VADE RETRO SANCHIDAD.

 

Bueno, ya queda menos, tan solo unos días para poder votar y para, según deseamos muchos, a pesar de lo que diga el CIS, enseñarle la puerta de salida a Pedro Sánchez, a sus socios y demás acompañantes. Pedro Sánchez, Antonio para los amigos, es una mentira andante y voladora. Llegó al poder mediante una moción de censura construida sobre la falsedad de una sentencia y se ha sostenido durante su mandato usando el embuste, el engaño y el fraude de forma permanente. Ni sus compañeros de partido, ni sus votantes, ni sus socios de gobierno se han escapado de sus constantes falsedades. Un lustro negro en el que la verdad ha estado ausente de la política presidencial, el lustro del Pinocho monclovita. Probablemente no se podría esperar otra cosa cuando llega al poder un farsante que nunca ha tenido que trabajar, sin experiencia laboral fuera de la política conocida y con un doctorado tan fraudulento como el comité de expertos del Covid, pero cuesta creer la pasividad y la tolerancia de una sociedad moderna como la nuestra ante un sujeto sin escrúpulos como éste. De la pasividad y tolerancia con este sujeto de los medios de comunicación para qué hablar tras haber sido regados desde el poder con millones de euros. Porque no nos llamemos a engaño, el único valor que puede presentar un político en una democracia ante los votantes es el valor de su palabra, la fidelidad a sus compromisos. Claro que, para ello, antes hay que tener algún principio.

 

Aunque pueda resultar paradójico, durante la campaña electoral lo que más ha repetido el Sr. Sánchez y sus acólitos es que la oposición miente, y lo dice y repite precisamente él, el del comité de expertos inexistente del Covid, el de la tesis doctoral cum fraude, el del intento de pucherazo en la votaciones del comité federal de su partido, el de “y si quiere se lo repito cinco veces, no pactaré con Bildu”, el de Podemos me provoca insomnio, el de “la política sobre el Sáhara no ha cambiado”, el de “la Ley del solo sí es sí” es formidable, el de la economía va como una moto, etc. Ese mismo, la mentira personificada, acusa a los demás de mentir. De psiquiatra.

 

Y en lo que va de campaña electoral merece la pena destacar algunos asuntos. En primer lugar, el debate entre Núñez Feijóo y Sánchez. Reconozco que me sorprendió agradablemente. Vi a un Sánchez nervioso, agresivo, faltón e incapaz de enarbolar ningún logro de su gobierno. Y enfrente a un Feijóo seguro de si mismo, confiable, honesto y transmitiendo una solvencia de gobernante responsable y experimentado. Sánchez, “excusatio non petita, accusatio manifesta”, se ocupó de reivindicar su honradez, su limpieza, su peregrina justificación del abuso del Falcon o de defender a su mujer. Increíble. Y en el culmen del disparate metió en el debate en lema “que te vote Txapote”, por si quedaba algún español que no lo conociera. A pesar de sus cientos de asesores y de los 3 o 4 días que se tomó para preparar el debate, se estrelló.

 

En segundo lugar, el seguidismo de los medios de comunicación a las consignas monclovitas sobre los pactos del PP con Vox y las incomprensibles reacciones de la derecha. Que la izquierda trate de demonizar dichos pactos es normal, pero no que lo secunde los medios de comunicación y, mucho menos, que los populares entren en el juego. No es normal que los pactos del PSOE con la ultraizquierda, antes Podemos, ahora Sumar, con Bildu o con los independentistas golpistas catalanes esté asumido como aceptable y, por el contrario, los pactos del PP con Vox se demonicen. Vox es al PP lo que Sumar o Podemos son al PSOE. Así de claro. Vox es un partido constitucionalista, aunque propugne la reforma de la Constitución, como se supone que lo son Podemos o Sumar. Que se quiere calificarles de “ultras”, pues vale, pero en la misma medida a la izquierda que a la derecha. No hacerlo, es falsear la realidad, es mentir y es manipular.

El ejemplo de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana es el camino a seguir: actuar sin complejos y con sentido común en armonía con lo deseado por la inmensa mayoría de los votantes de derechas. Además, la experiencia histórica en nuestro país enseña que la incorporación a un gobierno de coalición implica a la larga la absorción del partido pequeño por el partido mayoritario.

 

En tercer lugar, la campaña está sirviendo para hacer aún más patente y visible la oquedad intelectual de Yolanda Díaz. Es un producto artificial, su retórica es forzada y antinatural, sus ideas inexistentes o, en el mejor de los casos, simples clichés sin capacidad de desarrollo. Y, paradójicamente, este personaje surgido de la factoría monclovita para cargarse a los podemitas más incómodos cuenta, según las encuestas, con un alto grado de aceptación entre los votantes, lo que, sinceramente, dice muy poco sobre los que aprueban su supuesto liderazgo. ¿Se han parado a analizar sus discursos, sus soflamas, sus ideas? Seguramente no. La Fashionaria no va a obtener un gran resultado a pesar de contar con mucha benevolencia de los medios de comunicación que no han subrayado suficientemente el componente estalinista de una formación que pretendía en su borrador de programa acabar con la libertad de expresión en España. Los comunistas, por mucho que cambien de siglas, no cambian.

 

Por último, parece que la campaña de Vox ha quedado empañada por los ecos producidos por sus negociaciones con el PP en las que se ha puesto de manifiesto más el hambre por ocupar sillones que por acabar con el sanchismo. Sus propuestas, su programa no está llegando a los votantes, pero su estrategia y sus fines lamentablemente sí. Resulta un poco cómico que Abascal se queje o lamente por los esfuerzos del PP por captar votantes de Vox. ¿Y qué esperaba el dirigente de Vox? ¿De dónde se cree que proceden sus propios votantes? Pues del PP, como él mismo. Cualquier partido que aspire a gobernar aspira a conseguirlo obteniendo el mayor número de votos y, en el caso de los populares, es que lógico que intenten ensanchar su base electoral por su izquierda y por su derecha.

 

No parece haber más opción para poner punto final al lustro negro de la mentira que apoyar con el voto al partido con más posibilidades reales de conseguirlo, el Partido Popular. Es relativamente fácil imaginar un gobierno presidido por Feijóo, un gobierno respaldado por el PPE y no por partidos dudosamente europeístas y amigables con Putin, como los que frecuenta el líder de Vox, algo que facilitará la posición de España en la compleja dinámica europea. Nos jugamos mucho el 23 de julio, nos jugamos sobre todo la libertad individual y colectiva que se sustenta sobre el respeto a la Constitución, a la separación de poderes, a la libertad de prensa y al consenso que hizo posible la transición. Para muchos de nosotros los supuestos avances esgrimidos por los sanchistas no son tales: el guerracivilismo no es un avance, la compra de voluntades mediáticas no es un avance, la catástrofe jurídica sobre los delincuentes sexuales no es un avance, el fortalecimiento de los derechos de los okupas no es un avance, la desaparición de la Guardia Civil en determinadas regiones y tareas tampoco, como tampoco son avances los disparates de género, la sumisión a Marruecos, el despilfarro constante con café para todos al renunciar a la progresividad en las ayudas, la colonización de todas las instituciones, etc. Y sí, estos supuestos avances son auténticas lacras que deterioran la calidad democrática de nuestra política y por ello deben ser derogados sin complejos y con la misma rapidez que la usada en el pasado por el PSOE para derogar todo lo que se les puso por delante.

 

A Sánchez, al PSOE, a SUMAR y a la Fashionaria que les voten Txapote, Tito Berni, los violadores y pederastas, los malversadores, los de los EREs, Mohamed, Maduro, los independentistas, Fernando Simón, el director de Correos y los alumnos y clientes de Begoña. Yo lo tengo claro.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

Efectos indeseables, previsibles e irrevocables.

Pocos casos se habrán dado de una Ley tan malparida y con efectos tan indeseables como el de La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del “solo sí es sí”. Más de 330 delincuentes sexuales han visto reducidas sus condenas y 30 han salido a la calle por obra y gracia de la entrada en vigor de esta Ley. Es indudable que con su entrada en vigor se pretendía proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual o, al menos, eso decían. No había más que contemplar en los medios de comunicación la autocomplacencia de las diferentes facciones del Gobierno y la patética competición entre ellas para atribuirse los méritos sobre su paternidad. Pero, lo cierto es que no pudieron hacerlo peor. Esta Ley no protege mejor a las víctimas. Es evidente. Y ahora la parte socialista del Gobierno, con muchos meses de retraso, se abre a la posibilidad de enmendar su propia ley aludiendo a lo que llaman sus efectos indeseables. Y éstos no son otros que los derivados de la aplicación de los principios jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico: el principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo recogido no solo en el Código penal sino también reconocido por el artículo 9.3 de la Constitución Española. Vamos, de primero de carrera.

Pues sí, sus efectos son indeseables y son una auténtica burla a las víctimas de esos delincuentes sexuales, pero no pueden engañarnos. Los efectos de la entrada en vigor de esta bazofia legislativa han sido, son y serán durante años indeseables, pero eran perfectamente previsibles para cualquier persona con un mínimo de nociones jurídicas.

Y aunque lo intentan, los miembros del Gobierno no pueden alegar, sin mentir una vez más, que los efectos indeseables eran imprevisibles porque debían saberlo y porque los informes jurídicos previos, como el elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, a la aprobación de la Ley ya preveían dichos efectos negativos para las víctimas y beneficiosos para los delincuentes sexuales condenados.

La realidad es que en el Ministerio de la podemita Irene Montero las cuchipandis moradas pasaron literalmente de los informes jurídicos críticos con la redacción del borrador de la Ley. Aupadas en la soberbia del cargo decidieron que los juristas no eran quiénes para enmendarles la plana. Ya se sabe que hay quien piensa que la legitimidad democrática dota al electo de superiores conocimientos a los del común de los mortales.  Y ahí está el resultado.

 

Las chapuzas de esta reforma legislativa no se limitan a las rebajas de penas que benefician a determinados delincuentes sexuales, sino que también alcanzan a otros aspectos que misteriosamente silencian los medios de comunicación. Es el caso de los delitos cometidos por menores edad. Tanto la jueza de menores de Madrid, Eva Saavedra, como el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco García Ingelmo, han advertido recientemente sobre la mayor dureza con la que castiga esta Ley del “solo sí es sí” a los menores respecto a los adultos cuando cometen determinados tipos sexuales. Se da el caso de que mientras que el adulto por la comisión de un delito sexual recibe una pena de prisión de seis meses o incluso una multa, en el caso de los menores no baja de un año de internamiento en un centro. Algo que va en contra no solo de la propia legislación española, sino del propio Derecho Internacional ya que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por España, establece que un menor de edad no podrá ser penado en peor condición que un adulto.

 

Sinceramente, no tienen vergüenza alguna y su empatía con las víctimas de agresiones sexuales es similar a la de un mejillón. Se permiten el lujo de bromear sobre las excarcelaciones y no cesan de mentir buscando endosar su responsabilidad a cualquiera: que si el problema son los jueces machistas, que si no hay problema alguno y que se trata de una campaña orquestada por la derecha política, mediática o judicial, que si se trata de un simple desajuste propio de la aplicación de una Ley nueva, que si los jueces no saben hacer su trabajo, etc. Todo menos reconocer su responsabilidad y su culpa. 

Pero no sólo las podemitas son las responsables de favorecer a los delincuentes sexuales, lo son también todos los miembros del Gobierno de España, empezando por el propio Presidente del Gobierno que sí pasará a la historia como el mejor amigo de los delincuentes sexuales y como el mayor excarcelador de los mismos. Y son también responsables los 205 diputados de 8 grupos parlamentarios diferentes que votaron a favor de esta Ley. ¿Cuántos se leyeron el texto con el detenimiento que merece un proyecto que iba a afectar a la libertad, a la seguridad y a la vida de tantas personas antes de apretar el botón verde? ¿Estos son los “padres” de la Patria? ¿En manos de qué clase de indigentes mentales y morales estamos?

 

Hay que decir las cosas claras, los daños ocasionados por la Ley del “sólo sí es sí” son indeseables como también son irremediables tanto como previsibles. Y por mucho “retoque” o reforma que vayan a introducir, solo una declaración judicial de nulidad por haber prescindido de algún informe preceptivo en su tramitación podrá anular todos sus efectos. Algo que no parece posible que vaya a ocurrir. ¡Vaya legado que la izquierda sanchista nos ha dejado!

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

 

  

Un Gobierno “partío”.

Nunca antes un Gobierno de España había ofrecido un espectáculo tan bochornoso como el que está ofreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. El asunto de los espías es el último esperpento de una larga serie que protagonizan socialistas, comunistas, separatistas y proetarras. Y todo salta a raíz de un informe de “Citizen Lab”, un “laboratorio interdisciplinar” de la Universidad de Toronto, Canadá. Este laboratorio se financia a través de grandes fundaciones norteamericanas, como la “Open Society” de Soros. En dicho informe se afirma que 65 independentistas catalanes han sido espiados. Algo que, tras un intento de golpe de estado y tras toda clase de acciones delictivas vulnerando el estado de derecho y poniendo en peligro la convivencia ciudadana pacífica, cualquier demócrata entendería como algo absolutamente necesario siempre que se haga con las garantías legales necesarias. El Estado tiene que protegerse y protegernos. Es de cajón. Y para ello debe usar todos los medios necesarios para prevenir la comisión de delitos y más cuando los delincuentes están en la calle y no han renunciado a reincidir en sus propósitos ni en los medios. No, no se trata de un espionaje por motivos ideológicos, a nadie se le espía por pensar lo que le venga en gana.

 

El problema real para el conjunto de los ciudadanos es que tenemos un gobierno que tiene a los socios que tiene, un gobierno que depende para sobrevivir parlamentariamente de partidos cuyos dirigentes han delinquido tratando de pisotear la Constitución y las reglas de la democracia. Tiene su aquél escuchar al Demóstenes independentista Rufián rasgarse las investiduras y proclamar que "lo que está pasando no pone en riesgo la legislatura, pone en riesgo la democracia". Mira, payaso, lo que verdaderamente ha puesto en riesgo la democracia ha sido que tú y tus comparsas hayáis intentado romper las reglas de la democracia y os hayáis ciscado en la soberanía del pueblo español. A ver si lo entiendes, los españoles incluidos los catalanes tenemos derechos, entre ellos, el de decidir entre todos el futuro de nuestro país y va siendo hora de que todos los catanazis como tú lo asumáis. Es comprensible que toda la recua de catanazis trate de inflar el asunto del espionaje por dos razones, la primera porque el victimismo es consustancial a los independentistas, la segunda porque con ello apagarán cualquier mirada hacia sus amores pasados con el sátrapa de Putin cuya ayuda buscaron para armar su intento secesionista.

 

Y tan real como el problema anterior es el problema de la división interna del Gobierno. Es evidente que los podemitas-comunistas no han asumido aún que ellos mismos son parte del gobierno y que, por tanto, son parte de los problemas del mismo. No se puede ser gobierno y oposición a la vez. O estás dentro o estás fuera, pero las dos posiciones simultáneamente son absolutamente imposibles. No puedes estar en un gobierno que sin consultarlo con nadie se carga décadas de una posición internacional de España respecto al Sáhara y al mismo tiempo criticar y condenar ese cambio. Y cuando se trata de un asunto de tal relevancia no vale con desmarcarse de ese cambio radical con críticas más o menos indignadas, lo único que vale es presentar la dimisión y salir del gobierno. Eso es lo que haría cualquier político decente. Pero, claro, es duro renunciar a la moqueta, a los privilegios, a los coches oficiales, a los sueldos y a la corte de asesores podemitas colocados cómodamente en la administración pública. Ni por el pueblo saharaui, ¡faltaría más!

 

Pero ya en el colmo de la desfachatez los podemitas llegan a pedir la dimisión de compañeros de gobierno como la de la Ministra de Defensa, asumiendo, cómo no, las peticiones de los independentistas, pasándose por el arco del triunfo la presunción de inocencia. ¿Alguien se imagina a la ministra Belarra o a Irene Montero pidiendo en el Consejo de Ministros que dimita o sea cesada Margarita Robles? Francamente improbable.

 

Los españoles padecemos un gobierno dividido y enfrentado, un gobierno sostenido parcialmente por grupos políticos enemigos de la unidad del Estado y un gobierno torpe en sus reacciones y sin escrúpulos. Un gobierno que para aplacar a sus socios es capaz de poner en riesgo el prestigio internacional del Estado y la seguridad interna desvelando aspectos secretos de las estrategias contra la delincuencia institucional, capaz de incluir a los enemigos del estado en la Comisión de Secretos oficiales o capaz de condicionar la aprobación de importantes medidas económicas al acuerdo y al voto de los herederos de la ETA. Para llorar, de verdad.

 

Santiago de Munck Loyola

Con la libertad de los cubanos, sí o sí.

Vamos a ver, algo está fallando aquí. Resulta que de todos es sabido que Cuba padece, desde mi punto de vista, o disfruta, desde el punto de vista de los izquierdistas, de un régimen comunista. Y el régimen comunista cubano cumple perfectamente con lo que se espera de un régimen comunista, es decir, con lo que establecen los cánones comunistas: partido único, ausencia de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de asociación, de libertad de manifestación, de libertad de movimientos o de libertad económica y todo ello aderezado con la oportuna represión fulminando los derechos humanos más elementales. O sea, comunismo de libro. El régimen cubano es una dictadura “del proletariado”, sí, dictadura marxista y que ha seguido al pie de la letra las ideas de Engels “el partido victorioso (en la revolución) si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios”.

 

Y algo está fallando en España cuando los políticos comunistas, podemitas y socialistas no se atreven a decir claramente que Cuba es una dictadura, que lo que hoy y desde hace 62 años disfrutan o padecen los cubanos es una dictadura del proletariado de manual marxista, una dictadura comunista con los deberes bien hechos imponiendo el terror “engueliano” a todos los reaccionarios, o sea, a todos los que no sean comunistas. Porque lo quieran o no comunismo y dictadura son sinónimos. Ser comunista de manual, ortodoxo, implica ser enemigo radical de las libertades públicas, del libre ejercicio de los derechos humanos más elementales.

 

Durante décadas los comunistas y asimilados se han esforzado mucho en presentarse como demócratas y como defensores de la libertad. Políticos, intelectuales y periodistas han construido una inmensa mentira, una mentira global que ha ido penetrando en muchas capas de la sociedad para tapar su verdadera naturaleza, el verdadero significado de su ideología y las trágicas y genocidas consecuencias de la aplicación del comunismo allí donde ha alcanzado el poder. Sin ir más lejos, los comunistas y buena parte de los socialistas no combatieron en nuestra guerra civil para defender las libertades “burguesas” que tanto odiaban, sino para imponer una dictadura del proletariado en España. Las hemerotecas lo evidencian. Los comunistas que fueron tomando el poder en media Europa tras la segunda guerra mundial lo hacían también en nombre de la libertad que, en seguida, se convertía en su primera víctima. Eso sí, siempre parecían hacerlo con cierta vergüenza o con una gran dosis publicitaria pues, una vez instaurado el régimen comunista, la dictadura del proletariado pasaba a denominarse como “democracia popular”. También el régimen franquista se autodefinió como “democracia orgánica”, pero no por ello dejó de ser una dictadura. Sea por eso o por pura ignorancia no resulta extraño que los podemitas afirmen con rotundidad que Cuba no es una dictadura, claro, es una “democracia popular” con su partido único, su censura, persecución, tortura y asesinato de disidentes, etc. y con una élite, la vanguardia revolucionaria, forrada hasta las cejas. Un “completo” comunista.

 

Estamos asistiendo a una protesta, a un levantamiento de buena parte del pueblo cubano que tras 62 años de dictadura comunista, de democracia popular, está saliendo a las calles para decir ¡Basta! Ante cualquier clase de vulneración de los derechos humanos no vale la táctica de la avestruz, no puede haber equidistancias y no pueden prevalecer las conveniencias económicas. Es incomprensible que, mientras el Gobierno español aplaude sin reservas cualquier medida que la UE adopte contra Hungría o Polonia por supuestas vulneraciones de los derechos del colectivo homosexual, sin embargo, mire hacia otro lado cuando todo un pueblo especialmente cercano al español como el cubano sufre una constante vulneración de sus derechos humanos. No hay excusa que valga, ni valen las razones diplomáticas, ni las de oportunidad para no decir las cosas claras, para no llamar a las cosas por su nombre. 

 

El pueblo cubano es prisionero de una terrible dictadura y ningún demócrata puede mirar hacia otro lado, ni tratar de enmascarar la condenable situación de los cubanos. Y si tras la miserable actitud de tibieza del Gobierno de España solo se esconde su fragilidad y su dependencia de fuerzas políticas que defienden la vulneración de los derechos humanos perpetrada por sus afines ideológicos en Cuba es que nuestros propios derechos humanos y nuestra democracia también está en peligro.

 

Santiago de Munck Loyola

Las balas o el clavo ardiendo.

La campaña electoral madrileña se ha calentado de forma realmente curiosa a raíz del anuncio hecho por Pablo Iglesias de que había sido objeto de amenazas a través de un sobre recibido con cuatro balas antiguas dentro acompañando a un ridículo anónimo amenazante. Ha tenido mucha suerte, otros, además de amenazas, han sido objeto de agresiones.

Los anónimos son siempre la válvula de escape de los cobardes. Y si además los anónimos son amenazantes lo son de los cobardes descerebrados. Amenazar con matar a alguien o con darle “dos leches” es inadmisible sobre todo en el ámbito del debate político que debería ser exclusivamente el ámbito de la discusión serena y del contraste ordenado de pareceres. Las amenazas, las coacciones y la violencia para que alguien concurra a unas elecciones, para impedir que se exprese libremente o para que realice un acto político en donde le dé la gana alejan a nuestra democracia de los niveles altos de calidad que son exigibles a un estado como el nuestro. La imposición de vetos, la exclusión, las amenazas, las agresiones o los cordones sanitarios demuestran la escasa confianza y la propia incapacidad de sus promotores para el diálogo y para la convicción a través de la razón.

Pablo Iglesias no ha sido el único amenazado. Durante décadas miles de ciudadanos han sido objeto de amenazas de muerte de la ultraizquierda separatista y cientos de dichas amenazas se cumplieron. También políticos como Rita Barberá o Javier Arenas recibieron sobres con balas dentro en 2015, remitidos presuntamente por la ultraizquierda. ¿Alguien escuchó de Pablo Iglesias algún tipo de condena o alguna muestra de solidaridad con los afectados? Yo no.

Y ahora no solo Pablo Iglesias ha recibido sobres con amenazas, también parece que el Ministro del Interior Marlaska y la Directora General de la Guardia Civil han sido destinatarios de sobre similares pero su reacción ha distado mucho de la teatralidad y el histrionismo del mendaz podemita.

Cuesta creer que los servicios de Correos sean tan incompetentes como para no detectar unas balas de cetme en unos sobres. Sinceramente, cuesta mucho, máxime cuando está en vigor el nivel 4 del estado de alarma antiterrorista. En cualquier caso, creer o no la veracidad del relato del Sr. Iglesias es un acto de libertad intelectual que no puede ser impuesto por nadie. Pablo Iglesias es un farsante. Cualquiera con un mínimo de objetividad puede deducirlo comparando simplemente lo que decía hace unos años y lo que ha hecho en cuanto se ha convertido en miembro de lo que él llamaba casta: no cobraría nunca determinados sueldos, no cobraría una pensión de exministro, afeaba que ministros se compraran viviendas de 600.000 €, Ana Botella era Alcaldesa por ser “esposa de…” e Irene Montero es Ministra por méritos propios, si un día él llegase al Gobierno no dejaría su barrio y luego resulta que Vallecas no era el lugar adecuado para desarrollar su proyecto vital, finge usar el taxi en el debate electoral y se descubre que era mentira, miente según la UME sobre la desinfección de las residencias de mayores… En fin, que es evidente que el Sr. Iglesias es poco creíble en sus afirmaciones y promesas. Cada cual es libre de creerle o no.

Pero es que, además, el Sr. Iglesias no está legitimado para pedir, además, solidaridad o condenas a los demás por esas supuestas amenazas. No olvidemos que estamos hablando de amenazas, no de agresiones. ¿Alguna vez ha condenado las amenazas de la ETA a Santiago Abascal o a cualquier otra persona? ¿Condenó Pablo Iglesias los sobres con balas dirigidos a Rita Barberá? 

Es más, subiendo un escalón, pasando de las amenazas a la violencia, a las agresiones, ¿Ha condenado él personalmente alguna vez las agresiones a los Guardias Civiles de Alsasua? ¿Con quién se reunió él, con las familias de las víctimas o de los agresores? ¿Condenó la agresión a la parlamentaria Roció de Meer? Al contrario, su portavoz Echenique se burló de ella hablando de kétchup, blanqueando como siempre la violencia de sus conmilitones de la ultraizquierda batasuna.

¿Cómo puede tener tanta cara dura como para exigir a los demás lo que él y los suyos nunca han hecho ni han estado dispuestos a hacer? Pablo Iglesias y los suyos han coqueteado con el uso de la violencia como arma política en numerosas ocasiones y han aplaudido y jaleado a los violentos sea en Barcelona o en Madrid. 

Ahora, ante unas expectativas electorales negativas para la izquierda en su conjunto y en especial para la ultraizquierda podemita a la que el PSOE no se cansa de blanquear, nada más oportuno que aparecer como una pobre víctima, nada mejor que montar numeritos abandonando debates, sin cerrar la puerta por cierto, porque no le creen, porque hay quien le devuelve la misma moneda que él ha usado con los demás, nada más llamativo que comparecer ante los medios lloriqueante, al estilo Rociíto, porque le llaman Chepas, Rata o coletas en las redes sociales, cuando hace tan solo unos meses él mismo decía que había que naturalizar el insulto a los periodistas. Sr. Iglesias, a la política se viene llorado del casoplón.

¡Venga ya! ¡Pablo, que no cuela! ¡Yo no te creo! Y, si te creyese, aún condenando cualquier tipo de amenaza o de agresión, tampoco me solidarizaría contigo, porque no te lo mereces. Do ut des.

Santiago de Munck Loyola

Comunismo o libertad, sí. Fascismo o libertad, también.

Nos toman por tontos, es seguro. O éso o es que ellos son tan tontos que se creen sus propias tonterías. Hace un par de días, todos hemos podido ver en las noticias cómo tres o cuatro personas increpaban a Pablo Iglesias en una visita electoral en Coslada, Madrid, y cómo el Sr. Iglesias, ampliamente protegido por guardaespaldas, se armaba de valor de macho alfa y se acercaba a los increpantes para responderles. Había más guardaespaldas que increpantes, por cierto. Pues les ha faltado tiempo a los podemitas para lanzarse al ruedo rasgándose las vestiduras hablando de acoso, de violencia, de exaltación del fascismo y del nazismo y de no sé cuántas cosas más, todas horrendas. ¡Venga ya! No os lo creéis ni vosotros mismos.

Dª Isa Serra, Portavoz podemita en la Asamblea de Madrid, sucesora de su hermana en el cargo como fiel reflejo del nepotismo imperante en Podemos, se ha apresurado, con cara compungida, a comparecer en las televisiones para denunciar “esa intolerable agresión” a su bien amado líder y cuando le han recordado el escrache que sufrió Begoña Villacís cuando estaba embarazada y que Podemos calificó de "movilización", ha dicho sin rubor alguno que "pretender comparar una movilización a favor del derecho a la vivienda con unos neonazis que están haciendo una exaltación del nacismo y fascismo es lo que no deberíamos hacer por parte de ningún poder público ni por parte de ningún medio de comunicación”. Claro que Dª Isa Serra sabe muy bien de lo que habla cuando se trata de escraches o de violencia. Dª Isa Serra, para no ser menos que otros cargos públicos de Podemos, está condenada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 19 meses de prisión tras haberla considerado culpable de cometer los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños por su participación en el intento de frenar un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014. 

Según la Sentencia “La acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal” a la que dijo “Eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros” y a otra agente le espetó la siguiente lindeza “Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales. Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro”. “La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos”.

Que no, que no cuelan ni los argumentos, ni los lamentos de la “modosita” Dª Isa Serra. Como no cuela tampoco la gilipoyez soltada por el macho alfa podemita diciendo que “Vox y el PP enviaban a sus cachorros nazis” para amedrentarle. Pero, vamos a ver, alma de cántaro, ¿a quién crees tú que le vas a colar ese argumento? ¿eres tonto o te lo haces? Mira, Pablo, Pablito, marquesón: en primer lugar, ni Vox, ni el PP, tienen por costumbre organizar escraches a nadie y, en segundo lugar, si se les ocurriera la estupidez de organizarte un escrache para que pudieras hacerte la víctima no habrías tenido delante a tres o cuatro increpantes, sino a cientos o miles de personas. ¿Lo sabes, verdad?

Pero, al margen de la búsqueda tosca de la oportunidad para chupar cámara haciéndose las víctimas, los podemitas y muchos medios de comunicación tratan de colarnos una idea perversa. Así, en el mismo programa de Tv en el que comparecía Santa Isa Serra, la periodista Esther Palomera se apresuraba a sentenciar que “el fascismo es incompatible con la democracia”. Pues sí, Sra. Palomera el fascismo es incompatible con la democracia, pero parece que se le olvida que el comunismo también. El comunismo es una ideología profundamente antidemocrática. Los comunistas nunca lucharon en España ni en ningún otro lugar del mundo por la libertad y cuando dijeron hacerlo solo fue de forma instrumental como medio para después suprimir las libertades e implantar la dictadura del proletariado. Y el comunismo como praxis política ha sido, como el nazismo y como el fascismo, profundamente genocida. Ésa es la realidad. La ultraizquierda es tan peligrosa para las libertades ciudadanas como la ultraderecha. Y Podemos es la ultraizquierda. Dejen ya de blanquear a los comunistas y a la ultraizquierda. Son lo que son y creen en lo que creen. Y la mejor prueba de ello es la historia reciente con todos sus crímenes a cuesta sea en España, en Rusia, en Hungría, en Etiopía, en Camboya o en Cuba. Contra los enemigos de las libertades ciudadanas sean de derechas o de izquierdas no valen las dos varas de medir, el doble rasero que desde hace años muchos medios de comunicación, muchos comentaristas y muchos políticos aplican. Situadas las cosas en su lugar, en nuestra democracia deben tener los mismos derechos políticos la ultraizquierda que la ultraderecha. Comunismo o libertad, sí. Fascismo o libertad, también.

Santiago de Munck Loyola.

La Justicia y la anchluss socialpodemita.

Los españoles nos encontramos en medio de una guerra política en torno a la renovación nada menos que del órgano de gobierno del tercer poder del estado, el poder judicial. Lo cierto es que nos hemos acostumbrado a situaciones que si las analizamos bien nos harían caer en la cuenta de lo anormal y poco democrático que resulta el hecho de que la clase política, encuadrada en los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, pugne por el control del tercer poder, el judicial, el poder que, entre otras cosas, debe controlar la legalidad de las actuaciones de los miembros del legislativo y el ejecutivo.

No le faltaba razón a Alfonso Guerra, allá por el año 1985, cuando afirmó que con la reforma socialista de la Ley Orgánica del Poder Judicial Montesquieu había muerto en España y con él la división de poderes, división esencial para caracterizar a un estado como democrático o no.

 

Lo cierto es que la poca calidad democrática de nuestro estado en este aspecto no es sólo responsabilidad de los socialistas, sino también, del Partido Popular que, una vez alcanzado el Gobierno con dos mayorías absolutas, se olvidó por completo de sus compromisos regeneradores para despolitizar a la justicia y prefirió seguir pasteleando con los socialistas el nombramiento de los miembros del Gobierno de la Judicatura, el Consejo General del Poder Judicial.

 

Para entender mejor la situación presente, conviene echar un vistazo a lo que la Constitución dice sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial y cómo los políticos han ido interpretando la misma a través de su desarrollo mediante la Ley Orgánica correspondiente. El Artículo 122 de la Constitución dice: 

 

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, … 

 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

 

Hay que resaltar dos cuestiones importantes. Primera, que la Constitución no remite a una Ley Orgánica el procedimiento de selección de los miembros del Consejo. Segunda, que la Constitución sólo especifica que de los 20 miembros que lo componen, el Congreso designará a cuatro y el Senado a otros cuatro y que los doce restantes se designarán entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. Es evidente que la distinción establecida entre los 12 elegidos entre Jueces y magistrados y los 8 elegidos por las Cortes implica que la elección parlamentaria no es de los 20 miembros. Y así se interpretó en el Artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establece la presente Ley; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegido en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Por tanto, inicialmente, 12 de los 20 miembros eran elegidos por y entre los propios jueces. Sin embargo, este sistema cambió con la reforma socialista de la Ley Orgánica en 1985, modificada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, en la que se estableció en el Artículo 567 que “2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del presente Título”, pasando, por tanto, la constitución del tercer poder del estado a depender de la voluntad del legislativo y, por ende, del ejecutivo. El Tribunal Constitucional avaló esta interpretación retorcida de la Constitución con el pretexto de que así se favorecía una mayor democratización de la justicia al favorecer la representatividad de las mayorías sociales, como si el Consejo General del Poder Judicial tuviera que ser una representación en miniatura del parlamento y no el gobierno de la judicatura.

 

La exigencia de que la elección de los miembros del Consejo fuera hecha por tres quintos de las cámaras obligaba a que, al menos, se produjese un consenso entre los dos partidos mayoritarios. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues que el Gobierno exige al PP que negocie la lista de vocales que han de votar las cámaras parlamentarias. El PP se niega a negociar con los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, porque el segundo es un partido imputado y el Gobierno, en respuesta, amenaza con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría cualificada de tres quintos y convertirla, a la polaca, en mayoría absoluta. Y tanto el Gobierno como todo su coro de loritos periodistas se dedican a repetir que el PP actúa de forma irresponsable y en contra de la Constitución porque la renovación del CGPJ es obligatoria y lleva dos años de retraso.

 

Ya está bien de mentiras. En este asunto, como en muchos otros, la responsabilidad es compartida entre unos y otros. Si hay alguien actuando en contra de la Constitución hay que concluir que no sólo es el PP, sino todos, empezando por el Presidente del Gobierno. Y ello es así porque el ni el Gobierno, ni su Presidente pintan nada en el proceso de elección de los vocales del CGPJ. El poder ejecutivo no puede ni debe intervenir, y menos aún plantear exigencias, en una votación y un procedimiento que depende exclusivamente del poder legislativo. Por muy chuleta que sea el Sr. Sánchez y por muy matón de billar que sea su vicepresidente no pueden exigir a la oposición que se siente a negociar en los términos que a ellos les parezca conveniente. Nadie puede obligar al PP a sentarse a negociar con Unidas Podemos, con Bildu o con ERC. Y la razón por la que el poder ejecutivo carece de legitimidad para intervenir en el proceso deriva no sólo del sentido común, sino de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial vigente que en su Artículo 568.1 señala, como es lógico, que “Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. 

Si se trata de una decisión del poder legislativo es lógico que sean los presidentes de las cámaras quienes adopten las medidas necesarias para alcanzar la renovación del CGPL que en este caso pasan por la necesaria negociación entre grupos parlamentarios para alcanzar los consensos necesarios para llegar a los tres quintos de cada cámara. 

 

Es posible que sea mucho pedir a este Gobierno que trate de respetar la división de poderes, que trate de asumir que su poder y su competencia es limitado y delimitado por la Ley tanto en su espíritu como en sus formas, pero hay que seguir pidiéndoselo todos los días, así como al ejército de sumisos comentaristas y periodistas que lo jalean. Aquí no hay más incumplidor de la Constitución que un Gobierno con ansias de “espacio vital” que invade las competencias del poder legislativo para someter y conformar a su imagen y semejanza al poder judicial.

 

Santiago de Munck Loyola

Fuera caretas: El auténtico rostro podemita.

Aparecieron como un movimiento político fresco, renovador, alejado del estereotipo partidista imperante. Su discurso parecía conectar con gran parte de la gente, cansada de las consecuencias de la crisis económica, decían lo que mucha gente deseaba escuchar, hablaban de limpiar las instituciones, de priorizar la solución de los problemas de las personas, de acabar con los privilegios de la clase política a la que identificaban como una “casta” alejada de las penurias de los ciudadanos, anteponían cubrir las necesidades sociales al pago de la deuda externa, hablaban de vivienda, de renta universal, de igualdad, de los desahucios, de la dación en pago, de la limitación de salarios de los políticos, del medio ambiente y de todo aquello que supusiera una ruptura, un cambio de modelo centrado en la solución de los problemas reales de la gente.

 

Llegaron repartiendo estopa. Nadie se libraba ni en su vida pública ni privada del látigo fustigador y presuntamente regenerador de los podemitas. Invadieron las tertulias políticas y siguieron repartiendo a diestro y siniestro: que los sueldos públicos de los políticos eran escandalosos, que ellos los habían limitado en sus estatutos, que era impresentable que Ana Botella fuera Alcaldesa por “ser esposa de”, que era un escándalo que un ministro se comprara un ático en un barrio exclusivo por 1 millón de euros, que un imputado debería dimitir inmediatamente y que ellos así lo disponían en los estatutos podemitas, que la Caja B del PP era repugnante, que con los de la cal viva ni a la esquina, que los escraches eran magníficos, un jarabe democrático,… En definitiva, Podemos se presentaba como una fuerza profundamente democrática, moralista, virtuosa, ejemplificadora de la vida política y que, en consecuencia, se permitían el lujo de dar lecciones urbi et orbi.

 

Sonaba bien, quizás demasiado bien para ser verdad. En 2014 se constituyeron en partido político y empezaron a cosechar éxitos electorales. Podemos se fue situando en las diferentes instituciones representativas y simultáneamente se fue organizando como partido político estableciendo distintas alianzas con muchos movimientos sociales absorbiéndolos en la mayoría de los casos. En este proceso se creó una alianza desigual con Izquierda Unida de modo que los dirigentes comunistas de Podemos cuya carrera política en el ámbito de la izquierda tradicional no había prosperado consiguieron colocar a IU en una posición de absoluta subordinación. Los comunistas con pedigrí pasaron a ser los monaguillos de los neocomunistas, de los chavistas podemitas, de la nueva ultraizquierda.

 

¿Y qué queda de todo aquello? Pues si algo puede expresar a la perfección lo que hoy significa Unidas Podemos es el refrán “consejos vendo que para mí no tengo”. Porque después de tanta lección de ética a los demás, después de tanto exhibir hasta sus propios estatutos como ejemplo de democracia y regeneración, después de tanto discurso bien intencionado lo que los hechos ponen encima de la mesa es una gigantesca estafa política y una podredumbre moral y ética difícilmente defendible. Y ello es así porque quienes se han permitido el lujo de censurar a los demás, de presumir de una supuesta superioridad ética, moral y política han demostrado con sus acciones no sólo estar hechos de la misma pasta, sino incluso peor.

 

Su discurso presuntamente bienintencionado, buenista, solidario, interclasista, regenerador e igualitario ha dado paso a una agenda política revanchista, antidemocrática, excluyente y guerracivilista. Unidas Podemos ha pasado sin soltarse la coleta de censurar a la mujer de Aznar por ser Alcaldesa de Madrid, atribuyéndolo no a sus propios méritos sino a su condición de “ser esposa de”, a modificar la estructura nada menos que del Gobierno de España para crear un Ministerio de Igualdad en el que colocar como Ministra a la pareja sentimental del macho alfa, el hipermercado líder Pablo Iglesias, Ministra cuya experiencia laboral se limitaba a haber trabajado unos meses como cajera. El Sr. Iglesias y su “consorte” ministerial han pasado de censurar la compra de un ático al ex Ministro De Guindos y de afirmar que si llegaban al poder no se moverían de su barrio a adquirir un “casoplón” en una privilegiada zona cercana a Madrid en condiciones hipotecarias inalcanzables para el común de los mortales. De prometer la limitación de sueldos públicos a modificar los Estatutos de su partido para aumentar notablemente sus ingresos. 

Echenique tan solo quince días después de que el TSJA ratificara su condena por tener sin contrato y pagar en negro a su asistente personal criticaba con tanta dureza como desparpajo la precariedad laboral que sufren los repartidores. Han pasado de reprobar en el Congreso en varias ocasiones a la ex Ministra socialista Mª Dolores Delgado por su vinculación con las cloacas del Estado (léase el comisario Villarejo) a aplaudir su nombramiento como Fiscal General del Estado, de presumir de feminismo a querer “azotar hasta que sangre a Mariló Montero”, de promover el impago de la deuda de España a aceptar las políticas del Banco Europeo, de promover los escraches a denunciar a los que los practican contra ellos,

de sumarse a una moción de censura justificada por una sentencia sobre la financiación ilegal del PP a estar imputados como partido por corrupción, de presentarse como campeones de la transparencia a lanzar ataques contra los periodistas que informan sobre sus asuntos turbios, de presentarse como un partido plural y participativo a depurar sin contemplaciones a los disidentes. 

En fin, la lista de la praxis podemita absolutamente contraria a sus discursos es interminable. La verdadera cara de la ultraizquierda española es la cara de sus actos, no la de su propaganda. Y, desgraciadamente, es la cara de la mitad del Gobierno de España.

 

Santiago de Munck Loyola

Objetivo: liquidar el régimen del 78 y a su impulsor.

La marcha de España, sea temporal o no, de D. Juan Carlos I parece que ha dejado insatisfechos a muchos de los actores políticos que venían pidiendo desde hace tiempo un gesto o una decisión al respecto por parte de la Casa Real. Que se sientan satisfechos o no los políticos o los locuaces comentaristas televisivos debería traernos al pairo a los sufridos ciudadanos. Y en medio de esta cascada informativa y de tanto carroñero tendremos que hacer un paréntesis para procesar, analizar y desmenuzar todas las informaciones con las que a diario nos bombardean.

 

Durante décadas los medios de comunicación españoles mantuvieron un pacto de silencio no escrito en torno a las actividades privadas de Don Juan Carlos. Parece evidente que la conducta privada del Monarca no era precisamente ejemplar y los rumores sobre esa conducta, que en otras Monarquías europeas se habrían traducido en verdaderos escándalos, aquí no pasaron de la categoría de comentarios y de chismes vistos por mucha gente hasta con cierta simpatía o complicidad. Es hace dos años cuando el ambiente cambia, cuando un medio de comunicación (OK Diario) publica parte de las grabaciones de unas conversaciones de llamémosla la Corina al ex comisario y presunto delincuente, Villarejo. Y no conviene olvidar que esta “señora” hizo esas escandalosas declaraciones sabiendo que estaba siendo grabada. Abierta la espita, se acabó la inmunidad informativa para Don Juan Carlos y el goteo de noticias no ha cesado aunque parece que lo único probado hasta ahora es que Don Juan Carlos recibió regalos y donaciones que no declaró en España y que usó cuentas en paraísos fiscales. Algo que es inadmisible para un Jefe de Estado y éso es algo que todos los ciudadanos que cumplimos con Hacienda y que además no poseemos cuentas en paraísos fiscales podemos y debemos reprobar y condenar. Pero no es ése el caso de quienes se financian con el dinero de Irán o de la narcodictadura venezolana, de quienes camuflan sus ingresos a través de sociedades para eludir impuestos, de quienes contratan a asistentes personales y no les dan de alta en la seguridad social, de quienes han metido la mano en las cajas públicas malversando los fondos destinados a los parados o a la formación, de quienes se han forrado con el 3%, de quienes los han encubierto extendiendo banderas independentistas o de quienes, bajo cualquier fórmula, nos han convertido en rehenes de la corrupción. Todos ésos son ahora los menos indicados para hablar, para criticar o para exigir nada. Todos ésos, y todos sabemos quienes son, carecen de legitimidad para pedir ejemplaridad o para exigir responsabilidades.

 

Sin embargo, no lo hacen y seguramente porque les importa muy poco el fondo del asunto. Ellos están a otra cosa desde hace tiempo. Ellos están en liquidar el régimen de la transición. Un régimen fundado en la reconciliación de los españoles que no aceptan de ningún modo. Llevan años reinventando el pasado, reabriendo heridas, fomentando odios y tratando de sustituir la reconciliación nacional por la memoria supuestamente histórica. Separatistas, chorizos del 3%, herederos de la mafia etarra, comunistas y populistas van de la mano para liquidar todo rastro de la transición y el asunto de Don Juan Carlos les viene de perlas. Cada cual tiene su objetivo: romper la unidad de España, liquidar el régimen del 78, instaurar un régimen populista o acabar con las libertades “burguesas” y, siendo aliados coyunturales, han descubierto la clave de bóveda cuya destrucción les permitiría alcanzar sus objetivos, la Monarquía parlamentaria que ha proporcionado a los españoles la etapa más larga de progreso y libertad nunca antes alcanzada en España.

 

En este régimen nacido en 1978 es perfectamente legítimo ser republicano y promover a través de sus mecanismos constitucionales la sustitución de la forma de la jefatura del Estado pasando de Monarquía a República. Pero seguramente los planes de estos aliados no pasan por seguir los mecanismos constitucionales, como no los siguieron cuando los separatistas intentaron su “golpe de estado” a través de un simulacro de referéndum y contaron con la complacencia de comunistas y populistas.

 

Por todo ello, hay que estar muy atentos, hay que analizar cada noticia, hay que identificar bien quién, qué y por qué denuncia, hay que buscar la finalidad real de cada movimiento político. No nos dejemos engañar porque los que hablan ahora de la promoción de la ejemplaridad como motivo de sus críticas a la conducta D. Juan Carlos, en el fondo, les importa un bledo el concepto de ejemplaridad y no hay más que examinar sus propias conductas.

 

Pero sobre todo hay que recordar, hay que hacer un balance histórico de los últimos 40 años que no pueden ser borrados por estos escándalos. ¿Don Juan Carlos abrió las puertas a la democracia? ¿La impulsó? ¿Cumplió con sus funciones constitucionales? ¿Hizo cumplir en última instancia la Constitución? ¿Nos representó con dignidad en el extranjero? ¿Amplió el prestigio de nuestra Nación? ¿Bajo su reinado España alcanzó las más altas cotas de prosperidad, de paz y de libertad? Pues eso. 

Deberá responder ante la Justicia si ha lugar a ello, pero no por eso se puede borrar ni su legado histórico ni mucho menos deslegitimar la actual Jefatura del Estado. Felipe VI está cumpliendo meticulosamente las funciones que la Constitución le encomiendan y los errores de su padre ni se heredan, ni la genética le descalifica para hacerle abdicar como pretenden algunos podemitas y el catanazi Torra. Y si no que le pregunten por la herencia genética al propio Pablo Iglesias.

 

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com