión lo antes posible, que conserve mientras tanto su escaño, que se sustancie el procedimiento y se dirima, de una vez por todas, su inocencia o su culpabilidad. Y si es inocente no habrá ningún obstáculo para recuperar la Presidencia de la Generalitat y, si no lo es, que renuncie a su escaño y cumpla con la pena que le sea impuesta.

No vale en este caso esgrimir a modo de defensa el excelente resultado electoral del Partido popular como salvoconducto. No vale tampoco esgrimir, como es habitual, lo que hacen o dejan de hacer los adversarios políticos. El Partido Popular tiene un código ético y unos principios que deben ser respetados y la conducta del Partido debe ser ejemplarizante en un contexto social en el que la clase política goza de la peor apreciación ciudadana de los últimos tiempos.

Es impresentable pedir dimisiones porque alguien ha sido imputado y hacer lo contrario cuando el nuestro ha sido procesado. Si la cúpula policial ha sido procesada por posible colaboración con banda terrorista en el caso Faisán debe cesar en sus puestos hasta que se dicte sentencia y, además, deberían investigarse las responsabilidades políticas a que hubiese lugar. Y si el Presidente Camps ha sido procesado, también debe dimitir. No hay que dar más vueltas al asunto.

La mujer del César, además de honrada, ha de parecerlo.

Santiago de Munck Loyola.