El Partido Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid ha presentado hoy en el Registro Municipal una propuesta de moción dirigida a todos los Grupos Municipales con el fin de modificar los tipos aplicables al Impuesto sobre Bienes Inmuebles e impedir así que este año la subida del impuesto termine siendo 6 veces superior a la inflación registrada en 2016.
A instancias del Ayuntamiento de Monforte del Cid a la Dirección General del Catastro formulada antes del 31 de mayo de 2016, la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establecía la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017, aprobó en su artículo único la relación de municipios solicitantes, entre los que figuraba Monforte del Cid.
Aprobada la solicitud del Ayuntamiento de Monforte del Cid para actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles, dichos valores se multiplicarán por el coeficiente 1,04 recientemente aprobado y a estos nuevos valores se les aplicará el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles lo que supondrá un incremento del 4% de las cuotas del IBI para el año 2017, mientras que la inflación del año 2016 se ha situado en torno al 0,7 %. En estas circunstancias, el Partido Esperanza Ciudadana considera imprescindible no incrementar las cargas fiscales de los monfortinos y proceder de forma urgente a la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles.
He recibido este escrito y lo reproduzco en el blog porque me parece muy ilustrativo.
Estas son las cifras de la odiada
Iglesia Católica:
5.141 Centros de enseñanza:
990.774 alumnos. Ahorran al Estado 3 millones de euros por centro al año.
107 Hospitales. Ahorran al Estado
50 millones de euros por hospital al año.
1.004 centros, entre
ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de transeúntes y
de enfermos terminales de Sida, un total de 51.312 camas. Ahorran al Estado 4
millones de euros por centro al año.
Gastos de Cáritas: 155 millones
de euros al año, salidos de los bolsillos de los católicos españoles y de
otros, no creyentes, que les ayudan.
Gastos de Manos Unidas: 43
millones de euros al año, salidos de los bolsillos de los católicos españoles y
de otros, no creyentes, que les ayudan...
Gastos de las Obras Misionales
Pontificias:
Domund: 21 millones de euros, que
también salen de los bolsillos de los católicos españoles y de otros, no
creyentes, que les ayudan...
365 Centros de reeducación para
marginados sociales: exprostitutas, expresidiarios y extoxicómanos; 53.140
personas. Ahorran al Estado medio millón de euros por centro al año.
937 orfanatos: 10.835 niños
abandonados. Ahorran al Estado Cien mil euros por Centro.
El 80% del gasto de Conservación
y mantenimiento del Patrimonio Histórico Artístico. Se calcula un ahorro al
Estado entre 32.000 y 36.000 millones de euros al año.
A todo esto tenemos que sumar que
casi todas las personas que trabajan, colaboran, etc. con Cáritas, Acción
Católica, Manos Unidas, u otras
organizaciones de la
Iglesia Católica son voluntarias sin sueldo alguno.
Son personas que ayudan a los
demás sin pedir nada a cambio. ¿En que cifra se puede tasar esta colaboración
si el Estado tuviera que hacerse cargo de ella?...
Esta es la razón por la cual el
estado sigue dando una poca de ayuda a la Iglesia Católica,
¡porque le sale muy barato!
Muy pocos conocen este
maravilloso trabajo hacia la ciudadanía española de la Iglesia Católica
que le sale tan provechoso al estado español y convendría difundirlo para que lo sepamos todos.
¿Cuantos comedores para indigentes ha abierto y mantiene CCOO?
¿Cuantos hospitales para enfermos
terminales ha abierto UGT?
¿A cuantos enfermos de SIDA
tratan los sindicatos o...los partidos políticos? ¿A dónde puede ir un
necesitado a pedir un bocadillo o comida para su familia, a la sede del PP, a
la del PSOE, a CCOO a UGT?
Y tampoco pagan I.B.I. las sedes
de partidos políticos, embajadas, sindicatos y otras religiones.
¡Pues todos estos y más
"esos" si que viven de nuestro dinero! ¡Y nadie lo denuncia!
Reenviamos este artículo para que
llegue a quienes injustamente critican a la Iglesia Católica
por cualquier motivo.
Nos sentimos orgullosos de ser
católicos y nos preguntamos:
¿Por qué esto no se difunde ni
por la prensa, la radio o la TV?
Ahora tú decides si lo borras o lo reenvías.
Hoy,
todos los medios de comunicación se hacen eco de la ofensiva anticlerical del
PSOE emprendida bajo la excusa de que la Iglesia debe pagar el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. La dirección socialista ha cursado las instrucciones precisas
para que sus grupos municipales debatan en los Plenos una moción tipo exigiendo
dicho pago. D. Gaspar Zarrías, ese pulpo tramposo a la hora de votar, ha sido
el encargado de remitir a sus grupos municipales esa moción tipo. Se trata de
una antigua técnica socialista: usar los Plenos municipales como caja de
resonancia de asuntos cuya resolución no corresponde a los Ayuntamientos, sino
a instancias superiores. Saben de sobra que los Plenos municipales no pueden
modificar la Ley de Haciendas Locales, ni la Ley de Bases del Régimen Local, ni la Ley del Mecenazgo y Fundaciones, ni los
Acuerdos con la Santa Sede, requisitos previos e indispensables para que pueda
prosperar esta propuesta, pero a la dirección socialista eso no le importa. Su
intención evidentemente es volver a convertir los Plenos de los Ayuntamientos
en caja de resonancia de sus iniciativas, en provocar debates que fracturan y
enfrentan a los vecinos sin que de ello pueda derivarse la efectividad de sus
propuestas. Esta técnica de usar los Plenos municipales ya la desarrollaron en
tiempos de los gobiernos de Aznar. Cada vez que una mujer era asesinada
presentaban mociones a los Plenos culpando al Gobierno de España y
criminalizándolo por desarrollar unas políticas cuyos frutos, según ellos, eran
esas muertes. Parecía que era Aznar el asesino. Se trataba de una miserable
utilización de las víctimas de la violencia machista como se puso en evidencia
con el hecho de que durante los Gobiernos de Zapatero no se repitieran mociones
similares, a pesar de los cientos de mujeres asesinadas en este período.
Se
plantean muchos interrogantes sobre las razones y la oportunidad de esta
iniciativa socialista. La primera es ¿por qué no lo han regulado los
socialistas durante sus casi ocho años de gobierno? ¿No ha tenido tiempo el
PSOE para hacerlo bajo los mandatos del Sr. Zapatero? Y no será porque el PSOE
no tuvo tiempo, ni porque el PSOE no abordase la cuestión de la financiación de
la Iglesia ante otras prioridades, porque sí lo hizo. Es más, la regulación
actual es la que la Vicepresidenta Fernández de la Vega negoció y acordó con la
jerarquía eclesiástica. Por tanto ¿a qué viene ahora esta campaña? Todo parece
indicar que se trata de poner en apuros al Gobierno al introducir en la agenda
política un asunto que distraiga la atención sobre la grave situación económica
que han legado y que, a pesar de que apesta a rancio anticlericalismo, debe ser
considerado electoralmente rentable por los estrategas electorales socialistas.
Claro que en esta ceremonia de la confusión, no han faltado a la cita algunos
alcaldes del PP bastante indocumentados como D. Bartolomé González de Alcalá de
Henares.
Sin
ir más lejos, hoy el secretario de Organización del PSOE, D. Óscar López, ese
brillante candidato que un mitin no recordaba que tres razones iba a esgrimir
para votar al PSOE, ha pedido a la Iglesia que "haga un esfuerzo" como "hace todo el mundo en épocas" de crisis como ésta y que
pague el IBI. La duda es ¿por qué mencionan sólo a la Iglesia? ¿Por qué se
centran en la Iglesia cuando no se trata de la más beneficiada de la exención
de este impuesto? Es verdad que la moción tipo habla de las diversas
confesiones religiosas, pero en sus discursos y declaraciones los socialistas
centran su mirada en la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa con las Fundaciones de
los Partidos Políticos y de los Sindicatos? ¿No tienen también que hacer ese
esfuerzo fiscal? ¿Y la Cruz Roja y las demás instituciones y fundaciones
deportivas o culturales que no pagan el IBI? De esas ni palabra. No queda más
remedio que deducir lo dicho anteriormente que estamos ante una campaña
anticlerical y anticatólica, ante una campaña oportunista e ineficaz.
No
se discute que todos debamos hacer un esfuerzo superior en tiempos de crisis,
no. Pero resulta francamente impresentable que el Sr. Óscar López pida ese
esfuerzo fiscal mientras él disfruta de unos privilegios fiscales que no
tenemos el resto de los españoles. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? ¿Van a
hacer también ese esfuerzo nuestros parlamentarios y se van a someter al
régimen fiscal general y al Régimen general de la Seguridad Social? El Sr.
Óscar López, el Sr. Zarrías y todos lo demás parlamentarios viven a costa de
los impuestos de todos los ciudadanos y amparados en un paraíso fiscal: las
Cortes Españolas. Estos señores que piden esfuerzos fiscales y sacrificios a
todos son los primeros que se benefician de un régimen fiscal escandaloso.
Pagan a Hacienda, independientemente de sus retribuciones, como si fueran
mileuristas y dejan la mayor parte de sus ingresos exentos de tributación,
además de beneficiarse de toda clase de prebendas como las relativas a los
períodos de cotización para cobrar la pensión de jubilación máxima. Pues así no
se tiene legitimidad alguna para pedir esfuerzos ni a la Iglesia ni a nadie. El
día que la clase política no tenga esos privilegios fiscales, el día que
nuestra clase política tenga un comportamiento ejemplar en cuanto al uso y
destino de los fondos públicos que ponemos en sus manos para que nos
representen, ese día podrán tener alguna credibilidad sus propuestas. Mientras
tanto, que nos dejen en paz y que no nos traten de engañar con fuegos de
artificio.
IU y sus asociaciones
satélites han estado recogiendo firmas para que la Iglesia Católica pague el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras cosas y las 35.000 recogidas las han entregado en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, algunos Ayuntamientos han hecho pública su intención igualmente
de cobrar dicho impuesto a la Iglesia Católica. Una cosa es presentar firmas en
el Congreso para que esta cámara proceda a la modificación, si la mayoría
parlamentaria así lo entiende necesario, de las leyes vigentes para que se
pueda cobrar el IBI o para que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y
otra muy distinta es que algunos Ayuntamientos decidan por su cuenta cobrar
ilegalmente dicho impuesto. Una cosa es evidente o los responsables de esos
Ayuntamientos están engañando a los ciudadanos anunciando esa medida o están
poniendo en marcha procedimientos recaudatorios ilegales que terminarán en los
tribunales y que costarán mucho dinero a esos consistorios. La Ley de Haciendas
locales regula claramente quienes están exentos de pagar el IBI y no sepuede cobrar dicho impuesto mientras esa Ley
no se modificada parlamentariamente ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a las
Comunidades Autónomas, ni los de cualquier confesión religiosa legalmente
reconocida, ni a la Cruz Roja, ni a embajadas u oficinas similares, ni a la RENFE
o a Adif, ni a determinados bienes comunales, etc.
Parece que tras estas
iniciativas no se esconde otra cosa que un odio y una animadversión profunda
hacia la Iglesia Católica, sobre quien se centran todos los ataques, y no un
sincero deseo de justicia fiscal. Desde una perspectiva laicista se olvida con
frecuencia que nuestro Estado es aconfesional pero que la el Artículo 16.3 de la Constitución señala expresamente que ninguna confesión
tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las
exenciones tributarias de la Iglesia, las ayudas o subvenciones públicas o la
asignación tributaria de la discutida X del IRPF responden a ese reconocimiento
constitucional expreso y, en definitiva, al reconocimiento del peso de una
mayoría sociológica de los católicos en España.
Desde esas posiciones de IU
y anticlericales se pretende acabar con la libertad de los contribuyentes para
decidir si quieren o no aportar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia
y/o a otros fines sociales. Cada año son más los contribuyentes que marcan la X
a favor de la Iglesia y ese hecho excita paralelamente los deseos de una parte
de la izquierda de acabar con una de las pocas libertades que los contribuyentes
gozamos a la hora de opinar sobre el destino de nuestros impuestos. No podemos
opinar ni decidir si queremos que nuestros impuestos se dediquen a armamento, a
subvencionar artistas, a engordar a la SGAE, a financiar a los partidos y
sindicatos por poner unos ejemplos y, al parecer, tampoco deberíamos poder
opinar sobre si queremos o no destinar una pequeña parte de nuestros impuestos
a la Iglesia. Curioso concepto el de algunos sobre la libertad.
Hoy, más que nunca, la
Iglesia y sus organizaciones desarrollan una labor social ingente supliendo la
incapacidad de las administraciones públicas para llegar y socorrer a los más
necesitados. La Iglesia y sus organizaciones trabajan en el campo de la
educación, de la sanidad, de la dependencia, de la inmigración y extienden su
labor incluso más allá de nuestras fronteras, usando sus recursos con muchísima
más eficiencia que los entes públicos.
No son los sindicatos, ni
los partidos políticos, ni todos los demás que están exentos de pagar el IBI
quienes están junto a los más pobres, quienes atienden a enfermos y ancianos o
quienes dan de comer a miles de personas diariamente, no, no son ellos. Y de
eso no se habla cuando se critican los ingresos que percibe la Iglesia. De eso
parece que no interesa hablar.
Por ejemplo, el programa de
acogida de Caritas, uno de los más emblemáticos y por el que pasaban antes de
la crisis unas 400.000 personas al año, atendió en el último ejercicio a un
millón y medio. La mayoría de personas atendidas tenían cargas familiares y una
media de edad de 40 años. Por otra parte, el 67% de las personas que acuden a Caritas
vienen derivadas desde los servicios sociales públicos, incapaces de ofrecer
respuestas rápidas y eficaces. Mientras el tiempo para concertar una primera
cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de
casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Caritas la espera para
concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4
días. Otro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y
gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los
servicios sociales públicos (65,3 días), en Caritas el tiempo medio entre la
primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días. En el campo de la
Educación, otro de los campos de batalla, las Escuela católicas atienden a más
de 1.200.000 alumnos, lo que supone el 16 % del total del sistema educativo. Y
mientras el coste medio abonado por el Estado a los centros concertados es de
2.480 euros anuales, en la escuela pública es de 5.299 euros al año.
Y para qué hablar de los
comedores, albergues, centros de asistencia sanitaria, hogares de acogida o
residencias de ancianos de la Iglesia y sus organizaciones. Si no los pudieran
sostener los católicos,sería el estado
quien tendría que asumir su coste. Dejando al margen cualquier posicionamiento
ideológico y pensando de una manera fría y calculadora solo se puede concluir
que la Iglesia, con las ayudas y beneficios que recibe, ahorra además miles de
millones de euros al erario público. Según algunas fuentes, este ahorro para el
estado se podría situar en torno a los 30.000 millones de euros anuales.
En fin, parece que las
fobias ancestrales de algunos pueden más que la lógica y la racionalidad
económica, sin mencionar la sensibilidad social y el respeto a las libertades
individuales. Allá cada cual. Un servidor lo tiene claro, seguirá poniendo las
X en el impreso del IRPF en favor de la Iglesia y de los fines sociales.