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miércoles, 10 de agosto de 2016

Ciudadanos amaga.




Bueno, por fin algo se ha movido desde el pasado 26 de junio. Ayer martes, Albert Rivera anunció que negociará el apoyo de sus diputados a la investidura de Mariano Rajoy si antes el PP acepta seis medidas para promover la regeneración democrática, uno de los supuestos puntales ideológicos de la formación liderada por Rivera. Se trata de seis medidas que pueden encajar perfectamente en un catálogo regeneracionista:

1. Apartar a imputados por corrupción. Se trata de una propuesta lógica a la vez que compleja desde el punto de vista jurídico pues es necesario preservar la presunción de inocencia y, en todo caso, articular mecanismos de reposición de los derechos políticos del imputado cuando resulta finalmente declarado inocente.
2. La eliminación los aforamientos. Los más de 10.000 aforados que existen en España son una muestra evidente del abuso de un instituto creado para defender el libre ejercicio de la actividad política para quienes representan a la soberanía popular y que la clase política ha hecho extensivo a toda suerte de cargos públicos.
3. Una nueva ley electoral. Ciudadanos reclama listas desbloqueadas, la reforma del sistema de voto para los españoles que viven en el extranjero y acabar con la ley D'Hondt, lo que fragmentaría aún más el Congreso, pero no reivindica, como antes, la eliminación del filtro de los avales para presentar candidaturas impuesto en 2011 por los socialistas y que atenta al principio de igualdad entre los españoles para el acceso a cargos públicos ni la reforma del sistema para garantizar la igualdad del valor del voto entre los españoles de forma que no valga 3 veces más el voto de un catalán que el de un alicantino, por poner un ejemplo.
4. Acabar con los indultos por corrupción.
5. Limitar mandato a dos legislaturas. Se trata simplemente de regular y extender una norma no escrita a todas las administraciones públicas.
6. Mayor transparencia. Por último, parece que esta exigencia viene ligada a la necesidad de investigar parlamentariamente (porque judicialmente ya está en marcha) la financiación irregular del PP, aunque lo lógico sería hacerla extensiva a todos los partidos políticos.

Estas seis condiciones son positivas porque, por una parte, su mera presentación supone un desbloqueo parcial en el camino hacia un debate de investidura y, por otra, su contenido encaja con una cierta voluntad de regeneracionismo político.

Sin embargo, da la sensación de que Ciudadanos, por las razones que sean, no propone una regeneración democrática en profundidad poniendo sobre la mesa de la negociación aspectos esenciales para que la regeneración del sistema y, sobre todo, de los partidos políticos sea una realidad. Se limita a proponer seis medidas que siendo regeneracionistas no abordan ni plantean los problemas de fondo que han conducido a la política española a los niveles en los que ahora se encuentra.

Se dejan en el tintero reformas cruciales para que la regeneración del sistema político pueda avanzar y la primera de esas reformas afecta al funcionamiento, estructura y financiación de los partidos políticos que son los agentes que han de regenerar el propio sistema. Unas de las principales causas de la corrupción son la falta de democracia interna dentro de los partidos políticos, la incapacidad de la militancia para elegir y controlar a sus candidatos en las instituciones así como para fiscalizar la gestión económica de sus propios partidos y la ausencia o limitación del debate interno. Del mismo modo, el sostenimiento de los partidos políticos con cargo a los presupuestos públicos y su financiación privada los desvincula de sus bases sociales y los empuja a la defensa de intereses ajenos a las mismas.

Ciudadanos tampoco plantea al PP una condición indispensable para la regeneración democrática como es profundizar en la división de poderes y en la despolitización del poder judicial. La confusión entre poder ejecutivo y legislativo es enorme y se ha extendido a todos los parlamentos regionales. Una correcta interpretación de la división de poderes debería conducir a que los alcaldes, por ejemplo, no puedan simultanear su cargo municipal (poder ejecutivo) con un escaño en el parlamento o asamblea autonómica. Por higiene democrática debería haberse puesto encima de la mesa negociadora el principio de “una persona, un solo cargo público”, sea retribuido o no. Y reforzar la independencia judicial haciendo que los partidos políticos saquen sus zarpas de los procesos de designación de jueces y magistrados es también una condición inexcusable para poder enarbolar la regeneración democrática de la política.

Nada exige Ciudadanos sobre la necesidad de acabar con los privilegios económicos y sociales de la clase política a parte de la supresión de los aforamientos, privilegios de tipo fiscal y tributario, de pensiones, de medios a costa de los contribuyentes, etc.

Ni tampoco se plantean reformas legislativas para acabar con los criterios subjetivos en manos de los políticos en el ámbito de la legislación sobre contrataciones de las administraciones públicas o sobre el suelo, dos de los grandes campos en los que la corrupción ha florecido por doquier.

En definitiva, da la sensación de que la propuesta de Ciudadanos, con ser en si misma positiva, responde más a un movimiento táctico en busca del aplauso que a la necesidad de plantear un verdadero cambio regeneracionista que necesariamente tendría que ir mucho más allá de las seis condiciones impuestas al Partido Popular. Pero, algo es algo.

Santiago de Munck Loyola