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martes, 16 de junio de 2015

El Pacto del Botánico.


Pronto la administración autonómica cambiará de manos. Tras la desastrosa gestión del Partido Popular, la Generalidad Valenciana pasará a estar gobernada por un bipartito compuesto por el PSPV y Compromís, presidido por Ximo Puig, y apoyado parlamentariamente por Podemos. Estas tres fuerzas políticas han firmado el 11 de junio de 2015 un acuerdo, el Pacto del Botánico, que siendo desconocido por la mayoría de los ciudadanos marcará el rumbo político de los próximos cuatro años. Este acuerdo, que no llega a ser un programa de gobierno, fija una serie de directrices políticas que van más lejos, según algunos comentaristas políticos, de lo que el PSPV postulaba en su propio programa y obliga a este partido a asumir las propuestas de Compromís y Podemos.

El Pacto del Botánico se divide en cinco grandes grupos de propuestas: el Rescate de personas, la Regeneración democrática y lucha contra la corrupción, Gobernar para las personas, un Nuevo modelo productivo y una Financiación justa y auditoría ciudadana. En cada uno de estos apartados se enumeran una serie de propuestas y se hace, por regla general, de forma bastante imprecisa y, por supuesto, sin cuantificar. El trasfondo ideológico de este documento ya es conocido, llevamos meses escuchándolo en los medios de comunicación a los tertulianos de Podemos. Se promete establecer la renta garantizada de ciudadanía sin cuantificar, por supuesto su coste económico ni su alcance social; se promete “asegurar que todas las familias puedan acceder a un consumo mínimo” de luz, agua y gas y no cabe más remedio que preguntarse qué quieren decir con esto porque el derecho al acceso a un consumo mínimo de estos suministros ya existe y otra cosa muy diferente es lo relativo al pago de ese consumo mínimo. Cuando hablan de “todas las familias” ¿significa realmente todas?; prometen crear una “Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción, que debe ser un organismo independiente con autonomía presupuestaria encargado de la investigación y la prevención”, es decir, más gasto público, otra poltrona innecesaria que pretende suplantar las funciones de la policía y la fiscalía; omiten, en el apartado de la regeneración, algo tan importante y elemental como potenciar las incompatibilidades para que nadie pueda ocupar simultáneamente dos cargos públicos; prometen una “auditoría ciudadana” de la deuda de la Generalidad pero no explican en qué consiste ese nuevo invento y proponen la “creación de una Agencia Tributaria propia, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía” algo que, por cierto, no está recogido como tal en el Art. 69.1 del Estatuto y olvidan o desconocen, además, que ya ha sido creado al amparo de ese artículo el Instituto Valenciano de Administración Tributaria.

Pero este documento que es de por si preocupante por la falta de consistencia de muchas de sus medidas lo es también, además, por lo que omite y que afecta de forma especial a la discriminada Provincia de Alicante. No se olvidan los del tripartito de mencionar la reclamación de la Deuda Histórica al Estado, pero sí se olvidan de la Deuda Histórica de la Generalidad Valenciana con la Provincia de Alicante a la que lleva décadas discriminando presupuestariamente. Se trata de una deuda real y cuantificable que ningún partido salvo Esperanza Ciudadana se atreve a reconocer y a exigir. Reclaman la dotación de infraestructuras estratégicas pero no dedican ni una línea a las infraestructuras hidrológicas que nuestra sedienta provincia necesita para su agricultura y su desarrollo empresarial. Y, para colmo, dicen que van a impulsar la integración de las diputaciones en la Generalidad asfixiando así la más mínima capacidad gestora de carácter provincial.

En definitiva, el Pacto del Botánico no augura nada bueno para nuestra provincia. Ni por las políticas de sobrecarga del gasto público que pretende desarrollar con una administración ya arruinada, ni por la deliberada omisión de las necesidades más elementales para garantizar el progreso de Alicante. Si la Generalidad Valenciana ya ha demostrado su inviabilidad económica, terminará con esta línea por demostrar su inviabilidad política. Y sorprende mucho el silencio sobre este documento de los dos principales partidos de la futura oposición, quizás porque uno anda aún noqueado y porque el otro no se sabe si sube o si baja.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 2 de febrero de 2015

El PP sin propósito de enmienda.


Cuando de pequeños nos enseñaban el catecismo nos decían que para hacer una buena confesión, y por tanto para obtener el perdón de los pecados, era necesario y por este orden empezar por hacer examen de conciencia, sentir dolor de los pecados, hacer propósito de enmienda, confesarse y cumplir la penitencia.

El sábado pasado, la alegría de la huerta, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se personó por fin, tras seis meses de retraso, en un acto con empresarios de la Comunidad Valenciana y líderes regionales y locales del Partido Popular. Los socialistas habían interpretado este acto como una “contraprogramación” del PP al cónclave socialista que los “barones”, excepción hecha de Susana Díaz, celebraban también en Valencia, pero en el fondo la comparecencia del simpático Ministro de Hacienda les ha venido bien, sobre todo a los socialistas valencianos.

Y es que parece que Cristóbal Montoro ha debido decidir que es hora de obtener el perdón de los ciudadanos de esta Comunidad que, dicho sea de paso, no están representados por los empresarios, ni mucho menos. Ha debido hacer examen de conciencia y hasta podría parecer que siente dolor por sus “pecados”. Por fin, se ha dignado a reconocer tarde y mal que la Comunidad Valenciana está “infrafinanciada” con el actual sistema de financiación autonómica. El ministro tras reconocer lo que todos sabíamos menos él y sus subordinados ha señalado que la obligación de un Gobierno es corregirlo y, a renglón seguido, no tuvo empacho alguno en admitir que el Gobierno del Partido Popular, conociendo esta injusticia, no lo ha hecho porque ha estado centrado en “salir de la crisis” y que, ahora, ya no hay “tiempo” para reparar el daño que se está haciendo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Ya se sabe, el Gobierno del Partido Popular no puede hacer dos cosas a la vez, no puede trabajar por “salir de la crisis” y resolver las injusticias en la financiación autonómica, no puede ocuparse de la economía y hacer política simultáneamente y por ello ha aparcado promesas electorales como la de la reforma de la Ley del Aborto. No dan para más.

Es evidente que el Ministro Montoro y sus silentes acompañantes Fabra, Ciscar, Bonig, etc. quieren hacer trampa. Buscan el perdón de sus pecados pero sin propósito de enmienda alguno y, por supuesto, sin cumplir ninguna penitencia. Con ellos, los alicantinos no estamos de enhorabuena ni mucho menos. Porque a la infrafinanciación de nuestra comunidad, discriminación pura y dura, sumamos la infrafinanciación y discriminación que desde hace años recibimos desde Valencia. Gobierne el PPCV o el PSPV, Alicante sigue siendo la provincia que menos recursos recibe de la Generalidad Valenciana. Es un hecho cierto y constatado por numerosos informes que Alicante no percibe ni del Estado ni de la Generalidad Valenciana lo que, por su población y economía, en justicia le corresponde y es una realidad incontestable que nuestros paniaguados representantes no levantan la voz contra ello, no sea que pierdan el asiento. En Esperanza Ciudadana queremos acabar con ello y lo haremos si contamos con el respaldo de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola



jueves, 17 de abril de 2014

Alicante sí.


La provincia de Alicante, nuestra provincia, necesita iniciar un profundo cambio en su tejido político para conquistar el puesto y el protagonismo que por su peso le corresponde en el mapa español. Esta necesidad de cambio se deduce claramente de la constatación de dos circunstancias que objetivamente no pueden negarse y que están íntimamente ligadas. La primera circunstancia es que Alicante no recibe ni del Estado ni de la Comunidad Autónoma el trato inversor que por su población y características merece. Las cifras cantan y demuestran una realidad más que preocupante. Nuestras actuales circunstancias económicas, tasa de desempleo o renta media, por ejemplo, son consecuencia directa de años de desequilibrio inversor, del lastre que supone una administración autonómica arruinada que asfixia nuestra potencialidad y de la ausencia de políticas y proyectos nacidos desde Alicante y para Alicante. Somos la cuarta provincia española más poblada con 1.950.00 habitantes, la quinta en densidad de población y la tercera provincia española en número de residentes extranjeros (más del 24 % de la población) de los cuales más de 184.000 son ciudadanos comunitarios. Y, sin embargo, por poner dos ejemplos, la inversión en infraestructuras del Estado en la provincia nos situó este año en el puesto 40 y tradicionalmente somos la provincia que menos inversiones percibe de la Generalidad Valenciana. Tenemos una tasa de desempleo superior a la media nacional a pesar de la peculiaridad que supone la población residente comunitaria, las pensiones medias de los alicantinos son inferiores a la media nacional y nuestro nivel de bienestar es un 14 % inferior a la media española. Da la sensación que para muchos Alicante no existe desde una perspectiva política.

La segunda circunstancia que exige un profundo cambio es la situación, la composición y la actuación de su actual tejido político. Son los actuales actores del sistema político y el propio sistema en si los causantes de que Alicante esté como está. Es evidente que la fotografía actual de nuestra provincia se debe a quienes han gobernado sus instituciones durante los últimos años y a quienes han sido incapaces de promover alternativas creíbles. Todos los resultados electorales de nuestra provincia de los últimos años señalan que el electorado alicantino se inclina de forma mayoritaria por opciones de centro derecha, casi el 60 % de los votantes, y dentro de este espectro político la fuerza mayoritaria ha venido siendo el Partido Popular. Mientras, la izquierda se ha mantenido fragmentada (UPyD, PSPV, EU, Compromìs, etc.) y dentro de ella el partido mayoritario, el PSPV, ha sido incapaz de apaciguar sus disputas internas y de generar, al menos en la capital, un discurso mínimamente creíble; en el campo del centro derecha el PPCV ha mantenido una clara hegemonía que, sin embargo, empezó a quebrarse en los últimos años. De hecho, ya en los comicios municipales, los partidos independientes nacidos de escisiones del PP alcanzan la nada despreciable cifra del 10 % de los votos en la provincia. Grupos y partidos organizados en torno a figuras como Domigo Soler en la Vega Baja, Miguel Picher en Elche o Gema Amor en Benidorm, por citar solo a algunos, ponen de manifiesto que el monolitismo popular está terminando un ciclo político. Orihuela, Elche, Catral, Benidorm, Torrevieja, Albatera,… son algunos de los municipios en los que este fin de ciclo se está poniendo de manifiesto.

El centro derecha alicantino no puede seguir monopolizado por un partido incapaz de combatir la corrupción, enemigo de la regeneración democrática, dirigido por arribistas, medradores e incompetentes, camarillas de incapaces que han arruinado esta Comunidad y que no pueden defender los legítimos derechos de los alicantinos porque son individuos sometidos a condicionantes e hipotecas exteriores. La manifiesta incompetencia de José Ciscar, la falta de escrúpulos éticos de su mano derecha José Juan Zaplana y los variopintos clanes y tribus familiares que desde hace años controlan, monopolizan y manipulan el centro derecha no pueden, ni quieren apostar por una provincia fuerte y pujante.

Alicante cuenta con un potencial humano y territorial de primer orden que se encuentra frenado por una clase política y unas estructuras políticas que la asfixian. La dependencia política y administrativa de la Generalidad Valenciana es otra losa sobre el futuro y el progreso de nuestra provincia. Por ello es la hora de la valentía y de la responsabilidad, de la generosidad y de la altura de miras, sin complejos y con convicción. Los ciudadanos y los políticos que no tienen otra hipoteca que la del servicio a sus vecinos, los que creen en Alicante y en su gente, los que  creen en los principios éticos y políticos que comparte ese 60 % del electorado y los que creen que no es posible avanzar sin regenerar nuestro sistema político tienen ante si un importante reto, aparcar diferencias, nominalismos y localismos para construir una alternativa sólida, un movimiento político de y para la provincia de Alicante. Hay gente, hay ganas, hay razones y hay, sobre todo, una causa, Alicante. ¿Por qué no ponerse ya manos a la obra?

Santiago de Munck Loyola




lunes, 23 de septiembre de 2013

El Sr. Luna y la Ley del Embudo.


La semana pasada, en las diligencias previas que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y tráfico de influencias, el diputado socialista y vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, Ángel Luna, fue imputado en el caso Novo Cartago. En este caso, se está investigando la posible existencia de determinadas conductas irregulares en el proceso de construcción de 3.000 viviendas en una zona protegida del litoral de la región de Murcia. El Diputado autonómico socialista fue citado a declarar el próximo 3 de octubre, pero al tener conocimiento de su condición de diputado, el juez que instructor dictó providencia para requerir al secretario de las Cortes Valencianas para que confirme la condición de aforado de Ángel Luna.

La imputación de Ángel Luna tiene que ver con su trabajo como asesor urbanista para Hansa Urbana, la empresa que desarrolló el proyecto de Novo Cartago en donde se proyectaron más de 3.000 viviendas en una zona del litoral cartagenero catalogada como espacio protegido. Tal y como ocurre en éstos casos, el diputado socialista se mostró absolutamente perplejo y manifestó que "todas las imputaciones no son iguales". ¡Acabáramos! Después de escuchar hasta el aburrimiento al Sr. Luna, con lanzamiento de piedras incluido, y a sus conmilitones uno había llegado al convencimiento de que todas las imputaciones eran iguales, al menos a efectos de dimisiones. Pero no, el Sr. Luna, tratándose de si mismo, ha descubierto que no y dice ahora exactamente lo mismo que dicen muchos de sus adversarios políticos cargados también con el estigma de la imputación. Notable contribución la del Sr. Luna y los suyos al restablecimiento del diálogo y consenso con el Partido Popular. Ni todos los imputados son iguales, ni tampoco todas las imputaciones. Y no, no se trata de que el Sr. Luna practique la Ley del Embudo, tan frecuentemente usada por su partido. Tan sólo se trata de una pequeña aportación más al discutido y discutible concepto, como diría aquél, de la regeneración democrática. ¡Uff… perdón! se me ha escapado la palabrita maldita. Ya se sabe, según el diputado popular Felipe del Baño, propugnar la regeneración democrática en el Partido Popular es motivo de expulsión del partido. Sobre todo, si quien la esgrime es un afiliado de base, no un alto cargo del partido en cuyo caso el “líder” contará con el entusiasta aplauso del Sr. del Baño. Como decía Groucho Marx “éstos son mis principios pero si no le gustan tengo otros”.

Buena la van a tener mañana en las Cortes Valencianas en las que se desarrollará el debate sobre el estado de la región. Porque, aunque le pese al Sr. Puig y sus compañeros tan favorables al “derecho a decidir” de los independentistas y anexionistas de Cataluña, seguimos siendo una Comunidad Autónoma diferenciada. Según los analistas uno de los tres temas importantes del debate será la “regeneración democrática” (con permiso del Sr. del Baño y demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV). Y vamos a asistir, casi con absoluta seguridad, al habitual “y tú más” o al “pío, pío que yo no he sido”. Unos se encaminan hacia el desastre electoral y otros también. No estaría de más que entre ambas fuerzas políticas mayoritarias hicieran un ejercicio mínimo de responsabilidad y honestidad intelectual y política para dejar de usar la corrupción como arma arrojadiza y estableciesen unas bases mínimas, en sintonía con las reformas anunciadas el viernes en el Consejo de Ministros, para combatirla con eficacia. Y en este campo deberían empezar por definir de una vez y de forma clara el momento en el que un acusado debería dejar sus responsabilidades políticas sea la imputación, la apertura de juicio, etc. Una regla clara e igual para todos, sea del partido que sea. Pero lo que no vale, lo que resulta un insulto a la inteligencia ciudadana es seguir exigiendo a los demás lo que uno no está dispuesto a aplicarse a si mismo. Y, sobre todo, deberían recordar que no hay regeneración democrática sin regeneración previa de quienes deben llevarla a cabo, es decir, de los partidos políticos y eso sólo pasa por más democracia interna y más participación. Sin eso, lo demás son zarandajas.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 3 de mayo de 2013

Los partidos políticos y nuestro dinero.



El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que "Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial". El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 26 de abril de 2013

La vagina de la concejala socialista Elena Martin.



De piedra, me he quedado de piedra, al leer en un periódico unas palabras de Elena Martín, ex secretaria de organización del PSPV y actual concejala del Ayuntamiento de Alicante. Ignoraba que la ilustre política socialista tuviera problemas con su vagina. "Bueno y para despedir la semana, les digo a los curas: ¡¡¡¡sacad las biblias de nuestras vaginas!!!! Bona nit" así se despedía hace unas horas en Twitter.

Es posible que esta frase antológica responda a problemas personales del uso vaginal de la Sra. Concejala y que use el “nosotros” por cierto pudor. Con el uso del plural podrían diluirse las referencias personales de su situación vaginal. De todos es sabido que la vagina forma parte de los órganos genitales internos de la mujer, del aparato reproductor femenino. La vagina, junto con la vulva, son los órganos de la copulación en los mamíferos. Y para cumplir esta función reproductiva, es el órgano femenino que recibe el pene durante el coito, la parte inferior del canal del parto y la vía de salida de la menstruación. La sabia naturaleza ha dispuesto que en la vagina se introduzca sólo el pene para cumplir con la función reproductiva. Pero los humanos y por otras razones, además del pene, introducimos otras cosas: los tampones, por motivos higiénicos, vibradores, como estimulantes sexuales, instrumentos médicos, etc. Ahora bien, ¿una Biblia? ¿Quién coño (y perdone el lector la redundante expresión) le habrá metido una Biblia en la vagina a Dª Elena Martín o a sus conocidas? Si ella lo dice es que se ha debido encontrar con algo parecido a un volumen bíblico en su vagina. Desde luego, la Biblia, el libro más leído del mundo, no es un libro cualquiera. Libro sagrado para cristianos y judíos es una larga narración que ocupa centenares de páginas y que, por tanto, puede tener un volumen más que considerable. Es verdad que algunas ediciones impresas en papel muy fino y letra pequeña reducen notablemente dicho volumen, pero con todo parece excesivo que una edición de bolsillo de la Biblia pueda caber en la ilustre vagina municipal. Es posible que la coincidencia del material en el que se imprime un libro, el papel, con el de la fabricación de los tampones, la celulosa, haya inducido a la confusión a la edil socialista, tomando por una Biblia lo que en realidad podría ser un tampón. ¡Hombre! Por higiene convendría ser más cuidadoso a la hora de examinarse las oquedades corporales y, sobre todo, de aprender a distinguir un libro, sagrado o no, de otros objetos.

Pero, claro, es que además la linda y elegante frase de la Sra. Martín está dirigida a los curas, presuntos culpables de esa supuesta práctica. Hay curas de todas las clases y condición, buenos, malos, santos, regulares, etc. Pero nunca había oído hablar de curas que confundieran las vaginas con las bibliotecas que es el lugar idóneo para depositar libros. Conviene resaltar que Dª Elena se ha dirigido expresamente a los curas, al clero católico, y no a otros “curas” o miembros del clero musulmán, por ejemplo, quienes también manejan un libro sagrado, el Corán. Se ve que estas prácticas de introducir textos en las vaginas de las mujeres deben estar circunscritas al clero católico o puede ocurrir que los hábitos de otros cleros en relación a las mujeres no sean de interés para la concejala socialista alicantina.

Sin embargo, la explicación más probable que justifique la creación literaria de Dª Elena lanzada a las redes sociales estribe en la personalidad y forma de hacer política de la concejala socialista. Su frase está destinada a fijar públicamente su posición política y personal sobre la legítima reforma de la ley del aborto impulsada por el actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Elena Martín, con su mensaje, ha dejado claro lo siguiente: que cree, o eso finge, que la reforma la impulsan los curas y no los casi 11 millones de españoles que la impulsaron con su voto en noviembre de 2011. Podría haberlo dicho así, tranquilamente y sin ofender a nadie. 

Pero, no, para repetir los tópicos que su partido transmite a la sociedad, esta señora lo ha hecho seguramente de la única forma que sabe, de forma grosera, soez y ofensiva para los creyentes. Es lo que hay: ésta es la representante de una parte de la clase política que nos representa a todos, creyentes y no creyentes. Incapaz de elevar intelectualmente el argumentarlo de parvulario de su partido sobre el aborto no se la ha ocurrido otra cosa que, creyéndose ingeniosa, ofender con ordinariez a muchos ciudadanos. Ahora se comprende mejor por qué el PSOE alicantino está como está: rebosa de sectarismo, de anticlericalismo y de parquedad intelectual. ¡Que sigan así!

Santiago de Munck Loyola

viernes, 22 de julio de 2011

Agua = progreso.

Si hay una Provincia española especialmente perjudicada por las distintas decisiones que los sucesivos gobiernos del PSOE han venido adoptando en distintas materias es la Provincia de Alicante. No se trata ya únicamente de los graves perjuicios ocasionados al conjunto de la población por la ineptitud de estos gobiernos que son perfectamente constatables cuando se habla de materias como la economía, el desempleo, los recortes sociales, la manipulación de la Justicia o las “ligerezas” en política antiterrorista, sino también de perjuicios concretos y específicos derivados de las discriminaciones sufridas por la provincia en materia de inversiones, los retrasos en infraestructuras como el AVE y, especialmente, la desastrosa política hídrica o, mejor dicho, la ausencia de una auténtica política sobre los recursos hídricos.
Una de las primeras decisiones del Sr. Zapatero fue derogar el Plan Hidrológico Nacional en junio de 2005 que supuso, para empezar, la pérdida de millones de euros de la Unión Europea y la tala de raíz de cualquier aspiración de crecimiento sostenible del levante español. Tras aquella decisión, disfrazada con vacíos argumentos ecologistas, tan sólo se escondían mezquinos intereses partidistas y la visión mesiánica de un mequetrefe encumbrado a la Presidencia del Gobierno tras un brutal atentado terrorista.
Del famoso y tan cacareado “Plan Agua” que iba a ser la panacea para el sediento levante no queda más que las carísimas desaladoras, algunas obras menores y los mismos problemas hidrológicos sin resolver y sin visos de solución inmediata.
Pero el PSOE y su Presidente del Gobierno parece que no se conforman con el desastre que dejan tras de si y antes de abandonar próximamente el poder, tal y como parece que vaticinan todas las encuestas, han decidido dar una vuelta más a la tuerca de los agravios.
Parece que, si la indignación de tanta y tanta buena gente no lo impide, que la Confederación hidrográfica del Júcar ha decidido suprimir la mitad de las hectáreas de regadío existente dejando en la ruina absoluta a miles de agricultores que ya se las ven y desean para poder subsistir en estos difíciles tiempos.
Bueno sería, además, recordar que todos los expertos y científicos llevan años pronosticando el progresivo proceso de desertización de la Provincia de Alicante. Proceso que en el 2005 ya superaba el 40 % de la superficie de la Provincia y que de ponerse en marchas medidas correctoras urgentes alcanzará el 100 % en un plazo no superior a 60 años.
Pues bien, es evidente que ni la situación de miles de familias de agricultores pendientes de la última gota de agua para sus explotaciones en las que se ha invertido mucho dinero para maximizar el uso del agua de riego, ni la grave situación del proceso de desertización del territorio que se vería acelerado con un recorte de las zonas de regadío, parece que importe lo más mínimo a los responsables del Gobierno de la Nación, del Ministerio y de la CHJ.
El próximo días 23 de julio más de 40 Alcaldes, políticos provinciales y autonómicos, agricultores y ciudadanos se han dado cita en Monforte del Cid para levantar su voz contra esta tropelía y exigir una rectificación inmediata.
La razón no les falta, pero muchas veces ni con la razón se puede convencer a quienes carecen de visión política, de generosidad y hasta de patriotismo.
Santiago de Munck Loyola

martes, 12 de julio de 2011

Camps y Luna, Luna y Camps.

La política es como un tinte líquido, como un colorante que se extiende, se infiltra y termina por teñir todo lo que toca. Pocas facetas de la vida cotidiana escapan a su tremendo poder colorante y muchas veces es preciso un serio esfuerzo para poder conocer el color original de las cosas.

Y la influencia de la política es especialmente significativa en los medios de comunicación. Los informes, las noticias o los comentarios de los profesionales raramente escapan del poder arrollador de la política y termina por colorear también cualquier pretensión de objetividad y ecuanimidad en la información. Es entonces cuando el sectarismo más rabioso y el partidismo integrista anulan una visión sosegada de la realidad diaria y se instala como guía y norma de conducta profesional diaria.

Las consecuencias se ven a diario. Según el medio de comunicación usado por un ciudadano su percepción de la realidad quedará restringida al campo de visión escogido por los profesionales del mismo. Verá que sólo hay corrupción en el PP o sólo en el PSOE o pensará que los casos de uno son más graves que los del otro. Conceptos e ideas como “la presunción de inocencia”, “la imputación”, “la prescripción” o “el cohecho” cobrarán un valor diferente según a quién se refieran.

Hay quienes se rasgan las vestiduras y elevan a la categoría de “crimen contra la humanidad” la posibilidad de que Camps haya podido recibir tres trajes como regalo de la trama corrupta de Gürtel y claman por su dimisión en el caso de que fuese condenado por ello. Y simultáneamente guardan un repugnante silencio por el hecho de que Luna, hipócrita portavoz socialista parlamentario contra la corrupción, haya sido beneficiario de múltiples favores (el Audi, las obras de su casa, etc.) provenientes de personas implicadas en varias tramas de corrupción. En este caso no pasa nada, puede ser nombrado tranquilamente presidente de la gestora socialista de Alicante. Parece que entienden que, por el hecho de que hayan podido prescribir determinadas actuaciones, éstas no han existido a pesar de que los datos publicados proporcionen el convencimiento moral de la existencia de conductas también repudiables.

Dicen que tras los tres trajes, la trama Gürtel se ha embolsado millones de euros de las arcas públicas. Y pocos cuentan que el Ayuntamiento de Alicante debió abonar por sentencia judicial 20 millones de euros a la empresa Hansa, beneficiaria de actuaciones urbanísticas aprobadas por Luna cuando era Alcalde de la ciudad y para la que ocho años después, en 2002, se convirtió en su abogado urbanista.

Todo parece indicar la existencia de una doble vara de medir que conscientemente y deliberadamente se traslada a los ciudadanos. Y no, no vale hablar de pequeñas o grandes corrupciones según la militancia política del interesado. La exigencia de honestidad y escrupulosidad a la hora de gestionar los bienes públicos debe ser igual para todos, sin excepciones.

O todos moros, o todos cristianos.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

miércoles, 30 de marzo de 2011

LA PERTURBADORA PRESENCIA DE COSPEDAL EN ELCHE.

La reciente visita de la Secretaria General de los Populares, Mª Dolores de Cospedal, a Elche para el acto de proclamación de la candidata popular a la alcaldía de esta localidad ha desatado toda clase de comentarios e interpretaciones, algunas con cierto fundamento y otras en la órbita de los acontecimientos planetarios socialistas.

Algunos comentaristas se han centrado en la interpretación de los gestos que pudiera tener Cospedal con el Presidente Camps ya hablan de la normalización de relaciones entre el Partido regional y el nacional o elaboran elucubraciones sobre posibles apoyos, alianzas internas o tratos.

Sin entrar en esas hipótesis difíciles de verificar, lo cierto es que sorprenden las reacciones de los distintos portavoces socialistas que se han apresurado a realizar declaraciones, la mayoría de ellas, más propias de ignorantes “maqueados” de políticos que de personas serias, responsables e inteligentes. Da la sensación que muchos de estas caricaturas parlantes de políticos nos toman por tontos al conjunto de los ciudadanos y despachan alegremente sus simplezas para fabricar titulares periodísticos tan vacíos de contenido político como lo deben estar sus propias cabezas.

Así, por citar dos ejemplos, la portavoz del Comité Electoral del PSPV, Carmen Ninet, ha denunciado hoy que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "viene a avalar la corrupción en la Comunidad Valenciana como ya lo hizo el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, hace unas semanas". Supongo que esta “ingeniosa y sesuda” afirmación es fruto de un ingente esfuerzo intelectual de la citada portavoz, pero, sinceramente, es de una simpleza vergonzosa, es un argumento tan burdo y poco elaborado que bien se le puede volver en contra. Si ésa es su lógica política, es de suponer que nada objetará si alguien afirma que cuando viene Dª Leire o cualquiera de los miembros del gobierno socialista lo hace para importar el modelo socialista de corrupción de los ERES, la vulneración del Estado Derecho en la rendición ante ETA, la colaboración con ETA en el caso Faisán, el modelo destructor de empleo, o cualquiera de las perlas que adornan el collar zapateril.

El segundo ejemplo lo proporciona la portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE de Elche, Modesta Salazar, quien ha dicho que la presencia de María Dolores de Cospedal en Elche "no es grata" para esta ciudad y ha justificado su actitud de repulsa por tratarse de “una persona que se ha opuesto de manera sistemática al Trasvase Tajo-Segura porque su postura es totalmente contraria a los intereses del campo de Elche". No ha encontrado esta señora mejor argumento para comparecer antes los medios, qué se le va a hacer. Es de suponer que tan poderosa razón será aplicada por los socialistas ilicitanos a todos sus conmilitones por oponerse al trasvase del Ebro ¿no? ¡Vaya tropa!

Bien es cierto, dicho sea de paso, que el Partido Popular, si no quiere calcar el modelo de taifas socialista, debe de una vez por todas adoptar de una forma clara una posición nacional sobre los trasvases y el Plan Hidrológico Nacional, aunque ello pueda acarrear pérdidas de votos. Pero el discurso sobre el agua no puede ser distinto según la región de que se trate.

En todo caso, es evidente que la sola presencia de Cospedal en Elche ha agitado algunas neuronas de las portavocías socialistas. Ha sido el detonante para esta eclosión de simplezas primaverales. ¡Qué nerviosos se ponen algunos!

Santiago de Munck Loyola