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domingo, 27 de diciembre de 2020

El Partido Alicantino Regionalista apoya que la ciudad de Alicante sea declarada “municipio de predominio lingüístico castellano”.

 27-12-2020

COMUNICADO.


El Partido Alicantino Regionalista apoya que la ciudad de Alicante sea declarada “municipio de predominio lingüístico castellano”.

Ante la iniciativa del partido Vox de una declaración institucional del pleno de Alicante para que se modifique la vigente Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para que la ciudad deje de ser catalogada como zona de predominio lingüístico valenciano, el Partido Alicantino Regionalista manifiesta públicamente su apoyo y adhesión a dicha modificación.

Hoy más que nunca, en medio de las políticas desarrolladas por el Gobierno pancatalanista de la Generalidad de Valencia persiguiendo el uso del español para erradicarlo y sustituirlo artificialmente por el catalán y tras la reciente aprobación de la nueva Ley de Educación que ataca a la libertad de elección de los padres imponiendo el progresivo arrinconamiento de la educación en español, es fundamental garantizar la libertad y acabar con el fraude de Ley que supone declarar a la ciudad de Alicante como zona de predominio lingüístico valenciano, algo que es absolutamente falso. La defensa del patrimonio histórico lingüístico no puede sustentarse sobre las falacias, ni puede prosperar sobre la imposición que, como cualquier imposición, seguirá provocando el más absoluto rechazo contra el bien que se pretende proteger.




lunes, 7 de mayo de 2018

Ni un paso más atrás.


Si hay un bien de incalculable valor que poseemos los ciudadanos españoles, ése es precisamente el idioma español. Es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna tras el chino mandarín, la hablan 572 millones de personas y puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el chino y el inglés. El español es la tercera lengua más usada en la comunicación internacional después del inglés y del francés, siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación​ y también la tercera lengua con más usuarios de Internet, tras el chino y el inglés. 

Sin embargo, en España no sólo no cuidamos debidamente este tesoro especialmente maltratado en muchos medios de comunicación, sino que además en muchas Comunidades Autónomas determinados políticos han convertido al español en una pieza de caza a abatir.

A lo largo de las últimas décadas, los independentistas, los enemigos de la nación española, han ido construyendo un relato falso de la historia y presentan día a día una visión igualmente distorsionada del presente para inculcar en el imaginario colectivo la singularidad comunitaria, el victimismo y, consecuentemente, la necesidad de la independencia. Han sido décadas en las que, de una parte, el control de la educación, cedido por el Estado, ha sido determinante para moldear a las nuevas generaciones y, de otra, el control de los medios de comunicación regados con ingentes recursos públicos ha servido para difundir un mensaje permanente al servicio de su causa.

Y en este contexto el uso del idioma ha sido clave para construir un relato sectario y una nueva realidad acomodada a los objetivos políticos separatistas. La progresión en la existencia de unos más que discutibles conflictos lingüísticos ha sido perfectamente diseñada siguiendo una lógica y progresiva estrategia de reivindicación, confrontación y, finalmente, de exclusión del español como lengua común de todos los ciudadanos.  Mientras que el uso de los idiomas como instrumento de confrontación ha sido perfectamente instrumentalizado por los separatistas, las demás fuerzas políticas y la mayoría de la población han ido cediendo posiciones en aras de una malentendida corrección política e incluso de supuesto progresismo. Lo que ocurre en España en torno al español es inconcebible en ninguno de los países de nuestro entorno. Nadie en su sano juicio admitiría que en Francia, en Italia, en Portugal o en Alemania no se pueda estudiar en la lengua materna, que el estado, a través de las autonomías, imponga en los estudios el uso vehicular un idioma regional. Si le cuentas a un británico que hay territorios españoles en los que un médico no puede pertenecer a la sanidad pública si no habla catalán no saldrá de su asombro. Paso a paso, territorio a territorio, los separatistas avanzan. Primero Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, luego las Baleares y ahora le toca a la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, hoy más que nunca es necesario proteger el español y es necesario hacerlo no sólo frente a los separatistas que pretenden arrinconarlo, sino también frente a quienes por dejadez o por sumisión se pliegan a los dictados de los primeros. Y esa defensa pasa no sólo por exigir el derecho a elegirlo como lengua vehicular en cualquier parte de España o por impugnar las imposiciones legales que priman las lenguas regionales en el acceso a la función pública, sino también por combatir hasta los más pequeños detalles como puede ser la rotulación de las vías públicas e, incluso, el correcto uso del español por parte de los medios de comunicación. Nos hemos llegado a acostumbrar a que en el uso del español se incluyan palabras en catalán o valenciano no sólo en lo referente a los topónimos, sino también en la denominación de las instituciones. Los políticos podrán legislar que el nombre oficial de Guipúzcoa es ahora Gipuzkoa o el de Lérida Lleida, pero cuando uno se expresa en español seguirán siendo Guipúzcoa y Lérida. Del mismo modo, el Síndic de Greuges es el Síndico de Agravios, el Conseller es el Consejero y la Generalitat, la Generalidad. Y no puede servir de excusa el que las denominaciones oficiales sean en valenciano. Igual de ridículo debería ser que un periódico titule que la “Queen Isabel sale de London” a que titule que “La Consellera de Sanidad de la Generalitat desoye al Síndic de Greuges”. Es hora de levantar la cabeza, de abandonar complejos y de reivindicar el valor de nuestra lengua común.

Santiago de Munck Loyola


martes, 4 de diciembre de 2012

El idioma en la reforma educativa: loable objetivo, errónea solución.



Sinceramente, lo que pasa en España ocurre en pocos países de nuestro entorno. ¿Se imagina alguien que en Francia o en Gran Bretaña los niños no puedan recibir su educación escolar en francés o en inglés? ¿Alguien ha sabido de algún padre alemán que haya tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo alemán para lograr que su hijo pueda recibir la educación escolar en alemán dentro del territorio alemán? A que no. Pues eso es lo que ocurre en nuestro país en medio del silencio de buena parte de los medios de comunicación, de la mayor parte de la clase política y, por supuesto, de los sindicatos. Algo tan normal y tan lleno de sentido común como el que un chaval pueda estudiar en español, en su lengua materna, si así lo desea, es imposible en ciertas partes de España. Algo tan lógico como poder trasladarse de una parte a otra de España y seguir los estudios con normalidad, sin traumas y con continuidad tampoco es posible porque los contenidos o el idioma pueden variar sustancialmente. La movilidad de los españoles dentro del territorio nacional se va restringiendo cada vez más merced al progresivo fraccionamiento de la mayor parte de los elementos que caracterizan a una sociedad cohesionada. Las particularidades territoriales se traducen año tras año en fronteras invisibles, pero reales.

Hoy, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presentado a los consejeros autonómicos una nueva propuesta de reforma educativa que pretende, entre otras cosas, garantizar a los alumnos que lo deseen poder recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial. Para ello, las autonomías que no garanticen este derecho en los centros públicos o concertados tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano, según consta en el borrador. Ante esta propuesta, la consejera catalana en funciones, Irene Rigau, ha manifestado que el proyecto es "el mayor ataque al catalán desde 1978" y ha añadido que atenta contra el modelo de escuela porque autoriza a los padres a escoger la lengua vehicular.

Dejando a un lado el hecho de que resulte asombroso que el Gobierno de una Nación tenga que legislar para que pueda ser usado el idioma oficial en la educación en determinadas partes de su territorio, lo cierto es que la reacción de la consejera catalana era más que previsible. Es normal que alguien que odia tanto las libertades individuales y que forma parte de un gobierno regional que se pasa las sentencias del Tribunal Supremo por el arco del triunfo, demostrase su respeto institucional y su talante democrático marchándose de mala manera de la reunión que esta tarde mantenían el Ministro y los consejeros de educación autonómicos. Una prueba más de que es necesario reformar la educación, aunque carezca de efectos retroactivos para determinadas personas. Lo cierto es que al día de hoy, no una, sino muchas sentencias del Tribunal Supremo (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/26/barcelona/1340715538.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20120626/54316682030/supremo-anula-vehicularidad-catalan-educacion-infantil.html) han amparado el derecho de los padres a elegir el idioma en el que quieren que sean educados sus hijos y, no sólo eso, sino que, además, han anulado diferentes preceptos de la legislación catalana. ¿Y cual ha sido la respuesta de las autoridades catalanes? Pues decir que no piensan cumplir las sentencias del Supremo (http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/604278/mas-dice-que-mantendra-la-imposicion-del-catalan-caigan-las-sentencias-que-caigan). Así de sencillo. Aquí hay patentes de corsos. A algunos les basta con envolverse en su bandera regional para vulnerar reiteradamente, con premeditación y alevosía, las leyes o las resoluciones judiciales y no pasa nada. Hay ciudadanos de segunda y políticos. Y lo mismo les da que el máximo órgano de la soberanía legisle en un sentido o en otro, si no es a su gusto estos demócratas de postin rompen la baraja.

Siendo más que loable que el Gobierno de España trate de preservar la igualdad de derechos de todos los españoles en todo el territorio nacional en el ámbito de la educación, lo que constituye un desatino es que para conseguirlo, para solucionar el problema generado por los incumplidores de la ley, los delincuentes políticos, haya que poner dinero público con matriculaciones en colegios privados. ¿No sería más sencillo obligar a cumplir la Ley y las sentencias igual que se nos obliga al resto de los ciudadanos? ¿Para qué están los fiscales? ¿Por qué si un cargo público prevarica hay que poner dinero de los contribuyentes? Mucho me temo que los complejos y la cobardía están detrás de esta pintoresca propuesta. La Ley debe ser igual para todos. Dura lex, sed lex. Y si no se está dispuesto a cumplirla, cámbiese la Ley pero no sigan tirando del dinero del contribuyente. Bastaría con que recordasen y aplicasen alguno o todos los siguientes artículos del Código Penal:

Artículo 404.
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Artículo 410.
1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Artículo 511.
1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.
2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.
3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

Y los contribuyentes nos ahorraríamos un dineral, sí señor, además de limpiar algo la clase política.

Santiago de Munck Loyola