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miércoles, 31 de mayo de 2017

Independentismo: el caos que se avecina.


No hay ninguna duda de que estamos viviendo uno de los momentos más graves de las últimas décadas de la historia de España. El envite de los independentistas se eleva cada día que pasa. Están en juego la soberanía popular, la unidad de España, la autonomía de Cataluña y la propia convivencia pacífica entre los ciudadanos. En la misma medida en que los independentistas suben su apuesta desafiando a las leyes y agraviando a los símbolos que representan a todos los españoles, crece el odio y la animadversión contra ellos y contra su proyecto ilegal e ilegítimo. Llevan años sembrando vientos y van a recoger tempestades.

Durante años hemos estado escuchando a políticos y periodistas decir la misma idiotez: que las políticas de los gobiernos del Partido Popular eran el mejor caldo de cultivo para el desarrollo del independentismo. Y todos se quedaban tan a gusto. Pues no, las semillas para el crecimiento del independentismo se sembraron hace mucho, se sembraron cuando el Estado decidió poner en manos de los independentistas algo tan serio y sensible como la educación y el uso sin control de fondos públicos para desarrollar el proselitismo independentista. 35 años inculcando a las nuevas generaciones una visión falsa de la historia de Cataluña, 35 años fomentando y cultivando el odio hacia España, 35 años haciéndose las víctimas mientras robaban a manos llenas para sus propios bolsillos y para sus partidos independentistas, 35 años con muchos medios de comunicación bien subvencionados en el “oasis catalán” no podían desembocar en otros resultados que los que tenemos a la vista, no podían ofrecer otra cosa que el crecimiento del victimismo y del independentismo.

Ni políticas del PP ni gaitas, el abono que ha propiciado esta cosecha se llama falta de sentido de Estado, se llama miopía política y se llama egoísmo partidista y es propiedad de los grandes partidos nacionales. Han sido incapaces de acordar cosas  tan básicas como un sistema educativo nacional e integrador, una reforma electoral que acabase con la prima de sobrerrepresentación que beneficia a los independentistas, garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles con independencia del territorio en el que residan, una persecución implacable contra la corrupción política o medidas para acabar con el despilfarro autonómico en la promoción interior y exterior de las tesis independentistas.

Mientras el desafío más grave para la permanencia de la Nación española y para la convivencia pacífica se va desarrollando, el panorama entre los llamados partidos constitucionalistas es desolador. Podemos Unidos no puede ser incluido en esta categoría porque sus líderes están claramente a favor de romper la soberanía nacional a través de un referéndum a realizar sólo entre una parte del pueblo soberano, aquella que reside en las provincias catalanas. El Partido Popular, un día sí y otro también está siendo salpicado por el afloramiento de antiguos casos de corrupción que en gran medida merman su credibilidad y hasta buena parte de su legitimidad. El PP cuando tuvo mayoría absoluta hizo muy poco o nada por introducir reformas que fomentaran la cohesión y la solidaridad nacional incumpliendo constantemente su propio programa electoral. Y al PSOE hay que darle de comer a parte. No sólo es el partido protagonista del mayor caso de corrupción de la historia de España, sino que además arrastra muchas losas en su trayectoria que cuestionan incluso su lealtad constitucional. Desde el “apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de ZP, pasando por la famosa frase “la nación es un concepto discutido y discutible” del mismo autor, hasta las actuales sandeces de Pedro Sánchez diciendo que “España es una nación de naciones” es imposible saber qué defiende realmente el PSOE. Su discurso es errático y diferente en cada territorio y ya ha demostrado que no tiene inconveniente alguno en pactar en autonomías y ayuntamientos con quienes quieren destruir España.

El Sr. Puigdemont, sus compañeros y los podemitas siguen empeñados en que el Gobierno de España pacte, o lo que es lo mismo para ellos, que se doblegue y permita un referéndum en Cataluña sobre su independencia, vulnerando la Constitución. ¿Tan difícil es de entender que una parte no puede decidir sobre lo que es de todos? ¿Tan difícil es asumir que la soberanía del pueblo español no se puede fraccionar? Y de hacerlo ¿Quién decide el límite? ¿Los independentistas?

Hoy, este portento político que es Carlos Puigdemont, criado a los pechos políticos de la corrupción pujolista, ha emplazado a Mariano Rajoy a aclarar "si el Estado está dispuesto a usar la fuerza contra Cataluña". Al margen de que como todo independentista debe pensar que Cataluña es él, bastaría con que se leyese el Artículo 8.1 de la Constitución española, la Ley que por cierto legitima su Presidencia y la autonomía catalana, para conocer la respuesta: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Más claro el agua ¿verdad?

Santiago de Munck Loyola


jueves, 4 de mayo de 2017

Antena 3 ofende a la memoria de las víctimas.


No me voy a andar con paños calientes. Durante décadas una mafia como ETA ha regado de sangre de hombres, mujeres y niños las calles de España para doblegar al Estado y conseguir la independencia del País Vasco e implantar allí una dictadura marxista leninista. No nos confundamos, los etarras ni eran, ni son unos fascistas, son unos asesinos, unos delincuentes de la más baja estofa, unos terroristas de ultraizquierda marxista leninista y punto. Y lo más delirante de estas últimas décadas es que no han estado solos. No me refiero ya a la famosa frase del páter Arzallus “ETA mueve el árbol y nosotros recogemos los frutos”, sino a decenas de miles de personas, hombres y mujeres aparentemente normales, que votaban y votan a la rama política etarra, se llame Batasuna, Sortu o Bildu, sin que la foto de un niño con el cráneo destrozado o la de una mujer embarazada de siete meses asesinada, les conmoviera lo más mínimo y les mueva a cuestionarse lo más mínimo la moral de esos crímenes.

Había urnas pero preferían y prefieren las bombas, la extorsión, los secuestros y la bala en la nuca. Me resulta imposible comprender que una persona normal y corriente no se conmueva lo más mínimo ante las matanzas de inocentes y que encuentre toda clase de justificaciones para explicar que, a pesar de tanto dolor, se puede votar y defender a los representantes de los asesinos.

Más fácil de comprender es que una parte de los partidos políticos de la izquierda hayan mostrado en muchas ocasiones una gran complacencia y tolerancia con los representantes políticos de los asesinos. Incluso el PSOE en más de una institución ha sido capaz de llegar a acuerdos con esa chusma por una alcaldía o una diputación. Y para qué vamos a hablar de Izquierda Unida o de Podemos siempre prestos a ir de la mano con los bildutarras para una investidura o una moción de censura.

Hoy afortunadamente la ETA está vencida policialmente pero no políticamente y no lo está gracias a siete cobardes “magistrados” del Tribunal Constitucional que legalizaron a Bildu, la casa común de terroristas, filoterroristas y toda clase de cómplices con la violencia y el horror.

Si algo puede cimentar sólidamente la paz y la convivencia en una sociedad es la necesidad de que se haga justicia con los asesinos y con las víctimas. Y aún no se ha llegado a ello. Prueba de ello son los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Prueba de ello también es el empeño de los amigos de los terroristas en borrar el rastro y la memoria de las víctimas arrancando las placas que las recuerdan en las calles. Y prueba de ello, por último, es toda la piara de políticos, artistas y seudointelectuales que esporádicamente reclaman el acercamiento de los asesinos al País Vasco pero nunca han dicho ni dirán una sola palabra en favor de las víctimas.

Pero vivimos en un país donde las libertades sobreviven a pesar de la violencia indiscriminada ejercida por la ETA para acabar con ellas. Y estas libertades permiten que quienes defienden o se identifican con los asesinos puedan expresar su simpatía con ellos. La línea roja que debe delimitar el espacio y la relación con los filoetarras queda para la gente decente.

Ellos tienen libertad para expresar pacíficamente sus simpatías y pueden pedir lo que quieran o reclamar el acercamiento de los presos a su tierra y los demás tenemos la misma libertad para trazar esa línea roja y no querer saber nada de ellos. Y con la misma libertad que disfrutamos todos, pese a ETA, los ciudadanos podemos promover cualquier boicot contra cualquier partido, empresa o persona que colabore con los amigos de ETA. Se trata de promover cordones sanitarios para que algunos comprendan que la violencia no es justificable y que no habrá reconciliación sin justicia para todas y cada una de las víctimas, algo que aún no se ha alcanzado.

Por ello, me he sumado con gusto al boicot a la serie “La casa de papel” emitida en Antena 3 en la que una de sus protagonistas Itziar Ituño, defendió en un vídeo el acercamiento de los presos de la ETA al País Vasco y en marzo de 2016 fue una de las convocantes del acto de apoyo a la escoria humana llamada Arnaldo Otegui en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián. Es una cuestión de libertad, de conciencia y de compromiso con la justicia y la paz. Itziar Ituño es muy libre y no precisamente gracias a la ETA para expresar su simpatía con los asesinos y yo soy tan libre como ella como para decidir no ver su jeta en el televisor de mi casa. Así de simple y fácil. Y no quiero acabar estas líneas sin recordar a los accionistas de Antena 3 y La Secta que existe una línea roja de la decencia, que no todo vale por dinero y que su cuenta de resultados no debería estar manchada con la sangre del recuerdo de las víctimas de ETA.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 3 de mayo de 2017

Dos jetas en Finlandia.


Según hemos sabido por los medios de comunicación, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Joaquín Francisco (Ximo) Puig y su Consejero de Educación, Vicente Marzá, se han  ido a pasar cuatro días a Finlandia con el fin de estudiar el modelo educativo de este país nórdico. Dicen que el objetivo del viaje es estudiar las experiencias del sistema educativo de ese país con el horizonte de pasar "de una economía de la especulación a una de innovación". Grandilocuente, eh.

Para ello, el Presidente encabeza un viaje institucional a Finlandia junto al consejero de Educación, Vicente Marzá, quienes irán acompañados por el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler; el director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Antonio Rodes; y el delegado del Consejo para la Unión Europea y relaciones externas, Joan Calabuig, según detalla la propia Generalidad en un comunicado.

Y a uno le asaltan las dudas al conocer esta noticia. Porque, vamos a ver, ¿no vivimos en un mundo globalizado, en una sociedad internacional sin fronteras informativas donde las redes intercambian toda clase de formación e información? ¿Acaso España no cuenta con excelentes profesionales de la educación y con grandes pedagógos? 

¿Hacía falta de verdad que estos dos jetas y su amplio séquito viajasen a Finlandia a "aprender" sobre su modelo educativo? ¿O es que acaso se encuentran más capacitados que los expertos en eduación para aprehender la esencia del modelo educativo finés? ¿No deberían entrar en política ya "aprendidos" estos políticos migrantes?

Lo cierto es que el presupuesto público da para mucho y la cara dura de algunos también. Siempre habrá alguien dispuesto a justificar semejante mamarrachada pero, ya está bien. Se les ve demasiado el plumero a estos ignorantes, jetas, despilfarradores, sectarios y antiespañoles del tripartito valenciano.


Santiago de Munck Loyola
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