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viernes, 4 de febrero de 2022

LA ESTRAMBÓTICA CONTRARREFORMA LABORAL.

Para ese viaje no se necesitan alforjas. ¿Tanta protesta en su día, tantas críticas furibundas, tanta marea y contramareas, tantas promesas de derogación para esto? ¿Para acabar en una estrambótica votación? Los hiperbólicos de la política han terminado por poner negro sobre blanco su verdadera concepción de lo que entienden por interés general, por respeto a la soberanía nacional y por parlamentarismo. Sus compromisos de derogación de la reforma laboral del PP se han quedado en una contrarreforma descafeinada culminada con una dudosa aprobación in extremis que la deslegitima desde el minuto cero, pero que, eso sí, nos ha servido a los ciudadanos para comprobar en vivo cómo funciona nuestra clase política y sus satélites síndicoempresariales.

Es seguro que la mayoría de los ciudadanos que han seguido el camino de esta contrarreforma laboral no sabrían explicar en qué consiste, pero sí que han podido percibir con claridad las desmesuradas ambiciones de algunos protagonistas del sainete, los incumplimientos flagrantes de las promesas electorales de otros, el oportunismo de los de siempre o la falta de estrategias y de reflejos políticos de muchos. 

Han convertido al Parlamento, al congreso de los Diputados, en un simple ratificador de lo que sindicatos, patronales y la Ministra aspirante a sucesora presidencial han “legislado” por su cuenta, sin luz, ni taquígrafos. Dicho de otra forma, unas entidades con tan escasa implantación y representatividad que necesitan de las multimillonarias subvenciones del gobierno para subsistir y, en su caso, de las “mordidas” en los fondos públicos ya sean para formación o para ERE’s se permiten el lujo de negociar y pactar una contrarreforma legislativa con una Ministra que está encantada de haberse conocido y se la endosan al congreso para que sí o sí la apruebe sin tocar una sola coma. Y la inmensa mayoría del congreso traga con el tema como si un acuerdo entre paniaguados del gobierno fuera sagrado e intocable. Pero ¿de qué van unos y otros? Es el parlamento quien debe legislar, no los agentes sociales, y para ello es necesario debatir, negociar, transaccionar, llegar a acuerdos y votar. ¿O es que entre las cosas “chulísimas” de las que presume la ahora difunta heredera política del podemismo está ningunear a los representantes de la soberanía nacional?

Han evidenciado que algunos de nuestros diputados en lugar de dedicarse al trabajo por el que generosamente les pagamos se dedican a otros menesteres y para ello tienen que acudir al voto telemático que, por cierto, debería estar restringido para casos excepcionales. Se olvidan sus señorías que cobran no solo para votar, sino para participar en el proceso de elaboración legislativa y en el de control del poder ejecutivo. 


Lamentablemente el caso del diputado popular, por cierto, imputado tras su gestión como alcalde de Trujillo, que con su inicial ausencia y su erróneo, o no, voto telemático ha facilitado la aprobación de la contrarreforma laboral no es el único. Si en vez de andar enredando por ahí en nombre de su jefe el Sr. García Egea hubiera estado cumpliendo con sus obligaciones parlamentarias se habrían evitado el bochornoso espectáculo de ayer. ¡Vaya tropa, Señor!

Santiago de Munck Loyola

lunes, 6 de diciembre de 2021

Madrid deja al aire las vergüenzas del PP.

Una vez más el Partido Popular vuelve a hacerlo: tirar piedras contra su propio tejado. Y no se trata de una afirmación gratuita, sino que las encuestas así lo ponen de manifiesto. La polémica en torno a la candidatura de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Presidencia del PP de la Comunidad de Madrid no es anecdótica, superficial o irrelevante. Todo lo contrario, se trata de una polémica que viene a desmontar todo el discurso supuestamente regeneracionista que Pablo Casado enarboló para alcanzar la Presidencia del Partido Popular. Algo tan básico, tan esencial como es la democracia interna del posiblemente mayor partido de España y único cono capacidad de articular una alternativa al socialismo y demás rémoras está en tela de juicio. 

Sin democracia interna en un partido no existe capacidad de control por parte de sus bases de la acción de sus órganos de dirección y, en su caso, de la acción de gobierno. La falta de democracia interna o su adulteración es la llave de entrada para la corrupción, es la puerta para el nepotismo y el amiguismo, siempre ligados a la corrupción, y la muerte de la meritocracia y el liderazgo genuino.


El principio es extremadamente simple: solo los afiliados de un territorio pueden elegir a su líder. Es fácil de entender, ¿no? En este caso, solo a los afiliados del PP de la Comunidad de Madrid corresponde elegir a su Presidente. Y ello implica que el proceso electoral interno debe ser limpio, abierto a cualquier candidato y libre de interferencias e influencias exteriores. Nada excepto la trayectoria política y las propuestas de cada candidato debe influir en el voto de los afiliados. Sin embargo, cualquier observador imparcial ha tenido la oportunidad de ver como durante los últimos meses distintos dirigentes nacionales del Partido Popular no han escatimado esfuerzos por expresar públicamente sus preferencias de modo que a los militantes les quede claro qué es lo que quieren y a quién prefieren. Pues no, esto no es democracia interna, esto no es regeneración, esto no es un nuevo estilo de hacer política. Esto es más de lo mismo, es seguir con las mismas pautas de conducta interna que durante décadas se han seguido en el Partido Popular y que, como era de esperar, también se siguen en Vox que, de tal palo, tal astilla.

 

El Sr. Casado, el Sr. García Egea o su nuevo mamporrero Fran Hervías podrán tener las preferencias que les plazca, podrá gustarles o no un determinado candidato para presidir el PP madrileño pero deberían “sufrirlo” en silencio porque lo que no pueden, ni deben es presionar o intentar influir en los afiliados madrileños quienes son, en última instancia, los verdaderos protagonistas del proceso de elección de su líder.

 

Es evidente que el lamentable espectáculo que los dirigentes nacionales del PP están ofreciendo en torno a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso solo puede estar siendo consentido por el propio Casado quien, con ello, está demostrando la propia debilidad de su liderazgo que parece percibir un peligro personal en el tirón electoral que Ayuso ha demostrado. Y lo que ya empieza a ser imperdonable es que, no sólo no ponga coto a las continuas injerencias del secretario general en el proceso electoral madrileño, sino que además consienta ataques personales filtrados desde Génova contra la Presidenta madrileña. Porque todo ello solo puede llevar al elector a varias conclusiones: 1ª Que en el PP nada ha cambiado salvo las caras. 2ª Que la democracia interna sigue brillando por su ausencia con lo que ello implica y 3ª Que el liderazgo de Pablo Casado es extremadamente débil y que por ello rehúye sustentarlo en liderazgos territoriales demasiado sólidos.


Y todo ello a mayor gloria de Pedro Sánchez que no debe preocuparse por una remontada electoral del PP.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

domingo, 12 de mayo de 2019

Lisardo Gabarre Motos, un Alcalde PARa regenerar Alicante.


Según un reciente informe de la OCU, nuestra ciudad, Alicante, ocupa el segundo lugar entre las ciudades más sucias de España. Este informe, evidentemente, sólo refleja el estado de la suciedad física, la que vemos y padecemos en nuestras calles y zonas verdes. Pero lamentablemente o afortunadamente no evalúa esa otra suciedad mucho más preocupante que desde hace tiempo se ha instalado en muchos ambientes políticos y en buena parte del entramado social e institucional que intenta mover, y en ocasiones lo consigue, mover los hilos del poder.

Por eso, hoy más que nunca hace falta abrir las ventanas de la política y de las instituciones municipales para que entre aire fresco, limpio y renovado. Hoy más que nunca, Alicante necesita un cambio profundo de hábitos políticos y sociales, un cambio de personas que sin más ataduras que el amor a la ciudad y a su gente sepa y quiera introducir una nueva forma de entender el servicio público a la sociedad. 

El Partido Alicantino Regionalista representa esa voluntad y por ello ha presentado su candidatura para las elecciones municipales de 26 de mayo encabezada por Lisardo Gabarre Motos, conocido como Willy. A muchos ha sorprendido esta candidatura, sobre todo a aquellos que desde la vieja política están acostumbrados a usar y a manipular a los líderes vecinales en cada cita electoral.

Sí, Lisardo Gabarre Motos es un líder vecinal, un hombre que lleva muchos años ayudando a los demás, trabajando por mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, luchando por el deporte de base, por la vivienda digna, por el empleo y por las oportunidades para todos. Willy es gitano, es un hombre religioso comprometido con la Fe evangélica, es un padre de familia que dedica mucho tiempo a promocionar el deporte de base entre los chavales para ayudarles a encontrar valores humanos de siempre hoy desterrados en gran medida en nuestra sociedad, es un hombre solidario que trabaja ayudando a los más necesitados y es un hombre comprometido con la solución de los problemas de nuestra ciudad.

Lisardo es una persona abierta y dialogante que ha intentado colaborar con los principales partidos de la ciudad, de derechas o izquierdas, y que finalmente ha apostado y ha decidido dar la cara por la única opción política, el PAR, que defiende los derechos de todos los alicantinos sin sometimiento alguno a las instrucciones provenientes de Madrid, Valencia o Barcelona, que denuncia el proceso de catalanización y de imposición lingüística impuesto desde Valencia así como la discriminación que sufren los alicantinos por parte de la Generalidad y el Estado y que se traduce en una infrafinanciación sistemática, la única opción política que esgrime la regeneración política y ética frente al escandaloso pasteleo de los partidos de siempre y de los partidos aspirantes a mimetizarse con ellos y la única opción política que defiende un modelo de ciudad urbanísticamente integrada y socialmente integradora.

El Partido Alicantino Regionalista ofrece a los alicantinos una candidatura sólida, sin profesionales de la política, con gente normal y corriente cansada de que el Ayuntamiento siga siendo un mercadillo de intereses ajenos a los verdaderos intereses y problemas de la gente, una candidatura encabezada por una persona comprometida con la libertad, el progreso y la justicia social, con los valores y principios que defiende el PAR y con un programa con soluciones para que Alicante alcance el lugar y el prestigio que le corresponde como capital de la quinta provincia más importante de España. Lisardo y el PAR quieren más Alicante y más España.

Santiago de Munck Loyola
Presidente del PAR.

lunes, 28 de agosto de 2017

Entrevista en Ramblalibre.com

Santiago de Munck: “La Generalidad valenciana tiene una deuda histórica con Alicante”.


28/08/2017 Comunidad Valenciana.


Santiago de Munck. /Foto: ramblalibre.com.


Josep Sansano.


Santiago de Munck enarbola con decisión la bandera del alicantinismo que el próximo mes se plasmará en el nuevo Partido Alicantino Regionalista que someterá a debate proponer que Alicante se salga de la Comunidad Valenciana y se constituya en autonomía uniprovincial. Santiago de Munck denuncia el centralismo valenciano, acusa al actual gobierno valenciano de pancatalanismo y afirma que la Generalidad valenciana tiene una deuda histórica -“cuantificable”– con Alicante. La polémica está servida:


El partido Esperanza Popular cambia de nombre por Partido Alicantino Regionalista. ¿Cuál es el motivo? Esperanza Popular sugiere una relación histórica con el PP y Partido Alicantino Regionalista una nueva etapa con relación más directa con el alicantinismo.



No es exactamente así. El Partido Esperanza Ciudadana nace a partir de una asociación, Esperanza Popular constituida, entre otros, por miembros de una candidatura regeneracionista que se había organizado para concurrir a las elecciones a la Presidencia Local del PP de Alicante y cuya celebración fue impedida por el Sr. Ciscar al trocear en 5 distritos al PP y colocar a dedo al frente de ellos a Sonia Castedo. El Partido Esperanza Ciudadana se ha nutrido de muchos afiliados y antiguos votantes del PP cansados de la corrupción y de la falta de democracia interna y su ideario se sustenta principalmente en la regeneración democrática y en la defensa de los intereses de la provincia de Alicante, tanto frente a la Generalidad Valenciana como frente al Estado. Ahora vamos a dar un paso más. Ante la histórica discriminación de nuestra provincia no bastan los lamentos ni las reivindicaciones periódicas. Hay que ofrecer una solución, una alternativa y ésta sólo puede pasar por el reconocimiento del carácter plural, español y singular de la Provincia de Alicante mediante su constitución como Comunidad Uniprovincial.


¿Cuál es el balance de estos cuarenta años de autonomía de la Comunidad Valenciana? ¿Ha beneficiado o perjudicado a Alicante?


Sólo un dato basta para ofrecer la respuesta: hoy los alicantinos somos más pobres respecto a los valencianos que hace 40 años. La diferencia entre la renta media alicantina y la valenciana se ha agrandado en este período. Por tanto, una Comunidad Autónoma que no es capaz de cohesionar socialmente los distintos territorios que la componen es un fracaso. Alicante es la provincia de la Comunidad Valenciana que menos recibe de la Generalidad por habitante y ésto ha sido así con el PP y ahora con la izquierda. Durante estos casi cuarenta años se ha generado un Deuda Histórica de la Generalidad Valenciana con la Provincia de Alicante, de la que nadie habla, de varios miles de millones de euros que corresponde a la diferencia entre lo que ha percibido anualmente por habitante nuestra Provincia y lo que debería haber percibido. Esa deuda es real, perfectamente cuantificable y hay que reclamarla a la Generalidad Valenciana.


¿Puede hablarse de un centralismo valenciano?



Por supuesto. Es más, yo diría que los políticos alicantinos, por muy reivindicativos que se muestren aquí, en cuanto ocupan un cargo en Valencia empiezan a padecer el síndrome de Estocolmo. Y ello es en gran parte a que no deben su cargo a los votantes alicantinos, sino al dedazo de sus partidos y, por tanto, su lealtad está con la mano que les da de comer, no con Alicante. Desde hace décadas las grandes inversiones estatales y autonómicas en comunicaciones marítimas y terrestres se concentran en Valencia y en Valencia se concentran los servicios administrativos de la Generalidad Valenciana. Dos ejemplos pueden ilustrar lo anterior, en la provincia de Alicante no hay un sólo funcionario, ni una ventanilla, de la Dirección General de Patrimonio de la Generalidad Valenciana y, de otra parte, lo recientemente ocurrido con la Agencia Valenciana de Innovación.


El Partido Alicantino Regionalista va a plantear y debatir proponer que Alicante sea autonomía uniprovincial. Hubo, un precedente, Segovia, que se quedó a las puertas…


Ésa es nuestra propuesta porque estamos convencidos de que es lo mejor para los alicantinos y más ahora ante el pancatalanismo del que hace gala el Gobierno de la Generalidad y ante su deseo de acabar con la escasa autonomía provincial de la que gozan las Diputaciones. Nuestra provincia tiene entidad suficiente por población, por PIB, por su singularidad y por su capacidad emprendedora como para tomar sus propias decisiones, en determinadas materias, sin tener que depender de Valencia. Constituir la autonomía provincial implica eliminar el peso de una administración pública de las espaldas de los ciudadanos, asumir solo las competencias que se consideren imprescindibles para el progreso de la provincia devolviendo al Estado el resto y acercar el poder político a los alicantinos. Significa menos burocracia, menos gasto, más democracia y tener voz propia, sin el filtro de los intereses de Valencia, ante el Estado. Implica, en definitiva, fortalecer la cohesión nacional al mismo tiempo que se fortalece nuestra Provincia.


Una vez dentro de la autonomía, ¿cómo puede legalmente articularse esa propuesta? ¿cuáles serían los pasos jurídicos?



Hay que tener en cuenta de que no existen antecedentes de una propuesta como ésta y por tanto pueden plantearse interpretaciones contrapuestas sobre el procedimiento para lograr la autonomía para nuestra Provincia. En todo caso, una vez lograda de acuerdo al Título VIII de la Constitución, una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación y por los Diputados y Senadores debería elaborar el proyecto de Estatuto y elevarlo a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Proponemos que la Diputación Provincial pase a ser la administración autonómica y gestione las competencias que el Estatuto le asigne y proponemos igualmente que se devuelvan al Estado todas aquellas competencias que puedan suponer una quiebra del principio de igualdad entre los españoles y todas las que no sirvan directamente al progreso y desarrollo de nuestra Provincia. Es un error pensar que acumular competencias por el simple hecho de que otras autonomías las tienen es bueno para los ciudadanos. Lo que es apetitoso para la clase política no tiene por qué serlo para el ciudadano. Queremos una autonomía eficiente que sirva realmente al progreso de la Provincia, al bienestar de los alicantinos, al refuerzo de su propia identidad y a la cohesión nacional. Más Alicante es más España.
 

miércoles, 16 de agosto de 2017

Lo peor de la política ya tiene partido político.


Cuando todo o casi todo parecía que ya se había visto antes en política, algunos profesionales de la política de la Comunidad Valenciana están impulsando un nuevo partido político muy peculiar: “Contigo somos Democracia” (CSD). Algo verdaderamente novedoso y sin parangón porque constituye la institucionalización en forma de partido de una de las lacras de nuestro sistema político, de una forma de corrupción política como lo es el transfuguismo, es decir, el robo de las actas de cargos públicos y el secuestro del voto de los ciudadanos.

El transfuguismo es desde hace décadas un lastre de nuestro sistema político, un problema que a pesar del Pacto Antitransfuguismo firmado por las principales fuerzas políticas en 1999 y renovado por última vez en mayo de 2006, sigue sin ser resuelto y que sirve no sólo para torcer la voluntad popular, sino para que los vividores y estafadores de la política encuentren sustento público. La renovación en 2006 de dicho pacto señalaba que “la celebración de dichos Acuerdos permitió fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de tales comportamientos, incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local”.

Nuestra democracia ha padecido la actuación de centenares de tránsfugas, algunos muy célebres como Nicolás Piñeiro que en 1988 abandonó el Grupo de AP en la Asamblea de Madrid cerrando el paso a una moción de censura de AP y CDS, como José Luis Barreiro en 1987 en la Junta de Galicia, como Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez quienes en 2003 impidieron el gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid y más cerca como Agustín Navarro, la madre de Leire Pajin y 8 concejales socialistas más en Benidorm. La lista podría ser interminable.

A este grupo de políticos sin escrúpulos pertenecen los impulsores de este nuevo partido entre los que destaca su principal valedor José Enrique Aguar (PSOE, CDL, Ciudadanos y ahora CSD). Pero no es el único, junto a él en “Contigo somos Democracia” hay medio centenar de cargos públicos entre concejales, diputados provinciales y autonómicos, aunque todas las actas las obtuvieron con las siglas de otro partido político. Es decir, “Contigo somos Democracia” cuenta ya con representación institucional sin pasar por las urnas, todo gracias a los votos de los ciudadanos otorgados a otros partidos, a otros proyectos políticos. Lo que evidentemente constituye todo un record de indecencia.

Según el tránsfuga Enrique Aguar las siglas que representan al partido tienen una evidente intencionalidad: "Nuestro principal objetivo es ocupar ese centro político que se comió el CDS de Adolfo Suárez, después el PSOE de Felipe González, luego el PP de José María Aznar y que ahora ha intentado comérselo sin éxito Ciudadanos". Y se queda tan ancho.

Pero la desfachatez de esta gente parece no tener límites. Los Estatutos de este partido, institucionalizador de la corrupción política, empiezan así: “Nuestro país necesita un nuevo compromiso social, político y ético, donde las personas participen activamente en la toma de decisiones y donde su voz esté realmente representada”. No se puede tener más cara dura cuando quienes esto proclaman son los que han impedido e impiden a las personas participar activamente en la toma de decisiones a través del partido al que votaron. Eso sí, ni una palabra en sus Estatutos de la idea de Regeneración Política. No es de extrañar.

Conviene recordar que el concepto de democracia es inseparable de la idea del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Si hay algo que une a un vulgar golpista bananero y a un tránsfuga es su más absoluto desprecio a la voluntad del pueblo. El primero pisotea la democracia, la voluntad del pueblo, mediante el empleo ilegítimo de la fuerza. El segundo, el tránsfuga, pisotea la democracia, la voluntad del pueblo, mediante el uso forzado de la Ley. El golpista obtiene el poder de forma ilegal e ilegítima. El tránsfuga lo hace de forma legal pero ilegítima.

Ojalá los ciudadanos y los medios de comunicación ejerzan su capacidad de influencia para desenmascarar esta impresentable opción política y entre todos seamos capaces de ir limpiando nuestra democracia de arribistas, aprovechados y personajes sin el mínimo talante ético para ejercer el noble arte de la Política.

Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com.es


viernes, 28 de abril de 2017

El PP sigue avalando lo peor de la política.


Y, mientras tanto, el promotor de nuestra expulsión, José Císcar, Presidente Provincial de Alicante, ex concejal pro catalanista en su pueblo, fichado y promovido por Camps, citado en el informe de la UDEF de 2008 como pagador en negro a la trama Gürtel, responsable del mayor desastre electoral del PP de Alicante en 2015, etc. va a repetir en el cargo... ¿A éso le llaman regeneración en el PP?




martes, 25 de abril de 2017

La dimisión de Esperanza.


Ahora que muchos aprovechan para hacer leña del árbol caído, vaya por delante mi respeto y afecto por Esperanza Aguirre, aunque sea crítico con ella. Hay dos cosas que nunca le ha perdonado la izquierda: ser liberal y haberles ganado una y otra vez en las urnas. 

Por ello, la dimisión de Esperanza Aguirre como Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid está sirviendo de válvula de escape para la inquina, la bilis, el revanchismo y las miserias de toda clase de gente, dentro y, sobre todo, fuera del PP. Yo lo palpo muy cerca. Pero es inevitable, majaderos y miserables abundan.

Con sus luces y sus sombras en su gestión pública, Aguirre representaba el éxito de haber situado a la Comunidad de Madrid a la cabeza económica de todas las comunidades autónomas; representaba un matizado liberalismo que levantaba sarpullidos en la izquierda y en algunos ámbitos del propio Partido Popular y, sobre todo, representaba para muchos un modo de hacer política claro, directo y sin complejos ante una izquierdona tan rancia como sectaria. Se pregunta hoy “Monseñor” Iñaki Gabilondo en su sermón de El País ¿por qué ha dimitido en el fondo Esperanza Aguirre? ¿Dónde está el listón o cuantos códigos éticos pululan en el PP para que Esperanza Aguirre tenga que dimitir no estando imputada en ninguna causa y otros líderes  nacionales no tengan que hacerlo? Buenas preguntas. Y, a bote pronto, da la impresión de que Esperanza Aguirre, consciente de lo que representaba y habiéndolo sido casi todo en política, ha decidido no someterse al linchamiento mediático que le estaban preparando, depurar su responsabilidad política por sus errores en sus tareas “in eligendo e in vigilando” y, de paso, prestar un último servicio a su partido marcando, por cierto, el camino que deberían seguir muchos otros.

Esperanza Aguirre era desde hace tiempo una nota discordante en un partido monolítico, absolutamente incapacitado para percibir, no ya las demandas de la calle, sino las de su propia militancia. Muchas de sus ideas y propuestas lanzadas desde hace 4 años no sólo fueron despreciadas por la guardia pretoriana rajoyana de Génova sino que irritaron profundamente. Y, sin embargo, esas propuestas iban en la buena dirección. En febrero de 2013 habló de la necesidad de que quien vaya a ocupar un cargo público haya cotizado previamente a la seguridad social, es decir, que sepa lo que es ganarse la vida por su cuenta, sin el paraguas del partido. No le faltaba razón, aunque su entorno se nutría de gente que nunca lo había hecho. En mayo del mismo año, Esperanza Aguirre manifestó que "con elecciones internas para encontrar a los dirigentes, los militantes de base se sentirían mucho más involucrados en la vida del partido". Nada más sensato ni más lleno de sentido común que esa reflexión. Y en septiembre manifestó que “ha llegado la hora de remover las aguas demasiado quietas de la vida interna de los partidos" y, reclamó implantar un sistema electoral con listas abiertas y primarias para designar candidatos. En definitiva que aportaba algunas reflexiones que podrían haber permitido contribuir en algo a que el sistema político se regenerase.

Sin embargo se equivocó a la hora de conformar sus equipos porque usando el mismo sistema de designación cuya reforma proponía no supo elegir, no supo vigilar y no supo escuchar lo que eran algo más que rumores. Cuando alguien tiene la facultad de realizar cientos de nombramientos puede equivocarse, pero se ha de pagar por ello. ¿Cuántos políticos se han equivocado igual? ¿Quién puede poner la mano en el fuego por alguien al que designa directamente a un cargo, aunque sólo pueda nombrar a uno?

Pero ¿sirve de algo esta dimisión al PP? Tal y como están las cosas parece que no. El Partido Popular es una especie de tortuga, desesperadamente lenta en sus movimientos regeneradores, tremendamente asustadiza que esconde la cabeza a la mínima y prácticamente ciega. Es una tortuga incapaz de aprender de los errores y que marcha lenta pero inexorablemente hacia el precipicio.

Buena prueba de ello es lo que está ocurriendo en Valencia donde Génova trata de impedir o dificultar la concurrencia de varias listas a la Presidencia provincial (así lo ha hecho saber Maíllo el amigo de Aida Nízar) o en Alicante, sin ir más lejos, donde gente como José Ciscar, Presidente Provincial de Alicante, responsable del mayor desastre electoral del PP en la Provincia, se  presenta a la reelección sin que surja ninguna candidatura alternativa, pese a ser público y notorio que es un declarado enemigo de la transparencia, de la democracia interna y de la regeneración democrática al igual que su mano derecha el diputado José Juan Zaplana.

El actual PP ha sepultado ideológicamente al centro derecha. Se ha conformado con convertirse en un partido refugio para el voto del miedo al grito de “que llega Podemos” y con ello ha abandonado la idea de una profunda regeneración, de la asunción real y a todos los niveles de responsabilidades políticas, del desarrollo de iniciativas políticas de calado y del cumplimiento de su propio programa electoral. Siempre hay una excusa. Antes que lo prioritario era arreglar el desastre económico heredado. Ahora la insuficiencia parlamentaria. Y uno no puede, por menos, que preguntarse y para qué quieres gobernar si no puedes ni tan siquiera cumplir con un mandato europeo como en el caso de los estibadores portuarios.

El PP ha vuelto a perder un referente ideológico o, al menos, un referente dinamizador del debate interno, algo tolerado exclusivamente a personas con relevancia interna como Esperanza Aguirre. Eso sí, el PP ha ganado con esta dimisión más pax rajoyana, más uniformidad discursiva y más encefalograma plano. Cuando el PP sea desconectado de los sistemas de soporte vital, las administraciones públicas, tendrá serias dificultades para sobrevivir. Y si no, al tiempo.

Santiago de Munck Loyola

martes, 15 de noviembre de 2016

El próximo Congreso del PP.

Con dos años de retraso y de incumplimiento de sus propios Estatutos, el Partido Popular va a celebrar su XVIII Congreso Nacional entre los días 10 y 12 de febrero de 2017. Se trata del cónclave del máximo órgano decisorio del partido en el que se aprobarán no sólo modificaciones estatutarias o las líneas ideológicas y políticas del mismo, sino también, y es lo que más interesa a algunos, la cúpula dirigente del mismo.

El Congreso centrará sus trabajos en cinco ponencias: Política y Estatutos, Social, Económica y Administración Territorial, Educación y Cultura y Europa. Los ponentes serán los actuales vicesecretarios: Fernando Maíllo, Javier Maroto, el incombustible Javier Arenas, Andrea Levy y Pablo Casado.

La participación de los militantes está limitada a la elección de parte de los compromisarios, los delegados que asisten y votan en el Congreso, es dir, al 80 % de los mismos. El número de compromisarios será de 3.128 de los cuales 513 son natos, es decir el 20% de los compromisarios son cargos públicos o pertenecen a la burocracia del partido, y 2.565 son electivos. A nadie se le escapa que para muchos participar en el Congreso Nacional del PP es una oportunidad de oro, no para trabajar en las ponencias aportando ideas y propuestas, sino para hacer pasillos, para dejarse ver, para rendir pleitesía o para intentar cruzar unas palabras con los máximos líderes.

La participación del afiliado a través de la elección de los compromisarios puede parecer impecablemente democrática, pero todo aquel que ha tenido la oportunidad de conocer los mecanismos internos de funcionamiento del Partido Popular, sobre todo en Alicante, sabe perfectamente que de la teoría a la práctica hay un enorme abismo. En mis largos años de militancia popular, desarrollada sobre todo en Madrid, jamás encontré mayor desprecio hacia las reglas básicas de la democracia que las que se practicaban en el PPCV y, en especial, en la Provincia de Alicante. Teóricamente cualquier afiliado al corriente de pago de su cuota tiene derecho a presentar su candidatura para ser compromisario y participar en un Congreso, sin embargo, tal y como me señaló en su día, el que fue Secretario Provincial de Alicante José Juan Zaplana, las plazas de compromisarios asignadas a Alicante se reparten a dedo entre las distintas “familias” y “sensibilidades” del partido y si no perteneces destacadamente a alguna de ellas o careces de “padrino” te quedas fuera. Por ello, hay que ser conscientes de que cuando se reúna el cónclave popular su legitimidad será bastante limitada. Y esa es una de las razones que puede explicar la cada vez mayor distancia ideológica y estratégica entre los resultados de los congresos y el sentir de la militancia y, con ella, de buena parte del electorado. Se trata de una asignatura pendiente que debería ser abordada con urgencia y con decisión en la ponencia de Política y Estatutos. Sin participación real del afiliado, sin profundizar en la democracia interna no es posible avanzar hacia una profunda regeneración ni, por supuesto, articular medidas internas capaces de prevenir y combatir la corrupción.

Y qué decir sobre la presentación de avales para respaldar una candidatura. Las presiones del aparato pueden a llegar a ser brutales, sobre todo si quien te conmina a que avales una determinada candidatura, por ejemplo la de Rajoy en 2008, cuenta con poder institucional. O firmas el aval o el PGOU en tramitación de tu pueblo puede que no salga adelante, o avalas o te olvidas de la ampliación del Centro de Salud que has pedido. Chantajes similares se han producido en el PPCV y, pese a ser públicos, nadie se ha ido al juzgado.

El Partido Popular se encuentra ante una gran oportunidad para recuperar la credibilidad y el liderazgo en la sociedad, pero para ello ha de apostar decididamente por un cambio profundo, por una revolución o refundación interna que acabe de una vez con todos los obstáculos y hábitos que lo han alejado de sus propias bases y del electorado. Conformarse con seguir siendo el mal menor o el último refugio electoral ante la izquierda sería un triste y seguro final político.

Santiago de Munck Loyola




jueves, 25 de agosto de 2016

¿Regeneración o manita de pintura?





Da la sensación de que cuando se habla de “regeneración democrática” o, simplemente, de “regeneración” cada partido y, si se apura, cada político tiene una idea propia o un concepto particular sobre su alcance y significado. La regeneración se ha convertido en palabra talismán y ha pasado a ser de una palabra prohibida en el Partido Popular a una palabra de moda que, incluso, puede abrir o cerrar la puerta del gobierno para Mariano Rajoy. Ciudadanos ha impuesto al PP seis medidas regeneracionistas para negociar la investidura de Rajoy como si esas seis medidas fueran la clave para regenerar nuestro sistema democrático. Y se equivocan. Se han dejado en el cajón muchas otras medidas que son más importantes y que sí supondrían de verdad la manifestación de una auténtica voluntad regeneracionista.



La regeneración democrática significa volver a generar nuestro sistema democrático, sanearlo para acabar con la desafección ciudadana al mismo. Significa podar todas las ramas del sistema que con el paso del tiempo y su mal uso se han estropeado. Significa, en definitiva, eliminar todo aquello que con los años y el abuso por parte de los partidos y de buena parte de la clase política aleja al sistema democrático del interés general. Regenerar es reformar para que la democracia se revitalice y sirva más y mejor a los ciudadanos. Las seis medidas regeneradoras propuestas por Ciudadanos son claramente insuficientes. Son sólo una pose para la galería pero no abordan, ni de lejos, las causas que originan las insuficiencias democráticas de nuestro sistema político.



Al hablar de regeneración hay que hacerlo, al menos, de la necesidad de profundizar en la división de poderes, de reformas que afectan a los agentes políticos (partidos y clase política), de instaurar medidas más eficaces para combatir la corrupción y de reforzar la democracia con más transparencia, más igualdad de oportunidades y más participación ciudadana. Y no hay que olvidar que las medidas que pueden formar parte de estas cuatro grandes áreas se entrecruzan en no pocos casos.



La división de poderes no puede seguir siendo un mero enunciado que no se ajusta a la realidad institucional. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, deben ser realmente independientes si queremos que sirvan de contrapesos institucionales y cumplan sus funciones sin interferencias mutuas. En este sentido, ya es hora de que los partidos políticos a través del ejecutivo o el legislativo dejen de controlar a la judicatura. Como también es hora de que el poder ejecutivo abandone el legislativo. No tiene lógica alguna que miembros del poder ejecutivo como alcaldes o incluso consejeros autonómicos y ministros formen parte de las diferentes asambleas legislativas. O se pertenece al poder ejecutivo o al legislativo, pero no a los dos a la vez. Y esto está íntimamente relacionado con las reformas a impulsar que afectarían a la clase política: el establecimiento de rígidas incompatibilidades y la prohibición de simultanear varios cargos públicos.



Un asegundo gran bloque de reformas a impulsar afectaría a los principales agentes políticos de nuestra democracia, a los actores, partidos y clase política. Es imposible promover la regeneración de nuestra democracia si los que han de ejecutarla siguen anclados en los vicios políticos del pasado y presente. Es hora de trasladar a las leyes una concepción de la política como vocación de servicio público temporal. El político viene a servir a la sociedad, no a servirse de ella, su trabajo que es voluntario no puede estar rodeado de privilegios y prebendas. Por ello, es imprescindible la aprobación de un Estatuto del Cargo Público que entre otras cosas establezca: la limitación salarial (ni un sueldo público por encima del sueldo del Presidente del Gobierno), sometimiento al mismo régimen fiscal y de pensiones que el de cualquier ciudadano, supresión de coches oficiales, salvo para altos cargos, y su uso tributable como pago en especie, endurecimiento del régimen de incompatibilidades, aplicación del principio de “una persona un solo cargo”, limitación de mandatos, exigencia de experiencia previa profesional para el acceso a cargo público y la eliminación de los aforamientos. En cuanto a los partidos políticos sería necesaria una reforma de su Ley reguladora para fortalecer el poder de decisión y de elección interna de los afiliados, reforzar las garantías de los derechos de los mismos y reformar su sistema de financiación para que no sea, en gran parte, a costa del contribuyente.



Una de las grandes lacras de nuestro sistema es la corrupción y si prolifera es por varias razones. Una de ellas es porque tanto las leyes sobre contratación pública como sobre el territorio encierran una gran carga de subjetividad y, por tanto, de arbitrariedad en el proceso de toma de decisiones. No basta con sacar a los políticos como algunos proponen de las mesas de contratación que, al fin y al cabo, se limitan a analizar y recomendar, sino que es imprescindible que las normas reguladoras de la contratación pública y de la ordenación del suelo fundamenten la toma de decisiones en criterios puramente objetivos. Y entrelazando con la separación de poderes es evidente que desde la perspectiva de la persecución de la corrupción el refuerzo de la independencia judicial sería de gran ayuda.



Y, por último, el bloque referido al refuerzo de las instituciones democráticas pasa necesariamente por una reforma de la Ley Electoral que, independientemente del uso del sistema proporcional o el mayoritario, como mínimo iguale el valor del voto de cada ciudadano, sea de la provincia que sea, instaure las listas abiertas y suprima la necesidad de avales a los partidos sin representación parlamentaria. Del mismo modo, sería necesario impulsar una reforma que permita investigar parlamentariamente la presunta financiación ilegal de cualquier partido político, no sólo del PP, sin necesidad de que esa investigación dependa de una mayoría parlamentaria. Un último aspecto que redundaría a favor de la igualdad y la transparencia democrática, en detrimento de los partidos como agencias de colocación,  sería reforzar la profesionalización de las administraciones públicas prácticamente eliminando los miles de puestos de asesores y cargos de confianza en las administraciones públicas.



Como puede verse se trata unas cuantas pinceladas de lo que constituiría un proceso de regeneración democrática con mucho más alcance y profundidad de lo que algunos ahora enarbolan como “el no va más”. Y, seguramente, habrá muchas otras medidas aquí no expuestas que bien podrían integrarse en un catálogo de auténtica política regeneracionista. Pronto veremos si lo que estamos observando estos días es un simple juego floral de cara a la galería o si, de verdad, ha empezado un auténtico proceso de regeneración democrática. Mucho me temo que a la vista de los interlocutores nos vamos a quedar en lo primero.



Santiago de Munck Loyola