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martes, 8 de noviembre de 2022

¿Se acabó? Sólo en parte.

El pasado 3 de noviembre, a las 19 horas, miles de alicantinos acudimos a la concentración en la Montañeta convocada por los empresarios de la Provincia para protestar contra la discriminación de nuestra provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que relega a Alicante al último puesto en inversión en infraestructuras: 85 euros por cada alicantino mientras que le media nacional es de 283 euros. No es nada nuevo, año tras año el Gobierno de España, gobierne el PP o el PSOE, ha ido invirtiendo cada vez menos en nuestra Provincia; de hecho, desde 2008 a 2022, el déficit acumulado en inversiones asciende a 3.540 millones de euros, es decir, que los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez no invirtieron en carreteras, autovías, ferrocarriles, infraestructuras hídricas, puertos o aeropuerto por valor de 3.540 millones de euros que nos habrían correspondido atendiendo sólo al número de habitantes de nuestra Provincia. Y han tenido que ser los empresarios, no los políticos, los que se han atrevido a levantar la voz, bajo el lema ¡Se acabó! ¿Qué clase de políticos padecemos? ¿Por qué tanto pasotismo? Para tener cierta idea de la clase de políticos que nos representan basta recordar que en nuestra Provincia hay 1.669 concejales y decenas de diputados autonómicos y nacionales. Y en su inmensa mayoría no estaban el día 3 en la Montañeta y, lo cierto, es que muy pocos estaban allí defendiendo los derechos de los alicantinos. Los de izquierdas porque es evidente que se deben más a sus partidos que a los ciudadanos y por tanto no se van a manifestar contra una injusticia histórica cometida por los suyos y los demás, salvo la presencia de algunos, pues, quién sabe, por pereza, por falta de compromiso o por simple pasotismo tampoco estaban.

¡Se acabó! Fue el lema de la concentración, se acabó aguantar resignadamente más desprecios hacia los alicantinos, se acabó aguantar calladamente más discriminación, se acabó… ¿la injusticia? Evidentemente no y hay que decirlo claro. Seguirán discriminando a nuestra provincia tanto desde el Estado como desde la Generalidad Valenciana, aunque sería mejor llamarla Generalidad de Valencia porque lo que es de Alicante lo es solo nominalmente. La Generalidad de Valencia nos quiere tanto que sus políticas y sus inversiones durante 40 años han llevado a aumentar la brecha de la renta entre los alicantinos y los valencianos de modo que hoy somos más pobres con relación a los mismos que hace 40 años. Una institución política que lejos de propugnar la cohesión social entre sus territorios logra lo contrario es un fracaso institucional. Y Estado y Generalidad seguirán discriminando a los alicantinos por varias razones. En primer lugar, porque los políticos que nos representan no hacen valer su voto en las instituciones representativas y están sometidos a la disciplina centralista de sus partidos. En segundo lugar, porque da igual que la Generalidad de Valencia levante la voz pidiendo más financiación ya que en caso de obtenerla seguirá aplicando su propia política de reparto que no pasa por tener en cuenta nuestra población fija y flotante. En tercer lugar, porque la clase política alicantina no es capaz de construir un consenso básico sobre las necesidades de la provincia y su financiación. Solo utilizan la infrafinanciación que padecemos como arma arrojadiza, como argumento electoralista de desgaste del adversario. No hace ni cinco años que los socialistas y podemitas se quejaban de las raquíticas inversiones del Gobierno del PP en Alicante y los populares alicantinos lo negaban a pesar de las evidencias. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

 

Lamentablemente lo único que se ha acabado es “sufrir en silencio” los insultos presupuestarios del Gobierno PSOE-Podemos. Y ya es algo, pero no es suficiente. No basta con protestar y pedir más. Lo que es imprescindible es articular un proyecto político, una propuesta institucional que blinde los derechos y las necesidades de los alicantinos ya sea mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, ya sea promoviendo una reforma del mapa autonómico. Otras provincias lo han hecho o al menos lo están intentado. Su mera presencia electoral sirve de aviso para navegantes y está obligando al centralismo periférico a replantear sus estrategias de desarrollo regional. En medio del fragmentado panorama político y del delicado equilibrio de mayorías ¿se imagina alguien que con dos o tres diputados alicantinistas en el Congreso se atreverían a dejar a nuestra Provincia en el vagón de cola de las inversiones? Pues eso.

 

Ni las limosnas que Puig o de Baldoví pueden contentarnos en modo alguno. El Estado adeuda a nuestra Provincia 3.500 millones de euros y si otras Comunidades han exigido y obtenido el pago por parte del Estado de su deuda histórica Alicante también tiene derecho a lograr lo mismo. Debe ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas e innegociable. Lamentablemente, el único partido que así lo reclama es el Partido Alicantino Regionalista y hay que ser conscientes que 3.500 millones de euros en inversiones supondrán la conversión de Alicante en un territorio muy atractivo para la inversión y para la generación de riqueza y, por tanto, conllevarán un crecimiento exponencial de la renta de los alicantinos.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

jueves, 17 de junio de 2021

La autonomía para Alicante es posible y deseable.


Que Alicante es una provincia discriminada en los presupuestos de la Comunidad Valenciana o en los del Estado no lo puede negar nadie, ni en la izquierda ni en la derecha, y de hecho cuando sus adversarios políticos gobiernan en una u otra administración los políticos alicantinos se atreven a decirlo. Hoy, los políticos alicantinos de derechas lo dicen mientras que los de izquierdas se callan. Justo lo contrario de lo que ocurría cuando era la derecha quien gobernaba en el Estado o en la Comunidad Valenciana. Pero si en algo coinciden unos y otros es en que, salvo criticar esa situación injusta e incumplir sus promesas de rectificación, ni unos ni otros han propuesto jamás una alternativa constitucional para acabar con esa situación y devolver a Alicante la dignidad que le corresponde.

 

La Constitución de 1978 estructuró parte de la organización del Estado en Comunidades Autónomas tratando de descentralizarse y de acercar el poder de las administraciones a los ciudadanos. Sin embargo, el mapa autonómico no se estableció sobre la base de la distribución regional hasta entonces existente y aparecieron nuevas Comunidades Autónomas hasta entonces inexistentes o se crearon otras con escaso arraigo histórico. Madrid, Cantabria, La Rioja, Castilla La Mancha o Murcia. No se tocó la división provincial diseñada por el Ministro de Fomento Javier De Burgos y aprobada el 30 de noviembre de 1833. En este contexto nace en 1982 la Generalidad Valenciana como gobierno de la Comunidad Valenciana. El antecedente histórico remoto fue la Diputación del General, surgida en el siglo XIV como una comisión de las Cortes del Reino de Valencia para administrar un impuesto denominado generalidades.
Sin arraigo histórico real, ni arraigo popular se creó en 1982 una administración ex novo que, además, ignoró las peculiaridades históricas de la Provincia de Alicante que, por cierto, durante siglos mantuvo una administración autónoma dentro del Reino de Valencia como lo era la Gobernación General de Orihuela creada en 1366 y cuya demarcación ocupaba gran parte de la actual Provincia de Alicante.

 

Es evidente que el sistema autonómico, junto a grandes ventajas, arrastra también muchas carencias y defectos que casi nadie se atreve a abordar seriamente. La clase política se encuentra inmersa en el problema independentista y lleva muchos años olvidándose de mejorar y perfeccionar un sistema territorial cuyos defectos afectan a todos los españoles, no solo a los catalanes. Y no se trata sólo de su financiación. Sin ir muy lejos, hemos podido comprobar que el estado autonómico ha sido muy ineficiente para gestionar la pandemia: comunidades autónomas compitiendo entre sí en los mercados internacionales para adquirir material sanitario, multiplicidad de normas contradictorias, ausencia de una dirección nacional para una emergencia nacional, etc. Pero es que, además, el estado autonómico no garantiza entre los ciudadanos el principio constitucional de la igualdad de derechos en materias tan básicas como la educación, la sanidad o los derechos sociales. Ya hace años se cuantificó en 40.000 millones de euros el coste para las empresas españoles que implica la ruptura del mercado único en el territorio nacional.

 

Hay quien, como VOX, plantea como solución, en lugar de la reforma del sistema autonómico para evitar duplicidades o para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles, la simple ruptura del estado autonómico y su sustitución por un estado centralizado. Aventurar que esta propuesta es la mejor es complicado por dos razones: primero porque requeriría una profunda reforma Constitucional muy complicada de sacar adelante y, segundo, porque se agravarían las tensiones territoriales. La evolución histórica y el posibilismo político indican que la mejor alternativa es la reforma gradual del estado autonómico, paso a paso, con un horizonte lejano bien definido. Se trata de palabras mayores, de diseñar un objetivo nacional que compete, fundamentalmente, a los partidos de ámbito nacional quienes, entre otras cosas, deberían pactar entre ellos y liberarse de una vez de los chantajes de los partidos nacionalistas para gobernar.

 

Es en este complejo contexto en el que hay que situar la injusta situación de la Provincia de Alicante encuadrada en una Comunidad Autónoma centralista, una Administración Pública, la Generalidad Valenciana, que ha fracasado en la convergencia social de los habitantes de su territorio, es decir, que en sus años de existencia ha agrandado la brecha entre la renta valenciana y la alicantina en favor de la primera, una Administración que no respeta la singularidad alicantina que no es uniforme, sino plural, un Gobierno Regional empeñado en imponer una lengua extraña para la mayoría de los alicantinos y, en definitiva, un Gobierno Autonómico que actúa como freno para el desarrollo de las inmensas potencialidades de progreso que Alicante tiene. No hay ninguna razón lógica que justifique que Valencia decida cuándo deben o no abrir los comercios alicantinos, ni para imponer un idioma extraño para quienes tienen unas raíces castellanas, ni para decidir qué infraestructuras son o no necesarias en Alicante.

 

Alicante puede, si sus ciudadanos así lo deciden, seguir como hasta ahora y perpetuar esta situación o decir ¡basta ya! e intentar un nuevo camino. Alicante tiene historia propia, población y recursos suficientes como para reclamar un estatus distinto: el de Comunidad Autónoma Uniprovincial, como Madrid, Murcia, Cantabria, Asturias, La Rioja o Navarra. Y no, no es ninguna locura porque el mapa autonómico no está definido en la Constitución (no hay que tocarla) y porque la historia reciente no puede ser condicionante ni del presente ni del futuro ¿Quién decide qué punto de la historia nos vincula a una Generalidad que no se corresponde con la actual? ¿Por qué no se busca el arraigo en la Gobernación General de Orihuela? ¿O en el Reino de Tudmir? Construir una nueva Comunidad no es ser “independentista”, es ser autonomista y es serlo para reforzar la unidad de España. No se trata de construir una Comunidad Uniprovincial al uso, sino diferente. Una Comunidad solo con las competencias realmente útiles y convenientes para, de una parte, administrar los intereses alicantinos desde Alicante, no desde Valencia, y de otra fortalecer la cohesión nacional dejando al Estado las competencias que garantizan la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles. Se trata también de economizar recursos, de no tener que sostener con los impuestos a cinco administraciones, al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno Regional, al Estado y a las Instituciones Europeas, sino a cuatro fundiendo en una a la Diputación Provincial y al Gobierno Regional.

 

Ésta es la única alternativa para que la Provincia de Alicante pueda despegar, pueda escapar del centralismo y de la voracidad de Valencia. Es la única vía para que Alicante tenga voz propia ante el Estado y deje de estar filtrada y condicionada por los intereses de Valencia y la influencia del anexionismo de los independentistas catalanes. No, no es una locura iniciar esta andadura, la locura es no hacer nada y limitarnos a quejarnos anualmente de que nos roban.


Santiago de Munck Loyola

 

 

 

 

martes, 8 de octubre de 2019

9 de octubre. Su fiesta.



Hoy 9 de octubre se celebra el Día de la Comunidad Valenciana. En este día se conmemora la entrada del Rey aragonés Jaime I en la ciudad de Valencia en el año 1234, para liberarla del dominio musulmán. En 1976, los parlamentarios de las tres provincias que hoy componen la Comunidad Valenciana acordaron señalar en el calendario el 9 de octubre como jornada de afirmación autonómica, naciendo el Día Nacional del País Valenciano que posteriormente sería transformado en Día de la Comunidad Valenciana.

Por tanto, una festividad exclusivamente valenciana que rememoraba un hecho histórico relativo a la ciudad de Valencia fue elevada a la categoría de festividad regional ignorando con ello otros hechos históricos de los demás territorios de similar relevancia. Y da la sensación, además, de que para imponer ese relato histórico como seña de identidad común es preciso ignorar que para los alicantinos  tuvo mucha más relevancia la conquista militar de la ciudad que finalizó el 4 de diciembre de 1248 con las tropas del rey castellano Fernando III el Santo, dirigidas por su hijo el infante Alfonso, el futuro Alfonso X el Sabio. La designación del día 9 de octubre como fiesta autonómica, como Día de la Comunidad Valenciana, carece de sentido porque expresa claramente un sentimiento centralista de Valencia al convertir una efeméride puramente local en una festividad para las tres provincias. La fecha en la que celebrar la festividad de toda la Comunidad, de todos los territorios que constituyen el ente político autonómico debería ser una fecha con significado común para las tres provincias y esa fecha no puede ser otra que la conmemoración del día en que las tres provincias quedaron vinculadas y pusieron en marcha la nueva Generalidad Valenciana, es decir, el 1 de julio que es cuando el estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue aprobado por primera vez por la Ley Orgánica 5/1982, de 1º de Julio. 

Mal se puede construir un proyecto común cuando se empieza por imponer una visión histórica no compartida y se difuminan los antecedentes singulares de sus integrantes. Si a ello se añade un largo recorrido administrativo, económico, cultural y político marcado por el centralismo de los políticos valencianos y la sumisión de todos los territorios integrantes de la Comunidad a los intereses de una sola Provincia, el fracaso político del ente autonómico está más que garantizado.

Tras 37 años de la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana el balance para Alicante no es todo lo positivo que debería ser. Hay un dato muy revelador: hoy los alicantinos son más pobres respecto a los valencianos que hace 37 años, la brecha económica entre las dos provincias y, por tanto, la brecha en el nivel de bienestar de sus habitantes se ha agrandado. Cuando una administración pública no sólo no consigue la convergencia económica y social entre sus territorios sino que además la empeora ha fracasado. 

Año tras año, los informes de instituciones como el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante, INECA, cuantifican la discriminación presupuestaria que padece Alicante y detallan los perniciosos efectos en el desarrollo y el bienestar social de los alicantinos. Y ello exige respuestas del conjunto de la sociedad alicantina, soluciones para revertir una situación que gobierne la derecha o la izquierda no tiene visos, hoy por hoy, de cambiar.

Lamentarse, quejarse o protestar que es lo único que algunos políticos alicantinos hacen, sobre todo cuando están en la oposición o en períodos electorales, no sirve absolutamente de nada. Hay que poner en la agenda política propuestas concretas, soluciones realistas para empezar a construir un futuro mejor para toda la Provincia de Alicante.

Santiago de Munck Loyola

martes, 24 de septiembre de 2019

MOTIVOS PARA VOTAR Y PARA CAMBIAR EL VOTO.



Hoy se publica en el BOE la convocatoria de nuevas elecciones generales tras el fracaso del PSOE de Pedro Sánchez para lograr acuerdos parlamentarios que apoyasen su investidura como Presidente del Gobierno. Detrás de todo el ruido preelectoral (reparto de culpas, acusaciones, desencanto ciudadano, miedo a la abstención, etc.) lo cierto es que los actuales partidos con representación en el Congreso han sido incapaces de formar gobierno. Y lo cierto es que ello implica consecuencias negativas directas para todos los ciudadanos: se paralizan las reformas, no hay transferencias a las Comunidades Autónomas y no llegan los recursos para atender a la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Pero es que, además, los problemas se agravan.


En unas elecciones generales no votamos sólo para que los diputados elijan a un Presidente del Gobierno sino para que durante la legislatura nos representen, se ocupen de nuestros problemas, fiscalicen al gobierno y propongan soluciones. El pasado 28 de abril los alicantinos elegimos 12 diputados (4 del PSOE, 3 del PP, 2 de C’s, 2 de Podemos y 1 de Vox) y 4 senadores (3 del PSOE y 1 del PP). 

Desde entonces hasta ahora, los medios de comunicación han recogido muchos titulares exponiendo los graves problemas que afectan a nuestra Provincia. Éstos son algunos de ellos:


-       El Gobierno declara la Vega Baja zona catastrófica sin concretar las ayudas. El Consejo de Ministros diluye las compensaciones por la gota fría en un real decreto que destina 774 millones de euros a repartir entre 20 provincias afectadas por catástrofes naturales - Regantes ven «decepcionantes» las medidas urgentes y el PP, «muy poco dinero»
-        La CHS desoyó la exigencia de los regantes de vaciar el río y revisar las motas 48 horas antes de que se desbordase.
-    Los agricultores cargan contra la "dejadez" del Gobierno durante la gota fría. Acusan al Ministerio de no preocuparse por limpiar el cauce ni mantener las motas del río.
-       El curso escolar arranca en la provincia de Alicante con 10.000 alumnos sin profesor. Secundaria y Formación Profesional son los ciclos más afectados por la falta de 500 docentes. Los sindicatos critican que Educación cubrió en Valencia un mayor número de plazas que en Alicante.
-       Los casos de discriminación lingüística se duplican en la provincia.
-      La olla a presión de la Sanidad en Alicante. Las consultas en los centros de salud de la provincia crecen en 154.000 en solo un año y las de especialistas, en 160.000, con el mismo personal de hace 15 años. La dimisión del jefe de Urología en la Marina Baixa pone en evidencia las carencias.
-        El cerco al castellano se amplía este curso y afecta ya a toda Primaria. En el actual modelo lingüístico la mitad de los colegios tienen enseñanza en valenciano y el 33% en castellano.
-       Marzà defiende que Valencia debe sumarse al proceso independentista catalán.
-       La Diputación mantiene el talante negociador y pide al Consell otro reparto de los fondos FEDER. Alejandro Morant considera «sectaria y vergonzosa» la distribución de ayudas para vías ciclopeatonales pero quiere consensuar posibles soluciones.
-        El Consell adjudica a Alicante el 1% de un fondo de la UE y deriva el 98% a Valencia. La Generalitat destina a municipios valencianos 36,5 millones del programa Feder para vías ciclopeatonales e invierte 450.000 euros en un tramo entre Elche y Santa Pola.
-       El Gobierno valenciano «espía» qué idioma hablan los alumnos en el recreo.
-   Barceló descarta tomar medidas para paliar la saturación de hospitales y centros de salud.
-      Sanidad deja con la mitad de plantilla los centros de salud y hospitales para atender a un millón más de personas. La provincia incrementa la población en verano de 1,9 a 2,9 millones de habitantes.
-       Camas en los pasillos del Hospital de Sant Joan.
-      Sanidad presta una deficiente atención en Urgencias en los pueblos por falta de personal. En Agost, Pinoso, Muro, Banyeres o Sax el servicio cierra cada vez que el médico acude a una visita a domicilio.
-         Nueva lluvia de subvenciones a los 'soberanistas' de la Comunidad Valenciana.
-         Los médicos, obligados a utilizar su coche al seguir sin conductor los 109 de Sanidad.
-         El helipuerto cerrado del General obliga a trasladar a cuatro pacientes por carretera en nueve días.
-        El Gobierno de Puig presiona a los alumnos que no quieren valenciano: “Estarás en desventaja".
-     Caos y retrasos de hasta 13 meses en la renta valenciana de inclusión.
-    Más de 137.300 alicantinos emigraron a otras provincias en 2018 tras encontrar un empleo.
-      Los municipios «antitrasvase» del Tajo decidirán sobre el agua que se envía a la provincia.
-       Los centros de salud de la provincia soportan la mayor carga asistencial de la Comunidad. Cada médico llega a atender hasta 32 pacientes al día cuando la media del conjunto autonómico es de 25 consultas.
-       Quejas por el retraso de hasta una hora en las ambulancias que cubren urgencias en la costa.
-         La provincia sufre el peor mes de julio para el empleo en once años.
-          Sanidad cierra las 30 camas extra que reabrió en julio.
-          Universidades deniega el doble de becas de las que adjudica en la provincia.
-         Los hoteles, a favor de una AP7 gratis pero solo entre Valencia y Tarragona.
-          Alicante ciudad recibe la mitad de dinero del Estado que Málaga.
-          Más inmersión lingüística en Baleares y Comunidad Valenciana.
-         El Consell descarta Medicina para Alicante porque supondría un «sobrecoste».
-          Sánchez se 'olvida' de invertir en obras públicas en Alicante. El Gobierno sólo inyecta en la provincia el 0,41% de toda la inversión en infraestructuras realizada por el Estado en España durante los últimos 12 meses. La Administración central ha licitado proyectos por 7.184 millones de euros. A las comarcas alicantinas han llegado apenas 29,7 millones de todos estos fondos.
-         Más de seis meses de espera para una cita médica en Rehabilitación.
-         El AVE Alicante-Madrid abandona el podio de los más rápidos de España.
-        El Ayuntamiento y la Cámara exigen un proyecto digno para unir el Puerto con el Corredor Mediterráneo.
-        La inestabilidad en Madrid deja a Alicante con la inversión del Estado más baja de la historia.
-         Reparto 'asimétrico' de la inversión en la Comunidad. El Botànic dio a Valencia el 58% de toda la inversión en obras públicas en su primera legislatura, y a Alicante el 26,8%. Los empresarios alicantinos creen que es hora de corregir este desequilibrio.
-          El 20% de la población de la provincia está en riesgo de exclusión social.
-        El Hospital Vega Baja está a la cola en inversión y gasto de personal en la Comunidad Valenciana.
-      ¿Qué hemos hecho los alicantinos para que el ninguneo de Madrid y València sea crónico?
-          Fomento excluye a la provincia del plan exprés para construir pisos con alquileres baratos.
-         La red viaria se aproxima a la saturación sin mejoras a la vista por la ausencia de presupuestos.
-     Acció Cultural lleva recibidos 30 millones para implantar el catalanismo en Valencia.
-      La Comunitat Valenciana pierde en 3 meses 34 empresas de más de 250 trabajadores.
-    Puig destierra el español: subvenciona a los ayuntamientos que rotulen "exclusivamente en valenciano".


Los titulares de prensa de tan solo los últimos 5 meses son más que elocuentes. Y la pasividad de nuestros actuales parlamentarios más que escandalosa. Estos titulares y la actividad de nuestros actuales parlamentarios son razones más suficientes para demostrar la necesidad de que los alicantinos cuenten con voz propia en las próximas Cortes Generales. Desde una perspectiva alicantinista y española es evidente que ninguno de los actuales partidos políticos con representación en las Cortes atiende de forma directa a los intereses de Alicante. 

Alicante se juega mucho en estas elecciones generales. No es cuestión de izquierda o derecha. Es cuestión de defender el futuro, el progreso y la propia identidad en medio de un escenario muy complejo. Mantenerse al margen no puede ser una opción para quienes quieren que la voz de Alicante sea tenida en cuenta de una vez.

Santiago de Munck Loyola