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martes, 25 de marzo de 2014

Por un Estatuto de los Cargos Públicos.


La profunda crisis económica y política que atravesamos ha hecho, entre otras cosas, que se subrayen determinados comportamientos y privilegios de la clase política que se alejan mucho de la necesaria ejemplaridad que hoy habría que exigir a todos los dirigentes políticos. Los partidos políticos se han convertido en impresionantes máquinas burocráticas con una propensión permanente a invadir todas las esferas y escalones del poder, viven del dinero público, no de las cuotas de sus afiliados, y sirven de agencia de colocación de sus peones, muchos de ellos sin preparación ni cualificación política o técnica. Así, han terminado por copar las administraciones públicas desplazando en muchas ocasiones a los propios profesionales de la administración sustituyéndoles por los “enchufados”. Es casi una vuelta al sistema del siglo XIX, denunciado magistralmente por Galdós, en el que la alternancia en el poder conllevaba el inmediato relevo de miles de colocados en detrimento de la profesionalidad de las administraciones públicas. A todo ello hay que sumar el abuso permanente de buena parte de la clase política de los instrumentos legales a su disposición atribuyéndose toda clase de privilegios fiscales, sociales, económicos y jurídicos mientras la gente lo pasa francamente mal.

España necesita un Estatuto de los Cargos Políticos que acabe con esta situación y que establezca unas reglas claras, precisas y estrictas. Sería sin duda una saludable iniciativa democrática. Este Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:

- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.

- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones, perfectamente delimitadas y controladas, sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.

- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo límites e incompatibilidades con otros ingresos. Incompatibilizar la percepción de dichas pensiones con el cobro de retribuciones provenientes de empresas o consorcios que tengan o hayan tenido vinculación con la actividad de las administraciones públicas.

- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.

- Limitar el aforamiento a los miembros de las Cortes y del Gobierno.

- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.

- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.

- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración incluso en empresas públicas.

- Establecer una escala retributiva nacional para todos los cargos públicos y directivos de empresas públicas o privadas cuyos ingresos provengan de subvenciones públicas de modo que ninguna retribución pueda superar a la percibida por el Presidente del Gobierno.

- Reducir de forma drástica el número de asesores y cargos de confianza en todas las administraciones públicas, limitando su existencia exclusivamente a tareas de comunicación e imagen, tareas que no suelen existir en las organizaciones públicas.

- Exigencia de un mínimo de experiencia profesional previa, sea en el ámbito privado o en el público, para el acceso a un cargo político, sea de elección directa o de libre designación.

- Limitar a dos mandatos los cargos de representación electiva.

- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas y eliminar las tarjetas de crédito para gastos de representación.

- Limitar los gastos de representación.

Se trata de una relación de medidas perfectamente ampliable que podrán contribuir a la exigencia de austeridad y ejemplaridad que, hoy por hoy, están tan ausente en el quehacer diario de buena parte de nuestra clase política. Impulsar un Estatuto de los Cargos Públicos en la dirección señalada sería, sin duda, una muestra más de la existencia de una voluntad regeneradora de nuestro sistema políticos, aunque mucho me temo que pocos partidos se atreverán a recoger un guante como éste.

Santiago de Munck Loyola.