EL PAR PRESENTA UNA MOCIÓN PARA INVESTIGAR LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MONFORTE DEL CID.

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DE MONFORTE DEL CID PRESENTA UNA MOCIÓN PARA INVESTIGAR LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN UN CASO QUE TERMINÓ EN UNA HERENCIA PARA LA ALCALDESA Y SU HERMANO.

 

Hoy, el Partido Alicantino Regionalista, ha presentado por registro una moción para que el Pleno del Ayuntamiento ordene a la alcaldesa entregar a un ciudadano la documentación sobre su madre que solicitó hace 276 días sin haber recibido respuesta alguna del Ayuntamiento. Se trata del expediente del Servicio de Ayuda Domiciliaria de la madre del solicitante que ya tuvo que esperar 222 días a que la alcaldesa le entregase el expediente correspondiente a su tía, fallecida en 2017, y a la que sorprendentemente heredaron la alcaldesa de Monforte del Cid y su hermano, adjudicándose dos viviendas y más de 40.000 €. Se da la circunstancia, además, que el expediente que recibió este ciudadano no contenía los informes preceptivos para el otorgamiento del servicio de ayuda, como tampoco ningún informe de seguimiento del estado de dicha anciana y ni siquiera se había tramitado a través de la plataforma electrónica del Ayuntamiento lo que impide verificar su autenticidad. Según el único informe emitido a posteriori por los servicios sociales les bastaba la información sobre la anciana que les transmitía la madre de la alcaldesa que junto a su marido y su hijo se habían instalado a vivir en la casa de dicha anciana, algo absolutamente escandaloso.

 

Por ello, la moción del PAR se ha presentado con el fin de que, por una parte, el Ayuntamiento cumpla la ley, a pesar del obstruccionismo de la alcaldesa, y se forme una comisión de investigación que investigue el irregular e ilegal proceder de los servicios sociales del Ayuntamiento de Monforte del Cid.

 

TEXTO DE LA MOCIÓN PRESENTADA.

 

MOCIÓN AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.

 

Han pasado 276 días desde que D. Manuel Jesús Martínez Limiñana solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid una copia del expediente del Servicio de Ayuda Domiciliaria prestado por los Servicios Municipales a su madre Dª Concepción Limiñana Boyer sin que hasta el día de hoy se le haya contestado a dicha solicitud. Ya cuando este ciudadano pidió la copia del mismo expediente relativo a su tía, Dª Teresa Limiñana Boyer, tuvo que acudir al Síndic de Greuges para lograrlo y lo obtuvo tras 222 días de espera, algo inaudito y a todas luces ilegal. Hay que resaltar que el supuesto expediente entregado no reúne ni uno solo de los requisitos legamente establecidos y ni tan siquiera puede constatarse su autenticidad pues no ha sido tramitado por la plataforma Gestiona, algo altamente sospechoso pues hace casi diez años que los expedientes han de tramitarse a través de dicha plataforma.

 

Es evidente que se están produciendo graves anomalías imputables a dos causas: la primera, el obstruccionismo de la alcaldesa que, habiendo heredado junto a su hermano los bienes de Dª Teresa Limiñana Boyer a la que condujo personalmente a hacer testamento (impidiendo, por cierto, que momentos antes el Técnico de Administración General, emparentado con ella, pudiera ni tan siquiera saludarla), no está dispuesta a que salgan a la luz las irregularidades cometidas por los servicios sociales a su cargo. La segunda, la deficiente actuación de los servicios sociales que permitieron que la familia de la alcaldesa se instalase (padre, madre, hermano y perro) en la vivienda de la anciana, con el pretexto infantil de cuidarla, que no realizaron ninguna visita a la anciana para comprobar su estado y que, según informe escrito,  sabía del estado de la misma por las informaciones que les daba la ocupante de la vivienda de Dª Teresa, es decir, la madre de la alcaldesa. ¿Es esto normal en un servicio público de asistencia social? ¿Es normal que no conste ningún rastro digital de sus actuaciones?

 

Y ahora, tras 276 días de espera, ¿Es normal que no se entregue a un ciudadano el expediente municipal sobre su propia madre?

 

Todo ello exige una intervención del Pleno del Ayuntamiento para garantizar el derecho a la información de un ciudadano y para investigar la actuación de los servicios sociales municipales exigiendo las responsabilidades a que hubiere lugar, por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

 

Primero.- Disponer la entrega en un plazo no superior a tres días de la copia del Expediente del Servicio de Ayuda a Domicilio de Dª Concepción Limiñana Boyer a D. Manuel Jesús Martínez Limiñana.

 

Segundo.- Constituir una Comisión de Investigación compuesta por un miembro de cada Grupo Municipal y presidida por un concejal de la oposición para investigar la actuación de los servicios sociales en los casos de Dª Teresa Limiñana Boyer y Dª Concepción Limiñana Boyer.

 

En Monforte del cid, a dieciocho de diciembre de 2022.

2023: un año para la esperanza.

Se acaba por fin el año 2022, un año que no ha sido bueno para los ciudadanos ni en términos políticos, ni económicos. Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania se han dejado sentir en todas las economías europeas colapsando su crecimiento y provocando una inflación demoledora para todos los bolsillos, especialmente los más débiles. Y a la crisis económica hay que añadir una crisis política sin precedentes: el Gobierno ha roto uno de los pilares de la política exterior asumiendo ahora las tesis anexionistas de Marruecos sobre el Sáhara y abandonando los mandatos de las Naciones Unidas, ha legislado a la medida de los separatistas con la despenalización de la sedición y ahora con la reforma de la malversación desarmado así al Estado, ha beneficiado a decenas de delincuentes sexuales por la soberbia de la Ministra cajera y ahora se apresta a asaltar los órganos judiciales para terminar imponiendo su interpretación de la Constitución. 

Y a ello, los alicantinos hemos tenido que añadir un maltrato presupuestario sin precedentes del Gobierno de España que ha colocado a nuestra Provincia en el último lugar de inversión por habitante de toda España: 3.550 millones de € de déficit en 15 años. Maltrato que se suma al impuesto por la Generalidad de Valencia con una constante discriminación presupuestaria, con su imposición lingüística en una provincia mayoritariamente hispanoparlante, con la menor ratio de profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana y con el desmantelamiento de servicios públicos, como los servicios de emergencia (CICUS) para su traslado a Valencia. Pero también se acaba este año con un atisbo de esperanza: el 32 % de los alicantinos ya desea según una reciente encuesta, como respuesta a lo anterior, que Alicante se constituya como Comunidad Autónoma Uniprovincial. Un objetivo más que saludable para quienes aspiramos a vivir en un Alicante español, lejos de la órbita pancatalanista, integrado e integrador, orgulloso de sus raíces plurales y plenamente capacitado para decidir su futuro sin depender de Valencia.

 

Santiago de Munck Loyola

Presidente del Partido Alicantino Regionalista

EL PASADO 8 DE NOVIEMBRE MIEMBROS DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE SE PERSONARON EN EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID Y TRAS MÁS DE 10 HORAS SE LLEVARON DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA.

 

(ANTE LA CENSURA DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALICANTINOS REPRODUZCO LA NOTA DE PRENSA PUBLICADA AYER POR EL PAR)

Por primera vez en su historia, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha recibido la visita de varios miembros de la Agencia Valenciana Antifraude quienes estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde requiriendo la entrega de expedientes administrativos al Gobierno Municipal, examinándolos y llevándose varios de ellos.

 

Todo parece indicar que esta actuación contra la corrupción de la Agencia Valencina Antifraude viene motivada por dos denuncias del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid ante los juzgados de Instrucción y ante la propia agencia por dos acuerdos urbanísticos adoptados por el consistorio que han supuesto pérdidas millonarias tanto para la Generalitat Valenciana como para el propio Ayuntamiento monfortino así como un “pelotazo” superior a los 5 millones para la empresa que contrató al marido de la alcaldesa en plena pandemia.

 

La primera denuncia del PAR fue presentada el 18-3-2021 (Diligencias previas 167/21), ampliada el 8 de noviembre del mismo año, por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra el medio ambiente contra la alcaldesa, el concejal de urbanismo y demás responsables por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 4 de enero de 2021 aprobando definitivamente el Convenio de colaboración para el acondicionamiento de vial de salida del sector UZI-1 (actual UBZ-8 del plan general), a la CV-825, entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid, la Agrupación de Interés Urbanístico “Las Norias” del Sector UZI-1 y las mercantiles Isidro Abad, S.L y Uvasdoce, S.L. Este Convenio supuso una pérdida de más de 1.200.000 euros de ingresos al Ayuntamiento. Una segunda ampliación de la denuncia fue rechazada por el juzgado dado que la naturaleza de los hechos requería una instrucción independiente. Igualmete el juzgado señaló que dada la complejidad técnica del asunto se había requerido a la Agencia Valenciana Antifraude su colaboración en la causa.

 

La segunda denuncia, derivada de la anterior, fue presentada por el PAR el 18-5-2022 por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias contra la alcaldesa de Esquerra Unida, Mª Dolores Berenguer Bello, el concejal de urbanismo del mismo partido, Angel Guitérrez Guillén, los funcionarios y demás personas responsables de la aprobación del acuerdo plenario de de 17-7-2018, aprobado por los concejales de todos los partidos, por el que se aprobó ilegalmente exonerar a los empresarios de la Agrupación Urbanística Las Norias de construir dos 

 

rotondas valoradas en un millón de euros y endosar su ejecución a la Generalitat Valenciana. Hay que resaltar que este acuerdo del Pleno se llevó a cabo sin seguir ninguno de los trámites exigidos por la legislación urbanística valenciana y sin que existiera ni tan siquiera el preceptivo informe del Secretario del Ayuntamiento, a la sazón, D. José Fernando Mullor Ortiz.

 

EL Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid entiende que estas denuncias y actuaciones son solo la punta del iceberg de una gestión urbanística absolutamente corrupta, caracterizada por la falta de transparencia, el nepotismo y salpicada del victimismo de la alcaldesa que enseguida lloriquea invocando en su defensa un inexistente acoso ante cualquier crítica o denuncia política de la única oposición existente en el Municipio, la del Partido Alicantino Regionalista.

¿Se acabó? Sólo en parte.

El pasado 3 de noviembre, a las 19 horas, miles de alicantinos acudimos a la concentración en la Montañeta convocada por los empresarios de la Provincia para protestar contra la discriminación de nuestra provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que relega a Alicante al último puesto en inversión en infraestructuras: 85 euros por cada alicantino mientras que le media nacional es de 283 euros. No es nada nuevo, año tras año el Gobierno de España, gobierne el PP o el PSOE, ha ido invirtiendo cada vez menos en nuestra Provincia; de hecho, desde 2008 a 2022, el déficit acumulado en inversiones asciende a 3.540 millones de euros, es decir, que los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez no invirtieron en carreteras, autovías, ferrocarriles, infraestructuras hídricas, puertos o aeropuerto por valor de 3.540 millones de euros que nos habrían correspondido atendiendo sólo al número de habitantes de nuestra Provincia. Y han tenido que ser los empresarios, no los políticos, los que se han atrevido a levantar la voz, bajo el lema ¡Se acabó! ¿Qué clase de políticos padecemos? ¿Por qué tanto pasotismo? Para tener cierta idea de la clase de políticos que nos representan basta recordar que en nuestra Provincia hay 1.669 concejales y decenas de diputados autonómicos y nacionales. Y en su inmensa mayoría no estaban el día 3 en la Montañeta y, lo cierto, es que muy pocos estaban allí defendiendo los derechos de los alicantinos. Los de izquierdas porque es evidente que se deben más a sus partidos que a los ciudadanos y por tanto no se van a manifestar contra una injusticia histórica cometida por los suyos y los demás, salvo la presencia de algunos, pues, quién sabe, por pereza, por falta de compromiso o por simple pasotismo tampoco estaban.

¡Se acabó! Fue el lema de la concentración, se acabó aguantar resignadamente más desprecios hacia los alicantinos, se acabó aguantar calladamente más discriminación, se acabó… ¿la injusticia? Evidentemente no y hay que decirlo claro. Seguirán discriminando a nuestra provincia tanto desde el Estado como desde la Generalidad Valenciana, aunque sería mejor llamarla Generalidad de Valencia porque lo que es de Alicante lo es solo nominalmente. La Generalidad de Valencia nos quiere tanto que sus políticas y sus inversiones durante 40 años han llevado a aumentar la brecha de la renta entre los alicantinos y los valencianos de modo que hoy somos más pobres con relación a los mismos que hace 40 años. Una institución política que lejos de propugnar la cohesión social entre sus territorios logra lo contrario es un fracaso institucional. Y Estado y Generalidad seguirán discriminando a los alicantinos por varias razones. En primer lugar, porque los políticos que nos representan no hacen valer su voto en las instituciones representativas y están sometidos a la disciplina centralista de sus partidos. En segundo lugar, porque da igual que la Generalidad de Valencia levante la voz pidiendo más financiación ya que en caso de obtenerla seguirá aplicando su propia política de reparto que no pasa por tener en cuenta nuestra población fija y flotante. En tercer lugar, porque la clase política alicantina no es capaz de construir un consenso básico sobre las necesidades de la provincia y su financiación. Solo utilizan la infrafinanciación que padecemos como arma arrojadiza, como argumento electoralista de desgaste del adversario. No hace ni cinco años que los socialistas y podemitas se quejaban de las raquíticas inversiones del Gobierno del PP en Alicante y los populares alicantinos lo negaban a pesar de las evidencias. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

 

Lamentablemente lo único que se ha acabado es “sufrir en silencio” los insultos presupuestarios del Gobierno PSOE-Podemos. Y ya es algo, pero no es suficiente. No basta con protestar y pedir más. Lo que es imprescindible es articular un proyecto político, una propuesta institucional que blinde los derechos y las necesidades de los alicantinos ya sea mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, ya sea promoviendo una reforma del mapa autonómico. Otras provincias lo han hecho o al menos lo están intentado. Su mera presencia electoral sirve de aviso para navegantes y está obligando al centralismo periférico a replantear sus estrategias de desarrollo regional. En medio del fragmentado panorama político y del delicado equilibrio de mayorías ¿se imagina alguien que con dos o tres diputados alicantinistas en el Congreso se atreverían a dejar a nuestra Provincia en el vagón de cola de las inversiones? Pues eso.

 

Ni las limosnas que Puig o de Baldoví pueden contentarnos en modo alguno. El Estado adeuda a nuestra Provincia 3.500 millones de euros y si otras Comunidades han exigido y obtenido el pago por parte del Estado de su deuda histórica Alicante también tiene derecho a lograr lo mismo. Debe ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas e innegociable. Lamentablemente, el único partido que así lo reclama es el Partido Alicantino Regionalista y hay que ser conscientes que 3.500 millones de euros en inversiones supondrán la conversión de Alicante en un territorio muy atractivo para la inversión y para la generación de riqueza y, por tanto, conllevarán un crecimiento exponencial de la renta de los alicantinos.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

El “dumping fiscal” no existe.

Está el patio muy revuelto desde que el Presidente Andaluz, en el ámbito de sus competencias constitucionalmente regladas, anunció su propósito de eliminar los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones en su Comunidad Autónoma. Toda la progresía oficial, incluida la separatista y la sucesora de la ETA, se rasgó las vestiduras y se lanzó en tromba a condenar esta iniciativa: que si eso es “dumping” fiscal, que si solo se beneficia a los ricos, riquísimos, que si es insolidario, etc. Y se han lanzado como locos a preparar medidas contra las bajadas de impuestos bien proponiendo reformar los tributos existentes bien a través de una centralización tributaria o a través de la creación de nuevos tributos. Hay para todos los gustos, pero, de momento, no se ponen de acuerdo. Solo coinciden en que los impuestos no se bajan.

 

Pero antes de entrar en el tema, debo hacer dos precisiones. La primera es que hablar de “dumping” en este tema no es correcto. Esta palabra inglesa se refiere a la práctica comercial consistente en vender productos por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, para ir eliminando a las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Y en este caso estaríamos hablando de una práctica fiscal, no comercial, consistente en bajar los impuestos en un territorio para atraer a nuevos contribuyentes y así recaudar más. Por tanto, se podría utilizar el concepto en español de “competición fiscal” y, en su caso, “competencia fiscal desleal”, siempre y cuando hubiera una competencia leal previa entre territorios, algo más que dudoso.

 

La segunda precisión es de carácter más personal. La autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas, es decir, su capacidad de crear tributos o de regular los existentes cedidos por el Estado, al igual que ocurre con otras competencias autonómicas, quiebra con un principio y un derecho fundamental recogido en la Constitución española de 1978 recogido en el Capítulo II, Derechos y Libertades, Artículo 14 y que señala lo siguiente: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, el hecho que los españoles paguen más o menos impuestos en función de su circunstancia personal de su lugar de residencia quiebra con este principio básico. La igualdad ante la Ley, también las leyes tributarias, significa imponer el mismo esfuerzo tributario a todos sin distinción de territorio o lugar de residencia. No anda muy descaminado el Ministro José Luis Escrivá cuando plantea la necesidad de centralizar los impuestos.

 

Es curioso y francamente llamativo que esta izquierda no ofrezca más política económica que la sustentada en un progresivo y asfixiante incremento de los impuestos para sostener un gasto público cada vez más desbocado. Ni un solo amago para recortar gastos innecesarios o superfluos. La obsesión por recaudar más se traduce en sus constantes negativas a reducir impuestos a pesar del extraordinario aumento de la recaudación como consecuencia de la inflación. Sólo a trancas y barrancas, el Gobierno ha terminado por reducir el IVA en algunos productos esenciales después de haber descalificado a la oposición por proponer dichas reducciones. Y llama también la atención que los socios del Gobierno se sumen al linchamiento de la oposición y a la propuesta de limitar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas que bajan impuestos cuando al mismo tiempo reclaman más autonomía o la independencia fiscal para sus autonomías que, por cierto, como Cataluña, son las más endeudadas, son las que tienen el mayor número de impuestos y las que más gravan a sus ciudadanos. 

La Ley del embudo. En todo caso, parece que siempre son mejores los “paraísos fiscales” que los “paraísos penales” en los que delinquir tiene premio y saltarse las leyes o las sentencias judiciales goza de la protección estatal.

 

Guste o no, la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, la capacidad de subir o bajar los impuestos, tiene su apoyo en la Constitución española. La autonomía financiera de las CC AA se reconoce en el artículo 156 del texto constitucional y se delimita por los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. El sistema de financiación de las CC AA se recoge en los artículos 156 a 158, de acuerdo con lo establecido en su artículo 133.2 que legitima el poder tributario de las mismas, reconociendo la posibilidad de que éstas establezcan y exijan tributos de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución, así como en el resto de las leyes.

 

Por ello, cualquier intento del Gobierno y de sus socios de impedir a las Comunidades Autónomas que ejerzan sus competencias fiscales tendrá por delante un duro camino político y judicial. No parece que sea este el mejor momento para intentar modificar el texto constitucional ni siquiera por la vía de una interpretación sui generis. Porque, además, ese camino atenta directamente con la esencia de la democracia que radica en la existencia y el reconocimiento de la pluralidad política. Subir o bajar impuestos son opciones políticas legítimas que se pueden proponer y ejercer en el marco constitucional. Intentar retorcerlo para excluir legalmente una de las dos opciones solo conducirá a la imposición de un modelo concreto al conjunto de la ciudadanía. No es eso lo que ahora mismo necesitamos los españoles. Necesitamos que esta clase política se ponga las pilas de una vez, se ponga a trabajar para resolver nuestros problemas y que lo haga desde el diálogo, el pragmatismo y, sobre todo, la ejemplaridad.

 

Santiago de Munck Loyola

LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE MONFORTE DEL CID AGRACIADA CON UNA SUBVENCIÓN DE LA GENERALIDAD VALENCIANA CUYA CONVOCATORIA OCULTÓ A LOS VECINOS.

 NOTA DE PRENSA.

13-8-2022

LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE MONFORTE DEL CID AGRACIADA CON UNA SUBVENCIÓN DE LA GENERALIDAD VALENCIANA CUYA CONVOCATORIA OCULTÓ A LOS VECINOS.

El Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de 21-I-2022 publicó la Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, convocando las subvenciones para mejorar las condiciones del interior de las viviendas, Plan RENHATA. En los días siguientes la mayoría de los Ayuntamientos anunciaron a sus vecinos esta convocatoria, como el de Aspe o Elche. Sin embargo, el Gobierno Comunista de Monforte del Cid, a diferencia de otros años, la ocultó a los vecinos no anunciando su convocatoria ni en la página Web municipal ni en sus páginas en las redes sociales.

 

El pasado 15 de julio, la Consejería de Vivienda de la Generalidad Valenciana publicó el Listado de la provincia de Alicante de las solicitudes de ayudas del Plan Renhata 2022 (cocinas, baños y accesibilidad interior de las viviendas) y su estado. Y aquí salta la sorpresa: en dicho listado solo aparece un solicitante del municipio de Monforte del Cid y que casualmente es Dª Maribel de las Nieves Antón, concejala de Izquierda Unida y responsable del Área de Atención al Ciudadano, Servicios Sociales, Tercera Edad, Comercio, Empleo y Consumo del Gobierno Municipal, responsable, por tanto, de no haber informado a los ciudadanos de la convocatoria de esta subvención.

 

El Partido Alicantino Regionalista de la localidad ha denunciado públicamente este nuevo escándalo del gobierno comunista de Monforte del Cid más preocupado en utilizar los recursos públicos en beneficio propio que en el de los vecinos de la localidad. Sigue así esta concejala la estela de su jefa, la alcaldesa Berenguer Bello, que no tuvo escrúpulo ninguno en usar los servicios sociales en beneficio propio para terminar quedándose con la herencia de una anciana que estaba bajo los supuestos cuidados del Servicio de Ayuda Domiciliaria.

 

A juicio de los dirigentes locales del PAR, la concejala debe renunciar a esta subvención pública y presentar su dimisión de forma inmediata porque su proceder carente de ética es inadmisible.

La crisis energética no es compatible con los privilegios de la clase política.

Si hay algo que parece evidente es que la percepción que tenemos de la realidad es la que deciden los grandes medios de comunicación. Da la sensación de que existe un consenso o acuerdo oculto para bombardearnos de forma inmisericorde con algunas noticias escrupulosamente seleccionadas que centran nuestra atención y que lo hacen con tal rapidez que dejan poco espacio para hacer un análisis crítico sobre lo que nos cuentan y sobre todo sobre lo que no nos cuentan. Jerarquizan así su importancia y conducen nuestra atención hacia ideas y sentimientos que, quizás, no son tan relevantes, ni tan incontestables.

 

En pocos meses hemos pasado de la pandemia del Covid y sus variantes, y aunque sigue habiendo cientos de muertos diarios no se habla casi de ellos, a la fallida alarma por la viruela del mono, de la invasión rusa a Ucrania que abría los informativos y que ahora ya no es tan relevante a las amenazas de la China comunista a la China nacionalista, Taiwan, de la crisis energética al supuesto calentamiento global culpable ya no solo de los incendios, a pesar de que la inmensa mayoría se debe a acciones criminales de desalmados, sino también del aumento de cucarachas y roedores en algunos municipios. Nos bombardean durante meses con los crímenes de la Manada, pero nos ocultan casos gravísimos en los que los autores son extranjeros. Pasan de puntilla sobre la sentencia de los ERES, o sobre los cargos del gobierno imputados por la compra de mascarillas mientras que nos han saturado con el contrato de las mascarillas del hermano de la Presidenta Ayuso que finalmente no tenía nada de ilegal. Ya no hablamos de la traición presidencial a los saharauis a pesar de las gravísimas consecuencias que ha traído, pero afortunadamente tenemos la conspiración de los pinchazos para estar entretenidos. Hemos pasado de las “serpientes de verano” al culebrón del mes.  En definitiva, una vorágine informativa muy bien preseleccionada y diría que también planificada que es preciso coger con pinzas y observarla con un profundo sentido crítico. Porque lo que es una irresponsabilidad absoluta es seguir el consejo de los dirigentes sindicales como Pepe Álvarez de UGT que espetó a principios de julio “vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro” y que pidió a los trabajadores que “mandasen a hacer puñetas” a quienes vaticinan gravísimos problemas para el futuro inmediato.

 

Dos noticias ha fabricado recientemente la Moncloa que han dado mucho juego. La primera, la visita de Pedro Sánchez a las zonas incendiadas en Extremadura para declarar con su hueca solemnidad que “el cambio climático mata”. Por cierto, parece que se va extendiendo la idea de cambio climático y se está dejando a un lado la expresión calentamiento global. Pues bien, si hablamos de lo primero lo cierto es que siembre ha habido ”cambios climáticos” porque si una cualidad tiene el clima es la de ser cambiante. Y es probable que estemos en un período de transición, de cambio en el que las acciones u omisiones de la humanidad tengan poco que hacer para impedirlo o retrasarlo. 

Hace 700 años existió el óptimo climático medieval y el clima de entonces permitía que en Gran Bretaña florecieran los olivos y las viñas. Es posible que cuando uno está ante estos trágicos incendios, algunos de los cuales se han llevado vidas humanas por delante, se esté ante las consecuencias derivadas de una mala gestión de los montes que no se sanean como antes y que no se benefician del pastoreo tradicional, es posible que se esté ante una insuficiente dotación de medios humanos y materiales para prevenir y extinguir los incendios forestales porque ahora hay quien prefiere invertir el dinero público en otras cosas más rentables electoralmente, es posible que estemos ante unas legislaciones inadecuadas que dificultan una explotación realmente sostenible de los recursos naturales y es seguro que estamos, sobre todo, ante enfermos mentales que disfrutan placenteramente provocando y viendo arder los bosques y de irresponsables que no respetan las normas de prevención contra el fuego porque no podemos ignorar que hasta un 80 % de estos incendios han sido provocados por la mano de hombre, bien intencionadamente, bien por negligencia. Es posible que el cambio climático mate, pero en lo que respecta a los incendios lo que mata es la mano del hombre y la irresponsabilidad de algunos políticos.

 

Y la segunda noticia, por llamarla de alguna manera, fabricada por la Moncloa ha sido el comentario sobre las corbatas del Presidente Sánchez como medida para fomentar el ahorro energético. Lo cierto es que semejante estupidez ha dado mucho juego en toda España. No es posible que un Presidente del Gobierno pueda proponer algo así en serio ¿o sí? Da la sensación de que se ha tratado de una “boutade”, de una ocurrencia para tener entretenido al personal por unos días. En cualquiera de los casos es una auténtica frivolidad cuando estamos ante una crisis energética de consecuencias aún incalculables. Y no se puede obviar que a la crisis europea derivada de la guerra de Ucrania se añade en nuestro caso las consecuencias de romper uno de los pilares de la política exterior española como lo era nuestro apoyo a la soberanía de los saharauis con la consecuencia inmediata de enemistarnos con Argelia, nuestro principal proveedor de gas. Así no se contribuye a paliar una crisis energética sino todo lo contrario. Que hay que ahorrar energía lo asumimos todos los ciudadanos porque, entre otras cosas, cada día es más difícil poder pagarla. Pero aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y el gobierno las suyas. Cuando uno hace sus deberes está legitimado para exigir a los demás que hagan los suyos. Es lo que se conoce como legitimidad de ejercicio. Pero esta legitimidad se desgasta y se pierde cuando no hay ejemplaridad. 

Un Presidente del Gobierno que para ir a Extremadura a decir que el “cambio climático mata” tiene que usar un helicóptero Puma para ir allí, enviar al mismo tiempo el Falcon y el  Audi A8 vacíos, para que con el segundo le traslade al lugar del siniestro y le lleve de vuelta al aeropuerto donde el Falcon le trae de vuelta a Madrid donde le volverá a recoger el Puma, que junto con el Audi A8 ha vuelto vacío, para llevarle a la Moncloa, no es un Presidente ejemplar, no es un Presidente austero, no es un ejemplo de ahorro y no es creíble. Como no lo son Irene Montero que usa el Falcon para ir a Estados Unidos a enseñar feminismo a las norteamericanas o Yolanda Díaz que lo usa para ir a Roma a hacerse la foto con Bergoglio. Aquí y ahora los primeros que tienen que ponerse a ahorrar son el Gobierno y todas las administraciones públicas que los demás ya lo hacemos por pura supervivencia. Y el que quiera derrochar en lujos que lo pague de su bolsillo.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

 

COMUNICADO DEL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA SOBRE LAS FALSEDADES DIFUNDIDAS POR LA ALCALDESA COMUNISTA DE MONFORTE DEL CID.

 

1-7-2022

 

COMUNICADO DEL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA SOBRE LAS FALSEDADES DIFUNDIDAS POR LA ALCALDESA COMUNISTA DE MONFORTE DEL CID.

 

Ante el cúmulo de mentiras difundidas por la alcaldesa de Monforte del Cid, M.ª Dolores Berenguer Belló, en algunos medios de comunicación, el Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid se ve en la obligación de responder mediante el siguiente

 

COMUNICADO

 

1º Es radicalmente falso que “El Juzgado de Instrucción Número 1 de Novelda ha desestimado una querella por prevaricación contra la alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, por supuestamente apropiarse de la casa de una vecina en herencia”. Y ello es así porque no existe todavía ninguna querella por ese motivo. Retamos a la alcaldesa a que deje de mentir y exhiba públicamente esa supuesta querella. Lo que ha hecho ese Juzgado es archivar provisionalmente una denuncia por prevaricación, no una querella (y si la alcaldesa no sabe distinguir entre querella y denuncia a pesar de las decenas de miles de euros gastados en asesores y abogados más vale que se vaya a su casa ilegítimamente heredada) presentada por D. Manuel Jesús Martínez Limiñana el 8-11-2021 por “convocar un Pleno extraordinario el pasado 4 de noviembre sin incluir en el orden del día la recusación por mí formulada, ocultando así la misma y bloqueando sine die la tramitación de la documentación solicitada”. (Se adjunta copia de la denuncia) Como puede verse nada que ver con “por supuestamente apropiarse de la casa de una vecina en herencia”. Excusatio non petita, accusatio manifiesta.

 

2º El talante autoritario y déspota de la alcaldesa comunista no admite crítica política alguna y, por ello, se envuelve en la bandera del victimismo y trata de hacerse pasar por una víctima de acoso. Es cierto que ella entiende mucho de acoso porque es su técnica habitual, no en balde ella ha interpuesto con el dinero de los contribuyentes más querellas contra empleados municipales que cualquiera de sus antecesores, no en balde bajo su mandato las bajas de trabajadores municipales por ansiedad y depresión han batido todos los récords, así como las solicitudes de traslados a otros ayuntamientos. Su autoritarismo ha llegado al extremo de pedir ilegalmente a la policía local que realizase test de alcoholemia a trabajadores municipales al incorporarse a su puesto de trabajo por la mañana.

 

3º No es ningún acoso denunciar en las redes sociales cómo se hizo con un importante patrimonio usando los servicios sociales. Se trata de un asunto político, no personal, porque requirió de la colaboración de unos Servicios Sociales costeados por los vecinos para proteger a los más vulnerables, no para esquilmarlos.

Metió a su madre, a su padre, a su hermano y hasta al perro a vivir en la casa de una anciana, Dª Teresa Limiñana Boyer, con el pretexto de cubrir el servicio de asistencia domiciliaria, todos vivieron a costa del dinero de la anciana como demuestran los extractos bancarios, la alcaldesa condujo personalmente en octubre de 2015 a la anciana ante un Notario de Aspe para que anulase su testamento de 1999 y otorgase uno nuevo nombrándola coheredera junto a su hermano, la mantuvieron aislada de sus sobrinos, mal atendida y finalmente tras año y medio heredaron, la alcaldesa y su hermano, dos viviendas y decenas de miles de euros, quedándose incluso con un depósito de cerca de 40.000 euros que un sobrino había depositado en la cuenta de su tía. Y todo ello con la pasividad inducida de los servicios sociales del Ayuntamiento que durante ese período no emitieron ni uno solo de los informes a los que estaban obligados por ley, ni visitaron a la anciana y, además, tras más de 200 días de espera y denuncias antes el Síndic de Greuges entregaron al sobrino denunciante un expediente a todas luces falsificado sobre la citada anciana. Son hechos, no difamaciones, sobre los que la alcaldesa y toda la corporación que la encubre deben dar una respuesta y explicaciones a la ciudadanía. Son hechos ignominiosos y repugnantes que ponen en la picota a los Servicios Sociales Municipales, sujetos pasivos, a la alcaldesa y a sus encubridores.

 

4º La alcaldesa trata por todos los medios de desviar la atención de su corrupta trayectoria mezclando temas y remontándose por ejemplo a la querella que el Pleno acordó interponer contra la anterior Alcaldesa y el anterior Secretario y miente, como es su costumbre, al afirmar sin vergüenza alguna que “El pleno de Monforte votó favorablemente de manera casi unánime a excepción de algunos concejales díscolos del Partido Popular rompiendo, de este modo, la disciplina de voto a finales de 2017”. Basta leer las actas que no fue así.

 

5º Tampoco es acoso, sino el cumplimiento de la obligación de cualquier grupo de la oposición, denunciar ante los tribunales de Justicia los presuntos actos de corrupción de su Gobierno Municipal. Y eso ha hecho el PAR presentando una denuncia sobre el convenio que suscribió la alcaldesa con la empresa que acababa de contratar a su marido para que dicha empresa pudiera conectarse a las infraestructuras del Polígono Las Norias por un precio ridículo, con el resultado de la pérdida de más de 1.200.000 € para el Ayuntamiento y una revalorización de los suelos de dicha empresa de más de 4 millones de euros. Prueba de que no es un simple acoso es que hace dos meses el juzgado de Novelda que lo instruye ha pedido a la Agencia Valenciana de Antifraude que se persone en la causa.

 

6º Monforte del Cid no se merece una alcaldesa patológicamente mentirosa que se esconde en el victimismo y en el lloriqueo. A la política se viene llorado de casa y a ser posible con vivienda propia.

 

El sanchismo: un cadáver andante.

Dígase lo que se diga, lo cierto es que los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio han sido sorprendentes no porque las haya ganado el Partido Popular, algo que vaticinaban todas las encuestas incluida la del CIS, sino por cómo lo ha hecho. La holgada mayoría absoluta que ha logrado el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido sorprendente en el actual contexto electoral. Y es que estamos en un contexto electoral caracterizado por el fraccionamiento partidista tanto por la derecha (Vox, PP y C’s) como por la izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) algo que dificulta mucho la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta. Y a ello hay que añadir que estamos hablando de la región española que hasta ahora era considerada como el granero de votos socialista lo que, a priori, era un plus de dificultad para que esa mayoría pudiera ser obtenida por el tradicional partido del centro derecha. Por ello, la mayoría absoluta conseguida por el PP de Andalucía tiene el doble mérito de haberla logrado con su espectro electoral fraccionado y en el feudo socialista por antonomasia. 

Lo cierto es que este histórico triunfo tiene interpretaciones y explicaciones para todos los gustos, pero algunos datos electorales tienen poco margen de maniobra para buscar posiciones interesadas. Los números son claros: si analizamos los porcentajes electorales por bloques se observa que un 11 % de los votantes de izquierdas en 2018 han transferido su voto al bloque de la derecha que pasa de un 49,99 % en 2018 a un 60,88 % en 2022. Y este dato es muy importante porque apunta a que el electorado no se ha dejado influir por los mensajes catastrofistas de la izquierda, por los mensajes del miedo y por sus tópicos (que si privatizaciones, que si desmantelamiento del estado de bienestar, etc.), a que el electorado no ha encontrado propuestas constructivas y atractivas en la izquierda y a que tampoco han percibido que los problemas reales (el paro, la inflación desbocada, el precio de la luz, etc.) sean percibidos como tales por una izquierda más implicada en sus políticas de género, en las pseudoclimáticas o en el revisionsimo histórico que en la dura realidad diaria. El Partido Popular ha perdido un 2,5 % de su electorado que se ha ido hacia Vox, pero ha compensado sobradamente esa pérdida porque ha crecido absorbiendo a la mayoría de los votantes de Ciudadanos, un 15 %, y a una porción nada desdeñable de votantes socialistas, en torno a un 9,40 %. Ciudadanos ha desaparecido a pesar de haber formado parte del gobierno andaluz en la última legislatura. Una vez más se repite la historia, el socio minoritario de un gobierno de coalición es absorbido por el mayoritario.

Aunque sea a título simbólico, los resultados del PSOE han sido un auténtico varapalo, en primer lugar, porque ya no es el partido más votado en su propio feudo, mejor dicho, su ex feudo y, en segundo lugar, porque ni contando con el apoyo del Gobierno de España que enseguida hizo uso de la chequera han podido mejorar los resultados de 2018. El PSOE pierde casi un 3 % de los votos y 3 escaños respecto a 2018 y no pierde más porque se ha producido una transferencia de voto de la ultraizquierda hacia el PSOE cercana al 4 %. Y resulta especialmente increíble la incapacidad de los socialistas para hacer autocrítica. Todavía no han pedido perdón por los 630 millones de euros robados según sentencia y, aún más, el inefable Zapatero ensalzó la figura política de Cháves y Griñán en el final de la campaña socialista. ¡Vergonzoso! Resulta ridículo atribuir sus malos resultados a la falta de movilización cuando lo cierto es que la participación ha subido casi dos puntos respecto a 2018. La Sra. Lastra ni se entera. Por cierto ¿alguien sabe si ya se ha movilizado para protestar por los resultados?

 

El tercer Partido de Andalucía es ahora Vox quien desplaza a la ultraizquierda a la última posición de la carrera electoral. Vox crece un 2,5 % respecto a 2018 y pasa de 12 escaños a 14. No llega a cumplir con unas expectativas que, por cierto, llegaron a marcar el rumbo de su campaña con un tono elevado, con un rumbo incierto y con ciertas dosis de prepotencia. Vox ha crecido, pero ha pasado a la irrelevancia política, ha pasado de influir en el gobierno andaluz mediante un acuerdo parlamentario a que Olona se convierta en Vicepresidente, pero no del gobierno, sino de la oposición. Vox ha pecado de prepotencia y de falta de respeto a su militancia. No es posible que un partido serio y democrático no sea capaz de estimular los liderazgos territoriales y siga usando la vieja técnica de los candidatos paracaidistas.

 

Y en último lugar queda la ultraizquierda fraccionada en dos formaciones. El “chulísimo” proyecto de Yoli se estrella estrepitosamente y debería constatar en su proceso de “escucha” qué es lo que los andaluces le han dicho alto y claro. Afortunadamente la ultraizquierda ha sido reducida a una presencia testimonial. Eso sí, el que no se consuela es porque no quiere y de ahí que la Sra. Teresa Rodríguez se ufane de que con sus pésimos resultados han logrado desactivar a Vox.

 

En definitiva, hemos asistido a un resultado histórico que bien administrado puede ser determinante para un próximo cambio político en toda España. Ha quedado demostrado que el centro derecha pueda volver a alcanzar una mayoría absoluta en España porque, además, se quiera o no,  se ha iniciado un nuevo ciclo político que pivota sobre el Partido Popular. Eso sí, hace falta prudencia y es imprescindible que antes el Partido Popular recupere el arraigo en territorios ahora hostiles donde su presencia es testimonial. La soberbia o la prepotencia no son buenos aliados y abrir las puertas del partido, apostar por la democracia interna e integrar son más necesarias que nunca para que el centro derecha pueda consolidarse como una alternativa al sanchismo y a toda la patulea separatista y radical que le acompaña. El sanchismo es ya un cadáver político, aunque aún no se haya dado cuenta de ello y eso lo hace especialmente peligroso para la libertad y el progreso de los españoles.

 

Santiago de Munck Loyola

 

EL PAR LLEVA ANTE LA JUSTICIA UN ACUERDO PLENARIO DE MONFORTE DEL CID APROBADO ILEGALMENTE EN 2018 QUE SUPUSO UN QUEBRANTO DE 1.000.000 DE EUROS A LA GENERALITAT VALENCIANA.

COMUNICADO.

18-5-2022

El Partido Alicantino Regionalista ha presentado hoy una denuncia contra la Alcaldesa de Monforte del Cid, el Concejal de Urbanismo y demás concejales y funcionarios que participaron en la aprobación de un acuerdo de Pleno para endosar a la Generalitat Valenciana la ejecución de dos rotondas que contractualmente correspondía a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias.

 

En 2017, el representante de la AIU Las Norias y a la vez Jefe del Servicio Territorial de Obras Públicas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Comunidad Valenciana solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid que exonerase a la citada agrupación (Urbanizadora del Polígono Industrial Las Norias) de la obligación de construir dos rotondas de acceso sobre la carretera CV-825 (valoradas en más de 1 millón de euros) alegando un cambio sustancial de las circunstancias sobre las que se estableció dicho compromiso en 2005, cuando resultaron adjudicatarios para la ejecución del PAI de dicho sector urbanístico.

 

El 17 de julio de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó sin el preceptivo informe jurídico de la Secretaría y prescindiendo del procedimiento previsto en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana,  que, entre otras cosas, obligaba a someter este trámite a un procedimiento de información pública y a obtener un informe del Servicio Jurídico previo.

 

A juicio del PAR resulta incomprensible la ausencia del preceptivo informe de secretaría para que el Pleno pudiese adoptar dicho acuerdo, que dicha ausencia fuese responsabilidad del Vicesecretario que preparó el expediente y del Secretario Accidental que lo llevó a Pleno, y que no fuese detectada, ni denunciada por ningún miembro de la Corporación, fuese del Gobierno o de la Oposición. En definitiva, este acuerdo plenario de 2018 del Ayuntamiento de Monforte del Cid impulsado por la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias y la Alcaldesa de Monforte del Cid se tradujo en un quebranto en las arcas de la Generalitat Valenciana, según la documentación obrante, que alcanzaría el millón de euros. Así, la AIU Las Norias se ahorró este millón de euros que sumados a los 400.000 euros ahorrados en el acceso del convenio de 2021 con el Ayuntamiento y la empresa UVASDOCE (convenio denunciado por el PAR el 18 de marzo de 2021 se instruye en el Juzgado N.º 3 de Novelda, Diligencias Previas 167/21, juzgado que el 7-4-2022 dictó auto pidiendo el auxilio judicial de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude) supone una mejora de 1.400.00 euros para dicha agrupación empresarial en su cuenta de resultados, agrupación presidida entonces por el Jefe del Servicio Territorial de Obras Públicas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Comunidad Valenciana.

Un Gobierno “partío”.

Nunca antes un Gobierno de España había ofrecido un espectáculo tan bochornoso como el que está ofreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. El asunto de los espías es el último esperpento de una larga serie que protagonizan socialistas, comunistas, separatistas y proetarras. Y todo salta a raíz de un informe de “Citizen Lab”, un “laboratorio interdisciplinar” de la Universidad de Toronto, Canadá. Este laboratorio se financia a través de grandes fundaciones norteamericanas, como la “Open Society” de Soros. En dicho informe se afirma que 65 independentistas catalanes han sido espiados. Algo que, tras un intento de golpe de estado y tras toda clase de acciones delictivas vulnerando el estado de derecho y poniendo en peligro la convivencia ciudadana pacífica, cualquier demócrata entendería como algo absolutamente necesario siempre que se haga con las garantías legales necesarias. El Estado tiene que protegerse y protegernos. Es de cajón. Y para ello debe usar todos los medios necesarios para prevenir la comisión de delitos y más cuando los delincuentes están en la calle y no han renunciado a reincidir en sus propósitos ni en los medios. No, no se trata de un espionaje por motivos ideológicos, a nadie se le espía por pensar lo que le venga en gana.

 

El problema real para el conjunto de los ciudadanos es que tenemos un gobierno que tiene a los socios que tiene, un gobierno que depende para sobrevivir parlamentariamente de partidos cuyos dirigentes han delinquido tratando de pisotear la Constitución y las reglas de la democracia. Tiene su aquél escuchar al Demóstenes independentista Rufián rasgarse las investiduras y proclamar que "lo que está pasando no pone en riesgo la legislatura, pone en riesgo la democracia". Mira, payaso, lo que verdaderamente ha puesto en riesgo la democracia ha sido que tú y tus comparsas hayáis intentado romper las reglas de la democracia y os hayáis ciscado en la soberanía del pueblo español. A ver si lo entiendes, los españoles incluidos los catalanes tenemos derechos, entre ellos, el de decidir entre todos el futuro de nuestro país y va siendo hora de que todos los catanazis como tú lo asumáis. Es comprensible que toda la recua de catanazis trate de inflar el asunto del espionaje por dos razones, la primera porque el victimismo es consustancial a los independentistas, la segunda porque con ello apagarán cualquier mirada hacia sus amores pasados con el sátrapa de Putin cuya ayuda buscaron para armar su intento secesionista.

 

Y tan real como el problema anterior es el problema de la división interna del Gobierno. Es evidente que los podemitas-comunistas no han asumido aún que ellos mismos son parte del gobierno y que, por tanto, son parte de los problemas del mismo. No se puede ser gobierno y oposición a la vez. O estás dentro o estás fuera, pero las dos posiciones simultáneamente son absolutamente imposibles. No puedes estar en un gobierno que sin consultarlo con nadie se carga décadas de una posición internacional de España respecto al Sáhara y al mismo tiempo criticar y condenar ese cambio. Y cuando se trata de un asunto de tal relevancia no vale con desmarcarse de ese cambio radical con críticas más o menos indignadas, lo único que vale es presentar la dimisión y salir del gobierno. Eso es lo que haría cualquier político decente. Pero, claro, es duro renunciar a la moqueta, a los privilegios, a los coches oficiales, a los sueldos y a la corte de asesores podemitas colocados cómodamente en la administración pública. Ni por el pueblo saharaui, ¡faltaría más!

 

Pero ya en el colmo de la desfachatez los podemitas llegan a pedir la dimisión de compañeros de gobierno como la de la Ministra de Defensa, asumiendo, cómo no, las peticiones de los independentistas, pasándose por el arco del triunfo la presunción de inocencia. ¿Alguien se imagina a la ministra Belarra o a Irene Montero pidiendo en el Consejo de Ministros que dimita o sea cesada Margarita Robles? Francamente improbable.

 

Los españoles padecemos un gobierno dividido y enfrentado, un gobierno sostenido parcialmente por grupos políticos enemigos de la unidad del Estado y un gobierno torpe en sus reacciones y sin escrúpulos. Un gobierno que para aplacar a sus socios es capaz de poner en riesgo el prestigio internacional del Estado y la seguridad interna desvelando aspectos secretos de las estrategias contra la delincuencia institucional, capaz de incluir a los enemigos del estado en la Comisión de Secretos oficiales o capaz de condicionar la aprobación de importantes medidas económicas al acuerdo y al voto de los herederos de la ETA. Para llorar, de verdad.

 

Santiago de Munck Loyola