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sábado, 12 de diciembre de 2020

Podemos y “su” república, no la de todos.


Con toda seguridad a la mayoría de los españoles les preocupa ahora cómo van a poder afrontar el futuro económico, cómo se va a volver a crear empleo, cuándo vamos a salir de esta recesión, cuándo y cómo vamos a poder vacunarnos, con qué seguridad o qué se va a hacer para parar la invasión de inmigrantes ilegales. Muchos estarán muy preocupados por saber cuándo van a cobrar las ayudas o por conocer por qué no les aprueban el ingreso mínimo vital. Incluso los hay cuya preocupación es saber por qué estamos como estamos y quién o quienes son los responsables de este desastre. Pocos o muy pocos andan ahora preocupados por saber dónde va a pasar las Navidades el Rey Emérito cuando ellos mismos no saben ni cómo ni con quién van a poder pasar las suyas.

 

Todavía le esperan en las Residencias de ancianos.

Pero es evidente que la agenda de algunos políticos no pasa por los problemas reales de los ciudadanos a los que se supone deben servir. Erre que erre siguen empeñados en hablar de “su libro”, intentan a toda costa que su hoja de ruta se imponga en el debate público y tratan de hacernos creer, con el eco entusiasta de bastantes medios de comunicación, que ahora lo que toca es promover una República, su República. Ya asomaron la patita en medio de la muerte de miles de compatriotas promoviendo caceroladas contra la Monarquía, cuando lo que tocaba, en primer lugar, era llorar a los muertos, socorrer a las víctimas y fomentar la unidad de la Nación para hacer frente a la pandemia. Pero no, todo eso les importaba un rábano y ellos a lo suyo. 

 


El 19 de septiembre, en plena segunda ola del virus, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos señalaba como objetivo prioritario de su formación política en un futuro inmediato “trabajar para avanzar hacia un horizonte republicano que profundice en la democracia española. Trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos" y para ello acentuar los ataques a la Monarquía en beneficio de la República. Sí, tal cual. Lo de contribuir a la reconstrucción de España, luchar contra la pandemia, contra el desempleo o la recesión que lo hagan otros. Y siguiendo la estela de su jefe, Rafael Mayoral, Portavoz de Unidas Podemos, acaba de declarar lo siguiente: "No queremos legislar sobre la Corona, queremos urnas para que la gente decida sobre la forma de Estado".

 

Salvo que estos comunistas sean unos vulgares golpistas como sus socios y hermanos independentistas y pretendan elevar la presión a base de repetirse hasta la náusea y convocar un referéndum ilegal sobre la Monarquía, saben de sobra que urnas ya las hay para que la gente decida sobra la forma de estado. En vez de cacarear tanto y de hablar de cursis “horizontes republicanos” deberían ponerse manos a la obra y presentar al Parlamento su proyecto de reforma constitucional. Una vez presentada tendrán que conseguir 233 diputados que la voten a favor y 176 senadores. Una vez aprobada su propuesta republicana se deberá proceder a la disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado esta vez por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado. Y, una vez hecho esto, su propuesta será sometida a referéndum para su ratificación por el pueblo español.

 

El problema es que saben de sobra que nunca van a conseguir 233 diputados dispuestos a dar el sí a su propuesta de república salvo que impulsen una reforma del sistema electoral al estilo venezolano, algo no descartable, y así puedan alcanzar esa cifra, por ello, están dispuestos, de momento, a calentar la calle, a enrarecer el debate político y a acentuar la crispación y la convivencia ciudadana. Y para conseguir “su república” todo les vale porque su modelo republicano hunde sus raíces en un modelo fracasado, fratricida, totalitario, excluyente y violento. Es indudable que el peor enemigo de la causa republicana (la causa de una República democrática, moderna e integradora) es Pablo Iglesias porque él y los suyos representan lo más putrefacto de la política y porque “su” república es otra y la confusión entre los dos modelos republicanos es letal para el segundo. Pero, cuidado, estos tipos no dan puntada sin hilo, así que más vale no perderles de vista, han empezado por comerse al PSOE y terminarán intentando comerse a todos los demás, vivos o muertos.

 

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 5 de agosto de 2020

Objetivo: liquidar el régimen del 78 y a su impulsor.

La marcha de España, sea temporal o no, de D. Juan Carlos I parece que ha dejado insatisfechos a muchos de los actores políticos que venían pidiendo desde hace tiempo un gesto o una decisión al respecto por parte de la Casa Real. Que se sientan satisfechos o no los políticos o los locuaces comentaristas televisivos debería traernos al pairo a los sufridos ciudadanos. Y en medio de esta cascada informativa y de tanto carroñero tendremos que hacer un paréntesis para procesar, analizar y desmenuzar todas las informaciones con las que a diario nos bombardean.

 

Durante décadas los medios de comunicación españoles mantuvieron un pacto de silencio no escrito en torno a las actividades privadas de Don Juan Carlos. Parece evidente que la conducta privada del Monarca no era precisamente ejemplar y los rumores sobre esa conducta, que en otras Monarquías europeas se habrían traducido en verdaderos escándalos, aquí no pasaron de la categoría de comentarios y de chismes vistos por mucha gente hasta con cierta simpatía o complicidad. Es hace dos años cuando el ambiente cambia, cuando un medio de comunicación (OK Diario) publica parte de las grabaciones de unas conversaciones de llamémosla la Corina al ex comisario y presunto delincuente, Villarejo. Y no conviene olvidar que esta “señora” hizo esas escandalosas declaraciones sabiendo que estaba siendo grabada. Abierta la espita, se acabó la inmunidad informativa para Don Juan Carlos y el goteo de noticias no ha cesado aunque parece que lo único probado hasta ahora es que Don Juan Carlos recibió regalos y donaciones que no declaró en España y que usó cuentas en paraísos fiscales. Algo que es inadmisible para un Jefe de Estado y éso es algo que todos los ciudadanos que cumplimos con Hacienda y que además no poseemos cuentas en paraísos fiscales podemos y debemos reprobar y condenar. Pero no es ése el caso de quienes se financian con el dinero de Irán o de la narcodictadura venezolana, de quienes camuflan sus ingresos a través de sociedades para eludir impuestos, de quienes contratan a asistentes personales y no les dan de alta en la seguridad social, de quienes han metido la mano en las cajas públicas malversando los fondos destinados a los parados o a la formación, de quienes se han forrado con el 3%, de quienes los han encubierto extendiendo banderas independentistas o de quienes, bajo cualquier fórmula, nos han convertido en rehenes de la corrupción. Todos ésos son ahora los menos indicados para hablar, para criticar o para exigir nada. Todos ésos, y todos sabemos quienes son, carecen de legitimidad para pedir ejemplaridad o para exigir responsabilidades.

 

Sin embargo, no lo hacen y seguramente porque les importa muy poco el fondo del asunto. Ellos están a otra cosa desde hace tiempo. Ellos están en liquidar el régimen de la transición. Un régimen fundado en la reconciliación de los españoles que no aceptan de ningún modo. Llevan años reinventando el pasado, reabriendo heridas, fomentando odios y tratando de sustituir la reconciliación nacional por la memoria supuestamente histórica. Separatistas, chorizos del 3%, herederos de la mafia etarra, comunistas y populistas van de la mano para liquidar todo rastro de la transición y el asunto de Don Juan Carlos les viene de perlas. Cada cual tiene su objetivo: romper la unidad de España, liquidar el régimen del 78, instaurar un régimen populista o acabar con las libertades “burguesas” y, siendo aliados coyunturales, han descubierto la clave de bóveda cuya destrucción les permitiría alcanzar sus objetivos, la Monarquía parlamentaria que ha proporcionado a los españoles la etapa más larga de progreso y libertad nunca antes alcanzada en España.

 

En este régimen nacido en 1978 es perfectamente legítimo ser republicano y promover a través de sus mecanismos constitucionales la sustitución de la forma de la jefatura del Estado pasando de Monarquía a República. Pero seguramente los planes de estos aliados no pasan por seguir los mecanismos constitucionales, como no los siguieron cuando los separatistas intentaron su “golpe de estado” a través de un simulacro de referéndum y contaron con la complacencia de comunistas y populistas.

 

Por todo ello, hay que estar muy atentos, hay que analizar cada noticia, hay que identificar bien quién, qué y por qué denuncia, hay que buscar la finalidad real de cada movimiento político. No nos dejemos engañar porque los que hablan ahora de la promoción de la ejemplaridad como motivo de sus críticas a la conducta D. Juan Carlos, en el fondo, les importa un bledo el concepto de ejemplaridad y no hay más que examinar sus propias conductas.

 

Pero sobre todo hay que recordar, hay que hacer un balance histórico de los últimos 40 años que no pueden ser borrados por estos escándalos. ¿Don Juan Carlos abrió las puertas a la democracia? ¿La impulsó? ¿Cumplió con sus funciones constitucionales? ¿Hizo cumplir en última instancia la Constitución? ¿Nos representó con dignidad en el extranjero? ¿Amplió el prestigio de nuestra Nación? ¿Bajo su reinado España alcanzó las más altas cotas de prosperidad, de paz y de libertad? Pues eso. 


Deberá responder ante la Justicia si ha lugar a ello, pero no por eso se puede borrar ni su legado histórico ni mucho menos deslegitimar la actual Jefatura del Estado. Felipe VI está cumpliendo meticulosamente las funciones que la Constitución le encomiendan y los errores de su padre ni se heredan, ni la genética le descalifica para hacerle abdicar como pretenden algunos podemitas y el catanazi Torra. Y si no que le pregunten por la herencia genética al propio Pablo Iglesias.

 

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com

 

 

 

 

viernes, 24 de julio de 2020

Don Juan Carlos I, Rey de España.


Al conocer el constante goteo de noticias y comentarios sobre el Rey Juan Carlos I, sus manejos económicos y su amiga Corinna, la falsa princesa y peculiar “empresaria”, surgen inevitablemente sentimientos contradictorios para la mayoría de los españoles. Pocas veces, además, se ha hecho más evidente el viejo dicho de hacer leña del árbol caído, un deporte nacional, y, entiéndase por caído, el hecho de que ya no sea el Jefe del Estado sin entrar en otras cuestiones. La lista de nuevos leñadores es impresionante y se nutre de muchos periodistas cortesanos, comentaristas antes juancarlistas y políticos oportunistas tan escasos de principios como de luces intelectuales. Algunos hasta parecen sorprendidos con el hecho de que el Rey Juan Carlos I tenga una más o menos cuantiosa fortuna o de que reciba o haya recibido regalos de los monarcas árabes cuando lo cierto es que ya en los años 90 algunas informaciones, pocas es cierto, se hacían eco de préstamos o donaciones de Kuwait y de negocios de amigos del Rey en torno a las torres Kio.

Al día de hoy, parece conveniente situar las informaciones en sus justos términos y no sacar conclusiones precipitadas ni dar por cierto todo lo que se lee o escucha. Y ello, porque hay un contexto político evidente. Tenemos un gobierno formado por socialistas y comunistas y una parte de él tiene como objetivo prioritario derribar la monarquía parlamentaria. Y, como es evidente, van a usar todos sus terminales mediáticos para explotar este asunto y erosionar al actual Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, cuya conducta constitucional está siendo impecable.
Ayer mismo el vicepresidente segundo del gobierno, el Sr. Iglesias, afirmaba que vamos hacia una “república plurinacional”. En este contexto es dónde hay que analizar cada noticia y cada comentario. 

Hay que destacar que la mayor parte de las informaciones o más bien afirmaciones provienen de grabaciones de la Sra. Corinna quien se dió “a conocer en los salones y eventos de la jet set europea, presentándose como princesa. Alega dedicarse a los negocios y mantiene una intensa vida social.

Es la directora general de Boss & Co. Gunmakers, una armería fundada en Londres en 2000 y es cofundadora de “Auténticos” una fundación dedicada a sensibilizar contra las redes de banqueo de dinero, cárteles de la droga, paramilitares y el trabajo infantil” (no se ría el lector, por favor, la descripción está publicada en Wikipedia). ¿Y a quién le hizo todas esas escandalosas declaraciones la falsa princesa Corinna? Al comisario Villarejo, un policía que está en prisión en espera de juicio, protagonista de varios escándalos de espionaje, amigo del exjuez Baltasar Garzón y la exministra de justicia reprobada por el Congreso y actual Fiscal General del Estado, Mª Dolores Delgado, miembro según Pablo Iglesias de las “cloacas del Estado", en fin, una joyita de mucho cuidado que, cuando la mierda que airea les afecta carece de toda credibilidad para los políticos y periodistas izquierdistas y para quienes se convierte en una fuente fidedigna cuando las heces aireadas atañen a la derecha o, como en este caso, al Rey Juan Carlos I o a la institución monárquica. Por todo ello, cualquier persona con un mínimo de sensatez y objetividad tiene que poner en cuarentena cualquier información.

Y si hay algo que cualquier ciudadano comprometido con los valores y derechos establecidos en nuestra Constitución debe hacer, especialmente si se trata de un político, es respetar la presunción de inocencia que vale para todos los españoles sea cual fuere su posición social. A muchos se les ve el plumero de lejos, sobre todo a los políticos que ya se han apresurado a pedir la retirada del nombre del Rey Juan Carlos I de Avenidas, Calles, parques o de cualquier edificio público. A los pancatalanistas de Compromis les ha faltado tiempo para exigir la retirada de un busto en el Ayuntamiento de Alicante.
Y para qué mencionar a tanto imbécil que en las redes sociales exige que Don Juan Carlos devuelva a los españoles el dinero que dicen ha recibido fuera. ¿A quien tiene que devolver esos supuestos bienes? ¿A los jeques árabes que dicen que se lo regalaron? ¿Cómo es posible que atribuyan los 65 millones de euros de los que se habla a comisiones recibidas por el AVE a la Meca cuando las informaciones sitúan ese regalo 6 años antes de que se formalizara dicho contrato? 

Parece más que evidente que la vida privada del Rey Juan Carlos I no ha sido ejemplar. Y entre otros muchos aspectos el hecho de que pudiera tener dinero en paraísos fiscales no lo es, como no lo eran sus cacerías y su tren de vida en plena crisis económica. Pero no existe ni coherencia ni legitimidad alguna para que esa crítica y ese reproche social lo traten de instrumentalizar quienes han recibido regalos económicos de Irán o de Venezuela utilizando igualmente cuentas en paraísos fiscales.

Pero lo que sí es evidente es que el reinado de D. Juan Carlos I ha sido la mayor etapa de libertad y prosperidad para los españoles de los últimos siglos. Es un hecho que no puede ser borrado que D. Juan Carlos hizo posible una transición pacífica de la dictadura a la democracia admirada y estudiada en innumerables cátedras universitarias de todo el mundo. Es un hecho innegable que en 1981 un golpe de estado no triunfó por su decisiva intervención. Y es un hecho innegable que durante su reinado España ha alcanzado las mayores cotas de bienestar social de su historia. Y es por ello, por todo ello, por lo que se le han rendido honores y reconocimiento público y no por su vida privada, no por ser buen marido, padre, amante o administrador de su patrimonio. Si se demuestra que en el ámbito de su vida privada ha infringido las leyes, deberá responder por ello si nuestra legislación lo permite. Pero de ahí a tratar de borrar su legado político hay un verdadero abismo que, con una nueva memoria histórica ad hoc, parece ser el objetivo de tanto inconsciente, advenedizo y miserable que pulula en los medios de comunicación y en la política.

No se puede borrar el papel histórico y constitucional de D. Juan Carlos y menos aún intentar espuriamente imputar responsabilidades al Rey Felipe VI que, aunque no les guste a los podemitas y a sus conmilitones socialistas, está desarrollando su tarea de forma constitucionalmente impecable. Que la pareja del Sr. Iglesias, la Ministra Montero  vea "muy difícil" separar de la institución monárquica "los casos de corrupción, algunos presuntos y otros contrastados, de la familia Borbón" no deja de ser una generalización y una apelación a la genética impropia de alguien que debería contar con la suficiente formación intelectual para formar parte del gobierno de España. ¿Son ahora los hijos responsables de los errores de los padres? ¿Hablamos entonces de los ancestros del Sr. Iglesias?

La Monarquía española es hoy más que nunca absolutamente necesaria para garantizar los derechos y libertades de los españoles. Y lo es no sólo porque durante los últimos 45 años ha demostrado su valía para construir una sociedad democrática y próspera, sino porque, además, la alternativa encarnada por personajes de la talla moral y política del Sr. Iglesias o del Sr. Sánchez Castejón es realmente pavorosa.

Santiago de Munck Loyola








jueves, 19 de junio de 2014

Felipe VI, nuevo Rey de España.


Tras unas semanas de polémicas e intensos debates públicos desencadenados por el anuncio de abdicación del Rey Juan Carlos I, hoy se han cumplido las previsiones constitucionales y D. Felipe de Borbón y Grecia ha prestado juramento ante las Cortes Generales y ha sido proclamado Rey de España. Durante estos últimos días se han cruzado toda clase de argumentos tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación entre los partidarios del cumplimiento de la Constitución y de los favorables a su quebrantamiento para promover un cambio de régimen, entre los defensores de la Monarquía y los republicanos. Hoy, sin embargo, todo ese ruido político ha quedado eclipsado, pese a los intentos de la izquierda radical, por la ceremonia de juramento y proclamación de Felipe VI.

Había mucha expectación entre los comentaristas políticos por el contenido del mensaje que iba a pronunciar en las Cortes el nuevo Rey y es evidente que, a la luz de algunas reacciones, el primer discurso de Felipe VI ha sido, ante todo, impecablemente constitucional. Se equivocan quienes esperaban un discurso cargado de novedades políticas que pudieran suponer un cambio de rumbo en la política española porque el Rey, con la Constitución, en la mano no puede anunciar en público lo que políticamente no le compete. La Constitución define perfectamente cuales son las tareas y el papel que el Rey como Jefe del Estado tiene y Felipe VI, como no podía ser de otra forma, se ha atenido a ello. Las supuestas decepciones que las palabras del nuevo Rey han provocado en algunos periodistas e incluso entre algunos políticos solo denotan su ignorancia sobre el papel constitucional de la Corona y de quien la encarna.

Felipe VI ha iniciado su reinado con un discurso constitucional en el que ha querido transmitir y recordar algunas ideas. De una parte ha hecho algo más que un protocolario agradecimiento y reconocimiento a la labor de su padre, su predecesor en la Corona, de quien ha subrayado que bajo su liderazgo fue posible la construcción de un modelo de convivencia para todos y un largo período de progreso, al ampliar este agradecimiento de forma emocionada al papel jugado por su madre, la Reina Sofía, cuyo prestigio entre los ciudadanos españoles, por cierto, está a la cabeza de la institución monárquica. 

De otra parte, ha recordado el papel que en nuestra Constitución se otorga a la Corona, sus funciones y las ventajas que su independencia partidista puede otorgar a la hora de desempeñar las labores de mediación y arbitraje entre los poderes del estado y las fuerzas parlamentarias. En este campo, además, ha hecho mención al sentido y a la orientación que quiere imprimir al estilo de su reinado apelando acertadamente a la transparencia de la institución y a la ejemplaridad que debe presidir la actuación de la Corona. Ha sido un acierto que hable de ejemplaridad, no sólo como referencia al descrédito generalizado de la política, sino especialmente como contrapunto de algunas actuaciones de su propio padre y de otros miembros de la Familia Real que han provocado la indignación de buena parte de la ciudadanía y una considerable pérdida de apoyo a la Institución. 

El nuevo Rey ha dejado claras dos cosas: que sabe que sin ejemplaridad la Monarquía pierde buena parte de su razón de ser y que sabe que tiene que ganarse día a día el puesto que la sangre y la legitimidad constitucional le han entregado. Felipe VI sabe que a la legitimidad histórica y a la legitimidad constitucional debe sumar la legitimidad de ejercicio. Por último, en su discurso el Rey no ha querido dejar de mencionar los problemas más candentes de nuestra sociedad: el desempleo, especialmente el de los jóvenes, la crisis y sus consecuencias, la necesidad de promover la investigación, el papel de la mujer en nuestra sociedad o las tensiones que sobre la unidad de España estamos viviendo, aunque lo haya hecho de una forma quizás excesivamente velada. Y, en este repaso a la actualidad general, posiblemente ha sido un olvido no mencionar a un importante sector de nuestra sociedad, los nueve millones de jubilados que tras una larga y muchas veces dura vida, están siendo imprescindibles para que muchas familias puedan sobrevivir en esta dura crisis.

Hoy a diferencia de lo que ocurrió hace 39 años no se abre una nueva etapa desde la ilusión y la esperanza colectiva, sino desde la desconfianza y el escepticismo de millones de ciudadanos a los que el sistema ha defraudado profundamente. Ojalá que la sucesión en la Corona sea sinónimo de regeneración de la misma y que su ejemplo sirva de impulso para promover también la regeneración en los demás ámbitos de las instituciones y en el propio sistema político. Ojalá Felipe VI acierte porque el éxito de su reinado supondrá un éxito colectivo.

Santiago de Munck Loyola


martes, 3 de junio de 2014

2 de junio de 2014, un día para la historia.


El pasado dos de junio pasará, sin lugar a dudas, como una fecha señalada en los libros de historia por el anuncio oficial de la abdicación del Rey, Juan Carlos I. Un anuncio que nos ha cogido por sorpresa a los ciudadanos españoles enfrascados muchos aún en los análisis y los debates sobre las recientes elecciones europeas y sus consecuencias y desplazando, afortunadamente, de los titulares de los medios de comunicación al líder de “Podemos” cuya saturada presencia mediática empezaba a aburrir hasta a las ovejas.

El anuncio de la abdicación del Rey supone el cierre de una larga e importante etapa de nuestra historia y el inicio de otra nueva llena de incertidumbres. Es muy pronto para realizar un análisis y un balance objetivo del reinado de Juan Carlos I. Será el paso del tiempo el que permita en el futuro tener una mejor perspectiva de estos 39 años de reinado. Pero sí podemos, aunque sea con toda la subjetividad del mundo, plasmar cada cual nuestras opiniones y sensaciones sobre una etapa histórica que es la nuestra y sobre quienes han ostentado las máximas responsabilidades institucionales durante la misma.

A pesar de las explicaciones oficiosas y de los razonables argumentos que muchos comentaristas han expuesto para justificar las razones y el momento elegido para esta abdicación, da la sensación de que algo se oculta, de que algo no se nos cuenta o de que no se dice toda la verdad. ¿Razones exclusivamente políticas? ¿Personales? ¿De salud? ¿La solidez de la Institución monárquica?… No parece que el momento elegido sea, a primera vista, el más oportuno sobre todo desde la perspectiva del interés nacional, que no tiene por qué ser coincidente con el de la Institución Monárquica, ante el desafío de los separatistas que requiere, entre otras cosas, la presencia de un Jefe del Estado firme, pero dialogante, experimentado y moderador.

Como era de esperar la izquierda más radical ha aprovechado este anuncio para iniciar movilizaciones callejeras reivindicando la tercera república y la convocatoria de un referéndum para ello. Una vez más se hace gala de un absoluto desprecio de la legalidad constitucional, de las reglas de juego, que establecen un claro cauce para canalizar esa legítima aspiración. Si se quiere instaurar una república en España hay que hacerlo a través de los mecanismos que la propia Constitución establece y hacerlo, por tanto, a través de una iniciativa en las Cortes, en la sede de la soberanía nacional, y no en la calle ni en los Ayuntamientos. El continuo desprecio que algunos vienen haciendo gala de la Constitución, que es la garante de nuestros derechos y libertades, es una clara expresión y anticipo del riesgo que en sus manos correrían esas mismas libertades públicas. Y hay que subrayar que no promueven la instauración de una república de y para todos, con ha sido y es la actual Monarquía Parlamentaria, sino de una república de izquierdas sectaria y excluyente tal y como lo simbolizan con el uso de la bandera del régimen del año 31. No quieren promover un nuevo proyecto político republicano, sino hacer un paréntesis de 75 años y retrotraernos al pasado republicano lo que, sin duda, espanta a muchos republicanos que encuentran en la Monarquía Parlamentaria un espacio de libertades y convivencia de una calidad y amplitud democrática mucho más amplia que la propuesta por esta izquierda republicana. Y es obvio que la democracia está por encima de la forma de la jefatura del estado.

El Rey deja la corona en el momento de más baja popularidad de la Institución. La memoria colectiva es frágil y en el ánimo ciudadano pesan más los recientes escándalos protagonizados por el propio Monarca y algunos de sus familiares que los años de dedicación, de trabajo eficaz y de arbitraje constitucional. Hoy, para muchos, la Monarquía solo puede tener sentido si es ejemplar porque solo desde la ejemplaridad puede desempeñar, sin la legitimidad periódica de las urnas, las tareas de representación y de arbitraje que la Constitución establece. Y es evidente que muchas informaciones de los últimos tiempos no evidencian esa ejemplaridad en la conducta del propio Monarca que ha incurrido en el tremendo error de mezclar su vida íntima con la pública.

Hoy no parece el momento más adecuado para plantearse si queremos Monarquía o una República. Los ciudadanos tenemos problemas muchos más graves y acuciantes que deben ser atendidos por nuestros representantes políticos y sería una frivolidad y una irresponsabilidad absoluta de la clase política que pasaran a segundo plano. La actual Monarquía Parlamentaria ofrece un espacio de libertades democráticas idóneo para ofrecer entre todos soluciones a los graves problemas que nos aquejan, un espacio que lamentablemente no se vislumbra por ninguna parte en la propuesta tricolor y excluyente de algunos.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 25 de septiembre de 2013

A cuenta de la regia intervención quirúrgica.


Parece que, para algunos, en España no hay ahora asunto más importante que opinar sobre dónde se opera el Rey, si en un hospital público o privado, si con médicos que trabajan aquí o traídos de fuera. Y lo que más sobresale en este artificial e insustancial debate es la actitud profundamente mezquina de muchos dirigentes de la izquierda española. Mezquindad y, en algunos casos, miseria moral como se puso de manifiesto en el grave accidente de tráfico que sufrió y que casi le cuesta la vida a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Porque hay que ser muy miserable para pedir que se saque de un hospital público y sea trasladada a otro privado a una persona que está en coma y luchando por salvar la vida. No hay otro calificativo para describir a quienes quisieron hacer electoralismo y política sectaria con la vida y la recuperación de la Sra. Cifuentes quien tenía todo el derecho del mundo a ser tratada en el centro hospitalario que quisiera, como cualquier otro ciudadano.

Ahora le toca el turno al Jefe del Estado. Es evidente que cualquiera que fuese la decisión que el Rey hubiese adoptado para tratar la dolencia que le afecta habría sido aprovechada por los mezquinos de turno para lanzar toda clase de críticas y de descalificaciones. Todo parece indicar que el Rey no ha tomado la decisión personalmente, sino que lo ha hecho consultando con su familia, sus médicos y sus colaboradores inmediatos valorando todas las posibilidades y opciones e inclinándose por lo que ha entendido mejor para la recuperación de la salud del Monarca. En estos asuntos no hay improvisación que valga y sólo puede prevalecer finalmente, o solo debería prevalecer, el interés de la salud del paciente.

Pero, no, parece que algunos tienen la imperiosa necesidad de “montar el pollo” por lo que sea y se han puesto manos a la obra. Si el Rey hubiese optado finalmente por someterse a esta nueva operación en un hospital público estarían despotricando porque lo haría saltándose las listas de espera o porque su presencia en cualquiera de los hospitales públicos supondría enormes molestias para el resto de los pacientes ingresados en el mismo, molestias derivadas de las imprescindibles medidas de seguridad en el recinto hospitalario o molestias ocasionadas por la inevitable presencia de todos los medios de comunicación, vehículos, reporteros y demás personal que colapsarían las proximidades al centro público elegido. Y lo más probable es que hubiesen aprovechado los miserables de turno para montar otra escenita en las proximidades exigiendo que le operasen en un centro privado.

Como finalmente la decisión de la Casa Real ha sido que el Monarca sea intervenido en un centro privado también alzan su voz, unos protestando sin matices por la elección y otros haciendo públicas sus preferencias, como si alguien les hubiese preguntado por sus gustos, por la decisión contraria, es decir, diciendo que les hubiera gustado más que el Rey fuese intervenido en un Hospital público. Eso sí, como siempre con las dos varas de medir, porque más de uno, aunque no lo diga, está siendo tratado para algunas dolencias o ha sido tratado en la sanidad privada aunque ahora diga que prefiere que el Rey sea intervenido en la sanidad pública.

En fin, que algunos no pierden la oportunidad para intentar sacar tajada electoral incluso sobre las operaciones reales. Y mientras tanto, el Gobierno y, por supuesto, el Partido Popular tomando decisiones “muy oportunas” manifiesta que no tiene pensado de momento proceder a regular, a legislar sobre las funciones del príncipe de Asturias. Al parecer, según un peculiar criterio de oportunidad política, resulta irrelevante que el Jefe del Estado vaya a estar alejado de sus funciones durante una larga temporada para decidir si conviene o no regular las funciones del heredero de la Corona que necesariamente habrá de sustituir en muchas ocasiones al Rey. Incluso parece que es irrelevante que durante algunas horas, como ocurrió ayer, el Jefe del Estado estuviera inconsciente durante una intervención quirúrgica y simultáneamente el Presidente del Gobierno estuviese ausente de España viajando hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No hay nada que regular, el heredero de la Corona desarrolla funciones representativas de la Jefatura del Estado, sin soporte jurídico alguno. Curioso.


Santiago de Munck Loyola

viernes, 5 de abril de 2013

La imputación de la Infanta, una cortina de humo.



La decisión del juez Castro de imputar a la Infanta Cristina ha provocado un infantil regocijo y algarabía en buena parte de la izquierda, de muchos comentaristas políticos y de amplios sectores de la población. Poco importa para ello que, al parecer, el auto de imputación dictado por su señoría peque de incoherencia e inconsistencia jurídica y que se base más en escasos indicios incriminatorias que en hechos relevantes. Buena parte de la opinión pública se alegra y se ensaña con la Infanta tal y como antes hizo con su esposo, el Sr. Urdangarin. Sin freno alguno y sin medir las negativas consecuencias de ello se cargan las tintas sobre ambos personajes como si los hechos que se les imputan y las responsabilidades que de ellos pudieran derivarse sólo les correspondieran a ellos. Parece como si el Sr. Urdangarín y su socio, con la complacencia, colaboración o complicidad de la Infanta Cristina hubiesen asaltado las cajas de las administraciones públicas y se hubiesen llevado el dinero. Y no es así, ni mucho menos.

A un servidor, que no es precisamente un fervoroso partidario de esta Monarquía tan poco ejemplar, sobre todo por la conducta frívola, indiscreta e irresponsable de su máximo representante, el Rey, este ensañamiento callejero de la Infanta y de su marido le parece más una cortina de humo y un espectáculo bien aderezado por los medios de comunicación que sólo sirve para alejar el punto de mira de quienes son los auténticos responsables del mal uso que se haya podido dar al dinero público. No cabe ninguna duda que el Sr. Urdangarin, con la colaboración de su ex socio y antiguo amigo, ha sido un pájaro de cuidado, un fresco y ambicioso que sabía que usando adecuadamente su relación familiar se le podían abrir muchas puertas para ganar dinero a espuertas. Pero tan cierto como lo anterior es que ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, han asaltado ninguna caja fuerte, ni han forzado a nadie a realizar negocios con ellos. Muy posiblemente se dedicaron a vender humo, a vender a precios desorbitados servicios que no lo valían o a facturar prestaciones que no se realizaron. Ellos pusieron precio a su humo y, lo peor, es que hubo quien lo compró y lo pagó con el dinero de los contribuyentes. Son precisamente los que compraron el humo del Sr. Urdangarín y quienes lo pagaron tirando del cajón público los verdaderos responsables de este escándalo. Son los que por mandato de las urnas tenían la obligación política, legal y ética de usar ese dinero público con la “diligencia de un buen padre de familia” y no lo hicieron. Compraron a lo tonto, a cualquier precio y sin comprobar la mercancía, todo por una buena foto. Son, ni más ni menos, los políticos que firmaron estos contratos y convenios con las Fundaciones o empresas del Sr. Urdangarín y los técnicos que debían haber fiscalizado esos gastos. ¿Y dónde están en los telediarios? ¿Dónde están los nombres de los políticos y de los técnicos responsables de velar por el dinero de los contribuyentes? ¿Por qué no los persigue la prensa?

Ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, ni la Infanta Cristina pudieron tener acceso a un solo céntimo público por si mismos, necesitaron que determinados políticos pagasen esas cantidades millonarias que ahora hemos conocido. Y, sin embargo, todos los focos están puestos en los primeros; la mayoría de la gente sólo carga sobre ellos las tintas al igual que la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Ni a la Infanta ni a su marido los hemos elegido los ciudadanos, están donde están por su parentesco, pero a quienes sí hemos elegido, a los que hemos votado es a los responsables políticos que debían gestionar escrupulosamente nuestro dinero y no lo han hecho y debería ser, por tanto, a quienes con mayor firmeza denunciásemos y exigiésemos las responsabilidades a que hubiese lugar. Y, sin embargo, hasta ahora están saliendo de “rositas” ya que casi nadie se fija en ellos. Si se dejaron engañar o si sabían que compraban a precio de oro lo que no lo valía, estos políticos y técnicos deberían irse a la calle y pagar con su patrimonio el agujero que por irresponsabilidad o ignorancia han dejado en las arcas públicas. Sólo así se hará justicia de verdad en este escándalo que tanto daño está haciendo a la imagen internacional de España.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 18 de junio de 2012

El culebrón de Dívar en la recta final.

Parece que la muerte del Príncipe heredero saudí le ha venido al Rey como anillo al dedo para evitar hacerse la foto junto con el denostado Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sr. Dívar, centro de toda clase de dardos y diatribas. Vamos, que le ha faltado tiempo a Su Majestad para hacer las maletas y salir pitando hacia Arabia Saudí para rendir homenaje al cadáver del heredero saudí, dejando la papeleta de la foto de rigor con el otro “cadáver” político y judicial a su hijo, D. Felipe. A la retórica franquista de la “tradicional amistad con el mundo árabe” le sucedió el invento de la “Alianza de Civilizaciones” aunque en esta ocasión parece que se ha escogido la “gran amistad y hermandad” del Rey con los “tiranos coronados del petróleo” para justificar este desplazamiento regio tan raudo y veloz.

Da igual el motivo con el que se justifique este desplazamiento real, pero lo cierto es que el Jefe del Estado padece cierto tipo de alergia a ciertas fotos. Al Rey no le importa que le fotografíen junto al cadáver de un hermoso paquidermo o junto a esa seudo princesa alemana que le ha estado acompañando hasta en algunos viajes oficiales a los que no iba D. ª Sofía. Pero por donde al parecer no pasa Su Majestad, o sus asesores de la Casa Real, es por dejarse fotografiar junto a la cuarta autoridad del Estado, desacreditada y en el punto de mira por algunos gastos de sus viajes, o junto al padre de algunos de sus nietos, el Sr. Urdangarin, bajo sospecha judicial por sus suculentos negocios cocinados en la trastienda de algunas administraciones públicas.

El “marrón” para el nene, el heredero, que se ha tragado hoy un acto institucional de lo más agrio y desagradable. Resulta curioso, cuando menos, el criterio selectivo del Rey al que, según noticias recientes, parece que le salen problemas por todos lados: ahora, una ciudadana belga y un español catalán están reivindicando la paternidad de D. Juan Carlos. A lo mejor, dentro de poco, los españoles nos llevamos una sorpresa similar a la que se llevaron los belgas cuando el Rey Alberto les comunicó por televisión que tenía una hija extramatrimonial. Nunca se sabe. Los “pecados” de la juventud llaman a veces a la puerta de uno en el ocaso de la vida. Una vez más, se pone de manifiesto que la ejemplaridad, esa cualidad que podría justificar en estos tiempos la supervivencia de las Monarquías, está muy lejos de la realidad de la Familia Real española o, por lo menos, de la de su máximo representante y exponente, el Rey.

Volviendo al acto de hoy presidido por D. Felipe, parece claro que los días del Sr. Dívar el frente del poder judicial están más que contados y que renunciará a su cargo el próximo jueves. El Sr. Dívar ha pagado y va a pagar muy caro los gastos personales que intentó ahorrarse cargándolos a la espalda de todos los españoles. Dice el dicho popular que “al pobre y al miserable, las cosas le cuestan doble”. Es evidente que el Sr. Dívar lo que se dice pobre, pobre, no lo es.

Es cierto que algunos medios de comunicación se han cebado con el Sr. Dívar. Algunos analistas interpretan esta actitud así como la del vocal que destapó este asunto como una venganza del entorno del ex juez Garzón. Sea cierto o no, y tampoco tendría nada de extraño que lo fuera, parece que el Sr. Dívar, y en eso coincide casi todo el mundo, no ha cometido ningún delito y que su actuación se ha ajustado de forma estricta a las normas y prácticas habituales en el Consejo General del poder Judicial respecto a la forma de justificar este tipo de gastos. Su error, que no delito ni falta, está precisamente en la utilización en beneficio propio de unas normas y procedimientos de por sí rechazables desde una perspectiva ética y moral. Y tan rechazable es el uso de esas normas, como el hecho de que los jueces se autorregulen los procedimientos del uso del dinero público y el control de los mismos.

En esta cultura del despilfarro, de las prebendas, de los privilegios de nuestra clase dirigente, lo del Sr. Dívar no es más que una pequeña gota de agua, aunque por pequeña que sea, lo es de agua sucia. Da igual que el Sr. Dívar haya empleado 100 o 100.000 euros en gastos de carácter privado y aunque fuese conforme a las normas internas del Consejo General del Poder Judicial. Aquí lo determinante de la censura social no está en la cantidad, sino en la calidad. Y un jurista como él y un purista como él debería haberlo sabido desde el principio. Aquí, como en el primer escalón del Estado, ha fallado la ejemplaridad, cualidad esencial en un sistema representativo. Así que deberían ir tomando nota los de más arriba. Sin ejemplaridad, a casa y punto.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 7 de mayo de 2012

Ni casto, ni cauto.

Por si no tuviésemos bastante con los problemas sociales, políticos y económicos que recorren nuestro país, la Monarquía española también da que hablar lo suyo. A las andanzas del Sr. Urdangarin, a las salidas de tono de D. ª Letizia, a las torpezas cinegéticas de su Majestad hay que añadir ahora sus andanzas extraconyugales aireadas por los medios de comunicación. Ayer mismo, un importante diario nacional, publicaba en su suplemento dominical un detallado relato sobre las infidelidades de D. Juan Carlos a lo largo de los 50 años de matrimonio con D.ª Sofía. Y junto a este escabroso relato la opinión e 25 personajes de toda clase y condición sobre los 50 años de matrimonio de la pareja regia. Algunas de estas opiniones son de un tono tan babosamente cortesano que no merecen ni siquiera el más mínimo comentario.

Ya con ocasión del accidente del Rey en su cacería de elefantes africanos, algún que otro comentarista radiofónico calificaba de “desagradecidos” a cuantos tuviesen la osadía de criticar la actitud y las actividades privadas del Rey. Decía que los españoles olvidábamos muy pronto todo lo que le debíamos a D. Juan Carlos por su actitud en la noche del 23 de febrero de 1981. Y sobre esa noche y sobre la actitud del Rey o de los propios golpistas quizás habría mucho que hablar pues muchas incógnitas aún no han sido despejadas. Pero, en todo caso, aquella noche el Rey no hizo otra cosa que cumplir con su obligación, con su deber, aunque tardase más de lo esperado en comparecer ante las cámaras de Televisión. Cumplió con su obligación, es decir, defender la Constitución y ordenar a las FFAA su acatamiento.

Constitución que, por cierto, si no recuerdo mal, no ha sido jurada por el Rey. Está fuera de lugar reclamar a los españoles una actitud de agradecimiento permanente hacia el Jefe del Estado por cumplir con su trabajo, trabajo por el que, además, está bastante bien pagado. El recuerdo distorsionado de la noche del 23 F no puede ser un aval para todo lo que haga o deje de hacer el Rey.

Ahora sabemos lo que antes no pasaba de simples rumores: que la conducta privada del Jefe del Estado no es ejemplar. El asunto no pasaría del ámbito estrictamente privado sino fuera por dos circunstancias especiales. En primer lugar, porque el Jefe del estado es un Monarca, porque estamos hablando de una Monarquía y una de las principales cualidades que se supone debe encarnar la Monarquía es la ejemplaridad y aquí no se da, se mire por donde se mire. Si se tratase de un Presidente de la República cuya vida privada tampoco fuera ejemplar los ciudadanos que no aprobasen ese tipo de conductas lo tendrían fácil, la reprobarían mediante el voto en las siguientes elecciones. Aquí no se da el caso. En segundo lugar, porque los devaneos sexuales del Monarca se han elevado a la categoría de sus actividades oficiales. Es público y notorio que en tres viajes oficiales, al menos, la amante del Rey le ha acompañado y es de suponer que a costa del erario público.

Si la Monarquía no es ejemplar, no vale en este momento histórico. Si al Rey no le importa dejar en evidencia a la madre del futuro Rey que siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias a muchos ciudadanos sí que les importa.

La opción de la República parece hoy más ajustada a las características y exigencias de nuestra sociedad. Sin embargo, la pretensión de muchos de vincular la alternativa republicana al recuerdo y a la herencia de la Segunda República puede suponer un serio obstáculo para que pueda ser aceptada por quienes la identifican con un modelo cuyo desarrollo y resultado no presentó un saldo muy positivo.

Difícil panorama el que tiene por delante la institución monárquica, sobre todo si pretende seguir asentándose sobre privilegios históricos, asimilando los derechos de los ciudadanos corrientes y renunciando simultáneamente a las tradicionales obligaciones de la Institución. Cierto Ministro de Franco, cada vez que era nombrado un gobernador civil, llamaba al interesado y le decía: “sea usted casto y, si no pudiere, al menos sea cauto”. Nuestro Rey, a lo que se ve, ni lo uno, ni lo otro.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 19 de abril de 2012

La efímera fama de los rivales de Dumbo y Yogui.

Parece que nuestro Rey, Presidente de honor de la asociación ecologista WMF, está haciendo, sin habérselo propuesto, que los animales víctimas de sus aficiones cinegéticas eclipsen a famosos personajes del mundo de la ficción. En 2006 el pobre oso rumano Mitrofán, al parecer en estado de grave intoxicación etílica, se topó con la escopeta de Su Majestad e hizo palidecer la fama del oso Yogui quien, en décadas de aventuras animadas en los parajes de Yellostowne, nunca tuvo tropiezo de tan funestas consecuencias como las de su colega rumano. En estos días, la fama del pobre Dumbo podría peligrar si trascendiesen, en caso de tenerlo, los nombres de los paquidermos africanos objeto de las atenciones regias. La vida es así, la fama en ocasiones depende de estar en el momento preciso en el lugar adecuado. Bueno, en estos luctuosos casos y vistos los fatales desenlaces, sería más apropiado hablar de estar en el momento inoportuno en el lugar equivocado.

Es muy posible, casi seguro, que si su Majestad no hubiese tenido mala pata, cayéndose y lesionándose la cadera hasta el punto de requerir un traslado urgente a España para ser intervenido quirúrgicamente, los españoles no habríamos conocido nada de su desafortunada aventura africana. Afortunado en el juego, desgraciado en amores dice el refrán popular. Bien puede decirse lo contrario: Desafortunado en el juego, agraciado en amores. Y como la caza no resulta ajena al riesgo y al azar, es evidente que tiene bastante de juego. Ni que decir tiene que estos dos eventos cinegéticos antes citados apuntan indicios de poca fortuna regia en estos menesteres que, además, han servido para sacar a la palestra la buena fortuna del monarca en el campo de los amoríos, al parecer teutones.

El incidente, además de servir para mermar la fama de insignes y entrañables animales de ficción, ha valido para que todos en este país y allende sus fronteras dediquemos un tiempo a especular sobre el asunto y sus consecuencias y sobre todo para que exhiban sus mejores galas desde los aduladores cortesanos hasta los furibundos republicanos, pasando hasta por los especialistas en alcantarillas mediáticas, salvadores “de luxe”. Hemos escuchado de todo, desde reivindicaciones de referendum sobre la forma del Estado, hasta peticiones de abdicación. Incluso, algunos personajes han transformado lo que ha sido una auténtica torpeza, dicho esto en todos los sentidos, en una falta del pueblo español por ingrato, nada menos.

Unos olvidan que, les guste o no, la Monarquía está legitimada en las urnas mediante un referendum constitucional. Otros olvidan que el Rey en 1981 sólo hizo lo que constitucionalmente tenía que hacer, aunque algo tarde en opinión de algunos, y que, por tanto, su actuación no debería ser esgrimida como una permanente hipoteca de gratitud incondicional. Y mucho menos aún se puede esgrimir esa presunta deuda de gratitud como un aval para su sucesor.

Que el Rey se ha equivocado es más que evidente y hasta él mismo lo ha reconocido con más o menos sinceridad y más o menos espontaneidad. España tiene hoy en día problemas mucho más importantes que los derivados de un incidente como éste o que la forma de la Jefatura del Estado. Lo que sí ha quedado de manifiesto y conviene anotarlo para el momento oportuno es que la Monarquía si no es ejemplar no sirve y que la legitimidad de origen debe estar siempre seguida de la legitimidad de ejercicio. Si algo de positivo ha podido tener este asunto es que, probablemente, los colegas de carne y hueso de Yogui, de Dumbo, de Bambi, del Lobo feroz y demás tendrán en el futuro en frente un Elmer coronado menos.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 25 de diciembre de 2011

Su Majestad se equivoca.

En su tradicional discurso de Navidad, el Rey D. Juan Carlos, en velada alusión a la conducta de su yerno, ha afirmado que “la justicia es igual para todos”. Pero, esa afirmación no es sólo incorrecta, sino que al día de hoy, en España es rigurosamente falsa. Si su Majestad no lo sabe, debería saberlo porque es su obligación y se le paga para ello.

Una cosa es el plano de lo que “debería ser” y otra muy distinta el plano de lo que “realmente es”. En España, como en cualquier lugar del mundo, la justicia debería ser igual para todos los ciudadanos, independientemente de su condición, pero lo cierto, y la realidad es incontestable, es que la justicia no es igual para todos los ciudadanos. Su Majestad está realmente en un error.

Que la justicia no es igual para todos lo demuestra el hecho de que, al día de hoy, su propio yerno no haya sido aún imputado cuando se han hecho públicos numerosos datos y denuncias sobre sus actividades que en el caso de otras personas ya hace tiempo que habrían dado lugar al inicio de acciones judiciales. En este caso, la difusión de presuntas irregularidades en las actividades del yerno del Rey y la tardanza y lentitud en la actuación de la justicia sólo está dañando al Sr. Duque cuya presunción de inocencia no puede ser judicialmente confirmada.

Cualquiera que se moleste en hablar un poco con la gente sabrá de sobra que eso de que la justicia es igual para todos no es más que una falacia. En cuanto se pregunta o se indaga un poco, a uno le pondrán encima de la mesa cientos de casos concretos que evidencian que no es así, que los ricos y poderosos en España reciben un trato infinitamente mejor que la gente normal y corriente e, incluso, que entre la misma clase política tampoco la justicia es impartida o actúa de forma igualitaria. A un político le pueden procesar por haber recibido presuntamente tres trajes de regalo y a otro no se le puede procesar por haber recibido el regalo en obras gratis en su vivienda a costa de un constructor con intereses en la región que el primero gobernaba.

El mismo Tribunal Constitucional, aunque no sea en puridad un tribunal de justicia sino un órgano político, ha sido en este país capaz de dictar rápidas e inusitadas resoluciones, enmendando la plana al Tribunal Supremo, para que amigos de su Majestad el Rey no terminaran en prisión por los delitos de los que eran culpables.

Y recientemente hemos visto como un destacado banquero y delincuente, D. Alfredo Sáez, ha sido indultado por el Gobierno de España mientras se han venido denegando decenas de indultos solicitados por razones humanitarias de pobres delincuentes.

No, Majestad, en España la Justicia no es igual para todos. Debería serlo, pero no lo es, como tampoco lo es el principio de igualdad ante la Ley. En España, para nuestra vergüenza, unos son más iguales que otros.

Santiago de Munck Loyola