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jueves, 26 de octubre de 2017

Unidos Podemos contra la soberanía de los españoles.

Puede que sea deformación profesional, pero cada vez que escucho a determinados políticos hablar sobre “diálogo” con los independentistas o proponer como solución al problema del secesionismo la celebración de un referéndum “pactado y legal” o reformar la propia Constitución, no salgo de mi asombro. Todo el mundo sabe que cuando los independentistas hablan de diálogo éste se circunscribe a “su libro”, es decir, los independentistas sólo quieren dialogar para fijar cuándo se rompe España y con las mayores ventajas económicas para ellos. No quieren entrar en otro tipo de diálogo dentro del marco constitucional. Eso pertenece al pasado cuando el diálogo consistía en dame más, dame más y dame más. Ahora es distinto. Lo quieren todo, son los atracadores de un banco, atrincherados en el mismo con rehenes, rodeados por la Policía y su negociación no es tal, sino la imposición de sus exigencias: “nos vais a dejar salir, con la pasta, cuando digamos y cómo digamos”. El chantaje no es diálogo se vista como se vista. En estos días, Pablo Iglesias ha reivindicado "diálogo" y "sensatez" a las partes y una solución que pase por que los catalanes voten en un referéndum "pactado, legal y con garantías" sobre la independencia, ha asegurado que no ha habido declaración unilateral de independencia por parte de Puigdemont y encuentra injustificada la aplicación del Artículo 155 de la Constitución porque conduciría a España "a una situación de involución democrática que afecta a la calidad democrática".

De los independentistas puede esperarse cualquier cosa por disparatada que sea incluso que nieguen la existencia de España como nación, pero no resulta comprensible en un partido que se supone que quiere gobernar España. No existe ninguna posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña pactado y legal por dos razones evidentes que conoce o debería conocer el Sr. Iglesias y cuantos se suman esta tesis.

La primera razón es legal. Para que pudiera celebrarse ese hipotético referéndum habría que modificar la Constitución española y, de hacerlo, supondría la eliminación de la soberanía del pueblo español y, por consiguiente, la aniquilación de la propia nación española. Hoy por hoy, tal y como recoge la Constitución la soberanía nacional reside en el pueblo español lo que quiere decir que es el conjunto del pueblo español, y no solo una parte del mismo, quien tiene que manifestarse en un referéndum. El Artículo 1. 2. De la Constitución no admite interpretaciones “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. 

Que los independentistas catalanes nieguen al pueblo español su propia existencia como titular de la soberanía nacional tiene su sentido pues de aceptarla no tendrían sentido sus pretensiones; no pueden coexistir dos soberanías y dos naciones sobre un mismo ente jurídico, pero que Podemos y su líder se sumen a las tesis independentistas negando al pueblo español su titularidad sobre la soberanía nacional, no es de recibo. Como no lo es tampoco hablar de un Estado plurinacional, de una nación de naciones,  porque admitirlo sería tanto como admitir que, de una parte, España no es una nación y, de otra, que cada nación debe tener su propio estado.

La segunda razón es, además de sentido común, de índole democrática. Una hipotética independencia de Cataluña tendría efectos inmediatos sobre el conjunto de los españoles y no sólo sobre los habitantes de Cataluña. Hay vínculos seculares, relaciones, infraestructuras, servicios públicos, transacciones, etcétera que estarían afectados y cuyo futuro, por tanto, no puede dejarse en manos exclusivamente de una parte de los ciudadanos españoles, los catalanes. Es imposible de admitir que sólo los catalanes puedan decidir sobre el futuro del conjunto de las pensiones, de la deuda pública o de los impuestos que afectan a todos. Son todos los españoles los que tienen derecho a decidir sobre ello e impedirlo constituye un atentado a los más elementales principios democráticos.

Son cuestiones elementales, de principios generales del derecho que no se pueden obviar asumiendo el discurso de los independentistas. Pero, todo parece indicar que el Sr. Iglesias y su coalición Unidos Podemos van un poco más allá en la manipulación de sus discurso. Se muestran absolutamente contrarios a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, llegando al ridículo de pretender acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo, y alegan que no pueden respaldar su aplicación porque el Partido Popular es un partido “fuera de la ley” y corrupto. Y, sin embargo, están del lado de los independentistas que pública y notoriamente se han situado fuera de la Constitución y son los responsables de los mayores escándalos de corrupción durante casi cuarenta años en Cataluña, con la bendición del clan Pujol, donde han instaurado el régimen del 3%. Por ello, es muy significativo que Unidos Podemos anteponga su interés partidista, echar al Gobierno de Rajoy de la mano del PSOE, los independentistas y los proetarras, a la defensa de la Ley y la soberanía de todos los españoles apoyando las tesis y pretensiones de los reyes de la corrupción en Cataluña. Todo vale para los podemitas y sus lacayos de IU porque en el fondo están convencidos de que todo lo que pueda servir para volar por los aires la Constitución de 1978 puede y debe ser usado como paso previo a una aventura revolucionaria, bolivariana, de impredecible final.

Santiago de Munck Loyola.

miércoles, 31 de mayo de 2017

Independentismo: el caos que se avecina.


No hay ninguna duda de que estamos viviendo uno de los momentos más graves de las últimas décadas de la historia de España. El envite de los independentistas se eleva cada día que pasa. Están en juego la soberanía popular, la unidad de España, la autonomía de Cataluña y la propia convivencia pacífica entre los ciudadanos. En la misma medida en que los independentistas suben su apuesta desafiando a las leyes y agraviando a los símbolos que representan a todos los españoles, crece el odio y la animadversión contra ellos y contra su proyecto ilegal e ilegítimo. Llevan años sembrando vientos y van a recoger tempestades.

Durante años hemos estado escuchando a políticos y periodistas decir la misma idiotez: que las políticas de los gobiernos del Partido Popular eran el mejor caldo de cultivo para el desarrollo del independentismo. Y todos se quedaban tan a gusto. Pues no, las semillas para el crecimiento del independentismo se sembraron hace mucho, se sembraron cuando el Estado decidió poner en manos de los independentistas algo tan serio y sensible como la educación y el uso sin control de fondos públicos para desarrollar el proselitismo independentista. 35 años inculcando a las nuevas generaciones una visión falsa de la historia de Cataluña, 35 años fomentando y cultivando el odio hacia España, 35 años haciéndose las víctimas mientras robaban a manos llenas para sus propios bolsillos y para sus partidos independentistas, 35 años con muchos medios de comunicación bien subvencionados en el “oasis catalán” no podían desembocar en otros resultados que los que tenemos a la vista, no podían ofrecer otra cosa que el crecimiento del victimismo y del independentismo.

Ni políticas del PP ni gaitas, el abono que ha propiciado esta cosecha se llama falta de sentido de Estado, se llama miopía política y se llama egoísmo partidista y es propiedad de los grandes partidos nacionales. Han sido incapaces de acordar cosas  tan básicas como un sistema educativo nacional e integrador, una reforma electoral que acabase con la prima de sobrerrepresentación que beneficia a los independentistas, garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles con independencia del territorio en el que residan, una persecución implacable contra la corrupción política o medidas para acabar con el despilfarro autonómico en la promoción interior y exterior de las tesis independentistas.

Mientras el desafío más grave para la permanencia de la Nación española y para la convivencia pacífica se va desarrollando, el panorama entre los llamados partidos constitucionalistas es desolador. Podemos Unidos no puede ser incluido en esta categoría porque sus líderes están claramente a favor de romper la soberanía nacional a través de un referéndum a realizar sólo entre una parte del pueblo soberano, aquella que reside en las provincias catalanas. El Partido Popular, un día sí y otro también está siendo salpicado por el afloramiento de antiguos casos de corrupción que en gran medida merman su credibilidad y hasta buena parte de su legitimidad. El PP cuando tuvo mayoría absoluta hizo muy poco o nada por introducir reformas que fomentaran la cohesión y la solidaridad nacional incumpliendo constantemente su propio programa electoral. Y al PSOE hay que darle de comer a parte. No sólo es el partido protagonista del mayor caso de corrupción de la historia de España, sino que además arrastra muchas losas en su trayectoria que cuestionan incluso su lealtad constitucional. Desde el “apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de ZP, pasando por la famosa frase “la nación es un concepto discutido y discutible” del mismo autor, hasta las actuales sandeces de Pedro Sánchez diciendo que “España es una nación de naciones” es imposible saber qué defiende realmente el PSOE. Su discurso es errático y diferente en cada territorio y ya ha demostrado que no tiene inconveniente alguno en pactar en autonomías y ayuntamientos con quienes quieren destruir España.

El Sr. Puigdemont, sus compañeros y los podemitas siguen empeñados en que el Gobierno de España pacte, o lo que es lo mismo para ellos, que se doblegue y permita un referéndum en Cataluña sobre su independencia, vulnerando la Constitución. ¿Tan difícil es de entender que una parte no puede decidir sobre lo que es de todos? ¿Tan difícil es asumir que la soberanía del pueblo español no se puede fraccionar? Y de hacerlo ¿Quién decide el límite? ¿Los independentistas?

Hoy, este portento político que es Carlos Puigdemont, criado a los pechos políticos de la corrupción pujolista, ha emplazado a Mariano Rajoy a aclarar "si el Estado está dispuesto a usar la fuerza contra Cataluña". Al margen de que como todo independentista debe pensar que Cataluña es él, bastaría con que se leyese el Artículo 8.1 de la Constitución española, la Ley que por cierto legitima su Presidencia y la autonomía catalana, para conocer la respuesta: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Más claro el agua ¿verdad?

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 18 de diciembre de 2013

La agenda política y la agenda ciudadana.


No hay día que pase sin que conozcamos alguna noticia sobre la carrera independentista organizada por parte de la clase política catalana. Se van sucediendo las diferentes reacciones de los partidos y sus líderes en torno al anuncio del referéndum independentista organizado por CiU, ERC y sus socios de la versión catalana de Izquierda Unida y la CUP. Es cuando menos curioso observar como buena parte de la izquierda ha renunciado a su carácter internacionalista de tiempos pasado para anclarse en posiciones localistas de rancio abolengo. Izquierda Unida, sin ir más lejos, apoya la celebración de esa consulta independentista lo que significa que para esa formación la soberanía popular, la del conjunto de los españoles, es fraccionable a demanda. Es decir, que la soberanía popular, tal y como se recoge en nuestra Constitución, puede ser obviada, ignorada y transferida a sólo una parte del cuerpo electoral para que decida sobre el conjunto. Lo que nadie nos aclara, ni Izquierda Unida ni sus compañeros catalanes de aventura independentista es cual es límite hacia abajo en el que se puede ir fraccionando la soberanía popular. Si la soberanía popular puede, según ellos, ser amputada y ejercida sólo por una parte del cuerpo electoral, el catalán en este caso, ¿por qué no puede ser fraccionada aún más? ¿Por qué, por ejemplo, los ciudadanos de Badalona o del Valle de Arán no podrían a su vez ejercer el mismo derecho a decidir si quieren o no estar integrados en una hipotética Cataluña independiente? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para justificar el fraccionamiento de la soberanía popular? Una verdadera incógnita.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da por sentado que esa consulta independentista no se va a celebrar y se ampara en el respeto a la legalidad constitucional como garantía para ello. Por su parte, los socialistas del PSOE están tratando de reconstruir sus relaciones con los socialistas catalanes tras las evidentes discrepancias en este asunto reflejadas en la ruptura de su unidad parlamentaria. Hoy mismo, en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el jefe de la oposición, Pérez Rubalcaba ha puesto de manifiesto su coincidencia con Rajoy a la hora de rechazar la celebración de un referéndum y de oponerse a una hipotética independencia de Cataluña. Y punto, porque a partir de esa coincidencia Pérez Rubalcaba ha aprovechado su turno para reiterar una vez más el discurso que en los últimos meses ha venido desplegando su partido, es decir, pedir el cambio de la Constitución y asegura, según él, al menos otros 35 años de convivencia entre todos los españoles en el marco de una España federal. Los socialistas, frente al desafío de los independentistas, son partidarios de reformar la Constitución de 1978 y dotar con ello a nuestro Estado de una estructura federal.

Es evidente que, tras 35 años de funcionamiento, nuestra Constitución necesita una revisión, pero es probable que dicha revisión no deba ir precisamente en la dirección que los socialistas señalan. La reforma constitucional no puede plantearse, porque es sencillamente falso, como una respuesta destinada a contentar a nacionalistas e independentistas, que tanto monta… Nacionalistas e independentistas sólo pueden justificar la razón de su existencia sobre la base de la confrontación permanente, de la reivindicación y del agravio comparativo. El desarrollo constitucional operado en las últimas décadas y plasmado en el modelo autonómico ha demostrado que a mayores cotas de descentralización estatal y autogobierno autonómico más independentismo. Cada cesión a los nacionalistas e independentistas lejos de atenuar sus reclamaciones ha servido para que suban un peldaño más en su escalada hacia la ruptura de España. Las llamadas al diálogo y al consenso de los nacionalistas e independentistas sólo sirven si con ellas “sacan tajada”, para ellos dialogar significa que el estado debe ceder a sus pretensiones, nunca a la inversa. Parece, por tanto, más que evidente que la solución de los socialistas, la reforma constitucional, al desafío de los separatistas peca de candidez y de aceptarse sería sumamente peligrosa para la unidad de España y para el modelo de Estado. Nadie puede creer sinceramente que la configuración de un modelo federal contentaría a los separatistas porque, por definición supondría la desaparición de los llamados “hechos diferenciales”. Y si lo que proponen es un desarrollo de eso que algunos denominaban el “federalismo asimétrico” no es necesario, porque eso es, en el fondo, la esencia de un estado autonómico, con competencias regionales diferentes en cada territorio.

Una gran parte de los ciudadanos vemos como un problema la actual articulación del Estado autonómico. Tiene graves defectos de funcionamiento que impiden fundamentalmente una auténtica igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles y, además, comporta un grave lastre económico especialmente llamativo en tiempos de crisis como la presente. Una reforma constitucional debería quizás abordar la racionalización del estado, la redistribución y la delimitación precisa de las competencias cerrando, de una vez, el permanente proceso de incertidumbre.

Y siendo todo lo anterior tremendamente importante, da a veces la sensación de que la clase política está en juego bastante alejado de lo que hoy por hoy preocupa a la inmensa mayoría de los españoles. En medio de una recesión como la presente, con un paro atroz, con un crecimiento desorbitado de la pobreza y de las desigualdades sociales, con una caída del nivel de vida de los españoles y con un recorte permanente de nuestro Estado de Bienestar da la impresión de que la agenda de nuestra clase política está en otra cosa. La incapacidad de muchos políticos para resolver los problemas básicos de los ciudadanos queda difuminada tras iniciativas extemporáneas y sentimentalistas que terminan arrastrando al resto mientras los ciudadanos seguimos pagando las consecuencias de su fiesta. ¿No será mejor ocuparse ahora de resolver los graves problemas que asfixian a los ciudadanos? Yo creo que sí.

Santiago de Munck Loyola