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domingo, 30 de septiembre de 2012

El PSOE tiene un problema y los demás también.




El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, el que no recordaba en campaña las tres razones por las que se debía votar al PSOE, afirmó hace un par de días que su partido "no está de acuerdo con el derecho a decidir", concepto incluido el jueves en una resolución impulsada por el PSC en el Parlamento catalán y que no prosperó. La que sí prosperó fue la resolución independentista de CiU con la abstención de los socialistas catalanes. 

Según el Sr. López "la posición de los socialistas de Cataluña es una posición que defiende la legalidad, la Constitución y que en España decidimos todos juntos". Debe ser por eso que los socialistas se han abstenido ante la resolución independentista del Sr. Mas. Auténticos malabares y toda clase de filigranas políticas están haciendo estos días los socialistas para tratar de explicar a los ciudadanos la posición de sus correligionarios en Cataluña.

Por su parte, el ex Presidente socialista extremeño se ha descolgado con una pintoresca propuesta: ha exigido a Cataluña que si se independiza devuelva a las 150.000 personas que "fueron sustraídas" de la comunidad, "más sus hijos y sus nietos". "El 'president' nos tendría que devolver antes lo que se llevó hace 30 o 40 años. No me refiero a las riquezas materiales, sino a seres humanos", ha escrito en su blog. Y se ha quedado tan ancho confirmando con ello lo que muchos sospechábamos  que cualquiera puede llegar a presidir una Comunidad Autónoma.

Más al sur, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, aseguró que “no entendía la posición del PSC en relación con la abstención sobre la convocatoria del referéndum aprobado por el Parlamento catalán”. Según él, “lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña es una huida muy peligrosa y un mensaje que no es de recibo en el momento que estamos viviendo y en el que está atravesando nuestro país”. El número dos del PSOE andaluz reclamó además una posición de los socialistas catalanes “más clara y más contundente en defensa de Cataluña, de España y de la Constitución” o sea, pedir peras al olmo. Esta petición responde, a todas luces, a la falacia permanentemente instalada en seno del PSOE de que sus colegas catalanes comparten criterios constitucionales. Sólo se engaña a si mismo quien desea permanecer en la ignorancia: el Estatuto catalán fue una muestra inequívoca de que los socialistas catalanes, con la bendición de Zapatero, no compartían los principios de cohesión territorial que tanto ha proclamado el PSOE. 

Y como para tapar estas vergüenzas propias no hay nada mejor que intentar señalar las ajenas, aunque para ello haya que inventárselas, el Sr. Rubalcaba, patriota donde los haya, y dispuesto a cerrar filas con el Gobierno de España ante un desafío independentista como éste se ha apresurado a equiparar la defensa de la Constitución que hace Rajoy con el desafío independentista de Mas. Para Rubalcaba, Mas es un irresponsable por promover la confrontación y Rajoy es otro irresponsable por defender la Constitución. ¡Toma ya!

Hay que recordar de paso que gracias a Rubalcaba y a Zapatero el Gobierno de España dispone de un instrumento menos para poner en su sitio a Mas. Fue el PSOE el que en 2005  anuló la ley que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos, aprobada por Aznar para parar los pies a Ibarretxe.

Hoy el PSOE tiene un problema y, además, grave. Ha dejado de ser un partido de ámbito nacional y sus principios no están representados en Cataluña. Los socialistas catalanes son un partido diferente al PSOE y como tal decidirá su propio rumbo. Pero si el PSOE se queda cojo en Cataluña es España la que tiene un problema añadido.

El desafío independentista constituye un gravísimo problema para todos los españoles y su solución no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino de todos los partidos, de todas las entidades y de todos los ciudadanos que creen en la Constitución y en la igualdad entre todos los ciudadanos. Y toda nuestra clase política ha sido y es la responsable de la actual situación: por haber diseñado un inadecuado modelo territorial en la Constitución y no haber tenido la valentía política para perfeccionarlo, por haber cedido siempre a las pretensiones de los independentistas, camuflados de nacionalistas a secas, por mantener un sistema electoral que prima a los independentistas, por haber cedido la educación para que fueran cultivando durante décadas sentimientos antiespañoles sustentados en manipulaciones de la historia, por ceder tributos a cambio de votos o por hablar catalán en la intimidad para lo mismo, por vender toda una herencia histórica a cambio de míseras y coyunturales cuotas de poder. El PSOE tiene un problema y el PP y Cataluña y España. Un enorme problema para el que nuestra clase política no parece estar preparada.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 27 de septiembre de 2012

Recortes para todos o para nadie: por una Ley sobre Retribuciones Públicas.



Uno corre el riesgo de que le llamen pesado por insistir, desde estas páginas, en la necesidad de que el Gobierno tome ciertas medidas para ayudar a salir de la crisis, pero la coincidencia en la publicación de algunas noticias no deja otra alternativa. Es el caso de la propuesta desde aquí formulada de aprobar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Es cierto que una Ley como ésta sólo constituiría una gota en el inmenso vaso de la crisis y del gasto público, pero sería, sin ninguna duda, una Ley ejemplarizante y absolutamente solidaria con unos ciudadanos hartos de recortes y cada vez más distanciados de los únicos culpables de la situación actual, la clase política española sin distinción de siglas o colores. Y no hay más que echar un vistazo a la calle estos días para comprobar ese distanciamiento. Que una gran parte de la sociedad no se movilice puede que sea porque no se identifique con los convocantes o con los métodos elegidos para manifestar la repulsa por esta situación, pero el “cabreo” está ahí.

El pasado mes de agosto, el Ministro de Economía, el inefable De Guindos, declaraba que existía poco margen para más recortes. Hoy, hemos desayunado con la noticia de que 3.000.000 de españoles van a perder, por tercer año consecutivo, parte de su poder adquisitivo porque el Gobierno vuelve a congelar los salarios de los empleados públicos, espoleando con ello la caída del consumo y generando con ello más paro y gasto social. Es decir, que lo que se ahorra con la congelación se lo va a tener que gastar en prestaciones sociales. Es lo que se dice “desnudar a un santo para vestir a otro”.

Y ayer, sin ir más lejos, se hicieron públicos los salarios del presidente y del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y que alcanzaron en el último ejercicio los 149.325 euros al año cada uno, el doble de lo que se le asigna al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los otros dos consejeros que tuvieron una remuneración anual completa, Luis Pedroche, destituido como director de la Agencia Tributaria en 2008, y Ana Isabel Fernández, persona vinculada al antiguo presidente y al PSOE, se metieron al bolsillo 129.604 euros cada uno. Por su parte, los 21 directivos del regulador que trabajaron todo el año cobraron una nómina media de 132.300 euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad, fundado en 1988, encargado de la supervisión de los mercados de valores en España. Es decir, que los jefes de los directivos de este organismo público son el Ministro de Economía y el Presidente del Gobierno. ¿Tiene alguna lógica que los empleados ganen el doble que los Jefes? ¿Ocurre algo similar en el ámbito de la empresa privada? ¿Es lógico o decente que se recorte el sueldo a un empleado público mileurista mientras que estos “servidores públicos” gozan de semejantes salarios? Habría quien lo vea bien alegando que desempeñan puestos de gran responsabilidad. ¡Ya! ¿Y no tiene más responsabilidad el Presidente del Gobierno? ¿Y un cirujano de la Seguridad Social?

Pues bien, al igual que estos señores de la CNMV hay en España miles de Directivos con retribuciones pagadas por los contribuyentes que superan en mucho las del Jefe de todos, las del Presidente del Gobierno. Esta situación ni es lógica, ni es decente. Aquí tiene el Sr. De Guindos un excelente margen para recortes, aunque en muchos casos tenga que recortar a sus amigos.

¿Y cómo puede hacerlo? Pues aquí tiene una propuesta: aprobando una Ley sobre Retribuciones con origen en Fondos Públicos. Tendría que ser una Ley de ámbito estatal. Una Ley aplicable a todas las administraciones públicas, a las empresas públicas y a las empresas privadas y entidades financieras que se beneficien de cualquier ayuda pública directa o indirecta sea cual sea su forma. Se trataría de una Ley que estableciese en los casos citados los límites salariales a percibir bajo cualquier forma y cuyo tope se estableciese en función de la retribución del Presidente del Gobierno. Con ella podría impedirse que un Alcalde o un Presidente de una Comunidad Autónoma cobre más que el Presidente del Gobierno, se podría impedir que los directivos de entidades financieras que reciben ayudas públicas, dinero de los contribuyentes, sigan cobrando los sueldos astronómicos que están percibiendo. Y al que no le interese que se vaya al sector privado que siempre habrá candidatos a sucederle y seguramente con más méritos si en lugar de las afinidades políticas o las amistades se usa el mérito profesional y la capacidad para realizar tales nombramientos. Ya está bien de exprimir al contribuyente mientras algunos se van de rositas con el dinero de todos, el que nos detraen de las nóminas y los impuestos. Si no hay ejemplaridad, habrá que pensar en romper la baraja.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 23 de septiembre de 2012

¿Quién le pondrá el cascabel al estado de las Autonomías?



Buena la ha liado el Presidente de la Generalidad catalana, el Sr. Mas, con su apuesta independentista, que no “soberanista” (no existe en el Diccionario de la RAE) por mucho que con esa denominación la intenten dulcificar periodistas y políticos ignorantes. No es la primera ni la segunda vez que un dirigente catalán apuesta por un Estado catalán. Ya lo hizo el 14 de abril de 1931 Francesc Macià quien se dirigió a la multitud proclamando en nombre del pueblo de Cataluña, "L'Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Ya lo hizo de nuevo el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys quien proclamó el "l'Estat Català de la República Federal Espanyola", proclamación que se saldó con 46 muertos y 3.000 encarcelados.

Es la vieja estrategia de siempre: ante la incapacidad propia para solucionar los problemas se inventa un enemigo exterior al que culpar de todos los males. El Sr. Mas y sus conmilitones, incapaces de adoptar las medidas necesarias para resolver el grave problema económico y social derivado del inmenso agujero heredado del tripartito, han encontrado al culpable: el resto de los españoles que les expoliamos fiscalmente y los hundimos en la miseria. No es nuevo. Llevan años hablando de una supuesta balanza fiscal siempre desfavorable para Cataluña, llevan años calentando el ambiente, fomentando un sentimiento antiespañol que les servía para exigir cada vez más financiación. Poco importa que reputados economistas demuestren la falacia de esa supuesta balanza fiscal desfavorable para los catalanes: una mentira mil veces repetida termina por convertirse en una verdad para quien no quiere analizar otras perspectivas. Argumentan que como contribuyen a la caja común con más dinero que el resto de los españoles tienen, no sólo derecho a recibir más, sino a separarse para gestionarlo ellos solos. Declaraba hoy en un diario nacional el ex Presidente de las Cortes, Sr. Bono, que cuando pagar más impuestos implica exigir más nos encontramos ante una metástasis en el estado. De aceptarse esta tesis independentista y trasladándola del ámbito de los territorios al de las clases sociales, habría que deducir que quienes más impuestos pagan, más deben recibir del estado. Y éso es algo que choca frontalmente con la solidaridad y la redistribución de la riqueza, características esenciales de todo estado social y democrático de derecho.

Y en este contexto ¿dónde está el límite? ¿Quién decide cual es el ámbito de decisión? ¿Quién es el pueblo soberano? ¿El pueblo español? ¿El pueblo catalán? ¿El pueblo barcelonés? Nos dicen que tras una manifestación de un millón de personas pidiendo la independencia es el pueblo catalán el que ha hablado. ¿Y los seis millones de catalanes que no se han manifestado? ¿No cuentan?

Hoy, no son pocos los ciudadanos y los analistas políticos y económicos que coinciden en que nuestro estado autonómico es en su formulación actual absolutamente inviable. La crisis económica lo ha puesto de manifiesto de una forma desgarradora. Hasta no hace mucho hemos venido cerrando los ojos ante una realidad evidente: el estado autonómico estaba rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades de los ciudadanos. El estado autonómico ha ido levantando poco a poco muchas barreras entre los españoles: en educación, en sanidad, en el mercado, en el derecho de propiedad, etc. Barreras que imperceptiblemente iban dificultando hasta la movilidad de los ciudadanos. Lo que en la transición se nos vendió como un acercamiento de la toma de decisiones hacia los administrados se ha ido convirtiendo en un complejo laberinto legislativo, en un complicado entramado de instituciones más al servicio de la clase política que de los intereses de los ciudadanos. Empezamos a verlo gracias a la crisis y otros, desde fuera, también lo ven. En un reciente artículo, Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y economista, escribía: España … “no puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.”

No parece pues que los problemas sociales y económicos que pesan sobre el conjunto de los ciudadanos puedan resolverse con más autonomía o con la independencia en el caso de Cataluña. No podemos sostener el actual estado autonómico y eso lo ve y lo sabe cualquiera. Es inviable económicamente y terminará por serlo social y políticamente si no se aborda su reforma inmediata. Es evidente que los últimos interesados en reformar la configuración del estado son los miembros de la clase política, los partidos políticos que han encontrado en el actual estado autonómico un inmenso coto en el que instalar y extender sus inmensas maquinarias burocráticas y en el que realizar su insaciable afán ocupador. Nos proponen ahora fórmulas federales cuando es evidente que a los nacionalistas no les interesan porque supondrían una igualdad entre territorios inasumible para ellos. Nos hablan de los derechos de los territorios y olvidan los derechos de las personas. Nos levantan barreras territoriales cada vez más costosas mientras que Europa transita por el camino contrario. Y mientras, los ciudadanos seguimos pagando los delirios de grandeza de tanto iluminado y de tanto cobarde.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 21 de septiembre de 2012

Las cuentas del PP de Alicante.




Hay que ver las sorpresas que se llevan los afiliados del Partido Popular cuando echan un vistazo a la prensa. Hoy, 21 de septiembre, hemos sabido por dos periódicos, El Mundo y el Diario Información, que nuestra organización Provincial arrastra una deuda de 104.000 euros. Bien está que se sepa pero ¿la información y la transparencia no debería empezar con los afiliados antes que por los medios de comunicación? Parece que un mínimo de respeto al afiliado así lo exigiría y más aún cuando se trata del dinero que muchos ponemos mensualmente para que nuestra organización local funcione.

Bueno es también que la nueva dirección provincial quiera poner orden y sanear las cuentas de la organización provincial y que revise el coste de los medios e infraestructuras de la misma. Sin embargo, hay algunas cosas que no cuadran si las noticias aparecidas son absolutamente exactas.

En ambos medios de comunicación se señala que la dirección provincial va a solicitar a cada junta local que aporte un euro por afiliado para sanear las arcas provinciales del Partido Popular, pues la recaudación de las cuotas de afiliación corresponde a las organizaciones locales. De ello se desprende un hecho importante: la organización provincial no recauda directamente cuotas de afiliación y hasta el día de hoy no se ha articulado ningún mecanismo oficial para costear los gastos provinciales. ¿Y cómo pues se ha venido sosteniendo hasta ahora? Pues parece que la clave la proporciona el Diario El Mundo. La organización local de Alicante, con más de 7.000 afiliados, está “desactivada”, carece de estructura y de funcionamiento interno, está diluida en la organización provincial. Esto quiere decir que la organización provincial, al margen de otros ingresos que pudiera tener (un auténtico misterio pues a los afiliados no se les proporciona información económica) se nutre fundamentalmente de las cuotas de afiliados de la Ciudad de Alicante. Es decir, que los afiliados de la Ciudad de Alicante carecen de organización propia, de sede propia y de funcionamiento interno y, simultáneamente, son los que sostienen económicamente la organización provincial. Este hecho constituye, sin ninguna duda, un agravio comparativo respecto a los afiliados de las demás localidades de la Provincia.

Es evidente que la Junta local del PP de Alicante, que por su número de afiliados debería ser la más importante e influyente de la Provincia, es una organización muerta y lo es así porque durante mucho tiempo a algunos dirigentes locales y provinciales les ha interesado que así sea. Con ello, tras el paraguas nominal de una organización local, han podido esgrimir una cuota de poder interno en sus cambalaches políticos, en sus conflictos de familias políticas y en sus repartos de cargos públicos. Como es lógico, en una organización política “desactivada” no existe ni democracia interna ni participación, sencillamente porque no hay vida política interna.

Dos cuestiones preocupantes se deducen también de las informaciones publicadas. De una parte, el Secretario General Provincial afirma que son las Juntas Locales las que recaudan las cuotas y que aunque los afiliados pagan religiosamente “hay múltiples posibilidades de exenciones del pago para jubilados, parados, etc. que cada Junta establece. Es verdad que el Artículo 5.9 de los Estatutos Provinciales establece que es un deber del militante “Abonar con la periodicidad señalada las cuotas correspondientes. Corresponderá a cada Comité Ejecutivo Local, de acuerdo con la recomendación de la cuota orientativa fijada por la Junta Directiva Nacional, determinar el importe de las mismas atendiendo a la capacidad económica de cada militante”. Pero lo cierto es que a los afiliados de la ciudad de Alicante no se les ha comunicado ni cual es la cuota orientativa ni qué exenciones están establecidas y que, teniendo en cuenta que en los próximos congresos locales sólo podrán votar los afiliados al corriente de pago de la cuota, se está instalando una peligrosa incertidumbre jurídica que puede oscurecer el desarrollo de dichos procesos electorales.

Por otra parte, la afirmación del Diario Información señalando que los censos de afiliados del Partido Popular de Alicante “están hinchados” supone, de ser cierta, una mala noticia para que se puedan abordar las elecciones internas con absolutas garantías para los diferentes aspirantes que puedan presentarse. De ser cierta esta afirmación constituiría una obligación prioritaria de la nueva dirección provincial proceder a la depuración y actualización de dichos censos de forma previa a la convocatoria de los Congresos Locales. Demorar esta revisión no sería nada positivo para la salud democrática y económica del Partido y para ello deberían empezar por nombrar una Gestora en la Ciudad de Alicante que se ocupe de poner al día el censo de los afiliados y la cuentas de la Junta Local antes de que los afiliados nos veamos obligados a reclamarlo formalmente y por las vías legales procedentes.

En definitiva, parece que se ha abierto una nueva etapa en la vida del PP provincial, pero queda aún mucho camino por recorrer para mejorar una organización política clave para el desarrollo de la Provincia de Alicante. Y si hay una organización local donde ha de iniciarse una nueva etapa de regeneración de forma urgente es precisamente en la Junta Local de Alicante. Los afiliados de la ciudad no podemos seguir permitiendo que se encuentre “desactivada” nuestra organización local. No podemos tolerar que siga siendo usada como un instrumento al servicio de otros intereses que no sean los de los afiliados y de los ciudadanos de Alicante. Necesitamos una organización local fuerte, con autonomía como las juntas de otras ciudades, con sede propia, a pie de la calle, abierta a los vecinos, enraizada en los barrios y las organizaciones y movimientos sociales. Necesitamos un Partido Local regenerado, participativo, con voz propia en la Provincia y basado exclusivamente en la voluntad política de los afiliados. Y quieran algunos o no, lo vamos a intentar.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 20 de septiembre de 2012

"Nihil novum sub sole".




Nada nuevo bajo el sol. ¡Qué gran verdad! Basta con observar el agitado panorama mundial en torno al video que caricaturiza a Mahoma para comprobar la veracidad de este dicho. De ello puede dar buena cuenta el escritor británico Salman Rhusdie, autor entre otras de la obra Los versos satánicos y condenado a muerte por ello por el Imán Jomeini mediante una fatwa, un edicto religioso. La publicación de Los versos satánicos en 1988, provocó la ira inmediata en el mundo musulmán al entender que se trataba de forma irreverente a la figura del profeta Mahoma. Rápidamente países como la India, Sudáfrica, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladés, Sudán,  Malasia, Indonesia y Catar prohibieron el libro el 5 de octubre, y Sudáfrica el 24 de noviembre. La violencia se desató en algunos países musulmanes y murieron decenas de personas. Editores o traductores fueron agredidos o asesinados en algunos países occidentales a manos de los musulmanes. Los iraníes ofrecieron una recompensa de tres millones de dólares por la cabeza del escritor británico quien durante muchos años ha tenido que vivir bajo protección policial.

En 2005 el periódico con mayor tirada de Dinamarca convocó a los dibujantes daneses a caricaturizar a Mahoma. Se recibieron en el periódico doce caricaturas algunas de las cuales vinculaban al Islam con el terrorismo y se publicaron. Los líderes musulmanes daneses y los embajadores de varios países musulmanes en Dinamarca intentaron, sin éxito, presionar al Primer Ministro danés para que interviniese. Éste se negó a ello alegando que se debía respetar la libertad de prensa y ofreciendo los musulmanes la vía judicial para que defendiesen sus posiciones. Un periódico noruego reprodujo las mismas caricaturas en solidaridad por los ataques a la libertad de expresión de sus colegas daneses. Periódicos franceses y alemanes actuaron igualmente. Y la histeria y la violencia volvieron a extenderse por la mayoría de los países musulmanes. Otra vez manifestaciones, asaltos y pillaje contra embajadas y empresas occidentales, muertos en distintos países,… El mismo y siniestro ritual que con Salman Rhusdie. Esta vez, algunos dirigentes occidentales empezaron a criticar la libertad de expresión y a tachar de imprudentes y de incitadores al odio religioso a los medios de comunicación que habían desencadenado esta espiral de violencia.

Ahora, 24 años después del inicio del calvario del escritor británico la historia se repite. El detonante en esta ocasión es un video de corta duración en que se ridiculiza, al parecer, a Mahoma. El panorama sigue exactamente igual: manifestaciones violentas de protesta en el mundo musulmán, violencia contra los intereses occidentales, asesinatos, etc. La respuesta de los musulmanes que en su inmensa mayoría no habrán podido tener acceso al video que sólo circula por Internet es la misma que en ocasiones anteriores. Y es evidente que esta respuesta obedece a la incitación  de sus líderes religiosos y políticos.

Hace pocas horas el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que no se abuse de la libertad de expresión, ya que es un derecho que no debería servir "para provocar y humillar los valores y las creencias" de otros pueblos. Quizá debería haber sido más preciso y decir en lugar de “otros pueblos”, del pueblo musulmán porque cuando se han hecho públicas obras supuestamente artísticas que ridiculizaban a Jesucristo o a los budistas de la ONU no ha salido el más mínimo comunicado. Por tanto, parece evidente que la reacción de este organismo y de muchos dirigentes occidentales que estos días están criticando con dureza a los autores de estas sátiras no obedece a un sincero convencimiento de la necesidad de defender las creencias religiosas del individuo o de los pueblos, sino al miedo y a la cobardía ante la violencia de los musulmanes.

Desde luego, sería mucho más gratificante para no poca gente escuchar de los líderes mundiales referencias a la carta de Derechos Humanos y en concreto de dos Artículos de la misma. El Artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” Y el Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Santiago de Munck Loyola

martes, 18 de septiembre de 2012

¿Apaños o amaños del PGOU de Alicante?





Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “apañar” puede significar:
1. Coger, especialmente con la mano.
2. Recoger, coger con la mano frutos, especialmente del suelo.
3. Tomar algo o apoderarse de ello capciosa e ilícitamente.
4. Acicalar, asear, ataviar.
5. Aderezar o condimentar la comida.
6. Remendar o componer lo que está roto.
7. Coloq. Poner solución o remedio a un asunto precariamente, con disimulo o por conveniencia.
8. Coloq. Abrigar, arropar.
9.  En Arg., Bol., Hond., Nic. y Perú. Encubrir, ocultar o proteger a alguien.
10. prnl. coloq. Darse maña para hacer algo.

 Según el diccionario de sinónimos “apañar” es:

1. Arreglar, componer, reparar, ajustar.
2. Amañar, falsear, preparar, engañar, robar, timar.
3. Componérselas, arreglárselas, manejarse, ingeniarse

Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española atribuye a la palabra “amañar” los siguientes significados:
1. Preparar o disponer algo con engaño o artificio.
2. Cantb. y Gal. Arreglar, componer.
3. Darse maña.
4. Adaptarse o acomodarse.
5. NO Arg., Col. y Ec. Unirse en concubinato.
6. Col. y Ven. Acostumbrarse, habituarse a la novedad de un ambiente o a una actividad.

Según también el Diccionario de sinónimos “amañar” es:

1. Apañar, arreglar, acomodar, amoldar, componer.
2. Distorsionar, falsear, falsificar, muñir, manipular

Vienen estas definiciones para tratar de ayudar al lector a entender el contenido del escrito del abogado defensor de la Alcaldesa Sonia Castedo a propósito de las investigaciones sobre el PGOU  de Alicante:

«Algunas conversaciones sin duda desafortunadas» con el empresario Enrique Ortiz. Esa expresión concentra el único ejercicio de autocrítica que destila el escrito de descargo que presentó el pasado mes de agosto la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ante el TSJ para pedir que no asumiera la investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
Esas conversaciones, sin embargo, son «deslavazadas», a juicio del abogado de la alcaldesa, y no tienen «base en hechos posteriores que acrediten que lo dicho se plasmó en alguna realidad». El letrado, Juan José Martínez Albert, se esfuerza en minimizar la trascendencia del contenido de las llamadas telefónicas entre su defendida y el dueño del Hércules, e incluso sugiere que esas palabras fueron tergiversadas por los investigadores al conferirles «un significado diametralmente opuesto a la intención misma de los comunicantes o a su sentido gramatical».

El abogado se detiene en la semántica para explicar que «apaño» no es lo mismo que «amaño», y que cuando Castedo le dijo a Ortiz que le había «apañado lo del APA 9 y también lo del Rico Pérez», se refería a que había solucionado dos problemas, la obligación de construir un vial y la reclamación de una parcela por parte del Colegio Nazaret, Ciudad de los Muchachos», respectivamente.     (http://www.lasprovincias.es/v/20120917/alicante/castedo-admite-conversaciones-desafortunadas-20120917.html)

Y que cada cual saque sus propias conclusiones.

Santiago de Munck Loyola

Se va Esperanza.



Hoy, seguramente, ha sido un gran día de alegría para la izquierda española y, en especial, para la izquierda madrileña. El motivo no puede ser otro que la inesperada dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Tal y como recuerdan ahora los comentaristas políticos, deja su cargo quien en diez ocasiones consecutivas y en convocatorias electorales de distinto tipo ha venido ganando a la izquierda de Madrid. Con cada una de sus victorias electorales, cada vez más amplias, Esperanza Aguirre acrecentó el odio exacerbado de sus oponentes políticos. Se marcha la senadora más votada, la primera Presidenta del Senado y la Primera Presidenta de la Comunidad de Madrid. Una auténtica avanzada de la presencia de la mujer en primera línea política, sin cuotas de por medio, sólo con trabajo, con entrega, con dedicación e inteligencia.

Hay quien intenta ver tras su dimisión algo más que los motivos personales que ella ha invocado para justificar su decisión. Se habla de diferencias con el Gobierno del Presidente Rajoy a propósito del caso Bolinaga o con el Ministro Montoro sobre la financiación de la Comunidad de Madrid pero no parece que estas discrepancias puedan ser suficientes para justificar una decisión personal de la envergadura que Esperanza Aguirre ha tomado. Sólo quien ha sufrido una enfermedad como la que ha padecido la Presidenta madrileña es capaz de comprender hasta qué punto su irrupción en la vida de una persona puede modificar la escala de valores por la que cada uno se rige o cambiar las prioridades vitales de un ser humano. Alguien como Esperanza Aguirre cuya trayectoria política se ha caracterizado siempre por la valentía verbal, por decir en cada momento lo que consideraba oportuno, sin mucho miramiento hacia lo políticamente correcto, no parece que se plantee abandonar el poder cuando está además en la cumbre del mismo por desencuentros concretos con sus compañeros de partido en el Gobierno. Todo lo contrario, parece que hay que conceder toda la veracidad del mundo a los motivos personales que ella ha esgrimido para justificar su decisión y uno tiene la sensación de que se trata de una decisión tomada hace mucho tiempo.

Desde el año 1991 hasta el año 2003, tuve el privilegio de poder colaborar con ella en diferentes tareas de partido. Compartimos mesa y mantel en varias ocasiones, recorrimos mercadillos, verbenas populares, visitamos obras, nos reunimos con empresarios y, en algunas ocasiones, mantuvimos diferencias sobre algunos asuntos políticos. Siempre se mostró clara e incluso vehemente a la hora de exponer sus convicciones pero se mostraba dispuesta a escuchar opiniones diferentes. Y sobre todo era y es una excelente compañera de partido, dispuesta a echar una mano cuando era necesario.

Se va de primera línea política una persona con una capacidad de liderazgo indiscutible y con unas profundas convicciones liberales, quizás demasiado liberales para un partido como el Popular que ha aglutinado diferentes corrientes ideológicas del centro y de la derecha española. Se va una Presidenta regional cuyo liderazgo ha trascendido el ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid convirtiéndose en un referente ideológico para muchos votantes del centro derecha español que demandan a los demás líderes populares la misma claridad y el mismo rumbo que Esperanza Aguirre ha sabido imprimir al PP de Madrid. Y deja su puesto, sobre todo, una gestora política que deja a la Comunidad de Madrid con las mejores cifras económicas del conjunto de las regiones españolas.

Ojala que su retirada política sea sólo temporal porque el partido Popular no anda sobrado de líderes valientes, coherentes y convencidos, en cualquier circunstancia, de los postulados ideológicos que deben regir la actuación pública de sus cargos. Y si no es temporal, sino definitiva, que le vaya muy bien en su nueva trayectoria vital con su familia, que se lo ha ganado.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 16 de septiembre de 2012

La Diada, los sindicatos y los socialistas.



Es un hecho incuestionable que las interpretaciones y las lecturas que se hacen sobre las numerosas manifestaciones que se desarrollan en nuestra Nación dan para mucho. Siempre resulta llamativa la disparidad sobre las cifras de los asistentes a una manifestación. Como es lógico cada uno barre para su casa. Los convocantes no tienen ningún empacho en inflar el número de asistentes, aunque sea a costa de dinamitar las leyes físicas más elementales. De hacer caso a sus cifras habría que admitir que en España es físicamente posible que en un metro cuadrado puedan manifestarse sin problema alguno hasta 10 personas. En el otro extremo suele situarse el Gobierno de turno que siempre trata de rebajar, si así sirve a sus intereses políticos, el número de participantes en una convocatoria. ¿Y la prensa? Pues, como es lógico, también arrima el ascua a su sardina en función de su color político y de su sintonía con el gobernante de turno.

Hace pocos días, coincidiendo con la Diada de Cataluña, se celebró una manifestación independista en Barcelona. Fue, sin lugar a dudas, una manifestación impresionante. Cientos de miles de personas, entre 600.000 según la Delegación del Gobierno y 1.500.000 según los organizadores, se dieron cita para reclamar la independencia de esta región española. Niños, jóvenes, mayores de toda condición social se dieron cita en una convocatoria estimulada y apadrinada por el Gobierno autonómico. Cientos de autocares de todas las esquinas de Cataluña se dieron cita la capital y el resultado fue una enorme manifestación. No es un hecho menor, todo lo contrario. Es un signo inequívoco que no puede ser pasado por alto por las fuerzas políticas y que, a pesar de que seguramente hoy lo prioritario deba ser buscar soluciones para los millones de ciudadanos exhaustos por la crisis, debe ser anotado en la agenda de prioridades políticas de nuestra clase política.

Dicho lo anterior, seguramente habrá que poner también el debate y el análisis de lo ocurrido en sus justos términos. En primer lugar, porque si realmente se ha manifestado por la independencia de Cataluña un millón de catalanes lo cierto es que otros seis millones se han quedado en casa. Una abrumadora mayoría de catalanes no se ha sumado a este acto independentista celebrado en un día y en un clima festivo. Tras la manifestación, transportado quizás por una euforia propagandística, el Diputado de Esquerra Republicana Alfredo Bosch se despachaba así en el Congreso de los Diputados: "Yo les pido que… reaccionen a tiempo, que no se retrasen, que lean en los labios del pueblo lo que el pueblo sabio y libre les está exigiendo por igual aquí y en Barcelona… Si el pueblo pide independencia, díganlo, no es tan difícil, no hace falta buscar el enésimo eufemismo. De hecho es muy fácil y se quedarán muy descansados. In-de-pen-den-ci-a. No es difícil, pruébenlo. Les gustará. In-de-pen-den-ci-a. Lo dijeron millones de personas, lo pueden decir ustedes, no es difícil de pronunciar". Hombre, puestos así, Sr. Diputado se le podrían deletrear a usted muchas palabras para que aprenda algo, por ejemplo, de-ma-go-go. El pueblo no ha pedido independencia, no. Una parte de él, sí, pero no todo, ni siquiera la mayoría. El pueblo catalán, en su inmensa mayoría, se quedó en su casa en la Diada. Al igual que cuando se trató de aprobar el vigente Estatuto de Cataluña. El 52% de lo catalanes no votó, se quedó en su casa o en la playa. Y un dato más, Sr. Bosch, los catalanes votan más cuando se trata de las elecciones generales que cuando se trata de las autonómicas. ¿Por qué será? Por cierto, los señores de ERC y algunos otros cuando atribuyen a un grupo más o menos numeroso de manifestantes la “voluntad del pueblo” recuerdan con nitidez a Franco que hacía exactamente lo mismo cada vez que la Secretaría General del Movimiento le llenaba la Plaza de Oriente. Ni entonces, ni ahora el pueblo manifestaba su voluntad soberana. Hoy por hoy sólo es posible expresarla en las urnas.

A propósito de la manifestación independentista hay que resaltar el doble lenguaje, una vez más, de los socialistas. A la manifestación independentista acudieron muchos dirigentes del PSC y hoy se ha podido ver a los mismos aplaudir al Sr. Rubalcaba al afirmar en la Fiesta de la Rosa que el Sr. Mas tendría enfrente a los socialistas si optaba por el camino independentista. ¿En qué quedamos? ¿A qué juegan los socialistas?

Y para interpretaciones paranoicas sobre asistentes a manifestaciones las de hoy a propósito del nuevo fracaso cosechado por los sindicatos con las manifestaciones de ayer. Con la que está cayendo, con todos los recortes que se están imponiendo como consecuencia de la herencia socialista, con el descontento social existente y con el tremendo esfuerzo y movilización que han llevado a cabo los sindicatos, el número de participantes ayer en Madrid en la convocatoria sindical sólo puede ser considerado de fracaso. Y lo cierto es que no faltan motivos para protestar y manifestarse, pero cuando quien convoca son los cómplices del desastre económico heredado, jaleados por los autores del desaguisado, lo más normal es que muchos ciudadanos decidan quedarse en casa. Unos sindicatos incapaces de subsistir sin el dinero de los contribuyentes, unos sindicatos inmóviles mientras se rebasaban los cuatro millones de parados, unos sindicatos que hasta el último momento apoyaron al anterior Gobierno no es que tengan mucha legitimidad para abanderar el descontento social y, menos aún, enarbolando lemas tan estúpidos como el de que “quieren arruinar el país” o “quieren acabar con todo”. Simplezas las justas, por favor. 

Y una vez más, el Sr. Rubalcaba, se descuelga con una interpretación, no por peregrina menos peligrosa desde una perspectiva democrática, afirmando que, visto el “éxito” de la manifestación de ayer, el Gobierno ha perdido la mayoría social. Sinceramente, cuando la AVT o la Iglesia inundaron de manifestantes la Castellana no le oímos al Sr. Rubalcaba decir que su partido había perdido la mayoría social ¿a que no? Las únicas mayorías que valen para gobernar nuestra Nación son las parlamentarias, le guste o no al Sr. Rubalcaba y a los sindicatos. Y todo lo que no pase por ahí sólo es golpìsmo.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 13 de septiembre de 2012

La libertad de Bolinaga: una sentencia inacatable.



La decisión de la Audiencia Nacional de confirmar la libertad condicional del asesino y torturador Bolinaga será todo lo legal que se quiera, todo lo ajustada a derecho que se argumente, pero no por ello deja de molestar e indignar a las personas decentes. Es evidente que algo falla en nuestro sistema judicial y político cuando nuestra legalidad consagra que una persona condenada a más de 300 años de prisión por unos crímenes terribles e injustificables, en concreto por asesinar cobardemente y con ensañamiento a tres guardias civiles (y si descerrajar 18 tiros sobre una persona no es ensañamiento que venga Dios y lo vea) y por secuestrar y torturar a otra persona durante casi dos años estando dispuesto incluso a dejarla morir de hambre, puede salir de la cárcel y gozar de la libertad condicional por estar enferma sin haberse arrepentido, sin haber pedido perdón a las víctimas y animando a otros a practicar los mismos crímenes que a él le llevaron a prisión. Cuando eso es posible en nuestro sistema es que algo muy grave está mal. Cuando nuestro sistema de garantías legales favorece en la balanza el bienestar del asesino frente al dolor de las víctimas es que nuestro sistema está equivocado. Frente a la justicia con las víctimas, frente a la reparación del daño están prevaleciendo otras consideraciones que, siendo importantes, deberían tener una posición secundaria.

La inmensa mayoría de los dirigentes políticos se están apresurando a decir lo de siempre: que las sentencias hay que respetarlas y acatarlas aunque no las compartan. Es decir, lo que los cánones de lo “políticamente correcto” mandan. Es evidente que las sentencias deben ser cumplidas, no hay otra salida en un estado de derecho, pero una cosa es cumplir las sentencias cuando ya no cabe recurso alguno y otra muy distinta acatarlas. Según el diccionario de la Real Academia, acatar significa:

1. Tributar homenaje de sumisión y respeto.
2. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.
3. Mirar con atención.
4. Considerar bien algo.

Desde esta consideración, un servidor no acata la sentencia de la Audiencia Nacional que deja en libertad a este individuo. Ni respeto, ni acato semejante sentencia. Para ella todo el desprecio y desconsideración posible. Así de sencillo y de claro.

Sorprende que, entre las declaraciones de los políticos, alguno como José Ignacio Wert, Ministro de Educación afirme que "hay que ser capaces de identificar que la fortaleza del estado de derecho está en que desconoce entre sus principios el de la venganza y también contempla el de la humanidad". Se trata de una obviedad pero no exenta de cierta “maldad” para justificar una sentencia judicial nacida de una decisión política del Gobierno. Traer a colación el concepto de venganza es un dardo envenenado dirigido, sobre todo, a las víctimas quienes han encabezado la oposición a la concesión de la libertad condicional del asesino etarra. Reclamar que no se suelte a Bolinaga no es cuestión de venganza, sino de simple y elemental justicia porque fue por Justicia por lo que fue condenado a una pena de prisión que ahora no va a cumplir. Y la justicia deja de ser digna de tal nombre cuando no puede ni siquiera satisfacer la reparación del daño moral a las víctimas y, menos aún, cuando acrecienta su dolor y desamparo.

No puede olvidarse que si la Audiencia Nacional ha terminado dictando una sentencia concediendo la libertad condicional es porque el Director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es decir, el Gobierno, decidió conceder el tercer grado a Bolinaga, requisito indispensable para que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pudiese posteriormente conceder la libertad condicional. Sin tercer grado no podía haber libertad condicional. Y el Gobierno podía o no conceder el tercer grado. Tan legal era adoptar una decisión como la contraria. No estaba el Gobierno obligado a conceder el tercer grado. Nadie habría prevaricado si no se hubiese concedido, algo evidente a pesar de la simpleza y demostración de ignorancia del Ministro de Interior afirmando lo contrario. Pero lo hizo. El Gobierno atendiendo a razones humanitarias e ignorando a las víctimas decidió conceder el tercer grado y esa decisión ha desembocado en la sentencia de la Audiencia Nacional. No es descabellado, por tanto, afirmar que el Gobierno ha adoptado una decisión claramente política que supone una ruptura con toda una trayectoria en relación al terrorismo y a las víctimas y que, como es natural, levantará muchas sospechas sobre el fondo de tal decisión. El Gobierno y no los jueces es el que ha allanado el camino para la libertad condicional de Bolinaga. Acertado o no, el tiempo lo dirá.

Hoy no queda más que intentar solidarizarse y compartir el profundo dolor de los familiares de las víctimas de Bolinaga que por desgracia nunca volverán, para los que nunca hubo ni compasión, ni trato humanitario y cuya ausencia seguramente será hoy más dolorosa que ayer.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 10 de septiembre de 2012

Ryanair en la picota.




Es muy posible que, de confirmarse las intenciones del Ministerio de Fomento, las prácticas peligrosas de Ryanair, compañía aérea irlandesa presidida por ese personaje chulesco llamado Michael O’Leary, tengan los días contados en nuestro país. 1.201 incidentes en materia de seguridad aérea y de derechos de los pasajeros en sólo seis meses acumula la compañía del inefable personaje irlandés. Todo un récord según publica hoy el Diario El Mundo. Tres aterrizajes de emergencia en una sola tarde por no llevar suficiente combustible ponen de manifiesto que esta compañía parece que asimila bajos costes a baja seguridad. Y encima este chulito aéreo que la preside amenaza con dejar de volar en España si no se le retiran las multas que las autoridades españolas le han impuesto en los últimos años. ¿Qué se cree, que tiene patente de corso aéreo? Pues nada, que no vuele en España que seguramente habrá quienes rápidamente absorban ese 18 % de mercado que Ryanair copa actualmente.

Un servidor ha volado en varias ocasiones con dicha compañía y, la verdad, la experiencia es cada vez peor que la anterior. La primera vez tuvimos que pagar casi 150 € de suplemento por el equipaje. Éramos dos personas y llevábamos un solo equipaje que rebasaba los 15 kgs permitidos por pasajero, pero que no superaba los 30 Kgs que por separado podíamos haber llevado. Nadie nos avisó en la agencia de viajes que debíamos usar dos maletas, una por pasajero, y llevamos una sola maleta. No importó que entre los dos no superásemos el tope de peso permitido y tuvimos que pagar ese escandaloso suplemento, superior al precio de los billetes. En otra ocasión, pagué dos veces por el mismo trayecto ya que contraté directamente a través de la página web de la compañía. Dado que dicha página web es tediosa y compleja como pocas me equivoqué en la hora de los vuelos. Intenté rectificar pero no hubo manera. Una vez efectuada la compra telemática no hay marcha atrás y si hay el más mínimo error no es rectificable. No te devuelven el dinero aunque intentes rectificar inmediatamente. Todo un ejemplo de eficacia recaudatoria y de mal servicio al usuario. No hay más que entrar en la página web de Ryanair para constatar que es una página complicada y tercermundista y que su objetivo no es, precisamente, ofrecer un servicio de calidad, cómodo, atractivo e informativo al usuario.

La última experiencia con Ryanair, hace tan sólo un mes, no fue tampoco precisamente agradable. Viajábamos con un bebé de dos años que, por supuesto, pagaba su propio asiento como si fuese un adulto. Primero no había quien nos informase y menos a través de la página web si se podía llevar el carrito del bebé sin pagar algún astronómico suplemento por lo que tuvimos que optar por volar sin el carrito y comprar uno en destino evitando así cualquier “atraco” sorpresa. La segunda sorpresa en la puerta de embarque, en Barajas. Después de 20 minutos de espera nos dicen que han cambiado la puerta de embarque y no a la de al lado precisamente. A correr por los pasillos más de 500 metros hasta la nueva puerta de embarque. Nadie se disculpó ni explicó el repentino cambio. Tercera sorpresa: te sientas en el avión según el sistema “marica el último” (perdón por la expresión). Y cuando arrastras cuatro bolsas de mano y llevas a un bebé en brazos lo normal es que llegues el último o casi. No entendíamos por qué todo el mundo corría como posesos para llegar a la nueva puerta de embarque. Lo comprendimos cuando vimos el sistema de asignación de asientos. La familia desperdigada por el avión. El colmo es que pretendían que dejásemos al bebé sólo, en un asiento entre desconocidos y tuvimos que “plantarnos”. No obstante, no fue la tripulación la que resolvió el problema, sino un amable pasajero que cedió su sitio para que el bebé fuese sentado junto a su madre. Y la amabilidad de la tripulación brillaba por su ausencia, lo mismo que su dominio del español en un vuelo que partía de Madrid lleno de españoles. Y el colmo del bochorno fue observar las caras de los amables tripulantes mientras intentaban vender a los pasajeros los boletos de una rifa, una escena habitual en algunas líneas de autobuses allá por los años 60 hace tiempo desterrada en nuestro país y que, por cierto, reviví hace cuatro años en un largo viaje en autobús en Perú.

Supongo que experiencias con esta compañía las habrá para todos los gustos, pero las mías no han sido precisamente satisfactorias. Dicen que, a veces, lo barato termina costando mucho y es verdad. Cuando el ahorro se sustenta en la falta de amabilidad, en rifas aéreas, en clavadas inesperadas a los clientes, en escasa limpieza de los aviones o en otras técnicas más o menos aceptables, pase. Pero cuando lo que entra en juego es la seguridad de los pasajeros hay que cortar en seco. Y hace bien el Ministerio de Fomento si se pone manos a la obra y exige a ésta y a todas las compañías aéreas un riguroso cumplimiento de las normas existentes. Un servidor, por su parte, siempre que pueda evitará volver a volar con Ryanair, por simple sentido común.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 7 de septiembre de 2012

Quo vadis, Cospedal?



El lanzamiento de algunos “globos sondas” sobre reformas, como la posible reducción de concejales para generar ahorros en las arcas públicas o la reducción del número de parlamentarios autonómicos, responde, sin ninguna duda, al deseo de una parte de la clase política de atenuar la creciente indignación que la diferencia de la repercusión de los costes de la crisis tiene entre la clase política y el resto de los ciudadanos. El último “globo sonda” lo soltó ayer la Presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien no sólo propuso reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, justo lo contrario de lo que ella promovió en su Comunidad, sino que además apostó por la supresión de los sueldos a los diputados “para que vivan de sus profesiones y no de la política”, según dijo.

Esta propuesta, relativamente novedosa, merece algunas consideraciones. En primer lugar, para valorar realmente el calado y la validez de la misma, no es posible ignorar la realidad política y personal de quien la formula.  María Dolores de Cospedal, hace poco más de un año, recibía dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, y como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibía otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Es decir, un auténtico dineral con origen en las arcas públicas. Por tanto, que cada uno saque sus conclusiones.

Por otra parte, lo que plantea Mª Dolores de Cospedal es que algunos políticos, en este caso parlamentarios, no cobren por hacer su trabajo y para ello se apela a los precedentes de la transición. Así, los parlamentarios vivirían de su profesión habitual y su dedicación parlamentaria vendría a ser algo así como una segunda actividad o una afición justificada por su carácter vocacional. Sin embargo, con esta propuesta se corre el riesgo de devaluar el carácter de una parte de la actividad política, la que desarrollan precisamente los representantes de los votantes. Tan vocacional es dedicarse a la política como puede ser el ejercicio de la medicina y, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear que los médicos trabajen gratis por el carácter vocacional de la medicina. Bien es cierto que para ser político, para ser parlamentario o alcalde, no se exige una formación o preparación específica como en el caso de otros profesionales. Resulta paradójico que en España para ser peón en un Ayuntamiento, por ejemplo, haya que tener graduado escolar y aprobar una oposición y que para ser Alcalde o Diputado no se exija nada, ninguna titulación, salvo ser elegido. El problema es que el poder de las urnas no confiere unos conocimientos mínimos y así nos va.

Por último, todo parece indicar que buena parte de la clase política está equivocada respecto a las causas que generan la indignación ciudadana y su alejamiento de los políticos. Lo que causa indignación es que la inmensa mayoría de los recortes que la crisis generada por parte de la clase política está suponiendo duros sacrificios a los ciudadanos mientras que los políticos siguen instalados en una situación privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no pedimos que los políticos no cobren por su trabajo, pero queremos que sólo cobren de él y no de diversas fuentes públicas simultáneas. No queremos que cobren sueldos, pensiones o indemnizaciones a la vez. Los ciudadanos, en su mayoría, no pedimos que los políticos trabajen de forma altruista pero sí exigimos que no gocen de privilegios inadmisibles: queremos que paguen el IRPF como todos, que coticen lo mismo que los demás para cobrar una pensión de jubilación, que sus retribuciones sean absolutamente transparentes y que no se encubran con pagos en especie, que sus salarios estén perfectamente regulados y tasados de forma uniforme en todo el territorio nacional y en todas las administraciones públicas. Queremos, en definitiva, que los políticos que nos gobiernan y representan tengan una conducta austera y ejemplar lo que implica que renuncien a todos sus privilegios y que sean los primeros en aplicarse los sacrificios y recortes que sufrimos los ciudadanos. En medio de esta crisis generada y mal gestionada por la clase política que un diputado o la Presidenta del Parlamento Catalán se descuelguen con afirmaciones como las que han hecho recientemente denunciando que tienen dificultades para llegar a fin de mes con sus sueldos, dietas y privilegios constituye una auténtica burla a los ciudadanos. No es de extrañar que digan tales estupideces quienes para llegar a tan altos puestos no han tenido que acreditar formación alguna. Se les nota.

Santiago de Munck Loyola