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sábado, 5 de junio de 2010

SEPES CONTRA EL INTERÉS GENERAL.

La sentencia del TSJV de 25 de mayo de 2010 anulando la adjudicación del Polígono Industrial Walaig supone, de hecho, un claro golpe al desarrollo del empleo en Monforte del Cid y en toda la comarca. La decisión judicial da la razón a SEPES por un simple defecto formal, a tenor de la interpretación que el tribunal hace sobre la armonización de las leyes estatales con las autonómicas. En efecto, la Ley estatal sobre contratos exige la publicación de las licitaciones de contratos en el BOE, salvo en el caso de contratos especiales en cuyo caso remite a la legislación específica. Por el contrario la Ley Urbanística Valenciana exige que la licitación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) se realice solamente en el DOGV y en el Boletín de las Comunidades Europeas. El Ayuntamiento publicó el PAI según dictaba la LUV, entendiendo, además, que se trata de un contrato especial. Ese hecho sirvió a SEPES para recurrir la decisión municipal alegando que la no publicación en el BOE atentaba contra el principio de publicidad de las licitaciones. Y nada más lejos de la realidad y del sentido de las normas pues con las publicaciones efectuadas la publicidad estuvo garantizada y lo estuvo, hasta tal punto, de que muchas empresas concurrieron al proceso y el mismo SEPES conoció la licitación lo suficiente como para recurrirla, al margen de que se le había notificado fehacientemente por parte del Ayuntamiento.

Es, por tanto, más que evidente que la voluntad de SEPES era paralizar el proceso e impedir el desarrollo del Polígono. Nada impedía que el propio SEPES hubiese concurrido a la licitación porque era y es evidente que la publicidad y la transparencia se habían cumplido. Por consiguiente, esgrimiendo un defecto formal, que no de fondo, SEPES ha logrado una victoria que garantiza sus intereses particulares pero que va claramente en contra del interés general: empleo y prosperidad para la comarca. Y sólo puede haber una razón de fondo que justifique tan mezquina actitud: el sectarismo. El más acendrado partidismo ante un Ayuntamiento gobernado por un color diferente al suyo.

Y esta razón, se subraya aún más cuando al comentar la sentencia el Director General de la Entidad anuncia su intención de solicitar de forma inmediata la ejecución de la sentencia y la paralización de las obras. Esa decisión, de llevarse a cabo, exigirá ineludiblemente el inicio de nuevos instrumentos urbanísticos que avalen la actuación y, por tanto, el inicio de un largo proceso que puede durar varios años más. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Monforte, por acuerdo plenario y mediante dos resoluciones de Alcaldía, recurridas también por SEPES y aún pendientes de sentencia judicial, resolvió el convenio que le mantenía atado a esta entidad y que desde hacía 14 años había impedido el desarrollo industrial del suelo. Y esta decisión se tomó tras la conversación con el representante de SEPES, D. Javier González, quien manifestó que la prioridad de la Ministra Trujillo y, por tanto de SEPES, no era desarrollar actuaciones industriales, sino vivienda pública. Los representantes directos de los vecinos decidieron prescindir de la “colaboración” de SEPES (decisión más que avalada en las urnas en 2007) mientras que los gestores de SEPES carecen de toda representatividad.

Ante todo hay un conflicto de intereses, los generales representados por el Ayuntamiento y los particulares representados por SEPES, y un marco legislativo y judicial complejo que aún puede deparar muchas sorpresas. La única posibilidad de que no se retrase el Polígono y, por tanto, la creación de trabajo en una comarca tan castigada es la negociación en la que ambas partes deben realizar concesiones y alcanzar, si es posible, un nuevo convenio.
Cualquier paso que se dé precipitadamente como pedir la ejecución de la sentencia solo provocará un gran retraso y servirá para incrementar el drama del paro que tanto está golpeando en la comarca.

Santiago de Munck Loyola