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lunes, 2 de septiembre de 2013

Adiós agosto.


Tras un atípico mes de agosto, se reanuda la actividad normal en casi todos los ámbitos. Y es que este pasado mes de agosto ha sido bastante atípico en muchos aspectos, desde el climatológico hasta el político. Frente a la tradicional atonía con la que convivimos en el período estival, este agosto ha estado algo más movido de lo que suele ser habitual. Prácticamente la única “serpiente de verano” que nos ha visitado ha sido la de una posible remodelación en otoño aderezada con las correspondientes quinielas de ministrables y ex ministrables, serpiente que está aún por confirmar en las próximas semanas. Bueno, otra pequeña serpiente veraniega pero en este caso autonómica es la que ha circulado en algunos medios de comunicación sobre el destino como futuro candidato autonómico del Presidente Alberto Fabra y la suerte que habrán de correr sus más inmediatos colaboradores. Mientras tanto hemos ido conociendo durante el mes como se sigue fraccionando el centro derecha en la Comunidad Valenciana y en especial en la Provincia de Alicante gracias a la labor prepotente e incompetente de algunos mercenarios del propio Partido Popular.

Este agosto ha estado cargado de toda clase de noticias y algunas especialmente curiosas. El PSOE y sus satélites han estado, como no, agitando permanentemente el caso Bárcenas como si en España no existiese otro caso de corrupción y como si no formase parte de nuestro país Andalucía en la que día sí y día también se iban destapando detalles del mayor latrocinio de fondos públicos de nuestra historia. Los sindicalistas y socialistas de la UGT se dedicaban, al parecer, a falsear también facturas para esquilmar más fondos públicos que desde la Junta pagaban religiosamente sus conmilitones del PSOE en el gobierno andaluz. A lo largo del mes, la lista de imputados en el caso de los ERES ha seguido creciendo con más sindicalistas, también de CCOO, bajo sospecha. Griñán, que al parecer no se enteraba de nada o que no entendía bien el Interventor de la Junta, se ha marchado y se va a ir al Senado. Ya se sabe que en el Senado se está muy bien y, sobre todo, se está aforado, condición cada vez más valorada por algunos políticos.

Hemos conocido también este mes las declaraciones de varios dirigentes populares ante el Juez Ruz. Entre ellas fue especialmente significativa y muy comentada, por cierto, la de la Secretaria General Mª Dolores de Cospedal quien, al parecer, se despachó a gusto levantando más de una ampolla en las altas cúpulas populares. Y como el caso Bárcenas da para mucho hemos sabido también que el juez Ruz mandó que el Partido Popular le entregara los dos ordenadores que el Sr. Bárcenas manejaba en su despacho de Génova. Los responsables del PP hicieron entrega de los mismos, pero, sorpresa, más vacíos que la Caja de la Generalitat. Supimos por el Portavoz Popular ad hoc, Sr. Floriano, que en el Partido Popular, “como en cualquier empresa” (se nota que no ha debido trabajar en ninguna), es costumbre cuando un ordenador queda libre dárselo a otro empleado sin mirar los archivos que pudiera contener y formateándolo por si acaso. ¿Nadie tenía curiosidad “en la casa” por conocer lo que el Sr. Bárcenas guardaba en esos ordenadores? ¿De verdad? Es más, hemos podido saber gracias al Sr. Floriano que, careciendo dichos ordenadores de puerto usb, es imposible que nadie pudiera tener copia de los archivos de dichos ordenadores en un “pendrive”. Y lo dijo sin despeinarse. Lo cierto es que se aprende mucho escuchando las comparecencias veraniegas de ciertos políticos.

Hemos sabido en este mes de agosto que cerca de 50.000 niños en Cataluña padecen carencias alimentarias y que se han detectado 750 casos de grave desnutrición y todo ello mientras las autoridades catalanas se dedican a invertir más dinero público en su aventura separatista y ultiman sus detalles del numerito de la “cadena humana” por la independencia que fiel a las ansias imperialistas de estos sujetos hará su incursión en el territorio de la Comunidad Valenciana. Y en plena fiebre separatista, la Sra. Chacón, gran contribuyente a la espiral secesionista ha decidido poner tierra por medio y cruzar el charco para dar clases en una universidad privada de los imperialistas yanquis y colaborar en un programa televisivo de los anticastristas cubanos. Muy coherente la señora, pero qué le vamos a hacer, el dólar es el dólar venga de donde venga. Se aparta así de la hoguera independentista y de la debacle socialista que las encuestas auguran para las próximas elecciones europeas a ver si así la empiezan a echar de menos y las bases socialistas reclaman su regreso en plan salvadora del naufragio de Rubalcaba y su inefable equipo.

También han sido importantes algunas noticias sobre el importante crecimiento de la industria turística  en España y especialmente en la Comunidad Valenciana en lo que ha tenido bastante que ver la inestabilidad de Oriente Medio. Y de esta zona resuenan aún los ecos de las atrocidades de la guerra civil siria y la posible intervención militar norteamericana cuyo alcance y consecuencias aún están por delimitarse. Y Gibraltar, cómo poder olvidar nuestro Gibraltar al que hemos vendido piedras y arena para crecer. Gracias a los bloques de hormigón arrojados por los hijos adoptivos de la Gran Bretaña hemos podido descubrir muchas cosas sobre su capacidad creadora de empresas, sobre su número de automóviles, sobre lo barata que les sale la gasolina que nos compran o sobre sus estancias en nuestros hospitales. Lástima que se haya acabado agosto porque seguramente oiremos menos hablar de Gibraltar. En fin, que se ha ido un mes de agosto bastante atípico que no sólo nos ha dejado lo habitual, sino también una buena cantidad de acontecimientos cuyos efectos iremos notando en las próximas semanas. Se despierta ahora un nuevo curso político sin haberse dormido del todo el anterior.

Santiago de Munck Loyola

martes, 2 de abril de 2013

La ejemplaridad pública.



Una de las características de nuestra sociedad es la gran velocidad con que se producen cambios en las corrientes de opinión. La rápida transmisión de noticias y la libre circulación de opiniones son facilitadas por los medios de comunicación y, en especial, por las redes sociales. Ello debería obligar a los partidos políticos a permanecer muy atentos y perfectamente conectados a los movimientos de opinión en la sociedad, a ser mucho más permeables a los problemas, a las necesidades y a las posibles soluciones que los ciudadanos demandan. En este sentido, parece que el Partido Popular quiere, o al menos así lo manifiesta, debatir con los ciudadanos cuestiones que diariamente están en la agenda de la actualidad social. El pasado 23 de marzo se celebró en Ciudad Real un primer debate sobre la situación del desempleo juvenil y sobre las propuestas de futuro que plantea el Gobierno, con la participación de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El próximo debate o foro, dedicado a la “ejemplaridad pública” se celebrará en Madrid y es probable que cuente con la presencia del Ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria. Siendo loable esta iniciativa y siempre que su formato sea auténticamente participativo y no se trate de un acto más de propaganda, parece francamente insuficiente. Un partido político con más de 700.000 afiliados en toda España, como el Partido Popular, cuenta ya con una estructura social muy amplia, con una red de personas extendida prácticamente por toda España que, además, penetra en todas las capas sociales. Su propia estructura territorial y social permitiría sintonizar mucho mejor con las corrientes sociales si sus afiliados fuesen tenidos en cuenta y fuesen llamados a participar en estos mismos debates desarrollándolos en cada sede local. Los afiliados populares no son personas aisladas de la sociedad y de los problemas que la aquejan, todo lo contrario. Son ciudadanos comprometidos políticamente que padecen exactamente lo mismo que la gente de su entorno y, por tanto, podrían, si hubiese voluntad política para ello, servir como una excelente correa de transmisión entre la sociedad y el partido.

Dicho lo anterior, la elección del tema de debate, la ejemplaridad pública, es muy acertada y da para mucho en estos tiempos tan difíciles y convulsos. Es precisamente la ausencia de ejemplaridad pública la que condiciona, como se ha visto recientemente en la última encuesta del CIS, la valoración negativa que los ciudadanos tienen sobre la clase política, sobre los partidos políticos y la corrupción. Hoy desde la Casa Real hasta el poder judicial, pasando por los partidos políticos, la patronal o los sindicatos, casi todas las instituciones u organizaciones públicas o sociales están tocadas. Es justo en los tiempos de crisis, en los momentos en que los problemas más agobian al ciudadano cuando éste vuelve sus ojos hacia quienes deberían aportar soluciones a su situación, en muchos casos dramática, y lo que ve no es que le guste precisamente. En muchos casos, quienes deberían liderar la sociedad, quienes tendrían que predicar con el ejemplo, quienes deberían aportar soluciones a los problemas de la sociedad no lo hacen o están inmersos en escándalos o en actitudes poco edificantes.

Y la falta de ejemplaridad no se manifiesta únicamente en la existencia de numerosos casos de corrupción que a diario llenan las portadas de los periódicos, sino también en un conjunto de actitudes y comportamientos en el uso de los mecanismos que la Ley otorga y que evidencia la existencia de dos mundos paralelos, dos realidades muy distintas: la oficial y la de la calle. No resulta ejemplar que en una época de crisis, de recortes y sacrificios que se imponen y se exigen a los ciudadanos, no exista un correlato en el mundo oficial o no, como mínimo, en la misma proporción. No es ejemplar que mientras suben los impuestos a los ciudadanos, los parlamentarios gocen de privilegios fiscales, como tampoco lo es que mientras se agravan las condiciones para la percepción de una pensión los parlamentarios sigan gozando de unos privilegios para ello fuera de toda lógica. No es ejemplar precisamente nombrar y mantener como Secretario de Estado de la Seguridad Social a alguien que durante años ha mentido sobre su curriculum atribuyéndose falsamente la condición de médico o nombrar y mantener a una Secretaria de Estado de Investigación a alguien que ha luchado por impedir en las elecciones la victoria de quien un mes después la nombra. En una sociedad donde millones de ciudadanos desempleados han agotado ya cualquier ayuda pública y no hay dinero para más, no sólo no es ejemplar sino profundamente inmoral que se sigan manteniendo retribuciones públicas en administraciones, empresas públicas o bancos nacionalizados de 100.000, 500.000 ó 900.000 euros anuales. No es ejemplar ni edificante que se nombren asesores con fabulosos sueldos a gente sin experiencia ni formación o que se las promocione a escaños en los parlamentos autonómicos o en el nacional por el simple hecho de ser parientes de alguien. Tampoco lo es que las candidaturas se hagan a dedo, sin contar con los militantes de los partidos, y se usen para colocar a gente que nunca a puesto un pie, ni lo va a poner, en la Provincia por la que resultan elegidos. No es algo que mueva a la alabanza el hecho de que los contribuyentes tengamos que pagar los gastos en viaje oficiales de una amiga del Rey o que le tengamos que acondicionar una mansión cerca de la Zarzuela. Como tampoco sirve de buen ejemplo que el máximo representante del poder judicial manifieste que tener que volar en clase turista supone un descrédito para la institución que preside mientras miles de españoles pasan hambre. No resulta ejemplar mantener a toda costa un modelo de estado insostenible mientras se recorta en prestaciones sociales esenciales. No constituye un buen ejemplo mantener en las administraciones públicas muchos más asesores y cargos de confianza que cargos electos o mantener en sus puestos a diputados que se duermen en las sesiones parlamentarias, que se dedican a estudiar francés en las mismas, a hacerse la manicura o jugar con sus iPad mientras que se habla de los problemas de los ciudadanos.

Hay, como se puede ver, un amplio surtido de actitudes y comportamientos que, sin tocar la esfera penal, no son precisamente ejemplares y cuyo mantenimiento entorpece cada vez más la relación de confianza que debería existir entre los ciudadanos y sus representantes, entre gobernantes y gobernados. Las situaciones de crisis convierten la crítica ciudadana en mayores niveles de exigencia hacia los gobernantes y ello debería servir para que la clase política, lejos de esconderse en justificaciones, reflexionase y abandonase muchas prácticas que la alejan del aprecio y consideración de los ciudadanos. Parece que con un solo día de debate sobre la ejemplaridad pública no van a tener bastante.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 10 de marzo de 2013

Motivos para regenerar.



José Blanco, ex Ministro de Fomento, imputado por tráfico de influencias y sigue en su escaño. 38.000 millones de euros públicos inyectados a la banca en 2012 y ésta inicia más de 50.000 procedimientos de desahucio en el mismo año. Los diputados madrileños Bartlomé González e Isabel Redondo se dedican a jugar con sus iPad mientras se habla del paro en la Asamblea, el diputado autonómico valenciano Luis Díaz Alperi se hace la manicura en el Pleno mientras su compañera de escaño Milagrosa Martínez aprovecha para estudiar francés. Los ciudadanos deberán  tomar como referencia los últimos 25 años cotizados para obtener la cuantía de la pensión por jubilación, mientras que diputados y senadores pueden cobrar la pensión máxima con 11 años. Los sindicatos se rasgan las vestiduras por la reforma laboral y después se afanan en aplicarla en los despidos de sus propios empleados. Patrimonio Nacional se gastó más de 2 millones de euros en acondicionar la finca La Angorrilla en la que se alojó la entrañable amiga del Rey y éste nos habla de la necesidad de ejemplaridad sin inmutarse. La Alcaldesa de Novelda es procesada y ni dimite ni su Partido le pide públicamente que lo haga. Los españoles pagamos en cuatro viajes oficiales del Rey los gastos de su acompañante, la entrañable amiga de La Angorrilla. El PSOE, el día de la mujer, se hace con la Alcaldía de Ponferrada gracias a una moción de censura negociada con un acosador sexual. El ex Presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, en la cárcel. El Vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, acusado de pagar en negro a sus empleados, se jacta de deber dinero a la Seguridad Social y a Hacienda. 

IU de Madrid debe más de 1 millón de euros a hacienda al destinar a otros fines las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores. La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras ser imputada por cuatro delitos es homenajeada por la Dirección provincial del PP. El Secretario de Estado de la Seguridad Social falsea su curriculum afirmando ser médico sin serlo, en su ficha del Congreso no aparece la "Declaración de Actividades" ni tampoco "Declaración de Bienes y Rentas" a pesar de las 5 legislaturas que lleva de congresista y no dimite. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano es embargada por no cumplir sus obligaciones tributarias tanto por la Agencia Tributaria, como por la Diputación de Alicante y tampoco dimite. Carmen Vela hace campaña a favor de Rubalcaba y dos meses después es nombrada por Rajoy Secretaria de Estado de Investigación para desprecio de votantes y afiliados del PP. La Generalidad Catalana recorta en Sanidad mientras se gasta 33 millones de euros al año en embajadas ilegales. Desaparecen en 2008 más de 100 kgs. de cocaína de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y todavía no se sabe quienes son los culpables. Más de 1.400 millones de euros desaparecen en los EREs fraudulentos andaluces y no dimite ningún alto cargo andaluz. Jesús Sepúlveda fue contratado en Génova después de tener que dimitir de Alcalde y no se sabe aún quién y por qué le contrató. La  Fundación Ideas pagó 150.000 euros provenientes de subvenciones públicas  a Traducciones Políglota, la empresa de la hermana de Elena Valenciano, Paloma, por unos trabajos que nadie ha especificado en qué consistieron. Mientras falta dinero para el subsidio del paro, se siguen pagando sueldos con dinero público de 900.000 euros al año en Red Eléctrica, de 500.000 euros en bancos rescatados o de 150.000 euros en empresas públicas. Los partidos políticos recibieron en 2012 más de 64 millones de euros para sus gastos de funcionamiento. Urdangarín vendió humo a las administraciones públicas por varios millones de euros y los políticos que lo compraron siguen tan tranquilos. Bárcenas sigue chuleando al PP y éste no responde coordinadamente y con contundencia. La corrupción preocupa cada día más a los españoles según el CIS y el PSOE se abstiene en las resoluciones para combatirla aprobadas en el Congreso por el resto de los grupos parlamentarios. España está plagada de obras públicas millonarias y sin ningún uso y ningún político ha respondido por este despilfarro. Algunas televisiones privadas pagan a delincuentes para entrevistarlos. 

La pensión mínima de jubilación para un trabajador de 65 años es de  8.383,20 euros al año, mientras que Zapatero, tras arruinar al país, simultaneará una pensión vitalicia de 75.000 euros anuales con otros 80.000 euros al año como Consejero de Estado. Los Clubs de fútbol adeudan a Hacienda más de 750 millones de euros y a la seguridad social otros 11 millones. La familia del ex presidente Pujol se benefició durante años de las influencias del padre pero no se debe denunciar porque se podría interpretar como un ataque a Cataluña. El ex ministro socialista Julián García Valverde se va a llevar 335 millones de euros en comisiones por el Ave a La Meca gracias a las gestiones del ex ministro Blanco. Los españoles seguimos pagando la electricidad más cara de Europa. Un escaño por Soria cuesta 47.000 votos mientras que por Madrid 188.000 votos. Desde 2006 España dona a ONU mujeres 178 millones de euros y termina colocando a la ex Ministra Bibiana Aido con un sueldo de 6400 euros mensuales. Ana Mato se gasta 17.000 euros en un informe titulado “gobernando con amor”. El salto de Falete al agua rompe records de audiencia televisiva. Los madrileños sufrieron en 2012 una media de 10 manifestaciones diarias. El Tribunal de Cuentas tarda más de cinco años en fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Con más de 800.000 catalanes en paro, la prioridad de Mas es la independencia… El PSOE en San Sebastián vota a favor de galardonar a uno de los fundadores de ETA. Podría seguir escribiendo páginas y más páginas. ¿Todavía hay alguien que piense que España no necesita una regeneración?

Santiago de Munck Loyola

domingo, 16 de septiembre de 2012

La Diada, los sindicatos y los socialistas.



Es un hecho incuestionable que las interpretaciones y las lecturas que se hacen sobre las numerosas manifestaciones que se desarrollan en nuestra Nación dan para mucho. Siempre resulta llamativa la disparidad sobre las cifras de los asistentes a una manifestación. Como es lógico cada uno barre para su casa. Los convocantes no tienen ningún empacho en inflar el número de asistentes, aunque sea a costa de dinamitar las leyes físicas más elementales. De hacer caso a sus cifras habría que admitir que en España es físicamente posible que en un metro cuadrado puedan manifestarse sin problema alguno hasta 10 personas. En el otro extremo suele situarse el Gobierno de turno que siempre trata de rebajar, si así sirve a sus intereses políticos, el número de participantes en una convocatoria. ¿Y la prensa? Pues, como es lógico, también arrima el ascua a su sardina en función de su color político y de su sintonía con el gobernante de turno.

Hace pocos días, coincidiendo con la Diada de Cataluña, se celebró una manifestación independista en Barcelona. Fue, sin lugar a dudas, una manifestación impresionante. Cientos de miles de personas, entre 600.000 según la Delegación del Gobierno y 1.500.000 según los organizadores, se dieron cita para reclamar la independencia de esta región española. Niños, jóvenes, mayores de toda condición social se dieron cita en una convocatoria estimulada y apadrinada por el Gobierno autonómico. Cientos de autocares de todas las esquinas de Cataluña se dieron cita la capital y el resultado fue una enorme manifestación. No es un hecho menor, todo lo contrario. Es un signo inequívoco que no puede ser pasado por alto por las fuerzas políticas y que, a pesar de que seguramente hoy lo prioritario deba ser buscar soluciones para los millones de ciudadanos exhaustos por la crisis, debe ser anotado en la agenda de prioridades políticas de nuestra clase política.

Dicho lo anterior, seguramente habrá que poner también el debate y el análisis de lo ocurrido en sus justos términos. En primer lugar, porque si realmente se ha manifestado por la independencia de Cataluña un millón de catalanes lo cierto es que otros seis millones se han quedado en casa. Una abrumadora mayoría de catalanes no se ha sumado a este acto independentista celebrado en un día y en un clima festivo. Tras la manifestación, transportado quizás por una euforia propagandística, el Diputado de Esquerra Republicana Alfredo Bosch se despachaba así en el Congreso de los Diputados: "Yo les pido que… reaccionen a tiempo, que no se retrasen, que lean en los labios del pueblo lo que el pueblo sabio y libre les está exigiendo por igual aquí y en Barcelona… Si el pueblo pide independencia, díganlo, no es tan difícil, no hace falta buscar el enésimo eufemismo. De hecho es muy fácil y se quedarán muy descansados. In-de-pen-den-ci-a. No es difícil, pruébenlo. Les gustará. In-de-pen-den-ci-a. Lo dijeron millones de personas, lo pueden decir ustedes, no es difícil de pronunciar". Hombre, puestos así, Sr. Diputado se le podrían deletrear a usted muchas palabras para que aprenda algo, por ejemplo, de-ma-go-go. El pueblo no ha pedido independencia, no. Una parte de él, sí, pero no todo, ni siquiera la mayoría. El pueblo catalán, en su inmensa mayoría, se quedó en su casa en la Diada. Al igual que cuando se trató de aprobar el vigente Estatuto de Cataluña. El 52% de lo catalanes no votó, se quedó en su casa o en la playa. Y un dato más, Sr. Bosch, los catalanes votan más cuando se trata de las elecciones generales que cuando se trata de las autonómicas. ¿Por qué será? Por cierto, los señores de ERC y algunos otros cuando atribuyen a un grupo más o menos numeroso de manifestantes la “voluntad del pueblo” recuerdan con nitidez a Franco que hacía exactamente lo mismo cada vez que la Secretaría General del Movimiento le llenaba la Plaza de Oriente. Ni entonces, ni ahora el pueblo manifestaba su voluntad soberana. Hoy por hoy sólo es posible expresarla en las urnas.

A propósito de la manifestación independentista hay que resaltar el doble lenguaje, una vez más, de los socialistas. A la manifestación independentista acudieron muchos dirigentes del PSC y hoy se ha podido ver a los mismos aplaudir al Sr. Rubalcaba al afirmar en la Fiesta de la Rosa que el Sr. Mas tendría enfrente a los socialistas si optaba por el camino independentista. ¿En qué quedamos? ¿A qué juegan los socialistas?

Y para interpretaciones paranoicas sobre asistentes a manifestaciones las de hoy a propósito del nuevo fracaso cosechado por los sindicatos con las manifestaciones de ayer. Con la que está cayendo, con todos los recortes que se están imponiendo como consecuencia de la herencia socialista, con el descontento social existente y con el tremendo esfuerzo y movilización que han llevado a cabo los sindicatos, el número de participantes ayer en Madrid en la convocatoria sindical sólo puede ser considerado de fracaso. Y lo cierto es que no faltan motivos para protestar y manifestarse, pero cuando quien convoca son los cómplices del desastre económico heredado, jaleados por los autores del desaguisado, lo más normal es que muchos ciudadanos decidan quedarse en casa. Unos sindicatos incapaces de subsistir sin el dinero de los contribuyentes, unos sindicatos inmóviles mientras se rebasaban los cuatro millones de parados, unos sindicatos que hasta el último momento apoyaron al anterior Gobierno no es que tengan mucha legitimidad para abanderar el descontento social y, menos aún, enarbolando lemas tan estúpidos como el de que “quieren arruinar el país” o “quieren acabar con todo”. Simplezas las justas, por favor. 

Y una vez más, el Sr. Rubalcaba, se descuelga con una interpretación, no por peregrina menos peligrosa desde una perspectiva democrática, afirmando que, visto el “éxito” de la manifestación de ayer, el Gobierno ha perdido la mayoría social. Sinceramente, cuando la AVT o la Iglesia inundaron de manifestantes la Castellana no le oímos al Sr. Rubalcaba decir que su partido había perdido la mayoría social ¿a que no? Las únicas mayorías que valen para gobernar nuestra Nación son las parlamentarias, le guste o no al Sr. Rubalcaba y a los sindicatos. Y todo lo que no pase por ahí sólo es golpìsmo.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 30 de agosto de 2012

¡Peligro, cretinos sueltos!



A mediodía, mientras regresaba del trabajo, venía escuchando la radio y en los informativos locales relataban las movilizaciones promovidas por los sindicatos de Alicante que esta mañana, con muy poco seguimiento ciudadano, se han producido en algunos puntos de nuestra ciudad. Entrevistaban a los líderes sindicales y uno de ellos afirmaba que  "queremos que sea un final de verano muy caliente con un encuentro en Madrid para decir que las políticas de recortes nos llevan a la ruina social y nos llevan a los de siempre" y continuaba afirmando con una rotundidad absoluta que “el Gobierno del PP quiere acabar con todo, con el Estado del Bienestar y que va a arruinar al país”. Por último, para rematar sus palabras señalaba que su sindicato quiere que las medidas económicas que está adoptando el Gobierno sean sometidas a un referéndum "para que la ciudadanía pueda opinar sobre lo que está haciendo el Gobierno", "seguimos en pie de guerra y no vamos a dejar que arruinen el país y nos lleven a la pobreza como están haciendo".

Los líderes sindicales, en perfecta sintonía con el Partido Socialista, vienen repitiendo de forma machacona el mismo estribillo: “quieren acabar con todo, van a arruinar al país”. Y cada vez que repiten esta frase mienten y lo saben. Y si no lo saben deberían dedicarse a otra cosa.

Éste, como cualquier Gobierno, podrá adoptar medidas más o menos acertadas o equivocarse. Pero afirmar sin más que un gobierno quiere acabar con el estado de bienestar o con las prestaciones sociales que perciben los ciudadanos que mayoritariamente le votan es una estupidez y una simpleza impropia de quienes aspiran a ejercer cierto tipo de liderazgo y de quienes se arrogan una representación no otorgada por las urnas. Realizar tales afirmaciones es, sobre todo, atribuir intenciones a otros que no se corresponden con la realidad de la voluntad política de quienes se ven obligados a adoptar determinadas decisiones por muy impopulares que sean. Y proclamar tales asertos es, en definitiva, tomar por tontos al conjunto de los ciudadanos cuya capacidad de análisis y sentido común suele estar muy por encima de la media de la clase política y sindical. No es de recibo que tanto algunos políticos, como algunos sindicalitas, falten continuamente al respeto a la inteligencia de los ciudadanos repitiendo como cretinos consignas y proclamas dictadas por las cúpulas de sus organizaciones.

Y faltan a la verdad y mienten quienes afirman que este Gobierno y el partido que lo sustenta vaya a arruinar a “este país”, a España, por la sencilla razón de que es imposible: “este país”, España, ya estaba arruinado cuando el Gobierno del Partido Popular se constituyó en diciembre pasado. Este Gobierno está administrando una impresionante ruina económica y la miseria dejada por el anterior Gobierno cuya nefasta gestión fue avalada y apoyada con el cómplice silencio de los sindicatos que hoy se apresuran a mentir, una vez más, a la ciudadanía. Podrá cometer errores este Gobierno a la hora de gestionar la ruina heredada y desde estas páginas así se denuncia en muchas ocasiones y dichos errores podrán, seguramente, entorpecer la recuperación económica de la nación o supondrán, a veces, un injusto reparto de los costes de la crisis, pero de ahí a afirmar que va a arruinar lo que ya estaba arruinado existe un verdadero abismo.

Y el colmo del cinismo de algunos dirigentes sindicales se pone de manifiesto cuando piden que sean sometidas a referéndum las medidas económicas que el Gobierno se está viendo obligado a adoptar y para justificar tal pretensión alegan que estas medidas no estaban recogidas en el programa electoral que los ciudadanos españoles respaldaron mayoritariamente hace unos meses. Lo primero que cabe plantearse es ¿por qué los sindicatos no pidieron un referéndum similar cuando el Gobierno socialista adoptó medidas económicas y recortes que no había incluido en su programa electoral? ¿Por qué un referéndum ahora y no hace dos años cuando, por ejemplo, se bajó el sueldo a los empleados públicos? Y puestos a reclamar un referéndum ¿por qué no pedir que se nos pregunte a los ciudadanos si queremos seguir subvencionado a los sindicatos y a los partidos políticos?

Hay muchos políticos y sindicalistas en nuestra Nación cuya labor es ejemplar, que se merecen el reconocimiento social sin ninguna duda. Pero desgraciadamente su esencial papel se ve eclipsado por tanto cretino que anda suelto y cuyo afán de protagonismo diario rebasa con amplitud los límites del respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 19 de julio de 2012

Los irresponsables socialistas.



Dice sin vergüenza alguna, la diputada socialista Elena Valenciano que ellos, los socialistas, no son responsables de la situación actual. Recuerda esta señora al valiente capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino que no admite ninguna responsabilidad en la catástrofe y que se cree una "víctima del sistema". Del mismo modo que el inefable Schettino se cayó accidentalmente en el bote salvavidas, la Sra. Valenciano y sus conmilitones han caído accidentalmente en el bote de la amnesia y piensa que con negar responsabilidades puede engañar, una vez más, al conjunto de los ciudadanos. Pero buena prueba de que los ciudadanos no comparten bote con los socialistas es que, a pesar del tremendo y rápido desgaste del Partido Popular, los socialistas, con discurso duro o blando, siguen muy por debajo de los primeros en los sondeos sobre intención de voto.

La clase política y sindical de nuestro país sigue enfrascada en pugnas pueriles que no ayudan en absoluto a transmitir una imagen sólida de España en los mercados internacionales, agravando así las dificultades de financiación y consecuentemente a promover la necesidad de más reducciones de gasto público para hacer frente a esa financiación.

Aquí nadie sume responsabilidades: ni partidos políticos, ni sindicatos, ni empresarios. Parece que los únicos responsables de la dramática situación económica y social que vivimos somos los ciudadanos a los que se nos imponen todas las cargas posibles para intentar salir del agujero. Y hay que hablar claro: las responsabilidades son compartidas. Todos son responsables, culpables, de que estemos como estamos: desde los amnésicos socialistas hasta los populares pasando por los pasivos sindicatos durante años y los empresarios especuladores o la banca española. Todos: unos porque gobernaban el Estado, otros las Comunidades o Ayuntamientos, unos porque permanecían complacientes ante el despilfarro mientras les llenaban los bolsillos con subvenciones millonarias y otros porque asentaron su riqueza en el pelotazo y la especulación. Son responsables los que el año pasado gastaron más de 90.000 millones de euros sobre lo que ingresaron en el Estado y que ahora hay que pagar con intereses al 7 %. Son responsables los que gestionaron comunidades autónomas como la Valenciana dejando su solvencia al nivel del bono basura. Son responsables los que gestionaron Ayuntamientos como el de Rivas, gobernado por IU, que ha rebajado un 30 % las nóminas de sus empleados en el pasado mes de junio. Son responsables los que gobiernan una Comunidad Autónoma que mantiene “embajadas” por todo el mundo o varios canales de TV mientras recorta a sus ciudadanos los servicios médicos. Son responsables los que se han llenado los bolsillos con subvenciones millonarias: partidos, sindicatos, empresarios o artistas.

Aquí la responsabilidad es compartida y tiene graduaciones, cómo no, pero compartida al fin y al cabo. Y va siendo hora de que haya un mínimo gesto de honestidad en la clase dirigente española asumiendo públicamente esa responsabilidad y pidiendo perdón a los ciudadanos por el daño causado.

En un estado de emergencia nacional como el que nos encontramos sería estimulante para todos que, en lugar de “escurrir el bulto”, en vez de criticar sin aportar soluciones alternativas se escuchase un discurso crítico, pero constructivo; sería positivo para la marcha del país que la demagogia cediera el paso al discurso inteligente. Pero, claro, pedir un mínimo de grandeza a esta clase dirigente, política, económica, sindical, social y cultural, es como pedir peras al olmo, salvo contadas excepciones.

Por mucho que uno esté en desacuerdo con determinadas medidas del Gobierno, por mucho que a uno personalmente le afecten, escuchar a algunos líderes sindicales hablar de “estado de guerra” produce náuseas. Escuchar simplezas sindicales como decir que “el PP quiere arruinar al país” da auténtica pena, primero por constatar que cualquier descerebrado puede dirigir un sindicato y, segundo, al comprender el nulo respeto de muchos sindicalistas a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie, en su sano juicio, quiere arruinar al país. El país está arruinado y mientras se arruinaba los sindicatos miraban hacia otro lado. No son estos discursos los que España necesita ahora. No es ésta la imagen que España necesita proyectar al exterior. La insolvencia social, la fractura, el enfrentamiento y la agitación también se paga en los mercados que tienen que financiarnos. Puede que buena parte de la clase dirigente interese la tensión y la crispación porque con ello se neutralizarán los efectos económicos positivos que cualquier ajuste pueda producir. Más tensión, igual a más prima de riesgo, igual a más ajustes, igual a más tensión… hasta el rescate.

Claro que hay motivos para protestar. A nadie le gusta que le suban los impuestos o que le quiten el 7 % del sueldo, como tampoco gustó cuando el recorte socialista hace dos años fue del 5 % con la dócil resistencia sindical. Pero estos líderes sindicales son ahora los menos legitimados para hacer llamamientos a la protesta. Con un servidor, tan afectado como cualquiera por los recortes, que no cuenten porque un servidor no cuenta ni con los indecentes ni con los irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 29 de marzo de 2012

Y España no se ha parado.

Ni ríos de huelguistas inundando las calles de los pueblos y ciudades de España, ni mareas democráticas, ni gaitas… La huelga general del 29 de marzo ha tenido la respuesta que todos hemos podido ver en nuestro entorno y en los medios de comunicación, no la que nos quieran o pretendan hacernos ver los líderes sindicales. No sólo se trata de la percepción que cada cual ha tenido sobre el impacto y alcance de la huelga general, sino de la valoración de los datos objetivos que sirven para apreciar con cierto rigor el éxito o fracaso de la una convocatoria de este tipo.

España no se ha parado. El país ha seguido funcionando con más o menos normalidad salvo excepciones perfectamente localizadas en tramos horarios, en zonas geográficas y en sectores productivos. El paro no ha sido general ni uniforme a lo largo del día, variando según la mayor o menor presencia de los piquetes coactivos que han venido circulando por el país. Es evidente que sin la presencia de los piquetes coactivos la incidencia de la huelga general habría sido aún menor que la que los datos objetivos nos indican. Tanto el transporte público, como el comercio, los centros sanitarios, las administraciones públicas, los sectores agrícolas y ganaderos, la hostelería, los servicios profesionales o, en menor medida, los centros educativos han venido funcionando con normalidad en la inmensa mayoría del país. Parece que sólo en los sectores industriales la incidencia de la huelga ha sido mayor. En todo caso, a estas horas, todos los datos apuntan que la incidencia de esta jornada de huelga ha sido inferior a la producida en la huelga general de 2010.

La convocatoria de una huelga general fracasa cuando no consigue paralizar un país ni consigue mover las posiciones del adversario, en este caso el Gobierno de la Nación. Y en esta huelga general los sindicatos no han conseguido ni paralizar el país ni doblegar la postura del Gobierno en torno a la reforma laboral. Por tanto, no es aventurado afirmar que la huelga general ha fracasado. Y el fracaso de la huelga no se debe tanto a las razones que la han motivado, el rechazo al contenido de la reforma laboral, sino, con toda seguridad, a otros factores diferentes. Es muy posible que a una gran parte de los ciudadanos no nos guste esta reforma laboral pero nos gustan menos las alternativas a la misma o, mejor dicho, la ausencia de alternativas. A ello hay que añadir el rechazo a los convocantes cuya actitud servil durante los últimos años, su pasividad frente a las políticas destructoras de empleo, su complicidad frente al despilfarro y la corrupción o su carácter de “apéndices del Estado, en palabras de Julio Anguita, aleja a muchos ciudadanos de la posibilidad de secundar sus llamamientos a la huelga.

Del mismo modo que muy pocos secundarían una manifestación convocada, por ejemplo, por Julián Muñoz en contra de la corrupción, muchos no queremos secundar los llamamientos de unos sindicatos como éstos. Su pasado reciente les resta credibilidad y legitimidad. Y del mismo modo que no secundar un llamamiento de Julián Muñoz contra la corrupción no significa estar a favor de la misma, no secundar un llamamiento de estos sindicatos contra la reforma laboral no significa estar de acuerdo con todo el contenido de la misma. Socialistas y comunistas han perdido las últimas elecciones generales y de ello no hace tanto tiempo, por lo que no debe sorprender que el sindicato socialista y el comunista tampoco hayan ganado esta jornada para su causa. Y si a ello se suma el rechazo a la desconfianza que estos tienen en las libertades de los ciudadanos representada por el uso de los piquetes coactivos, se explica mejor el fracaso de esta huelga.

Santiago de Munck Loyola

29 M Huelga general.

Guste o no, se apoye o no la huelga general, lo cierto es que hoy, 29 de marzo, es un día de “fiesta democrática” o debería serlo para todos los que creemos y defendemos el libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en nuestra vigente Constitución. El derecho a la huelga que hoy sentimos como algo natural, fuera de discusión y en muchas ocasiones insuficientemente valorado fue conquistado y constitucionalmente protegido tras largas y duras luchas.

Y conviene recordarlo y valorarlo con independencia de que se esté a favor o en contra de los motivos de esta convocatoria de huelga general, de la oportunidad de la misma o, incluso, de los propios convocantes. Lo importante y verdaderamente trascendente es que cualquier ciudadano pueda decidir libremente y sin miedo a la más mínima represalia ejercer su derecho a no acudir a su puesto de trabajo. Se trata de una decisión individual que merece no sólo el máximo respeto, sino, también, la máxima protección posible de los poderes públicos.

Y del mismo modo el derecho a no secundar la huelga pertenece a la esfera de los derechos y libertades individuales amparado por las leyes. Cada ciudadano tiene o debería tener el mismo derecho a poder acudir a su puesto de trabajo, si esa es su decisión, sin ser objeto de ninguna coacción o represalia por hacerlo. El respeto y la protección del libre ejercicio de los derechos individuales deben estar por encima de cualquier tipo de consideración. Sin embargo, en muchas ocasiones, ambos derechos, el de hacer huelga y el de no hacerla, no son respetados ni protegidos con la debida fuerza. Es una realidad fácilmente constatable cada vez que se produce una huelga: empresarios que amenazan, coaccionan o toman represalias con los huelguistas y sindicalistas que hacen exactamente lo mismo con aquellos que en uso de su libertad deciden no secundar el llamamiento a la huelga.

En toda convocatoria de huelga se producen conflictos en torno a los llamados “servicios mínimos” y se desatan polémicas en torno a la necesidad o no de regular el derecho constitucional a la huelga. Las Administraciones Públicas han venido siempre demostrando una propensión a agrandar y extender los servicios mínimos y los sindicatos a incumplirlos cuando los consideran abusivos. Las patronales por su parte se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y enseguida invocan la necesidad de una Ley reguladora que, en realidad, no es otra cosa que la pretensión de encorsetar el derecho a la huelga. Y después de una ley vendría un reglamento y con ello más restricciones.
Camionera quemado vivo en 2008 en Alicante.
Los piquetes incendiaron su camión mientras él dormía dentro.

Los servicios mínimos deberían limitarse a los servicios básicos y esenciales y, hoy por hoy, no parece necesaria una regulación de la Ley de huelga, pero ambas posibilidades pasan por una tutela efectiva del derecho al trabajo y una actitud respetuosa de los sindicatos a la libertad individual de quienes no desean secundar su llamamiento. De ahí que, si se admite la innecesariedad de una legislación sobre la huelga y la delimitación restrictiva de los servicios mínimos, debería admitirse la eliminación de los llamados piquetes “informativos”, sobre todo en una huelga general. Hoy todo el mundo sabe que ha sido convocada una huelga general y los motivos por lo que se ha convocado, por tanto ningún ciudadano tiene la más mínima necesidad de que un piquete “informativo” se lo cuente y menos aún en el tono en que se suele contar. Todos sabemos que estos piquetes son simplemente coactivos, no informativos, y que constituyen un instrumento sindical imprescindible para contribuir al éxito de una movilización. Y la razón no es otra que la desconfianza de los sindicatos en el uso que cada ciudadano pueda hacer de su libertad, de hacer o no huelga. Los piquetes son un instrumento arcaico para cercenar el derecho a la libertad de elección, al derecho a poder trabajar y, por tanto, constituyen un factor antidemocrático que desequilibra el binomio de facultades que configuran el derecho a la huelga. Su uso es un ataque sistemático a las libertades y ello pone en riesgo el conjunto de las mismas.

En todo caso, hoy, lo importante es que los ciudadanos, si queremos, podemos hacer huelga sin temor alguno y eso es motivo suficiente de celebración. Y ojala quienes decidamos no hacerla, también podamos celebrar nuestro derecho.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 9 de marzo de 2012

Yo no haré huelga.

Sólo quedaba que anunciaran el día de la Huelga General y hoy, los sindicatos mayoritarios, lo han hecho: será el próximo viernes 29 de marzo. ¡Qué mejor que empezar las vacaciones de Semana Santa con una huelga general, sobre todo, para los escolares! Nada nuevo bajo el sol, salvo la fecha. Estaba cantado que al Gobierno del PP le montasen una huelga general los sindicatos con ésta o con cualquier otra reforma laboral. No hay que olvidar que los sindicatos españoles no tienen buen perder y que “los suyos” perdieron las elecciones generales el pasado 20 de noviembre, por tanto, todos a la calle y a presionar al gobierno.

Los líderes sindicales acusan al Gobierno de ser el responsable de la huelga “por sus formas y por su imprudencia” al abordar una reforma laboral sin el consenso de los sindicatos. Todos hemos visto cómo los sindicatos y patronos se han estado reuniendo durante meses sin alcanzar un acuerdo que poner encima de la mesa del Gobierno a pesar de la gravísima situación económica del país. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha manifestado hoy que la convocatoria de la huelga es una respuesta a “la reforma laboral más regresiva de la historia de la democracia en España”. Uno pensaba que la mayor regresión posible en materia laboral es quedarse sin trabajo, en la p. calle, con muchos derechos laborales y sindicales bajo el brazo, pero sin un puñetero euro en el bolsillo con el que pagar la hipoteca, pero no, parece que desde la óptica sindical no es así y que, por éso, ante cinco millones de parados, sin perspectiva en el horizonte próximo de encontrar un trabajo, es más que razonable que los sindicatos españoles ni siquiera se planteasen montar una huelga general al anterior gobierno que con tanta dedicación les venía inyectando suculentas subvenciones.

Un servidor no va a hacer huelga el próximo 29 de marzo por muchas razones. En primer lugar porque no creo en unos sindicatos vinculados ideológicamente a ciertos partidos que son los que acaban de perder las elecciones generales y entre los que está el partido responsable en gran parte del desastre socio económico de España. Es tal la afinidad entre esos sindicatos y esos partidos que la legítima defensa de los derechos de los trabajadores se confunde con la defensa de postulados partidistas. En segundo lugar, porque no me siento representado por unos sindicatos que, en el terreno más cercano, en mi ámbito profesional, no lo hacen bien. Algunos de mis representantes sindicales tienen una actuación vergonzosa. No todos, es verdad, pero sí una pequeña parte de ellos cuya forma de proceder no se cuestiona. Hay algunos representantes sindicales, mis representantes, que se toman invariablemente las 15 horas mensuales preferentemente los lunes o viernes, que para actividades sindicales les pertenecen por ley, y que se niegan sistemáticamente a decirnos a los trabajadores, a aquellos a quienes se suponen nos representan, dónde están, o a qué dedican esas horas. Porque una cosa es cierta, ni asisten a las mesas de negociación convocadas los días que ellos disponen de las horas sindicales, dejándonos sin representación, ni es posible encontrarlos para demandarles su ayuda sindical. Todo ello con la bendición de sus superiores de la UGT comarcal de la Comarca del Vinalopó. Así que, si no puedo confiar en mis representantes sindicales directos ¿cómo lo voy a hacer con la cúpula del rolex?

Y, en tercer lugar, no voy a hacer huelga el día 29 porque España no está para “bromas”. Un seguimiento de la huelga general de un 70 % de media supondría un coste de unos 2.200 millones de euros según los estudios publicados. Puede que a los sindicatos convocantes no les parezca significativa esa cantidad o que simplemente no les importe, pero a mí sí me importa. Con la situación que vivimos es un auténtico despilfarro que nuestra sociedad no se puede permitir.

Por todo ello, el día 9 de marzo iré a trabajar y, por cierto, sin necesidad de que ningún piquete “informativo” vaya a coaccionarme, perdón, a informarme de las razones por las que hay que hacer huelga. Las conozco, no las comparto y en uso de mi libertad actúo en consecuencia.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 3 de marzo de 2012

11 M de 2012: apoyo y respeto a las víctimas.

El 11 M ha sido noticia esta semana en dos ocasiones y por motivos muy distintos. Por una parte, Libertad Digital publicaba hace unos días la aparición de uno de los vagones que sufrió las explosiones del atentado del 11 M. Al parecer se trata de un vagón de Renfe en el que explotó una de las bombas, perteneciente al convoy de Santa Eugenia, que se encontraba almacenado en los terrenos de una empresa. Al conocerse la noticia y comprobarse su veracidad, el nuevo Fiscal General ha ordenado que se abra una investigación por si de este hecho pudiera derivarse la comisión de algún delito. Hay quienes hablan de una posible ocultación de pruebas al no haber constancia, en los miles de folios de los sumarios, de ninguna referencia a la existencia de este vagón o parte de él afectado por la explosión. No hay que olvidar que una de las claves del procedimiento judicial se centró en los análisis sobre el tipo de explosivos utilizados en los atentados y de las dificultades para realizarlos al disponer los peritos de tan sólo unos pocos tornillos para poder realizarlos. Sin entrar o no en la existencia de teorías conspiratorias, lo cierto es que si se realiza un detallado seguimiento de las investigaciones policiales, de la instrucción del sumario o del desarrollo del propio juicio enseguida se plantean muchos interrogantes que aún no han sido resueltos y que, como es lógico, angustian sobre todo a los familiares de las víctimas mortales y al resto de las víctimas que no están muy seguras de que las sentencias hayan hecho realmente justicia y de que, por tanto, la verdad de lo ocurrido se haya hecho patente.

La rapidez con se destruyeron los vagones, la ocultación a los juzgados de la existencia de este vagón, la aparición de coches en Alcalá que habían salido de dependencias policiales como vehículos de los terroristas descartada sin explicación alguna en la sentencia, testigos rumanos incriminatorias en primera instancia descartados y después usados compensándolos como víctimas, cámaras en alguna estación que no funcionaban ese día, videos televisivos recortados, vehículos robados con explosivos parados por la Guardia Civil y autorizados a seguir viaje hasta Madrid, mochilas fuera de lugar, islamistas suicidas agazapados tras un colchón, etc. son, desde luego, incógnitas sin resolver que despiertan la imaginación para que se plantee cualquier hipótesis por no haber sido despejadas a tiempo. Si las víctimas creen que se debe seguir investigando que se haga, porque son ellas, sobre todo, las más legitimadas para seguir reclamando justicia si creen que todavía no se ha alcanzado. Para cualquier ciudadano responsable no cabe otra posición que la de apoyar a las víctimas en sus legítimas pretensiones.

La segunda ocasión en la que el 11 M ha vuelto a ser noticia relevante esta semana ha sido la intención de los sindicatos de organizar sus manifestaciones y protestas precisamente ese día. Se da la circunstancia que el día 11 M es el día Europeo de las Víctimas del Terrorismo instituido por el Parlamento Europeo y ratificado por la Comisión Europea hace ya 8 años. Se trata, por tanto, de un día muy especial, no sólo para España, sino para el conjunto de los Estados europeos, sobre todo para los que han sufrido en diferentes ocasiones los embates de la barbarie terrorista, en el que poder recordar y honrar la memoria de los 192 asesinados y 1.800 heridos de Madrid el 11 M, a los cientos de asesinados por la ETA y a todas las víctimas de los terroristas. Convocar protestas y movilizaciones sindicales ese día reclamando para sí el foco de los medios de comunicación no parece que sea la mejor manera de recordar y honrar a las víctimas del terrorismo cuyo sacrificio y su sufrimiento bien merece la solidaridad y el respeto de todos los demócratas. Hay incluso un cierto grado de desprecio en la actitud de los líderes sindicales cuando afirman que el fin de semana siguiente les viene mal para convocar sus protestas porque hay un puente. ¡Faltaría más! Y, sobre todo, si las víctimas entienden que esa jornada no debe tener otro protagonismo informativo que el del recuerdo y el dolor por los forzadamente ausentes, se merecen el respeto de todos.

Es muy probable que la sensibilidad de los líderes sindicales no llegue a tanto, como no ha llegado para movilizarse por los cinco millones de parados mientras gobernaba el PSOE, pero si carecen de esa sensibilidad no estaría de más que hiciesen un simple ejercicio de sentido común.



Santiago de Munck Loyola

martes, 6 de septiembre de 2011

La CEOE y la cara dura de su presidente.

Parece que el Presidente de la gran patronal española, D. Juan Rosell, la tiene tomada con los funcionarios, con los empleados públicos. El pasado 18 de julio de 2011, http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/18/economia/1310979738.html, el Sr. Rosell, se despachó a gusto y denunció, lo que él llama, funcionarios "prepotentes e incumplidores" y defendió la necesidad de "evaluar" a los empleados públicos. Añadió, además, que "hay que combatir a estos empleados públicos y decirles que no son dueños de sus puestos de trabajo, sino que trabajan para nosotros". El Sr. Rosell olvidó mencionar que para ser empleado público hay que haber sido evaluado previamente y haber aprobado el correspondiente proceso selectivo. Ningún funcionario que se precie se considera dueño de su puesto de trabajo y todos saben que son (somos) servidores públicos, que trabajamos para los ciudadanos. Que ¿hay funcionarios prepotentes e incumplidores? Pues seguramente, como empresarios o políticos, pero son una excepción y la Ley tiene ya los mecanismos suficientes para corregir cualquier abuso. Los empleados públicos se desenvuelven en un mundo muy regulado que no tiene nada que ver con el mundo del mercado, con la Ley de la selva en la que parece moverse el Sr. Rosell.



Ahora, el Sr. Rosell, que debe padecer algún tipo de fobia funcionarial, acaba de pedir "sacrificios" http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/06/economia/1315328815.html

a los funcionarios, incluidos los profesores, "como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios" de que disfrutan, según dice, los empleados públicos. "No es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante", ha dicho en referencia a la crisis económica. Desde 1982 hasta el año 2007 y sin contar los últimos recortes del Gobierno del Sr. Zapatero, los funcionarios han perdido más del 42 % de su poder adquisitivo, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla:




AÑO
I.P.C.
INCREMENTO
PÉRDIDA SALARIAL

1982
14,00%
8,00%
-6,00%

1983
12,20%
9,00%
-3,20%

1984
11,90%
6,50%
-5,40%

1985
8,20%
6,50%
-1,70%

1986
8,30%
7,20%
-1,10%

1987
4,60%
5,00%
0,40%

1988
5,80%
4,00%
-1,80%

1989
6,90%
4,00%
-2,90%

1990
6,50%
6,00%
-0,50%

1991
5,50%
7,22%
1,72%

1992
5,30%
6,10%
0,80%

1993
4,90%
1,80%
-3,10%

1994
4,30%
0,00%
-4,30%

1995
4,30%
3,50%
-0,80%

1996
3,50%
3,50%
0,00%

1997
2,10%
0,00%
-2,10%

1998
2,10%
2,10%
0,00%

1999
2,40%
1,80%
-0,60%

2000
4,00%
2,00%
-2,00%

2001
3,10%
2,00%
-1,10%

2002
4,00%
2,00%
-2,00%

2003
2,60%
2,00%
-0,60%

2004
3,20%
2,00%
-1,20%

2005
3,70%
2,00%
-1,70%

2006
2,70%
2,00%
-0,70%

2007
4,20%
2,00%
-2,20%
TOTAL
25
140,30%
98,22%
-42,08%



¿No le parece el Sr. Rosell suficiente sacrificio? Pues debe ser que no y seguramente debe ser también la misma opinión de estos sindicatos de “clase”, que viven del pesebre estatal y que, cómplices de este desastroso gobierno, han tenido una respuesta más que tibia ante semejante sacrificio impuesto a los empleados públicos. ¡Claro! Hay que comprenderles. Si levantaban mucho la voz a lo mejor perdían las multimillonarias subvenciones que perciben.

Los funcionarios, los empleados públicos, no olvidan que sus sueldos son pagados por los contribuyentes, como tampoco deberían olvidar que ellos mismos son contribuyentes y que con parte de sus impuestos se pagan los 400 millones de euros que las organizaciones empresariales recibieron en el año 2010, http://www.publico.es/dinero/340792/la-ceoe-un-gran-negocio-engrasado-con-dinero-publico. Que las organizaciones de los empresarios, personas cuyo fin primordial es la obtención del máximo beneficio económico, reciban dinero público para poder funcionar es, sencillamente, escandaloso e inmoral. Repártanse un poco menos de beneficios y páguense sus edificios, sus cursos y sus saraos sin “chupar” de la caja pública. Sacrifíquense ustedes primero, Sr. Rosell, y después podrá tener alguna legitimidad para pedir sacrificios a los demás y, puesto a pedirlos, tenga un mínimo de decencia y de valor y solicite a sus colegas sindicales y a los dirigentes de los partidos políticos que se sostengan con las cuotas de sus afiliados y no con el dinero que detraen de los impuestos de todos los asalariados de España.

Menos cara dura, por favor y las fobias al diván del psiquiatra.

Santiago de Munck Loyola