FRAUDE EN LOS CONCURSOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO DE MONFORTE DEL CID.

 24-2-2023

 

El pasado 22 de octubre, el BOP de Alicante publicó las Bases que debían regir los concursos de los procesos para la estabilización de empleo temporal que afectan a decenas de plazas del Ayuntamiento de Monforte del Cid. Dichas Bases fueron impugnadas por el Partido Alicantino Regionalista porque incumplían un requerimiento de la Generalitat Valenciana formulado ya hace años a otras Bases porque vulneraban el principio constitucional de igualdad al puntuar, al igual que éstas, la experiencia laboral en el Ayuntamiento de Monforte del Cid el doble que la misma experiencia en otros Ayuntamientos:

Dicha impugnación ni siquiera fue admitida a trámite por el Gobierno Municipal al entender que el PAR carecía de legitimidad para hacerlo.

 

El 17-2-2023 el BOP de Alicante N.º 34 publicó la LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL PROCESO SELECTIVO PARA UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS. Para esta plaza, se publica el nombre de trece aspirantes, pero, sorprendentemente, figura entre ellos D. J.R. Vicente Boyer ex militante del PP, actual ocupante de la plaza y marido de la concejala tránsfuga de Ciudadanos que con su voto en 2015 dio la alcaldía a Izquierda Unida. Según una auditoría realizada por IU, el Sr. Vicente Boyer había sido nombrado funcionario interino ilegalmente en 2004 y según la propia Secretaría Municipal en 2020 dicho nombramiento podría ser nulo de pleno derecho por haberse realizado sin Bases de Selección, sin publicidad, sin tribunal válidamente constituido y sin haber superado ninguna prueba objetiva. 

 

INFORME DE SECRETARÍA:

 

Dado el pacto de investidura de 2015, la alcaldesa de IU, M.ª Dolores Berenguer Belló, no sólo se negó a que el Pleno procediese a revisar dicho nombramiento en dos ocasiones, sino que ahora pretende consolidarle en la Plaza de ITOP al incluirlo en la lista de admitidos, sin poseer legalmente la condición de funcionario, en un auténtico simulacro de concurso y en una estafa a todos los demás concursantes que han pagado las correspondientes tasas para participar en un procedimiento selectivo que se supone limpio y no amañado.

A juicio del Partido Alicantino Regionalista “esta desvergüenza implica que un sujeto nombrado funcionario interino sin haber pasado ningún examen, sin Bases de selección previa aprobadas, sin publicidad y sin tribunal calificador pueda aspirar a consolidar su plaza computando además su experiencia laboral en Monforte del Cid con una puntuación ilegal según la propia Generalidad Valenciana, constituye un gravísimo agravio frente a los demás aspirantes que sí han tenido que pasar para poder ser admitidos procesos selectivos objetivos, con publicidad, tribunales legalmente constituidos, bases previas etc. No cabe mayor indecencia, ni mayor ilegalidad porque el erario público no está para pagar favores políticos a nadie sean tránsfugas o sus parientes”.

Aguas de Alicante sube ilegalmente la tarifa del agua potable un 14,5% y el servicio de alcantarillado hasta un 950% en Monforte del Cid.

COMUNICADO DEL PAR.

8-2-2023.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante N.º 26 de fecha 07/02/2023 publicó la “Modificación de las tarifas de abastecimiento de agua, alcantarillado, conservación de contadores, contratación y reposición en Monforte del Cid”. Esta modificación, según esta publicación, se justifica así “De conformidad con lo dispuesto en el contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública del municipio de Monforte del Cid…”.

Sin embargo, el contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública del municipio de Monforte del Cid fue anulado en la Sentencia N.º 717/2020 de fecha 9-9-2020 de la Sala Quinta del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA en la que se falla lo siguiente:

“1.- ESTIMAR el recurso de apelación que Aguas de Valencia S.A. ha presentado contra la sentencia 775/2018, de 28 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Alicante (proceso 377/2017). El Juzgado no accede a la pretensión de invalidez jurídica que la sociedad apelante formuló contra una decisión, de 2 marzo 2017, del Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid. Esta decisión acuerda:

"Primero. Aprobar el expediente de contratación sujeto a regulación armonizada, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la concesión del Servicio Público de Agua Potable y mantenimiento del Alcantarillado, así como de Concesión de Obra Pública convocando su licitación".

"... Tercero. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato".

2.- REVOCAR esta decisión judicial.

3.- ANULAR el acuerdo de dos marzo 2017, al contrariar el ordenamiento legal aplicable. También quedan afectados por la invalidez la adjudicación del vínculo y el contrato firmado con el óptimo contractual”.

A pesar de ello, AMAEM con la aquiescencia del Gobierno Municipal de IU de Monforte del Cid ha aprobado una escandalosa subida de tarifas del 14,5 % que afectan al abastecimiento de agua potable, a la conservación de contadores, a la contratación y reposición del servicio. Y lo que es más escandaloso aún es el incremento de las tarifas por el servicio de alcantarillado que oscilan entre el 225% y el 950 % según el diámetro del contador.

A juicio del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid “estas escandalosas subidas responden a la necesidad de AMAEM de tratar de amortizar el sobreprecio de más de 1,5 millones para gastos generales que pactó con el Gobierno Municipal tripartito de IU, PSOE y C’s para hacerse con la adjudicación y que está denunciado ante la Agencia Valenciana de Anticorrupción. Pero, es que, además, estas subidas carecen de respaldo jurídico pues, tal y como se enuncian en el BOP, se hacen de conformidad con lo dispuesto en un contrato que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en septiembre de 2020. Es evidente que la alcaldesa comunista y su Gobierno Municipal no miran por los consumidores, sino por los intereses de las poderosas empresas y por los suyos propios, porque no hay otra manera de interpretar su falta de oposición y de denuncia a este abuso del monopolio del agua”.

Efectos indeseables, previsibles e irrevocables.

Pocos casos se habrán dado de una Ley tan malparida y con efectos tan indeseables como el de La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del “solo sí es sí”. Más de 330 delincuentes sexuales han visto reducidas sus condenas y 30 han salido a la calle por obra y gracia de la entrada en vigor de esta Ley. Es indudable que con su entrada en vigor se pretendía proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual o, al menos, eso decían. No había más que contemplar en los medios de comunicación la autocomplacencia de las diferentes facciones del Gobierno y la patética competición entre ellas para atribuirse los méritos sobre su paternidad. Pero, lo cierto es que no pudieron hacerlo peor. Esta Ley no protege mejor a las víctimas. Es evidente. Y ahora la parte socialista del Gobierno, con muchos meses de retraso, se abre a la posibilidad de enmendar su propia ley aludiendo a lo que llaman sus efectos indeseables. Y éstos no son otros que los derivados de la aplicación de los principios jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico: el principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo recogido no solo en el Código penal sino también reconocido por el artículo 9.3 de la Constitución Española. Vamos, de primero de carrera.

Pues sí, sus efectos son indeseables y son una auténtica burla a las víctimas de esos delincuentes sexuales, pero no pueden engañarnos. Los efectos de la entrada en vigor de esta bazofia legislativa han sido, son y serán durante años indeseables, pero eran perfectamente previsibles para cualquier persona con un mínimo de nociones jurídicas.

Y aunque lo intentan, los miembros del Gobierno no pueden alegar, sin mentir una vez más, que los efectos indeseables eran imprevisibles porque debían saberlo y porque los informes jurídicos previos, como el elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, a la aprobación de la Ley ya preveían dichos efectos negativos para las víctimas y beneficiosos para los delincuentes sexuales condenados.

La realidad es que en el Ministerio de la podemita Irene Montero las cuchipandis moradas pasaron literalmente de los informes jurídicos críticos con la redacción del borrador de la Ley. Aupadas en la soberbia del cargo decidieron que los juristas no eran quiénes para enmendarles la plana. Ya se sabe que hay quien piensa que la legitimidad democrática dota al electo de superiores conocimientos a los del común de los mortales.  Y ahí está el resultado.

 

Las chapuzas de esta reforma legislativa no se limitan a las rebajas de penas que benefician a determinados delincuentes sexuales, sino que también alcanzan a otros aspectos que misteriosamente silencian los medios de comunicación. Es el caso de los delitos cometidos por menores edad. Tanto la jueza de menores de Madrid, Eva Saavedra, como el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco García Ingelmo, han advertido recientemente sobre la mayor dureza con la que castiga esta Ley del “solo sí es sí” a los menores respecto a los adultos cuando cometen determinados tipos sexuales. Se da el caso de que mientras que el adulto por la comisión de un delito sexual recibe una pena de prisión de seis meses o incluso una multa, en el caso de los menores no baja de un año de internamiento en un centro. Algo que va en contra no solo de la propia legislación española, sino del propio Derecho Internacional ya que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por España, establece que un menor de edad no podrá ser penado en peor condición que un adulto.

 

Sinceramente, no tienen vergüenza alguna y su empatía con las víctimas de agresiones sexuales es similar a la de un mejillón. Se permiten el lujo de bromear sobre las excarcelaciones y no cesan de mentir buscando endosar su responsabilidad a cualquiera: que si el problema son los jueces machistas, que si no hay problema alguno y que se trata de una campaña orquestada por la derecha política, mediática o judicial, que si se trata de un simple desajuste propio de la aplicación de una Ley nueva, que si los jueces no saben hacer su trabajo, etc. Todo menos reconocer su responsabilidad y su culpa. 

Pero no sólo las podemitas son las responsables de favorecer a los delincuentes sexuales, lo son también todos los miembros del Gobierno de España, empezando por el propio Presidente del Gobierno que sí pasará a la historia como el mejor amigo de los delincuentes sexuales y como el mayor excarcelador de los mismos. Y son también responsables los 205 diputados de 8 grupos parlamentarios diferentes que votaron a favor de esta Ley. ¿Cuántos se leyeron el texto con el detenimiento que merece un proyecto que iba a afectar a la libertad, a la seguridad y a la vida de tantas personas antes de apretar el botón verde? ¿Estos son los “padres” de la Patria? ¿En manos de qué clase de indigentes mentales y morales estamos?

 

Hay que decir las cosas claras, los daños ocasionados por la Ley del “sólo sí es sí” son indeseables como también son irremediables tanto como previsibles. Y por mucho “retoque” o reforma que vayan a introducir, solo una declaración judicial de nulidad por haber prescindido de algún informe preceptivo en su tramitación podrá anular todos sus efectos. Algo que no parece posible que vaya a ocurrir. ¡Vaya legado que la izquierda sanchista nos ha dejado!

 

Santiago de Munck Loyola