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miércoles, 30 de agosto de 2017

Atentados de Barcelona ¿Unidad frente al terrorismo?

Tras la enorme convulsión social generada por los atentados islamistas de Barcelona del 17 de agosto y sus consecuencias, polémicas incluidas, cualquier persona normal pensaría que el primer acto del Congreso de los Diputados, tras las vacaciones estivales, sería un debate, tal y como lo está haciendo la sociedad, sobre dichos atentados, sobre la actividad terrorista y su prevención. Pero no, no va a ser así, Podemos y Socialistas, han decidido que hoy el Congreso se dedique a hablar sobre la Gürtel a ver si pueden sacar algún rédito político del desgaste que supuestamente esperan generar al Presidente del Gobierno. Es evidente que la agenda de la clase política no coincide con la de los ciudadanos. Ellos a lo suyo.

Mientras tanto, las informaciones, las polémicas y los debates sobre los atentados terroristas continúan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y hay para todos los gustos, salvo para quienes hubiesen preferido, a parte de una condena unánime del terrorismo islamista y de una demostración de solidaridad generalizada con las víctimas, un poco más de reflexión y sosiego. Acontecimientos tan dolorosos como éstos tienen la virtualidad de sacar fuera lo mejor y lo peor de cada uno. Los ánimos de encrespan y las reacciones viscerales y emocionales sustituyen con rapidez a necesidad de sostener una visión analítica y reflexiva. Si a ellos añadimos la actuación y las declaraciones de determinados políticos ávidos de aprovechar la sangre de inocentes, como en el 11M, para buscar beneficios electorales o reivindicar sus causas sectarias tenemos un cóctel perfecto para ofrecer la imagen de una sociedad dividida y desarmada frente al terrorismo. Mientras nos peleamos, discutimos, denunciamos públicamente nuestros errores policiales o políticos, ellos, los terroristas toman buena nota de nuestra debilidad y se fortalecen para el siguiente golpe.

Algunos se han dedicado a proclamar consignas señalando a culpables, sin fundamento alguno que las sustente, y miles de ciudadanos se han dedicado a propagarlas y a usarlas como armas dialécticas en las redes socian muy sorprendentes los intentos de desviar la atenci
ales, generando aún más fractura social. Resultón sobre la culpabilidad de los atentados incluso rebuscando en el pasado.

Y los culpables son los que en un momento determinado de sus vidas deciden acabar violentamente con la vida de personas inocentes. Poco importan, a la hora de determinar la culpabilidad, las causas o la finalidad de su decisión. En este caso los culpables, los autores de la matanza, son inmigrantes musulmanes acogidos e integrados en la sociedad española. Y punto. Éso es lo relevante.
Los motivos o las causas pueden ayudar a explicar lo sucedido e incluso a intentar prevenir nuevos atentados. Pero no pueden servir para diluir la culpabilidad teorizando sobre otros niveles de culpabilidad indirecta.

Se trata de un fenómeno de terrorismo religioso y concretamente de terrorismo islamista que responde a una interpretación estricta, para algunos incorrecta, del Islam. Algunos dispuestos a sacar tajada de los cadáveres han puesto la lupa sobre, nada menos, que el Rey y el Gobierno por vender armas a Estados Islámicos. Seamos serios, por favor. El Rey no vende nada, el Rey no gobierna, sus actos están impulsados y refrendados por el Gobierno que, lo que hace, es allanar el camino a las empresas que comercian con otros países. Y si queremos rizar el rizo, hagámoslo. Si admitimos esta tesis, habrá que subrayar que si los países islámicos compran armas que acaban en manos de terroristas es porque tienen dinero, y si tienen dinero es por que les compramos petróleo, y si les compramos petróleo es porque usted y yo consumimos energía bien con el coche, con el transporte público o encendiendo la luz de casa. O sea que podemos llegar al absurdo de que usted y yo y los jetas que sujetaban esos carteles somos financiadores del terrorismo internacional. Lo que hay que oír y leer.

Otros buscan culpables en la foto de las Azores y sacan a pasear a Aznar y al imperialismo yanqui, el ruso en Afganistán no ¡por Dios! Pero cuando se habla de terrorismo islamista no hay que detenerse en Al Quaeda o en ISIS hay que ir más atrás en el tiempo para saber que no es una novedad generada a raíz de la foto de las Azores. Sin irnos demasiado tiempo atrás, los islamistas degollaron a decenas de miles de civiles en Argelia en los años 80 y 90 del siglo pasado por pecar votando. Sí, por pecar votando. El vicepresidente del FIS Ali Belhadj, en febrero de 1989 dijo en un discurso que “No hay democracia porque la única fuente de poder es Alá a través del Coran, y no el pueblo. Si el pueblo vota contra la ley de Dios, no es nada más que blasfemia. En este caso es necesario matar a los no-creyentes por la buena razón de que desean sustituir la autoridad de Dios por la suya propia”. ¿Las Azores? ¿Felipe VI? ¿El Gobierno Español?

O podemos recordar a los 18 asesinados y 82 heridos por una potente bomba el 12 de abril de 1985 en el restaurante "El Descanso", cerca de Madrid. Fue reivindicado por un grupo de la Yihad islámica. El principal sospechoso como autor de este atentado, Mustafá Setmarian, pudo incluso haber tenido conexiones con los terroristas islamistas del 11M. ¿Las Azores? ¿Felipe VI? ¿El Gobierno Español?


Hay por otro lado quienes buscan culpables en el conjunto de la sociedad, ésta vez no por comprar petróleo a los países árabes, sino por mantener una estructura de clases capitalista que termina por empujar a los marginados musulmanes hacia la radicalización. Y a pesar de que el marxismo ha demostrado sobradamente su incapacidad para explicar la historia y de ofrecer soluciones se empecinan en ello. Sin embargo, no son capaces de ofrecer una sola explicación plausible para saber por qué de los millones de marginados existentes tan sólo una pequeña parte, y además musulmana, se convierte en terrorista. ¿Las Azores? ¿Felipe VI? ¿El Gobierno Español?

Es muy significativo que al amparo de esas interesadas interpretaciones en la manifestación celebrada en Barcelona el pasado 26 de agosto no hubiese pancartas de condena al terrorismo islamista y, por el contrario, floreciesen carteles de condena al Rey, al Gobierno o a la islamofobia. 


La solidaridad con las víctimas pasó desapercibida y la utilización de la manifestación para exhibir símbolos independentistas estuvo perfectamente orquestada por los mismos que no condenan el terrorismo de forma expresa. Claro, que no es posible olvidar que quienes hoy encabezan el golpe de estado a cámara lenta son los mismos que en 2004 pactaron con la banda asesina ETA que no matase en Cataluña.

De todo ello estarán tomando buena nota los terroristas. Nuestra debilidad como Nación es el reflejo de nuestra debilidad como sociedad, fruto de una progresiva pérdida de valores y principios religiosos y éticos, y que nos sitúa como blanco fácil para estos sujetos. ¿Unidad frente al terrorismo? Lamentablemente, con algunos, es imposible.

Santiago de Munck Loyola.
https://santiagodemunck.blogspot.com.es

jueves, 4 de mayo de 2017

Antena 3 ofende a la memoria de las víctimas.


No me voy a andar con paños calientes. Durante décadas una mafia como ETA ha regado de sangre de hombres, mujeres y niños las calles de España para doblegar al Estado y conseguir la independencia del País Vasco e implantar allí una dictadura marxista leninista. No nos confundamos, los etarras ni eran, ni son unos fascistas, son unos asesinos, unos delincuentes de la más baja estofa, unos terroristas de ultraizquierda marxista leninista y punto. Y lo más delirante de estas últimas décadas es que no han estado solos. No me refiero ya a la famosa frase del páter Arzallus “ETA mueve el árbol y nosotros recogemos los frutos”, sino a decenas de miles de personas, hombres y mujeres aparentemente normales, que votaban y votan a la rama política etarra, se llame Batasuna, Sortu o Bildu, sin que la foto de un niño con el cráneo destrozado o la de una mujer embarazada de siete meses asesinada, les conmoviera lo más mínimo y les mueva a cuestionarse lo más mínimo la moral de esos crímenes.

Había urnas pero preferían y prefieren las bombas, la extorsión, los secuestros y la bala en la nuca. Me resulta imposible comprender que una persona normal y corriente no se conmueva lo más mínimo ante las matanzas de inocentes y que encuentre toda clase de justificaciones para explicar que, a pesar de tanto dolor, se puede votar y defender a los representantes de los asesinos.

Más fácil de comprender es que una parte de los partidos políticos de la izquierda hayan mostrado en muchas ocasiones una gran complacencia y tolerancia con los representantes políticos de los asesinos. Incluso el PSOE en más de una institución ha sido capaz de llegar a acuerdos con esa chusma por una alcaldía o una diputación. Y para qué vamos a hablar de Izquierda Unida o de Podemos siempre prestos a ir de la mano con los bildutarras para una investidura o una moción de censura.

Hoy afortunadamente la ETA está vencida policialmente pero no políticamente y no lo está gracias a siete cobardes “magistrados” del Tribunal Constitucional que legalizaron a Bildu, la casa común de terroristas, filoterroristas y toda clase de cómplices con la violencia y el horror.

Si algo puede cimentar sólidamente la paz y la convivencia en una sociedad es la necesidad de que se haga justicia con los asesinos y con las víctimas. Y aún no se ha llegado a ello. Prueba de ello son los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Prueba de ello también es el empeño de los amigos de los terroristas en borrar el rastro y la memoria de las víctimas arrancando las placas que las recuerdan en las calles. Y prueba de ello, por último, es toda la piara de políticos, artistas y seudointelectuales que esporádicamente reclaman el acercamiento de los asesinos al País Vasco pero nunca han dicho ni dirán una sola palabra en favor de las víctimas.

Pero vivimos en un país donde las libertades sobreviven a pesar de la violencia indiscriminada ejercida por la ETA para acabar con ellas. Y estas libertades permiten que quienes defienden o se identifican con los asesinos puedan expresar su simpatía con ellos. La línea roja que debe delimitar el espacio y la relación con los filoetarras queda para la gente decente.

Ellos tienen libertad para expresar pacíficamente sus simpatías y pueden pedir lo que quieran o reclamar el acercamiento de los presos a su tierra y los demás tenemos la misma libertad para trazar esa línea roja y no querer saber nada de ellos. Y con la misma libertad que disfrutamos todos, pese a ETA, los ciudadanos podemos promover cualquier boicot contra cualquier partido, empresa o persona que colabore con los amigos de ETA. Se trata de promover cordones sanitarios para que algunos comprendan que la violencia no es justificable y que no habrá reconciliación sin justicia para todas y cada una de las víctimas, algo que aún no se ha alcanzado.

Por ello, me he sumado con gusto al boicot a la serie “La casa de papel” emitida en Antena 3 en la que una de sus protagonistas Itziar Ituño, defendió en un vídeo el acercamiento de los presos de la ETA al País Vasco y en marzo de 2016 fue una de las convocantes del acto de apoyo a la escoria humana llamada Arnaldo Otegui en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián. Es una cuestión de libertad, de conciencia y de compromiso con la justicia y la paz. Itziar Ituño es muy libre y no precisamente gracias a la ETA para expresar su simpatía con los asesinos y yo soy tan libre como ella como para decidir no ver su jeta en el televisor de mi casa. Así de simple y fácil. Y no quiero acabar estas líneas sin recordar a los accionistas de Antena 3 y La Secta que existe una línea roja de la decencia, que no todo vale por dinero y que su cuenta de resultados no debería estar manchada con la sangre del recuerdo de las víctimas de ETA.

Santiago de Munck Loyola

martes, 12 de julio de 2016

ADIÓS, MIGUEL ÁNGEL. (In memoriam).

Artículo publicado en las revistas locales de Rivas-Vaciamadrid en 1997.

ADIÓS, MIGUEL ÁNGEL.

Nada sabíamos de ti, como nada sabemos de la mayoría, hasta que unos desalmados te secuestraron y te mataron. Y, antes que tú, otras ochocientas personas te precedieron en el mismo final. Anónimas también la mayoría, hombre, mujeres y hasta niños pagaron con su vida el precio impuesto por la sinrazón de unos cuantos. Tú llegaste a ser el objetivo de esos violentos porque el día que asesinaron a Gregorio, en San Sebastián, decidiste echar una mano a tu pueblo, afiliarte a las juventudes del partido Popular y presentarte a las elecciones municipales. Y en el momento en que lo hiciste no ignoraste seguramente los riesgos que tu decisión podía implicar. Tú llegaste a ser su víctima porque alguien te señaló, alguien que te debía conocer y que pensó que por ser una persona normal y corriente, por ser representante del pueblo y por ser demócrata servirías a sus propósitos.

Nada sabíamos de ti y aunque ahora sabemos algo más, seguramente es poco. De tus veintinueve años hemos conocido tus esfuerzos, tu trabajo, tu afición a la música, tu abnegada familia, tus proyectos. Pero poco más hemos podido saber.

Nada sabíamos de ti y ojalá no hubiéramos tenido que saberlo nunca. Hemos sabido de tus últimas cuarenta y ocho horas. Las hemos vivido con tensión, con angustia, con esperanza, con rabia y finalmente con tristeza, con una profunda tristeza y amargura. Hemos imaginado, hemos intentado compartir un poco tu angustia, tu dolor y tu sufrimiento. Pero son intentos vanos porque sólo tú has padecido ese auténtico calvario. Y aunque tus últimas cuarenta y ocho horas de vida han removido los sentimientos y las conciencias de millones de españoles de todas las edades y condición, son sólo tuyas.

Nada sabíamos de ti y poco seguimos sabiendo. Pero sí que podemos imaginar por el dolor de tu familia, de tus amigos y de tus vecinos que eras alguien que merecía la pena. Sí que podemos saber por las lágrimas sinceras, desconsoladas e incontrolables de tu joven compañera de escaño que tu ausencia es la de un hombre justo y bueno.

Es verdad, Miguel Ángel, te has ido para siempre. Los gritos de millones de españoles no lo han impedido, las calles inundadas de buena gente no han sido suficientes para que te dejaran vivir. Sin embargo, algo de ti ha quedado entre nosotros. Te has convertido en flor de esperanza, en un río de libertad que inunda todos los rincones de España, en un clamor de paz que une voluntades. Algo de ti ha quedado entre nosotros, pero seguramente Dios se ha quedado para siempre con lo mejor de ti.

       Fdo. Santiago de Munck Loyola       
Presidente del PP de Rivas-Vaciamadrid

(Julio de 1997)                  

lunes, 30 de mayo de 2016

ESPERANZA CIUDADANA PROPONE QUE OTEGI SEA DECLARADO “PERSONA NON GRATA” EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Nota de Prensa.
31-5--2016


Esperanza Ciudadana, partido político alicantino, propone que en los Plenos de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante sean aprobadas mociones, tal y como se ha hecho en varios municipios españoles, declarando a Arnaldo Otegi persona non grata.

El objetivo de estas mociones es dignificar la vida política, tan ensuciada por la visitas tanto a las instituciones catalanas como europeas por parte de un sujeto que se niega a condenar la violencia terrorista, así como rendir homenaje a la memoria de las cerca de mil españoles asesinados por la banda asesina etarra.


Es necesario que los ayuntamientos alicantinos se pronuncien rotundamente a favor de que ninguna institución pública contribuya a la proyección mediática de los que han sido condenados por pertenecer a organizaciones terroristas y a favor de que se promuevan las reformas legislativas necesarias para que, tanto en España como en las instituciones europeas, se impidan las invitaciones y la asistencia de sujetos cuya presencia atenta contra la memoria y la dignidad de las víctimas y de las propias instituciones democráticas.

jueves, 28 de agosto de 2014

Clase, casta y regeneración política.


Mucho se está usando y escribiendo sobre el concepto de “Casta política” desde que la gente de “Podemos” lo sacase del armario en la extensa y servil red de medios de comunicación que se ha puesto a su servicio. No hay que olvidar que dichos medios tienen propietarios y que, como en todas partes, hay empresarios dispuestos a todo con tal de obtener beneficios, incluso a suicidarse. Y tan de modo está el concepto que sin ir muy lejos, el Secretario General del PSPV, que acumula cuatro cargos entre los que paradójicamente se encuentra el de flamante Secretario del PSOE para la Regeneración Democrática, el Sr. Ximo Puig, ha descalificado recientemente el discurso de esa formación y el uso que hace de la idea de “casta política” calificándolo de viejo y atribuyendo su paternidad intelectual al italiano Gaetano Mosca, añadiendo de paso que "Gaetano Mosca por otra parte fue uno de los intelectuales a los que Mussolini en su momento acudió con frecuencia". Se trata, sin duda, de un fallido intento de vincular ideológicamente a Podemos y a cuantos usan el concepto de casta política con el fascismo. Ni que decir tiene que los “ramalazos” autoritarios y totalitarios de Podemos son más que evidentes, pero hay que tener más rigor a la hora de encuadrar las ideologías. ETA, por ejemplo, no es una banda fascista por mucho que algunos se empeñen, porque ideológicamente está y siempre ha estado en el espectro de las ideologías totalitarias de la izquierda que las hay y muchas.

La casta política es una idea vieja que desde el siglo XIX ha salido a la luz cada vez que en una sociedad política se entraba en una fase de profunda degeneración del sistema y en España se ha venido usando con profusión desde entonces de forma cíclica.

Políticos, clase política, casta política e incluso castuza son expresiones frecuentes en estos tiempos que sobrevuelan los debates políticos, que se emplean como armas arrojadizas y que, en definitiva, se han hecho presentes con fuerza en medio de un amplio rechazo ciudadano hacia todo lo que tenga que ver con la política, como respuesta al grave daño social que la crisis económica ha generado en muchos españoles. La imprevisión de los políticos ante la crisis y la propia gestión de la misma han provocado una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema político que ha entrado también en crisis.

Cada cual usa esos conceptos a su conveniencia e interés, pero no está de más recordar que las generalizaciones no son buenas y que cada uno de esos términos (políticos, clase política, casta política o castuza) es diferente y deberían ser usados con mucho más seriedad de lo que se viene haciendo. Hay quien como Felipe González se ufana de pertenecer a esa “casta política” que protagonizó la transición y quizás debería haber usado mejor el término de “clase política” al referirse al conjunto de políticos protagonistas de aquella época histórica pues, aunque él pertenezca a la “casta política”, no toda aquella clase política terminó transformándose en una casta.

Hace pocos días, ante la celebración de elecciones internas el próximo 20 de septiembre, un miembro de VOX escribió lo siguiente: “El futuro de este partido pasa sin ninguna duda por Santi Abascal. No es casta, tiene la cabeza bien amueblada, ideas claras, sabe expresarlas en el lenguaje que entiende la gente, se sabe rodear bien…”. Nótese la promoción a la defensiva: no es casta. Es evidente que para el defensor de Santiago Abascal como futuro líder de VOX éste no es casta. Sería interesante conocer su idea sobre su concepto de casta, pero a priori parece que dista mucho de la idea que tiene la mayor parte de la gente. Santiago Abascal, actual Secretario General de VOX, tiene 38 años. En 1999, con 23 años  ocupó su primer cargo público como concejal del PP en Llodio (Álava) y desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo sin bajarse prácticamente de los presupuestos públicos hasta finales de 2013.

Nadie discute el valor, el sacrificio y el patriotismo de un joven de 23 años para en 1999 atreverse a ser concejal en el País Vasco, ni el suyo ni el de otros tantos miles de personas que allí y en otras partes de España se han jugado la vida por unos nobles ideales, sin que hayan tenido las mismas oportunidades de promoción y protección política gozando de iguales o mayores capacidades que él. Y tampoco se pone en tela de juicio su capacidad o no de liderazgo. Pero los hechos son tozudos por evidentes. Alguien que nunca ha sabido o querido ganarse la vida fuera del paraguas que proporciona un partido político es, se quiera o no, para bien o para mal, miembro de la llamada casta política. Como lo era el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salvo un breve paréntesis de tres años como ayudante de cátedra universitaria, desde 1986 se dedicó plenamente a la política, es decir, se desarrolló personal y profesionalmente bajo el paraguas protector de un partido político a diferencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y como ellos muchos otros que resulta ocioso citar ahora. No se trata de juzgar aquí como buena o mala esa circunstancia, sino de subrayar lo que es evidente y de enlazarlo con la coherencia o no de enarbolar un discurso regenerador de la política como el que proclama VOX.

Hablamos de clase política porque muchos políticos han construido un sistema que les privilegia frente a los auténticos soberanos de la democracia, los ciudadanos. La clase política goza de privilegios que todos conocemos: fiscales, retributivos, judiciales, en materia de pensiones, etc. Y dentro de la clase política existe, además, la casta política que a los anteriores privilegios suma unos rasgos específicos como pueden ser la cooptación en el origen de sus cargos, la ausencia de experiencia y de actividades profesionales previas a su dedicación política, su dependencia y protección, en su caso, de las redes partidistas, su profesionalización en la subsistencia política (es distinto un profesional político, un político profesional y un profesional de la política) y en no pocos casos la ausencia de la formación específica que la política y la gestión de las administraciones públicas debería requerir. La regeneración es ya una exigencia social y su desarrollo requiere ideas nuevas y audaces, coherencia política y, sobre todo, políticos que sean conscientes de que su valor y credibilidad política depende de su trayectoria vital y del valor de su palabra que es la que habrán de comprometer para firmar un contrato para el cambio con el ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 21 de octubre de 2013

El vómito de Estrasburgo.


Hoy ha sido un día triste y amargo no sólo para las víctimas del terrorismo, sino para todas las personas decentes de España. El fallo del Tribunal de Estrasburgo derogando la Doctrina Parot puede que sea el culmen de las más sofisticadas técnicas y elaboraciones intelectuales jurídicas en torno a la retroactividad o no en la aplicación de los beneficios penitenciarios a algunos sanguinarios delincuentes, pero es, sin lugar a dudas, una auténtica bazofia en cuanto a la defensa de la dignidad y la justicia de las víctimas y de sus derechos fundamentales que, digo yo, alguno tendrán también. La exquisita sensibilidad de tan altos magistrados hacia los derechos humanos de esta auténtica hija de puta, Inés del Río, contrasta con la burla y desprecio que este fallo supone para los 24 asesinados por ella y para los derechos humanos de sus familiares. Los jueces de Estrasburgo, entre los que se encuentra el Sr. López Guerra por designación de Zapatero y que ha votado a favor de este inmundo fallo, vienen a decir que, al final y en virtud de sus exquisitas disquisiciones, en España ha sido muy barato asesinar, que da lo mismo asesinar a 1 que a 24 ciudadanos y que esta tipeja ha pagado su deuda con la sociedad con un precio de menos de un año de cárcel por vida arrebatada.

Y como era de esperar, los de Sortu, legalizados por una también vomitiva sentencia de otra cuadrilla de magistrados (éstos nuestros, de la casa), tan contentos. Ningún regalo mejor para la rama política de la mafia etarra que está cómodamente instalada en las instituciones democráticas, sostenida con nuestros impuestos, gracias a la política del Sr. Zapatero. Nunca he llegado a comprender qué es lo que les debía el Sr. Zapatero para plegarse tanto a sus exigencias. Y la derogación de la Doctrina Parot parece que fue objeto de negociación entre el Gobierno socialista y la banda etarra, según se publicó en las actas incautadas a los terroristas. Pero no, no están solos los filoetarras en su alegría, están acompañados por la honda satisfacción que por el fallo han expresado los cabecillas comunistas de IU, por la incomprensible comprensión de algunos dirigentes socialistas y por la indisimulada “recogida de nueces” de los nacionalistas del PNV.

Siempre se ha subrayado como uno de los grandes hitos de la civilización humana la creación del derecho penal, la superación de la venganza privada ante los crímenes y la entrega de la satisfacción de los daños y de las ofensas a un ente superior, al estado como único depositario del monopolio de la justicia y, por tanto, de la imposición de penas con el doble fin de castigar al culpable y de satisfacer a la víctima. Si el Estado no es capaz de articular los mecanismos legales necesarios para hacer justicia, para satisfacer a las víctimas y castigar al delincuente ¿qué puede entonces garantizar la paz social? ¿Cómo podrán las víctimas satisfacer su derecho a la Justicia?

Defensa de los derechos humanos, sí, por supuesto, pero en primer lugar los derechos humanos de las víctimas, no de los verdugos. Y los primeros derechos humanos que han sido vulnerados y además de forma irremediable son los de las víctimas, los derechos humanos de centenares de españoles asesinados de forma cobarde y rastrera por una banda de cobardes y fanáticos, jaleados y aplaudidos por muchos otros desaprensivos durante décadas. Nadie podrá devolver a la vida a tanta víctima inocente, nada podrá consolar su sus familias y amigos por tanto dolor sin sentido pero carece de la más mínima lógica que los verdugos paguen tan bajo precio por tanto daño. No tiene sentido alguno que salgan a la calle asesinos que no se han arrepentido, que no han colaborado en el esclarecimiento de decenas de asesinatos, que se jactan de su inmundo pasado y que no pierden ocasión para seguir causando humillación y dolor a las familias de las víctimas. Si algo es evidente es que la reinserción social ha cosechado un clamoroso fracaso con la mayoría de esos delincuentes. Y junto a la cuadrilla de terroristas veremos, desgraciadamente, cómo se irán excarcelando a muchos otros delincuentes culpables de crímenes horrendos. Estrasburgo ha dejado indefensa y humillada a la gente de bien.

Y si no queda más remedio que acatar esta decisión, que, al menos, el Gobierno y la Justicia pongan en juego todos los mecanismos disponibles y todos los recursos legales para entorpecer al máximo la salida de las cárceles de esta escoria, que se persiga de forma implacable cualquier homenaje o exaltación de la excarcelación de la misma, que paguen hasta el último céntimo de las indemnizaciones a las víctimas y, puestos a ello, que los Ayuntamientos con un mínimo de dignidad empiecen a declarar personas non gratas a los magistrados coautores de esta indigna sentencia.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 22 de octubre de 2012

Galicia y País Vasco han hablado.




Tras dos semanas de campaña electoral y varios meses de tediosa precampaña, las urnas han hablado por fin en dos regiones históricas españolas: Galicia y en el País Vasco. Y lo han hecho con resultados muy diferentes. Es hora de balance, de análisis y de consecuencias y es muy probable que los que provengan de los dirigentes políticos difieran mucho de los que los ciudadanos y los analistas políticos vamos a hacer. Si en algo van a coincidir los primeros, sobre todo aquellos que han empeorado sus resultados, es en no hacer la más mínima autocrítica y en culpar a factores externos de los malos resultados obtenidos.

En Galicia ha ganado el Partido Popular, encabezado por Núñez Feijó, revalidando y, lo que era más difícil, ampliando su mayoría absoluta. Mal hicieron los socialistas al insistir a lo largo de la campaña en que votar al PP era reforzar la política de austeridad del Gobierno de España, en convertir en definitiva las elecciones autonómicas gallegas en un auténtico test de la política nacional en lugar de centrarse en los problemas, las necesidades y la situación de Galicia. A la falta de liderazgo del candidato socialista se ha unido la ruinosa herencia del zapaterismo administrada por el Sr. Rubalcaba, una pesada losa que ha terminado por hundir al desfondado PSG. El tiro les ha salido por la culata y el tanto Feijó, como Rajoy, han salidos reforzados de estos comicios gallegos. 

Conviene tomar nota, además, de la fuerte irrupción del nacionalista gallego, Sr. Beiras, que con algún que otro exabrupto de más, ha sabido capitalizar buena parte del descontento social y de los vientos independentistas que en esta época tan fuerte arrecian en diferentes regiones españolas.  Y también es conveniente subrayar el segundo fracaso del Sr. Mario Conde con unos ridículos resultados. La abstención ha sido ligeramente superior que en 2009, un 0,8 % más, algo insignificante aunque, como era de esperar, al Secretario de Organización, Óscar López, le parezca el dato más preocupante de estos comicios. Con tan sesudo análisis de tan alto jerarca socialista no es de extrañar que el PSOE coseche lo que cosecha. Por último, hay que resaltar que Núñez Feijó es quizás el único gobernante que en la actual época de recortes y restricciones no sólo gana, sino que amplía su mayoría. Algo debe estar haciendo bien y más de uno, en vez de envolverse en la bandera regional, debería tomar nota.

Y en el País Vasco tenemos la otra cara de la moneda de la jornada electoral. El partido ganador, al igual que en las últimas autonómicas vascas, vuelve a ser el PNV aunque en esta ocasión pierde tres escaños. Los partidos constitucionalistas se llevan un batacazo, el PSOE, responsable del Gobierno vasco y del adelanto e estas elecciones, pierde nada menos que nueve escaños y el Partido Popular, su socio hasta hace unos meses, pierde tres pasando de trece a diez. El Sr. Basagoiti, en su comparecencia tras conocer los resultados, no ha hecho, como era de esperar, ninguna autocrítica y debería hacerla, al menos, en los próximos días porque estos resultados son malos para el PP vasco y confirman el progresivo distanciamiento que su particular liderazgo ha ido generando en torno al núcleo de dirigentes históricos populares y de importantes bolsas tradicionales de votos del Partido popular vasco. Pero lo más preocupante es que los verdaderos vencedores de estos comicios son los representantes de ETA, Bildu, que logra entrar en la cámara vasca con nada menos que 21 escaños, convirtiéndose así en la segunda fuerza política de la cámara de Vitoria, algo que habrá que agradecer, entre otros, a los miembros del Tribunal Constitucional. Con ello, los nacionalistas, la suma de PNV y Bildu, supone los dos tercios de la cámara vasca. Se abre ahora un período político cuando menos inquietante y preocupante para quienes defienden la convivencia pacífica, la desaparición definitiva de ETA y la tolerancia y respeto en el País Vasco. Hoy, sin ir más lejos, se ha podido ver claramente, cuando el Lendakari iba a votar, cómo se las gastan los energúmenos de Bildu y su respeto por el acto más importante en toda democracia, el ejercicio del voto en libertad y sin coacciones. Es posible que el PNV encuentre en Bildu el aliado imprescindible si decide situar prioritariamente en la agenda política el tema de la independencia. Pero, si no es así, no conviene olvidar que PNV y Bildu son enemigos ideológicos y que los puntos de encuentro en los temas sociales y políticos del día a día son muy escasos.

En todo caso, hoy ha vuelto a ser la fiesta de la democracia en estas dos regiones españolas y habrá que confiar en que próximamente se vayan despejando dudas e incertidumbres y que se haga en el mejor sentido posible para la sociedad española en su conjunto.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 13 de septiembre de 2012

La libertad de Bolinaga: una sentencia inacatable.



La decisión de la Audiencia Nacional de confirmar la libertad condicional del asesino y torturador Bolinaga será todo lo legal que se quiera, todo lo ajustada a derecho que se argumente, pero no por ello deja de molestar e indignar a las personas decentes. Es evidente que algo falla en nuestro sistema judicial y político cuando nuestra legalidad consagra que una persona condenada a más de 300 años de prisión por unos crímenes terribles e injustificables, en concreto por asesinar cobardemente y con ensañamiento a tres guardias civiles (y si descerrajar 18 tiros sobre una persona no es ensañamiento que venga Dios y lo vea) y por secuestrar y torturar a otra persona durante casi dos años estando dispuesto incluso a dejarla morir de hambre, puede salir de la cárcel y gozar de la libertad condicional por estar enferma sin haberse arrepentido, sin haber pedido perdón a las víctimas y animando a otros a practicar los mismos crímenes que a él le llevaron a prisión. Cuando eso es posible en nuestro sistema es que algo muy grave está mal. Cuando nuestro sistema de garantías legales favorece en la balanza el bienestar del asesino frente al dolor de las víctimas es que nuestro sistema está equivocado. Frente a la justicia con las víctimas, frente a la reparación del daño están prevaleciendo otras consideraciones que, siendo importantes, deberían tener una posición secundaria.

La inmensa mayoría de los dirigentes políticos se están apresurando a decir lo de siempre: que las sentencias hay que respetarlas y acatarlas aunque no las compartan. Es decir, lo que los cánones de lo “políticamente correcto” mandan. Es evidente que las sentencias deben ser cumplidas, no hay otra salida en un estado de derecho, pero una cosa es cumplir las sentencias cuando ya no cabe recurso alguno y otra muy distinta acatarlas. Según el diccionario de la Real Academia, acatar significa:

1. Tributar homenaje de sumisión y respeto.
2. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.
3. Mirar con atención.
4. Considerar bien algo.

Desde esta consideración, un servidor no acata la sentencia de la Audiencia Nacional que deja en libertad a este individuo. Ni respeto, ni acato semejante sentencia. Para ella todo el desprecio y desconsideración posible. Así de sencillo y de claro.

Sorprende que, entre las declaraciones de los políticos, alguno como José Ignacio Wert, Ministro de Educación afirme que "hay que ser capaces de identificar que la fortaleza del estado de derecho está en que desconoce entre sus principios el de la venganza y también contempla el de la humanidad". Se trata de una obviedad pero no exenta de cierta “maldad” para justificar una sentencia judicial nacida de una decisión política del Gobierno. Traer a colación el concepto de venganza es un dardo envenenado dirigido, sobre todo, a las víctimas quienes han encabezado la oposición a la concesión de la libertad condicional del asesino etarra. Reclamar que no se suelte a Bolinaga no es cuestión de venganza, sino de simple y elemental justicia porque fue por Justicia por lo que fue condenado a una pena de prisión que ahora no va a cumplir. Y la justicia deja de ser digna de tal nombre cuando no puede ni siquiera satisfacer la reparación del daño moral a las víctimas y, menos aún, cuando acrecienta su dolor y desamparo.

No puede olvidarse que si la Audiencia Nacional ha terminado dictando una sentencia concediendo la libertad condicional es porque el Director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es decir, el Gobierno, decidió conceder el tercer grado a Bolinaga, requisito indispensable para que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pudiese posteriormente conceder la libertad condicional. Sin tercer grado no podía haber libertad condicional. Y el Gobierno podía o no conceder el tercer grado. Tan legal era adoptar una decisión como la contraria. No estaba el Gobierno obligado a conceder el tercer grado. Nadie habría prevaricado si no se hubiese concedido, algo evidente a pesar de la simpleza y demostración de ignorancia del Ministro de Interior afirmando lo contrario. Pero lo hizo. El Gobierno atendiendo a razones humanitarias e ignorando a las víctimas decidió conceder el tercer grado y esa decisión ha desembocado en la sentencia de la Audiencia Nacional. No es descabellado, por tanto, afirmar que el Gobierno ha adoptado una decisión claramente política que supone una ruptura con toda una trayectoria en relación al terrorismo y a las víctimas y que, como es natural, levantará muchas sospechas sobre el fondo de tal decisión. El Gobierno y no los jueces es el que ha allanado el camino para la libertad condicional de Bolinaga. Acertado o no, el tiempo lo dirá.

Hoy no queda más que intentar solidarizarse y compartir el profundo dolor de los familiares de las víctimas de Bolinaga que por desgracia nunca volverán, para los que nunca hubo ni compasión, ni trato humanitario y cuya ausencia seguramente será hoy más dolorosa que ayer.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 19 de agosto de 2012

El Gobierno con Bolinaga y no con las víctimas.




El pasado viernes, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al asesino, secuestrador y torturador etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga. Con esta clasificación penitenciaria, Bolinaga podrá solicitar la libertad condicional al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que decidirá la semana que viene.

El Director General de Prisiones, Ángel Yuste, ha adoptado esta decisión después de que el parte médico del centro sanitario pronosticase que el etarra tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir en el plazo de un año dado el cáncer que padece. El ministerio de Interior apela en un comunicado a “razones humanitarias”, pese a “la entidad de los delitos cometidos”, tres asesinatos (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez Colmenero)  y dos sonados secuestros por los que el etarra nunca ha pedido perdón.

El Gobierno ha basado su decisión en lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que prevé la posibilidad de otorgar el tercer grado a un preso por razones humanitarias o por enfermedad grave. Es decir, nos encontramos ante una decisión del Gobierno absolutamente legal sustentada en el carácter discrecional de una norma: se puede otorgar el tercer grado en algunos casos, pero ello no significa que se deba otorgar. Tan legal habría sido otorgarlo como denegarlo y la opción entre ambas posibilidades depende de valoraciones subjetivas de las autoridades.

Con ello, la decisión de otorgar el tercer grado a este sujeto es, cuando menos, sorprendente y más si se tienen en cuenta las noticias hoy publicadas sobre el tratamiento que reciben otros delincuentes en la misma o peor situación que la del etarra. Según publica hoy el Diario el Mundo, entre los años 2005 y 2010, 799 presos enfermos de cáncer fallecieron en las prisiones españolas, es decir, que no se les concedió el mismo trato que a Bolinaga, no se les concedió el tercer grado y, por tanto, no pudieron acceder a la libertad condicional para terminar sus días fuera de prisión. Y si a este dato se suma además el hecho de que este asesino no se ha desvinculado de la banda terrorista, no ha pedido perdón a las víctimas, ni ha satisfecho sus responsabilidades civiles, tal y como exige la reforma del Código penal del año 2003, su probable puesta en libertad por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, constituiría una burla legal y una afrenta más a las víctimas.

Frente a las palabras de presunta firmeza del Ministro Interior parece que la realidad que se está abriendo paso no es otra que la de la claudicación y cesión frente a las presiones de los terroristas y, correlativamente, el olvido y la humillación a las víctimas del terrorismo. Es moralmente inaceptable que el denostado por tantos funcionarios de prisiones, el Director General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, con el beneplácito del Gobierno de España, haya adoptado una decisión legal, a la que no estaba obligado en modo alguno, que abre la puerta grande a la excarcelación de un terrorista no arrepentido, de un sanguinario asesino, de un implacable torturador como Bolinaga.  No es ésto lo que votaron los que eligieron al PP hace unos meses, ni mucho menos.

Si el Sr. Yuste o el Ministro de Interior fuesen capaces de explicar claramente por qué se le concede el tercer grado al Sr. Bolinaga y por qué no se concede a los demás delincuentes en situación similar, a lo mejor podría entenderse semejante decisión. Pero seguramente no lo harán porque la razón, como sospechan las víctimas, puede que sea inconfesable.

¿Por qué se esgrimen razones humanitarias en el caso de Bolinaga y no en el caso de los demás presos? ¿Por qué hay que ser compasivo con quien no lo fue con sus víctimas y con quien, además, no se ha arrepentido de los irreparables daños que ha causado? ¿Es más importante el bienestar de este tipejo que el de los demás presos con dolencias similares?

No concederle el tercer grado era también una decisión legal y, además, una decisión más justa, más ética y más comprensible para quienes detestamos la violencia y la historia de las ratas de la ETA y de sus cómplices. Hacer lo contrario se llama simplemente traición a las víctimas.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 13 de agosto de 2012

A favor de una huelga de hambre abertzale.



Los palmeros de los asesinos de la ETA andan revueltos estos días y sus iniciativas están siendo, una vez más, noticia. Ya se sabe que el mes de agosto suele ser un mes más bien flojo a nivel informativo y esa circunstancia la aprovechan los etarras y sus colaboradores para obtener réditos informativos. El esquizofrénico mundo de la ETA ha encontrado su “causa” veraniega en el estado de salud del torturador y asesino frustrado de Antonio Ortega Lara. Parece que dicho delincuente, Josu Uribetxeberría Bolinaga, se encuentra enfermo de cáncer y exige ser excarcelado al margen de los procedimientos legales establecidos. Y para reforzar su exigencia se ha declarado en huelga de hambre quizás estimulado por el recuerdo de las tres huelgas de hambre que pocos años atrás protagonizó, con foto trucada en el The Times incluida, su conmilitón, el sinvergüenza y asesino en serie, José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos por los que sólo cumplió 18 años de cárcel.

Y cómo era de esperar (el guión lo suelen seguir estos tipejos) a la huelga del torturador de Ortega Lara se están sumando poco a poco y bajo distintas modalidades los demás presos de la banda criminal. De momento se han sumado más de 159 etarras incluido el Sr. Otegui (el hombre de paz de Zapatero) que siguiendo los dictados de la banda confirma, una vez más, que Batasuna – Bildu - Sortu y la ETA son la misma bazofia digan lo que digan algunos magistrados sin vergüenza del Tribunal Constitucional.. Eso sí, en esto de las huelgas de hambre los etarras son muy sibaritas, las hacen a la carta: unos la hacen de un día porque tampoco hay que excederse, otros la transforman en huelga de patio (no salen al patio de la prisión y que se fastidien los carceleros), otros hacen huelga de comida del centro penitenciario pero se comen los productos de la tierra recibidos seguramente gracias a subvenciones de administraciones públicas gobernadas por su compañeros, Otegui por su parte inicia la huelga tras meterse un generoso desayuno entre pecho y espalda, en fin, un amplio catálogo de variedades huelguísticas para salir en los medios. Ya se sabe que la valentía nunca ha sido el punto fuerte de estos “gudaris” del tiro por la espalda o la bomba a distancia y que, por tanto, una huelga de hambre como es debido es un riesgo innecesario y no apto para ellos.

En definitiva, el mundo etarra, el del interior de las prisiones y el exterior de las administraciones vascas por ellos controladas, pretende con esta farsa presionar al Gobierno de España para que excarcele a este tipejo eludiendo las normas que regulan dichas excarcelaciones y aducen de cara a la opinión pública unos motivos presuntamente humanitarios. Es decir quieren que se trate al secuestrador de Ortega Lara con una compasión que él jamás se planteó con su víctima a la que retuvo en unas condiciones francamente infrahumanas durante 532 días y a la que estaba dispuesto a asesinar de hambre. Hay que recordar que en el momento de su rescate, Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Pues nada, pelillos a la mar y a excarcelar al “pollo” este que es un valiente “gudari”. Pero para conseguirlo, los abertzales deberían presionar mejor al Gobierno. Deberían ponerse todos, presos y políticos etarras, en huelga de hambre y sed de verdad, sin concesiones y con dos coj… Hasta el final. Ni lonchitas de jamón a lo “Chaos”, ni zumitos, ni agua. Nada de nada. Desde Garitano hasta Josu Ternera, desde el primero hasta el último por favor. Todos en huelga absoluta y solidaria hasta el final. ¡Anímense por favor! Se lo agradeceremos todos.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 20 de junio de 2012

Si la Constitución ampara a los violentos, habrá que cambiarla.

Hoy el Tribunal Constitucional, con el voto de los Magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa, Luis Ortega y la ponente, Elisa Pérez Vera, ha decidido legalizar al brazo político de ETA, Sortu, y enmendar la plana, una vez más, al Tribunal Supremo (a lo mejor habría que eliminar lo de “Supremo”, visto lo visto). Parece que lo políticamente correcto en estos casos es decir que se “respeta la decisión, aunque se discrepe”. Pues bien, como uno no está obligado a decir lo que no siente, un servidor ni respeta la decisión, ni respeta a los mal llamados magistrados que han decidido por seis votos contra cinco que Sortu es un partido político tan respetable como lo puedan ser el PSOE, el PP o el PNV.

Prefiero estar al lado de las víctimas del terrorismo que del lado del Tribunal Constitucional y los de Sortu. Prefiero estar del lado de las Fuerzas de Seguridad del estado, que por activa y pasiva han demostrado que ETA y Sortu son lo mismo, que del lado de los Magistrados del Constitucional que han favorecido al brazo político de ETA. Prefiero estar del lado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que consideró a Sortu “testaferro de ETA”. Prefiero estar del lado del Tribunal Supremo que ilegalizó a Sortu que del lado de un Tribunal Constitucional que, deliberadamente o no, sigue casualmente cierta “hoja de ruta” denunciada mil veces por las víctimas de ETA. Prefiero estar del lado de quienes se oponen a la presencia de terroristas o de jaleadores de los mismos en las instituciones que de un Tribunal Constitucional más político que jurídico. Vamos, que el Tribunal Constitucional se pasa por el arco del triunfo todos los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que confirman que Sortu es Batasuna y que Batasuna es ETA y se pasa por el miso arco la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que considera a Sortu un simple instrumento político de ETA y las mismas sentencias del Tribunal Supremo. O sea que todo el mundo está en un error menos los ilustres seis magistrados del Constitucional. Claro que para formar parte de este alto tribunal no hace falta ser juez o magistrado, sino que basta con ser “jurista” y contar con el apoyo de los partidos políticos.

Parece que para los magistrados avalistas de Sortu la simple declaración contraria a la violencia terrorista que se hace en los estatutos de Sortu es decisiva para determinar que se trata de una organización perfectamente democrática y que, por tanto, ha de ser legalizada con su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior. ¡Faltaría más! ¿Puede alguien con un mínimo de rigor intelectual plantearse la posibilidad de que Sortu hubiese expresado en sus estatutos su simpatía o comprensión hacia la violencia terrorista? Son terroristas pero no tontos de remate. Sabían perfectamente qué debía figurar en sus estatutos para poder colarse en las instituciones que pretenden derribar sea con las urnas o con la violencia cuando les conviene. Es puro sentido común, pura estrategia que, misteriosamente, no ha sido percibida por los seis ilustres juristas del Constitucional. Los estatutos del partido nazi en la República de Weimar o los de los Partidos Comunistas en la posguerra mundial eran todos formalmente respetuosos con la legalidad vigente de sus respectivos países, pero una vez en el poder liquidaron las instituciones democráticas. Por tanto, el argumento esgrimido para legalizar a Sortu centrado en el contenido de sus estatutos es un argumento falaz, injustificable e interesado.

Esta vergonzosa e inaceptable sentencia del Tribunal Constitucional no es fruto de la casualidad. Responde a todo un proceso político generado por el anterior Gobierno con su correspondiente reflejo en la propia composición del Tribunal Constitucional. Pero, si existe en este desenlace una evidente y gran responsabilidad del anterior Gobierno, no es menos cierto que el actual Gobierno también tiene una parte de responsabilidad en que el resultado final haya sido el que es porque no hay que olvidar que la renovación del Tribunal, pendiente desde hace mucho, no se ha producido tras seis meses de Gobierno del Partido Popular. No parece muy coherente que el Gobierno venga ahora con lamentos sobre el resultado de esta sentencia cuando pudiendo y debiendo actuar antes dejó pasar el tiempo.

Lo cierto, al día de hoy, es que la interpretación de nuestra Constitución permite que quienes apuestan por la violencia o la justifican como medio de acción política y quienes pretenden derribar el propio edificio constitucional que les da cobijo puedan actuar libremente en el juego democrático. Un Estado democrático puede y debe articular los medios legales necesarios para defenderse. Un Estado democrático, y ahí tenemos la experiencia de lo que ocurrió en la Alemania de los años 30, puede y debe excluir del juego político a cualquier fuerza política que no sea democrática o cuyos fines atenten contra la propia supervivencia de las garantías constitucionales que no son otras que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles. Y si esta Constitución no es capaz de hacerlo con la interpretación que de la misma hacen estos “juristas” de medio pelo, habrá que ir pensando en reformarla.

La lección que deberíamos extraer de este penoso episodio es que hay que movilizarse a favor de quienes apuesten de verdad por la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que esa defensa pasa por dos propuestas esenciales: la primera, modificar la Constitución para garantizar la exclusión de la vida política de los violentos, de sus cómplices y de todas las fuerzas políticas cuyos fines no encajen con los valores democráticos; la segunda, que es preciso poner orden en el edificio jurisdiccional español y que el Tribunal Supremo sea de verdad la cúspide de este edificio. No puede haber, en el ámbito interno, dos cúspides coronando el edificio. La implantación del sistema de garantías constitucionales a través de un órgano específico como el Tribunal Constitucional, ajeno al poder judicial y completamente politizado, se ha demostrado un error. Con una nueva sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo sería más que suficiente y se acabaría con este dislate jurídico aunque sea en detrimento de la permanente interferencia de los Partidos Políticos en el mundo de la Justicia.

Santiago de Munck Loyola