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jueves, 13 de mayo de 2021

El Gobierno de España sigue la linde, aunque se ha acabado.


Es muy probable que, a lo largo de la historia de nuestra democracia, sea ésta la primera vez en que el Gobierno del Estado se ha constituido como oposición de un Gobierno regional, el de Madrid. Es una realidad que ha venido desarrollándose y creciendo desde el inicio de la pandemia, que parecía haber llegado a su culmen en la campaña electoral de las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo pero que, lejos de ello, hemos visto cómo ayer mismo se ha consolidado con los ataques de varios Ministros a la Presidente Ayuso y al conjunto de los madrileños. 


Se trata de una auténtica anomalía democrática, de un atropello institucional de la parte más fuerte del Estado contra una de sus propias administraciones, de un desprecio al mandato de cooperación y colaboración interadministrativa y, sobre todo, de un uso torticero de la administración pública contra una parte muy importante de su población que puede responder a varias consideraciones.

 


Los socialistas de Sánchez confunden claramente el partido con el Estado y tratan, de forma permanente, de usarlo en beneficio propio. Ya hace casi un año, el Delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid y a la vez Secretario General de los socialistas madrileños, el Sr. Franco, usaba la Delegación del Gobierno para conspirar con los alcaldes socialistas contra el Gobierno Regional. Algo nunca desmentido y, por supuesto, nunca visto. No es de recibo que un Delegado del Gobierno, pagado por todos los contribuyentes, dedicase los recursos públicos para intentar desestabilizar al Gobierno Regional de todos los madrileños. Esta confusión entre estado y partido es un claro síntoma de ausencia de cultura democrática y un perfecto embrión de totalitarismo y de corrupción.

 

Pero es que, además, las interferencias partidistas desde la administración del Estado para desarrollar una labor de oposición contra un Gobierno regional esconden la propia debilidad de los socialistas de Madrid para ejercer el mandato conferido por las urnas. Es decir, la incapacidad de los socialistas madrileños para desarrollar una labor eficaz de oposición controlando y proponiendo alternativas del Gobierno de Ayuso es la razón por la que tienen que acudir al “primo de Zumosol”, al Gobierno de España para que desde el mismo se intente desgastar a cualquier precio al Gobierno Madrileño. 



Y para conseguirlo no han reparado en medios, divulgación de bulos, actuando irresponsablemente en el control de las vías de acceso del virus, obstruyendo y dificultando la distribución de vacunas, despreciando las inversiones sanitarias madrileñas para luchas contra la pandemia, imponiendo cierres de la Comunidad en contra de los criterios sanitarios madrileños, etc. Y a ello hay que sumar, además, el uso partidista en plena campaña electoral de los recursos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para divulgar encuestas manipuladas con el fin de influir en favor de la izquierda las tendencias de voto. Eso sí, el socialista Tezanos ha conseguido transferir su escaso prestigio intelectual al propio CIS cuyo crédito profesional es ahora nulo. Que el máximo responsables del CIS califique a los votantes de derechas de “tabernarios” es más que suficiente como para que en cualquier país democrático hubiera sido cesado de forma fulminante.

 


Y en este ámbito, el de la confusión entre Estado y partido socialista, es especialmente grave el uso del Ministerio del Interior con fines puramente electorales. Los socialistas han traspasado una importante línea roja al poner al servicio de su partido el Ministerio que debe garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos. Un Ministerio del Interior que conoce los llamamientos previos de la ultraizquierda a boicotear un acto electoral de Vox en Vallecas, que no adopta las medidas de seguridad necesarias para evitarlo poniendo en riesgo la seguridad de muchas familias y que oculta a la opinión pública la detención, en los incidentes violentos surgidos, de los escoltas, de los matones contratados por el ex vicepresidente del Gobierno y ex coleta Sr. Iglesias, no es un Ministerio del Interior, es un chiringuito privado y abyecto. Y para qué hablar del numerito de las supuestas amenazas, de los sobres con balas o con navajas. Todo un circo en el que, además, destaca el hecho de que una Ministra del Gobierno de España, la Sra. Maroto, comparezca ante la prensa acusando falsamente  y sin prueba alguna a Vox de la autoría de la supuesta amenaza.

 

Y la última consideración que puede subrayarse es la falta de aceptación de la voluntad de los votantes por parte de los socialistas y, en consecuencia, del Gobierno de España. Sin entrar a fondo en la falta de autocrítica por parte de la mayor parte de la izquierda madrileña y en sus sorprendentes valoraciones de los resultados insultando y descalificando, algo inaudito, a los votantes madrileños, léase al jeta de Monedero, a la inculta Carmen Calvo o al propio Tezanos, lo cierto es que la constatación de que el hecho de que nunca individuos con tan baja preparación intelectual hubieran llegado tan alto implica, necesariamente, la persistencia en los errores. 



Dicen que "cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue". El talante antidemocrático de esta colección de “tontos” tan altamente situados en la esfera del poder es sumamente peligroso para la convivencia y para la estabilidad de las instituciones. Han comprobado que seguir la linde del enfrentamiento, de la confrontación y de la deslealtad institucional se ha acabado y que no les ha proporcionado réditos electorales y, sin embargo, ellos siguen y siguen. Esta estrategia, se acaba de comprobar, es electoralmente suicida. Y desde la perspectiva electoral puede ser muy buena para la derecha, pero no lo es para el conjunto de los ciudadanos.

 

Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y el conjunto de los españoles no se merecen un Gobierno del Estado al servicio exclusivo de las estrategias cortoplacistas de un partido cuyas señas de identidad se difuminan cada vez más con las de los enemigos de la Nación española.

 

Santiago de Munck Loyola

 

domingo, 15 de enero de 2012

Ellos despilfarran, nosotros lo pagamos.

“El dinero público no es de nadie”  dijo hace unos años la inefable ministra de Zapatero, Carmen Calvo, y aunque parezca mentira semejante estupidez parece que es compartida, aunque nunca lo admitirían, por una buena parte de la clase política española, a la luz de los resultados y la forma en que lo manejan. El despilfarro del dinero público, del dinero de todos, estos últimos años ha sido evidente y generalizado, a pesar de que el exministro Sebastián sólo lo admitiese como una excepción en algunos casos de los Planes E. La realidad es muy distinta a lo que la clase política está dispuesta admitir y la responsabilidad en estos despilfarros está muy repartida entre todos los colores de las formaciones políticas, aunque algunos son más responsables que otros por la sencilla razón de que han tenido la oportunidad de manejar más y mayores presupuestos públicos.

Hace tan sólo dos días Antena 3 emitió un programa en el que se daba cuenta de algunos de los despilfarros en obras públicas más escandalosos de estos últimos años: aeropuertos cerrados, aeropuertos con 9 pasajeros al día, autopistas sin vehículos, trenes ruinosos, estaciones para el AVE sin usar o completamente infrautilizadas, gigantescos complejos culturales inacabados y ruinosos y un largo etcétera de obras públicas sin sentido. En los últimos diez años, nuestros gobernantes han dilapidado más de 15.000 millones de euros en este tipo de obras que carecen de rentabilidad económica y social y que constituyen un pesado lastre pues al coste de su construcción hay ahora que sumar los gastos de mantenimiento.

Un pozo sin fondo al que las arcas públicas deben seguir suministrando millones de euros para que dichas obras se mantengan en pie, aunque nadie las utilice.

Los famosos Planes E no sirvieron al objetivo principal para el que fueron diseñados: reactivar la economía y crear empleo. Su puesta en marcha significó para muchas corporaciones locales la oportunidad de dotarse de infraestructuras necesarias pero que, ahora, en tiempos de crisis, hay que mantener lo que supone un incremento de los gastos corrientes de dichas corporaciones precisamente cuando los ingresos corrientes han caído en picado.

El error de aquellos Planes fue rápidamente imitado por muchas Comunidades Autónomas. Nada menos que 5.000 millones de euros destinó la Junta de Andalucía a su particular Plan E y 2.500 millones de euros destinó la Generalitat Valenciana al suyo, el Plan Confianza. Ahora recogemos lo sembrado: muchas obras del Plan Confianza están paralizadas por la sencilla razón de que la Generalitat Valenciana no paga a los promotores de las obras aprobadas. Y no son pocas las empresas las que están en situación de quiebra por culpa de los impagos de las administraciones públicas.

Da la sensación de que como “el dinero no es de nadie” se ha venido gastando sin el cuidado y la responsabilidad que cualquier persona normal pone cuando se trata de su propio dinero. ¿Se han hecho estudios de viabilidad para todas estas inversiones? ¿O se decide construir, por ejemplo, un aeropuerto sin los estudios económicos que avalen y justifiquen la inversión? ¿No deberíamos conocer el nombre de la empresa o de los técnicos que informaron favorablemente para la construcción de un aeropuerto en Huesca que cuenta con sólo 9 pasajeros al día? Y si se decidió en su día acometer estas millonarias inversiones sin los pertinentes estudios de viabilidad ¿no deberían incurrir en algún tipo de responsabilidad los políticos que adoptaron tales decisiones? Habrá quien sostenga que esa responsabilidad se determina en las urnas. Pero no, no basta. Además de la responsabilidad política hay una responsabilidad económica que debería ser depurada.

No conviene olvidar que el montante de estas inversiones ruinosas es muy superior, sin sumar el coste de su mantenimiento actual, a los recortes que el Gobierno de la Nació se vio obligado a adoptar el pasado 31 de diciembre. La clase política nos sube los impuestos porque ha despilfarrado, así de sencillo. Sin estos despilfarros no sería necesario ni subir los impuestos, ni congelar salarios a los funcionarios, ni recortar en educación, sanidad, defensa, … Y, hablando de recortes, llama la atención que haya dirigentes políticos que prefieran recortar en la sanidad de sus ciudadanos antes que suprimir seudo embajadas en el extranjero o antes de eliminar canales de TV ruinosos. Pero eso es harina de otro costal que habrá que analizar en otra ocasión.

Santiago de Munck Loyola