La insólita actuación del
Tribunal Supremo sobre quién ha de pagar el impuesto de actos jurídicos
documentados tras constituir una hipoteca a parte de provocar perplejidad y en
muchos casos indignación debería servir para que nuestros dirigentes políticos
actuasen con responsabilidad y abordasen de una vez los problemas de fondo. Sin
embargo, tras conocer las primeras reacciones de los partidos políticos todo
parece indicar que, una vez más, no va a ser así. Conviene analizar lo ocurrido
en su contexto exacto para no sacar conclusiones precipitadas ni ceder ante
propuestas engañosas y populistas. Porque el problema de fondo no es quién paga
este impuesto, sino si dicho tributo tiene razón de existir.
El Tribunal Supremo, de forma muy
chapucera evidentemente, no ha hecho otra cosa que mantener y ratificar la
jurisprudencia de más de 20 años interrumpida recientemente por tres
sentencias. No hay que olvidar que la Ley objeto de tanta controversia cuya
interpretación lleva años desembocando en el Tribunal Supremo fue aprobada por
un Gobierno del PSOE en los años 90 y ningún gobierno posterior, socialista o
popular, la ha modificado a pesar de que se imponía al comprador de la vivienda
correr con el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Este
impuesto es recaudado por las Comunidades Autónomas y su gestión quiebra, una
vez más, el principio de igualdad entre los españoles al fijar cada Autonomía
la cuantía del impuesto. Una hipoteca en Madrid paga menos impuestos que en
Andalucía, por ejemplo. Si este impuesto existe y si los obligados a su pago
somos los ciudadanos no es responsabilidad del Tribunal Supremo cuya función es
en este caso interpretar la Ley, sino los políticos, los legisladores que no
han querido resolver la situación durante más de 20 años.
El contexto social y económico en
el que vivimos obliga a plantearse otra cuestión muy importante cual es la
consideración del derecho al acceso a la vivienda. De forma cíclica nos
encontramos en la agenda de la actualidad las enormes dificultades existentes
para acceder a la compra de la vivienda. En un contexto como el actual,
salarios bajos y temporales, con dificultades para el acceso de los jóvenes a trabajos
estables y justamente remunerados, con burbujas inmobiliarias, encarecimiento
del suelo y escaso mercado de vivienda protegida es inadmisible que el Estado y
las Autonomías aprovechen el acceso a la primera vivienda para hacer caja a
costa del hipotecado. Lejos de favorecer el acceso a la primera vivienda, ningún
dirigente político plantea la distinción entre la primera vivienda y las demás.
Todas las viviendas, sea cual sea su finalidad, sólo es considerada como objeto
de recaudación fiscal múltiple: el IVA, el ITP, el IAJD, el IBI, el IRPF, la
plusvalía, etc. Todas las administraciones quieren sacar tajada dando igual la
idea de progresividad fiscal, de doble imposición o la de cualquier concepto de
justicia fiscal. De modo que al comprar la primera vivienda hay que añadir a su
precio de compra entre un 10 y un 15 % en tributos.
Por eso llama mucho la atención
la reacción de los distintos partidos con representación parlamentaria ante la
situación creada por la decisión del Supremo de confirmar su jurisprudencia al
respecto. Prácticamente todos se han apuntado a las soluciones fáciles y
presumiblemente más agradables al oído de los ciudadanos, pero algunos
especialmente se han apuntado a la demagogia populista de la peor especie y
quieren incendiar las calles con una falta total de escrúpulos. El Doctor
Sánchez ha anunciado hoy mismo un decreto ley para hacer que sean los bancos
los que paguen este impuesto y apela a la “bondad” de los bancos para que no lo
repercutan a los clientes. ¿Es tonto o qué? No existe mecanismo legal para
impedir que las entidades financieras repercutan finalmente, de una forma u
otra, esos costes en sus clientes. El hipotecado seguirá pagando el impuesto
aunque sea indirectamente. Pero es que, además, es especialmente llamativo que
los socialistas con el apoyo de los podemitas hayan subido este impuesto al
tipo máximo en Aragón. Si te parece injusto que el ciudadano tenga que pagar el
impuesto ¿Por qué aplicas el tipo máximo en vez del mínimo?
Si de verdad queremos en España
facilitar el acceso a la primera vivienda hay que empezar por reducir la
presión fiscal sobre la misma. Todo el mundo coincide en que la vivienda es un
bien de primera necesidad y, por tanto, no puede seguir siendo una vaca lechera
para cada administración pública. La primera vivienda adquirida con una
hipoteca debe tener hoy un tratamiento fiscal absolutamente diferenciado: debe
tener una fiscalidad igual en cualquier región de España, con un IVA reducido,
con gastos constitutivos de la hipoteca tasados y sin impuesto de transmisiones
patrimoniales o de actos jurídicos documentados en su caso.
Hoy en día no está sólo en juego
el prestigio del Tribunal Supremo por su torpe actuación. Está en juego la
credibilidad política de unos dirigentes políticos cuyos magnánimos propósitos
para con los ciudadanos pocas veces coinciden con sus actos. Y así nos va.
Santiago de Munck Loyola
