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miércoles, 4 de marzo de 2015

Constituida la Coalición electoral “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante”.


Hoy, 3 de marzo, se ha constituido con la firma pública del correspondiente Acuerdo la Coalición “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante” entre tres partidos alicantinos: Esperanza Ciudadana, Demòcrates per Alacant e Iniciativa Independiente de Alicante. Según sus promotores, esta Coalición se constituye con la finalidad de aunar voluntades para desarrollar una política municipal que devuelva al Ayuntamiento de Alicante el prestigio que le ha sido arrebatado y para situar a la institución municipal al servicio de los ciudadanos y no de los grupos de intereses que desde hace años la vienen instrumentalizando para sus fines particulares.

Los miembros de la Coalición presentarán una candidatura conjunta al Ayuntamiento de Alicante con un programa basado en la regeneración política y en la defensa a ultranza de los intereses de la Ciudad de Alicante y cuyos principales ejes de actuación serán:

  1. El impulso del desarrollo social, económico y político de la Ciudad de Alicante a través de una política basada en la regeneración democrática, la honradez, la participación ciudadana, la ejemplaridad y la austeridad.

  1. La reivindicación de un tratamiento presupuestario del Estado y la Generalidad para la Ciudad de Alicante basado en principios de equidad y solidaridad que permita dotar a la ciudad de las infraestructuras culturales, deportivas, administrativas, sanitarias y sociales así como de las conexiones terrestres y marítimas necesarias para impulsar el desarrollo económico y social de los alicantinos.

  1. La realización de una profunda auditoría para medir la eficiencia de todos los servicios públicos y aprobar consecuentemente un Plan de reforma de la Administración municipal para acabar con las duplicidades, incrementar la eficacia de la misma y la accesibilidad ciudadana al Ayuntamiento, exigiendo de forma paralela un nuevo modelo de competencias y de financiación local.

El acuerdo, presentado a los medios por el Secretario General de Esperanza Ciudadana, Carlos Pascual Ruiz, ha sido suscrito por los representantes de los tres partidos, Santiago de Munck por Esperanza Ciudadana, Francisco García por Demòcrates per Alacant y Pablo García por Iniciativa Independiente de Alicante.

http://santiagodemunck.blogspot.com.es



viernes, 11 de octubre de 2013

Lo que Fabra quiere y lo que en Alicante hacen algunos.


“Quiero un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, manifestó ayer en Biar el Presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, en un almuerzo de trabajo con más de 150 alcaldes, portavoces y militantes del PP de la comarca del Alto Vinalopó. Y un servidor también quiere lo mismo al igual que la inmensa mayoría de los militantes populares. Pero por quererlo y decirlo en público, ya que dentro del PP no hay foro alguno para ello, me quieren poner en la calle. No cabe ninguna duda de las intenciones y de los deseos del Presidente Fabra, son auténticos. Pero algo chirría en la maquinaria popular, algo no funciona e impide que la voluntad política, la dirección política de su líder se corresponda con los hechos, con la realidad de un partido que al menos en la Provincia de Alicante ni siquiera puede mirar a los ojos de sus propios militantes.

Mientras el Presidente Fabra lleva tiempo marcando una línea muy concreta da la sensación de que la dirección popular alicantina va por otro camino. Mal se compadecen las declaraciones del Presidente Fabra con el estilo chulesco y prepotente y las actuaciones de parte de la dirección provincial de Alicante. Hay varias hipótesis para intentar explicar esta incoherencia: o el Presidente Fabra está muy mal informado sobre la trayectoria popular en nuestra Provincia o su liderazgo es tan débil que no puede imponer sus objetivos políticos o que pasa olímpicamente de lo que aquí ocurre.

Resulta incompatible la voluntad del Presidente Fabra con el hecho de que el Secretario Provincial José Juan Zaplana, que por cierto estaba sentado a su lado en la mesa en Biar, participase en la mesa presidencial de las cenas de homenaje a cargos públicos imputados por la Justicia o que impulse la expulsión de los afiliados que pedimos democracia interna, que ni está ni se la espera, en el PP de la ciudad de Alicante, que reclamamos una regeneración democrática y que exigimos ejemplaridad a nuestros políticos. Resulta incoherente que el Presidente Fabra diga que quiere un PPCV digno, honesto y honrado mientras que el instructor de las expulsiones el inefable, D. Felipe del Baño, nos dice por escrito a través del Comité de Derechos y garantías del PPCV que no podemos pedir públicamente democracia interna, honradez o regeneración porque hacerlo es tanto como acusar al PP de todo lo contrario. Suena raro el deseo expresado por el Presidente Regional cuando se constata que durante muchos años el Partido Popular de Alicante, vulnerando los propios Estatutos del PP, ha consentido la existencia de asociaciones fantasmas en muchos municipios que gestionaban de forma paralela los fondos del PP con el fin de eludir el control del Tribunal de Cuentas y que ese hecho no se haya saldado con la apertura de ni un solo expediente disciplinario. Es contradictorio ese deseo con el hecho de que alguno de los máximos responsables provinciales siga en su puesto después de ir explicando a algunos afiliados cómo se monta una contabilidad paralela o con el hecho de que las direcciones local y provincial de Alicante se nieguen a informar a los afiliados de las cuentas del partido, vulnerando con ello la propia Ley de Partidos Políticos.

No se puede mirar a los ojos de los ciudadanos o de los militantes cuando en 2011 la dirección Provincial de Alicante, según los medios de comunicación, se gastó más de 35.000 euros en comidas y no se dan explicaciones, ni nadie asume responsabilidades. No se puede mirar ni tan siquiera a los ojos de los militantes o de los afiliados cuando los órganos directivos provinciales se saltan los Estatutos del Partido, cuando los órganos regionales encargados de hacerlos cumplir no se molestan ni tan siquiera en dar acuse de recibo de las denuncias interpuestas por los afiliados o cuando siguen tratando a los afiliados de la ciudad de Alicante como simples vasallos, obligados a pagar su cuota, a trabajar por el partido cuando así se les requiera mientras se les niega el derecho a decidir si quieren o no tener una Junta Local propia. No es posible sostener un discurso como éste mientras se consiente, se ampara o se ignora unos modos de proceder impropios de una organización política moderna, dialogante, participativa y democrática.

Hay muchas formas de hacer política pero, como ocurre en la vida diaria, las que se sustentan sólo en palabras y no en los hechos tienen un corto recorrido. Se acercan unas importantes elecciones y toca, como no, acordarse de los votantes y de los militantes. Ahora algunos se acuerdan de que los afiliados están para algo más que para pagar las cuotas. Hay que movilizar al partido dicen, o sea a los militantes de base, a los mismos que en la ciudad de Alicante, por ejemplo, llevan años y años ignorando. Cuando hay que decidir cosas importantes no, ya toman ellos las decisiones aunque carezcan de mandato congresual para ello, como cuando se “cepillaron” al PP de la ciudad de Alicante (no olvidemos que a la Provincial le viene de perlas el dinero de las cuotas de la ciudad para costear la sede de los provinciales). Por cierto, ¿pedirán ahora a los afiliados a los que no dejaron votar en las elecciones internas por no poder pagar la cuota que ejerzan de apoderados e interventores en las europeas?

Somos muchos los que deseamos un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y a los propios militantes populares. Somos muchos los que compartimos ese deseo pero también nos damos cuenta de que hay quienes, quizá compartiendo el mismo deseo, lo arrincona y no están dispuestos a asumir la más mínima crítica interna e impiden con ello el imprescindible movimiento regenerador que necesita el PPCV. Son los advenedizos, los mercenarios de partido, los vividores de la política los menos interesados en que la renovación y el aire fresco inunden la organización. Son pocos, sí, pero tan estratégicamente situados que terminarán por frustrar cualquier esperanza que pueda impulsar el Presidente Fabra. Y en Alicante lo están consiguiendo.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 29 de septiembre de 2013

D. Felipe del Baño, de cazador a cazado.


¡Vaya, vaya, vaya! Parece que empiezan a encajar las piezas. Parece que se empieza a comprender las razones que se escondían tras el furibundo alegato del Diputado Felipe del Baño, instructor del expediente de expulsión del PP de un servidor y de Antonio Sobrino, en su inefable escrito contra los que pedíamos regeneración democrática, democracia interna y más honradez en el Partido Popular de la ciudad de Alicante. El inquisidor – instructor, se puso manos a la obra presto a ejecutar las instrucciones del Secretario Provincial de Alicante, José Juan Zaplana, para echar del partido a los defensores de la regeneración democrática y lo hizo con un escrito plagado de perlas. En él, D. Felipe del Baño, llegaba a decir que resultaba inadmisible reivindicar la regeneración dentro del partido porque eso era dar a entender que todo el partido era corrupto. Pocas semanas después, D. Felipe, se despellejaba las manos aplaudiendo a la Vicepresidenta del Gobierno que acababa de insistir en la necesidad de promover la regeneración democrática en los partidos políticos, incluido el Partido Popular. En dicho escrito, D. Felipe llegaba incluso a afirmar, en el colmo del cinismo o de la ignorancia, que las críticas que realizábamos serían admisibles si las hiciésemos en los cauces internos de participación del partido, obviando un dato importante en su poder: que hace más de diez años que los afiliados de la ciudad de Alicante no han sido convocado a ninguna reunión, ni a ningún acto de participación y debate en el partido por la sencilla razón de que no existen dichos cauces. Y otra perla interpretativa de D. Felipe era que es intolerable y motivo de expulsión afirmar que en el PP de la ciudad de Alicante no hay democracia interna. Para él y para los demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV ocho años sin elecciones internas en la ciudad de Alicante vulnerando los Estatutos del PP que las establecen cada tres años es un ejemplo de democracia interna y el que diga lo contrario a la calle.

Pues bien, ahora resulta que el brazo ejecutor de D. J.J. Zaplana, D. Felipe del Baño, ha sido pillado con las manos en la masa. Según publica el 28 de septiembre de 2013 el Diario Levante (http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/09/28/edil-pp-san-antonio-dice/1036666.html), D. Felipe del Baño, tras la denuncia de una Asociación, ha reconocido en el Pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, Valencia, donde el Diputado popular simultanéa un puesto de concejal con su escaño en las Cortes Valencianas, que en 2010 realizó una contratación a una empresa, Vivers Centre Verd SAU, por importe de 52.000.- € a dedo y sin expediente de contratación alguno. Y, a continuación, el Sr. Del Baño, vulnerando los Estatutos del Partido Popular, votó en contra de la moción del Grupo Popular que proponía la creación de una Comisión de Investigación para aclarar este sucio asunto. Es posible que D. Felipe del Baño, pese a que al parecer es abogado, ignorase la existencia de procedimientos legales para realizar las contrataciones en las administraciones públicas o que conociendo dichos procedimientos decidiese pasárselos por el arco del triunfo, pero todo el mundo sabe que eso está muy feo, que lo del “dedito” es una práctica sospechosa y muy censurable y que, aún habiéndolo hecho, no se pueden dejar pasar tres años sin regularizar la situación formalizando el correspondiente expediente para que la empresa contratada pudiese cobrar el trabajo digitalmente encargado. Y lo de votar contra la moción del Grupo Popular no sólo está feo, sino que además constituye un mal ejemplo cuando quien lo hace es miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y, por tanto, ostenta la responsabilidad de hacer cumplir los Estatutos del Partido. Es de suponer que alguien que forma parte de ese Comité conoce especialmente los Estatutos y que recordará el Artículo 13 que dice: Infracciones muy graves.
1.- Cometen infracción muy grave quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos:
e) La desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del Partido, así como de los Grupos Institucionales del mismo.

No hace falta ser un lince para saber que el Grupo Popular del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber es un Grupo Institucional y que votar en contra de una moción de este Grupo, siendo miembro del mismo, es incurrir en infracción muy grave.

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Dimitirá D. Felipe como miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV por haber vulnerado los Estatutos del PP? ¿Le instruirán el pertinente expediente disciplinario por la misma razón? ¿Dimitirá como concejal y diputado tras reconocer públicamente que ha vulnerado la Ley sobre contrataciones de las administraciones públicas? Después de leer lo que escribió sobre la regeneración democrática y verle después aplaudir a la Vicepresidente del Gobierno, es casi seguro que no. Sería como pedir peras al olmo. Como puede observarse una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. ¿Y todavía hay alguien que dude de la necesidad de impulsar medidas regeneradoras en los partidos políticos?

Santiago de Munck Loyola



martes, 2 de abril de 2013

La ejemplaridad pública.



Una de las características de nuestra sociedad es la gran velocidad con que se producen cambios en las corrientes de opinión. La rápida transmisión de noticias y la libre circulación de opiniones son facilitadas por los medios de comunicación y, en especial, por las redes sociales. Ello debería obligar a los partidos políticos a permanecer muy atentos y perfectamente conectados a los movimientos de opinión en la sociedad, a ser mucho más permeables a los problemas, a las necesidades y a las posibles soluciones que los ciudadanos demandan. En este sentido, parece que el Partido Popular quiere, o al menos así lo manifiesta, debatir con los ciudadanos cuestiones que diariamente están en la agenda de la actualidad social. El pasado 23 de marzo se celebró en Ciudad Real un primer debate sobre la situación del desempleo juvenil y sobre las propuestas de futuro que plantea el Gobierno, con la participación de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El próximo debate o foro, dedicado a la “ejemplaridad pública” se celebrará en Madrid y es probable que cuente con la presencia del Ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria. Siendo loable esta iniciativa y siempre que su formato sea auténticamente participativo y no se trate de un acto más de propaganda, parece francamente insuficiente. Un partido político con más de 700.000 afiliados en toda España, como el Partido Popular, cuenta ya con una estructura social muy amplia, con una red de personas extendida prácticamente por toda España que, además, penetra en todas las capas sociales. Su propia estructura territorial y social permitiría sintonizar mucho mejor con las corrientes sociales si sus afiliados fuesen tenidos en cuenta y fuesen llamados a participar en estos mismos debates desarrollándolos en cada sede local. Los afiliados populares no son personas aisladas de la sociedad y de los problemas que la aquejan, todo lo contrario. Son ciudadanos comprometidos políticamente que padecen exactamente lo mismo que la gente de su entorno y, por tanto, podrían, si hubiese voluntad política para ello, servir como una excelente correa de transmisión entre la sociedad y el partido.

Dicho lo anterior, la elección del tema de debate, la ejemplaridad pública, es muy acertada y da para mucho en estos tiempos tan difíciles y convulsos. Es precisamente la ausencia de ejemplaridad pública la que condiciona, como se ha visto recientemente en la última encuesta del CIS, la valoración negativa que los ciudadanos tienen sobre la clase política, sobre los partidos políticos y la corrupción. Hoy desde la Casa Real hasta el poder judicial, pasando por los partidos políticos, la patronal o los sindicatos, casi todas las instituciones u organizaciones públicas o sociales están tocadas. Es justo en los tiempos de crisis, en los momentos en que los problemas más agobian al ciudadano cuando éste vuelve sus ojos hacia quienes deberían aportar soluciones a su situación, en muchos casos dramática, y lo que ve no es que le guste precisamente. En muchos casos, quienes deberían liderar la sociedad, quienes tendrían que predicar con el ejemplo, quienes deberían aportar soluciones a los problemas de la sociedad no lo hacen o están inmersos en escándalos o en actitudes poco edificantes.

Y la falta de ejemplaridad no se manifiesta únicamente en la existencia de numerosos casos de corrupción que a diario llenan las portadas de los periódicos, sino también en un conjunto de actitudes y comportamientos en el uso de los mecanismos que la Ley otorga y que evidencia la existencia de dos mundos paralelos, dos realidades muy distintas: la oficial y la de la calle. No resulta ejemplar que en una época de crisis, de recortes y sacrificios que se imponen y se exigen a los ciudadanos, no exista un correlato en el mundo oficial o no, como mínimo, en la misma proporción. No es ejemplar que mientras suben los impuestos a los ciudadanos, los parlamentarios gocen de privilegios fiscales, como tampoco lo es que mientras se agravan las condiciones para la percepción de una pensión los parlamentarios sigan gozando de unos privilegios para ello fuera de toda lógica. No es ejemplar precisamente nombrar y mantener como Secretario de Estado de la Seguridad Social a alguien que durante años ha mentido sobre su curriculum atribuyéndose falsamente la condición de médico o nombrar y mantener a una Secretaria de Estado de Investigación a alguien que ha luchado por impedir en las elecciones la victoria de quien un mes después la nombra. En una sociedad donde millones de ciudadanos desempleados han agotado ya cualquier ayuda pública y no hay dinero para más, no sólo no es ejemplar sino profundamente inmoral que se sigan manteniendo retribuciones públicas en administraciones, empresas públicas o bancos nacionalizados de 100.000, 500.000 ó 900.000 euros anuales. No es ejemplar ni edificante que se nombren asesores con fabulosos sueldos a gente sin experiencia ni formación o que se las promocione a escaños en los parlamentos autonómicos o en el nacional por el simple hecho de ser parientes de alguien. Tampoco lo es que las candidaturas se hagan a dedo, sin contar con los militantes de los partidos, y se usen para colocar a gente que nunca a puesto un pie, ni lo va a poner, en la Provincia por la que resultan elegidos. No es algo que mueva a la alabanza el hecho de que los contribuyentes tengamos que pagar los gastos en viaje oficiales de una amiga del Rey o que le tengamos que acondicionar una mansión cerca de la Zarzuela. Como tampoco sirve de buen ejemplo que el máximo representante del poder judicial manifieste que tener que volar en clase turista supone un descrédito para la institución que preside mientras miles de españoles pasan hambre. No resulta ejemplar mantener a toda costa un modelo de estado insostenible mientras se recorta en prestaciones sociales esenciales. No constituye un buen ejemplo mantener en las administraciones públicas muchos más asesores y cargos de confianza que cargos electos o mantener en sus puestos a diputados que se duermen en las sesiones parlamentarias, que se dedican a estudiar francés en las mismas, a hacerse la manicura o jugar con sus iPad mientras que se habla de los problemas de los ciudadanos.

Hay, como se puede ver, un amplio surtido de actitudes y comportamientos que, sin tocar la esfera penal, no son precisamente ejemplares y cuyo mantenimiento entorpece cada vez más la relación de confianza que debería existir entre los ciudadanos y sus representantes, entre gobernantes y gobernados. Las situaciones de crisis convierten la crítica ciudadana en mayores niveles de exigencia hacia los gobernantes y ello debería servir para que la clase política, lejos de esconderse en justificaciones, reflexionase y abandonase muchas prácticas que la alejan del aprecio y consideración de los ciudadanos. Parece que con un solo día de debate sobre la ejemplaridad pública no van a tener bastante.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 29 de marzo de 2013

Las cuentas del PP de la ciudad de Alicante.



Durante las últimas semanas se han venido sucediendo noticias relacionadas con la financiación o la contabilidad del Partido Popular, de sus sedes locales o de las últimas campañas electorales. De una parte, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado varias diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. El magistrado ha solicitado a nueve empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información detallada sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007. Hay también, al parecer, dificultades para conocer los gastos electorales populares en las municipales de la ciudad de Alicante. De otra, parece que está bastante extendida en sedes del PP de Alicante la costumbre de llevar un sistema de "contabilidades paralelas" a nombre de particulares o de asociaciones y no la contabilidad oficial del Partido. Una anómala práctica a la que, tras hacerse público por los medios de comunicación, ha decidido poner fin la Dirección Provincial Alicantina quien lo venía consintiendo desde hace tiempo, incumpliendo los Estatutos Nacionales del Partido Popular (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/03/29/pp-regulara-finanzas-juntas-locales-atajar-descontrol-dinero/1358435.html).

Esta forma de proceder, conocida y consentida al parecer por la Dirección Provincial, resulta más que sorprendente para cualquiera que haya tenido responsabilidades en el Partido Popular en otras zonas de España. La ausencia de una contabilidad oficial del Partido en una localidad, la inexistencia de cuentas bancarias a nombre del propio partido, el manejo de fondos a través de asociaciones paralelas y la opacidad contable para los propios militantes no sólo vulnera los Estatutos del propio partido, sino que además constituye una práctica absolutamente fraudulenta que debería saldarse con la exigencia y depuración de responsabilidades, tanto de los autores como de los consentidores o encubridores. Un servidor que durante catorce años presidió una junta local en un municipio madrileño nunca conoció semejantes prácticas. El partido local contaba con una cuenta bancaria abierta con la presentación previa del apoderamineto de la gerencia regional (el equivalente a la provincial en Alicante). Los militantes eran informados anualmente de los ingresos y gastos de la sede local y aprobaban en asamblea el presupuesto anual. Periódicamente, el tesorero local se reunía con el gerente regional que fiscalizaba los libros y las cuentas de la Junta local. Un funcionamiento que nada tiene que ver con la práctica vivida en la Junta Local de Alicante durante los últimos diez años. 

Aquí no se da cuenta a los militantes de los gastos e ingresos de la Junta local, eso sí, desde la provincial se pide un euro por afiliado sin explicar nada a los interesados. ¿Será ésta una de las razones para acabar con la Junta Local de Alicante y sustituirla por Distritos? ¿No será multiplicar por diez el descontrol económico existente? Resulta lógico que estando tan ocupados en la provincial en perseguir a los militantes que pedimos transparencia, honradez y participación en el Partido no hayan tenido tiempo ni para cumplir ni para hacer cumplir los propios Estatutos del Partido, ni para poner en limpio las cuentas de las juntas locales de Alicante.

No necesitan inventarse nada, ni improvisar supuestas medidas de control para contentar a la prensa. Todo ya está inventado y previsto. El Artículo 54.2 de dichos estatutos señala que los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones oficiales que las Administraciones Públicas aporten al Partido y a todos los Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.
Y el Artículo 55 de los mismos Estatutos señala por su parte que 1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territoriales tendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e intervención del responsable correspondiente de finanzas.
2.- El Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.
3.- Anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa.

¿Se han cumplido estas disposiciones en todas las Juntas locales de la Provincia? ¿Y en la Junta Local de Alicante? Si es así, nada que objetar. Y si no se han cumplido los Estatutos ¿se abrirán expedientes disciplinarios a los responsables o éstos sólo se reservan a los llamados críticos? Dado que en diez años de pagar puntualmente la cuota de afiliado un servidor nunca ha sido informado, a pesar del derecho que le asiste a ello según los propios Estatutos del partido Popular, sobre el estado de gastos e ingresos de su Junta Local, la de Alicante, ni de los presupuestos de la misma aprobados conforme a la norma antes citada, es por lo que el pasado 15 de marzo solicitó por escrito al Presidente local, D. Julio de España, la información económica pertinente. Y, a pesar de haber pasado quince días desde entonces, mutismo total, silencio absoluto, nada de nada. Luego dicen que les molesta tener que enterarse de estas cosas por la prensa. ¿Y cómo creen que nos sentimos los militantes cuando nos enteramos por la prensa de sus decisiones? ¿Cómo creen que nos sentimos cuando comprobamos, día a día, que se pasan por el arco del triunfo los Estatutos del Partido y que nos niegan a los afiliados los derechos de información y de participación? Pues nada, ahora le reitero en público, a ver si lo lee, la misma petición: copia de los presupuestos anuales, balances y acceso a la documentación económica de mi Junta local porque quiero saber cómo se ha gestionado mi dinero y porque me preocupan tantas noticias negativas sobre las cuentas de mi partido. ¿Hay algo de malo en ello?

Santiago de Munck Loyola