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miércoles, 14 de enero de 2015

Con Sonia y Paco, por la dación en pago y la condonación de la deuda.

Desde el pasado 5 de enero, un matrimonio alicantino, Sonia y Paco con dos niños pequeños, permanecen acampados ante la oficina del BBVA de la Avenida Alfonso el Sabio, junto con los miembros de la Plataforma Stop Desahucios de Alicante, para exigir a esta entidad financiera la condonación de la deuda que les reclama a pesar de haberlos desahuciado y de haberse quedado con su casa y cuya cuantía exacta ha permanecido durante mucho tiempo en el limbo de inexactitudes y ocultaciones del banco a la pareja y a sus representantes.

La vivienda de esta pareja costó 119.000 euros, durante 7 años pagaron sus cuotas hipotecarias por importe total de 40.000 euros. Se quedaron en el paro, como tantos millones de españoles y renegociaron la hipoteca con el banco. Cuando ya no pudieron seguir haciendo frente a los pagos, ofrecieron la dación en pago y el BBVA rechazó esta opción. El banco ejecutó la hipoteca, se quedó con la vivienda por 34.000 euros y los puso en la calle. Después les reclamó una deuda de 105.000 euros y procedió a embargar la pensión de los padres de Sonia que habían sido avalistas en la hipoteca y que constituía prácticamente el único ingreso familiar para la subsistencia de 6 personas.



Se trata de una situación familiar dramática que pone de manifiesto, una vez más, que este Gobierno, al igual que el anterior, ha sido incapaz de prevenir y abordar estas situaciones con una profunda reforma de la legislación hipotecaria desde la perspectiva del interés del ciudadano y no de las entidades financieras. No se debería olvidar que la concesión de hipotecas es un simple negocio de los bancos que, en esencia, implica que ellos valoran y tasan la vivienda y sobre ese valor prestan el dinero. Y en caso de impago, es la vivienda la que garantiza el pago, la que debe responder por ese incumplimiento. Es evidente que siempre la vivienda vale o debería valer más que el dinero prestado y, por tanto, que adquiriendo la propiedad de la misma el banco está 0 debería estar más que saldada la deuda. Sin embargo, durante los últimos años es público y notorio que de una parte los bancos dieron en ocasiones más dinero del necesario realizando para ello tasaciones inmobiliarias por encima del valor del bien a hipotecar. Y de otra, la crisis y la recesión, en gran parte originada por las malas prácticas de las propias entidades financieras, han implicado una bajada importante del valor de los bienes inmobiliarios, de las viviendas. En todo caso, es evidente que la responsabilidad ante una posible pérdida de dinero por la diferencia entre el dinero prestado y el valor actual del bien es del banco, no del cliente, del ciudadano y por tanto tiene que ser la entidad financiera la que soporte la pérdida. Son así los negocios, unas veces se gana y otras se pierde. Lo que no es de recibo es pretender ganar siempre haciendo trampas. Porque por muy legal que sea usar un valor del bien hipotecado, el del momento de la concesión o el del momento presente, según convenga es una trampa moral y ética.

Estamos ante unas prácticas bancarias inadmisibles. Ni este gobierno, ni el anterior, han sido capaces de priorizar el interés del ciudadano. El drama de Sonia y de Paco es el drama familiar de miles de españoles que a la pérdida de la vivienda habitual tienen que sumar la losa de una deuda añadida que hará muy difícil que puedan volver a empezar una nueva vida.

Los ciudadanos tenemos la solución en nuestra mano. Los bancos no son nada sin nosostros, los clientes, al igual que los partidos no son nada sin nosotros, los votantes. Tenemos la obligación ética y política de traducir la indignación que nos provocan hechos como este en actuaciones individuales solidarias y concretas. "Usted, banco, sigue abusando y aplastando a sus clientes, pues no cuente conmigo, me cambio de entidad bancaria". "Usted, gobernante, sigue legislando a favor de los bancos, pues no cuente con mi voto". 

Hay que denunciar el abuso de situación dominante que las entidades bancarias ejercen de modo implacable sin ningún tipo de sensibilidad social y humanitaria. Y hay que denunciar a quienes consienten que las leyes, a pesar de las últimas reformas, sigan estando al servicio de los poderosos y no de los ciudadanos.

Hace falta una profunda reforma de la legislación hipotecaria y de los demás instrumentos legales pertinentes con el fin de establecer como opción al servicio del ciudadano la dación en pago con la consiguiente liquidación de la deuda hipotecaria y la asunción en  exclusiva por parte de las entidades financieras de los riesgos derivados de su mala praxis en las operaciones de tasaciones hipotecarias y de los riesgos de las posibles depreciaciones de los precios del mercado inmobiliario. Y hace falta igualmente, como en otros países de nuestro entorno, el establecimiento de una renta familiar mínima por debajo de la cual no se pueda producir un desahucio aunque el banco adquiera la propiedad de la vivienda tras la ejecución de la hipoteca.

Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es