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jueves, 12 de julio de 2012

"Los españoles no podemos elegir, no tenemos esa libertad", pero el Gobierno sí.

Tiene razón el Presidente del Gobierno, toda la razón del mundo: los españoles no podemos elegir, no tenemos esa libertad. Es cierto. Ahora, no podemos elegir. Lo hicimos el pasado 20 de Noviembre. Elegimos por mayoría absoluta echar al cómplice y socio del incompetente Zapatero, el Sr. Rubalcaba, y dar nuestro voto al Partido Popular, al programa electoral del Partido Popular y a su candidato a la Presidencia del Gobierno. Elegimos hace seis meses y hasta dentro de tres años no podremos volver a elegir. Y quizás por eso se ve obligado a hacer lo que hace: incumplir el programa electoral del Partido Popular, los principios programáticos e ideológicos del mismo y sus propias promesas.

Es verdad, los españoles no tenemos ahora la libertad de elegir aunque el Presidente se haya visto obligado a romper el contrato electoral con quienes le votamos, porque no hay que olvidar que un programa electoral es un contrato con el votante. Ya se sabe que los programas electorales son en ocasiones lo suficientemente ambiguos como para poder hacer una cosa o la contraria, pero en algunos aspectos son tan concretos, tan precisos que cuando se incumplen no hay modo de disfrazarlo. Si el programa electoral del PP del año pasado se basaba en un análisis de la realidad tan deficiente que sus promesas no pueden ahora ser cumplidas ¿quién tiene la culpa? ¿los electores? Evidentemente no.

Los ciudadanos no podemos elegir ahora, pero el Gobierno sí. Es falso que no tenga otro remedio que adoptar las decisiones que ha tomado, que no hay alternativa. Claro que la hay y no hay más que volver a los principios programáticos del Partido Popular o, incluso, al propio programa electoral para comprobarlo. Para adoptar decisiones basadas en criterios socialistas y ajenos al liberalismo no hacía falta cambiar de Gobierno.

Hoy nuestras administraciones no tienen otro remedio que gastar menos e ingresar más. Hemos estado gastando más de lo que ingresábamos y hay que pagar los agujeros presupuestarios. Pero no se trata sólo de saldar la desastrosa herencia de Zapatero, el problema es que seguimos gastando más de lo que recaudamos y los agujeros de siguen agrandando.

Tenemos una estructura estatal que es insostenible y en eso coinciden todos los analistas económicos. Y esa propia estructura y la clase política que la dirige es la responsable del déficit presupuestario y simultáneamente del freno al crecimiento que impide generar más ingresos.

Del conjunto de medidas adoptadas hay muchas que podrían tener alternativa y aquí van algunos ejemplos:

-           La reducción de un 30 % del número de concejales no pasa de ser una anécdota. En gran cantidad de municipios españoles, los concejales no cobran sueldo alguno y su reducción no va a tener un efecto económico significativo. Sin embargo, la supresión del Senado, la drástica reducción del número de diputados autonómicos o la eliminación de instituciones duplicadas sí que lo tendría. Más de 120 seudo embajadas autonómicas, televisiones autonómicas y locales, defensores del pueblo regionales y tribunales de cuentas autonómicos, cuando menos, sobran.

-           La limitación de los sueldos de los alcaldes es lógica, pero insuficiente. Una vez más de apuesta por presionar al sector más débil de las administraciones en lugar de optar por una regulación total del sistema de retribuciones con dinero público. Es inadmisible que los miembros del Consejo de Estado, los Presidentes Autonómicos o sus Consejeros, los directivos de empresas públicas como NAVANTIA, SEPI, RENFE, AENA, ADIF o REE o los directivos de bancos que reciben ayudas públicas ganen más que el Presidente del Gobierno.

-           La reducción de subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales también es insuficiente. Si no hay dinero para mantener el nivel actual de prestaciones por desempleo no debería haber ni un euro para los primeros. Deben sostenerse con las cuotas de sus afiliados y si no pueden que cierren los chiringuitos.

-           La subida del IVA, por mucho que lo exija Europa, es miope y de efectos transitorios y contraproducentes. Habrá una subida inmediata y momentánea de la recaudación, pero el consumo caerá, aumentará el paro generando más gastos para prestaciones sociales y disminuirá la recaudación del IVA. Hay que señalar, además, que el aumento del IVA va a agrandar el déficit de todas las administraciones locales. Al contrario, una bajada de tipos junto con una reducción del IRPF provocaría un aumento del consumo y, por tanto, una mayor recaudación de este impuesto junto con más empleo y menos gastos sociales. Además, si esta reducción se acompañase con un aumento del impuesto de sociedades a las grandes empresas exclusivamente se recaudarían, según los técnicos de hacienda, más de 20.000 millones de euros. Igualmente, un incremento de la tributación de las SICAV también mejoraría la recaudación tributaria.

-           La eliminación “transitoria” de una paga extra a los empleados públicos es injusta hacia un colectivo que ha venido perdiendo poder adquisitivo constantemente en los últimos años y al que Rajoy prometió pública y expresamente no reducir el sueldo. No puede dejarse pasar por alto el insultante aplauso de la bancada popular ante el anuncio de esta medida. Como tampoco puede obviarse que quienes van a aprobar este recorte sólo se lo aplicarán a si mismos voluntariamente ¿dónde está la igualdad ante la ley? Esta medida perjudicará aún más a la caída del consumo profundizando la recesión.

-           Otra medida que debería se puesta en marcha y que evidencia la existencia de alternativas sería la absoluta liberalización del sector eléctrico para que una competencia real aliviase notablemente las facturas de los consumidores y, por otra parte, la supresión de los 6.000 millones anuales de subvenciones y primas a las eléctricas. Del mismo modo, la ampliación del período de vida útil de las centrales nucleares parece insuficiente habiendo podido apostar por un nuevo impulso a este sector.

-           Acelerar la jubilación a los 57 años es ahondar en un error socialista. ¿Por qué no se han prohibido ya las prejubilaciones en empresas con enormes beneficios como Telefónica y que tantos millones nos cuestan?

-           Ni una palabra a la posibilidad de cobrar a los reclusos por delitos económicos (ejemplo Julián Muñoz) los millones de euros que su estancia en prisión nos ocasiona a los ciudadanos o de reducir los 657 millones de euros que los delincuentes extranjeros cuestan anualmente al Estado. Podría reformarse la ley para que los extranjeros condenados, excepto los reos por delitos contra las personas, fueran expulsados de España y repatriados a su lugar de origen por el doble de tiempo de la condena que se les hubiese impuesto. Sería mucho menos gravoso para todos los contribuyentes.

Como puede verse hay alternativa. El Gobierno y el Presidente sí pueden elegir otra cosa distinta a la que han elegido, los ciudadanos. Le honra al Presidente Rajoy dar la cara y reconocer que está haciendo lo contrario a lo que le gusta, pero ese reconocimiento no justifica desde una perspectiva ideológica el acierto de las medidas adoptadas ni su congruencia ideológica con el Partido y los votantes que le sostienen. Debería considerar que si hoy los españoles no podemos elegir, dentro de tres años y medio sí podremos hacerlo. Y debería considerar igualmente que él sí que tiene alternativas, que no existe un solo camino para salir del pozo en el que el PSOE ha metido a España.

Santiago de Munck Loyola