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lunes, 4 de mayo de 2015

Tres Diputaciones, tres marrones, un mismo PP.


¿Qué tendrán algunas Diputaciones para generar tanta porquería? ¿Qué tendrán para atraer a tanto desaprensivo? De todo, pero quizás las preguntas adecuadas serían ¿qué tiene el PP para que produzca tanto pirata de la política? ¿Qué tiene el PPCV para que en su seno prosperen y sean elevados a los puestos de más alta responsabilidad señores como Joaquin Ripoll, Carlos Fabra o Alfonso Rus?

A la vista está que algo muy serio falla en la estructura de un partido cuando coloca a presidir las tres Diputaciones de la Comunidad Valenciana a “políticos” que han terminado siendo protagonistas de titulares periodísticos y no precisamente por sus excelencias en la gestión de estas administraciones públicas. El PPCV ha conseguido que las tres Diputaciones de nuestra Comunidad, Castellón, Alicante y Valencia, se hayan convertido en motivo de escándalo y vergüenza para todos los ciudadanos, para los sufridos contribuyentes cuyos impuestos se han convertido en botín de los “elegidos” del PP. Estos abnegados trabajadores de lo público no tenían suficiente con disfrutar y abusar de coches oficiales de alta gama (un abuso insoportable), de chófer las 24 horas del día, de retribuciones más que generosas habida cuenta su preparación para el cargo, de tarjetas visa para convites y regalos y de todo el boato asociado a las instituciones que presidían o presiden, sino que, además, al amparo de la misma todo indica que se han buscado unos “extras” para mitigar su duro sacrificio en pro de la ciudadanía.

Las Diputaciones en España son administraciones locales sin elección directa de sus gestores, Presidentes y Diputados provinciales no son elegidos por los ciudadanos en las urnas ni se someten, por tanto, al escrutinio de las mismas cada cuatro años. Los Presidentes y Diputados provinciales son designados por los partidos políticos entre los concejales electos en la provincia. Por tanto, la composición de la Diputaciones obedece exclusivamente al reparto de cuotas de poder en el interior de los partidos políticos y no al interés general, ni a las preferencias directas de los votantes. Constituye evidentemente una anomalía el hecho de que unas administraciones públicas que mueven miles de millones de euros cada año escapen al control democrático de los votantes. Siendo así, es evidente que el espectacular resultado de las tres diputaciones de nuestra Comunidad obedece exclusivamente al juego interno de poderes en el seno del PPCV. ¡Vaya intereses!

Y si al déficit de legitimidad democrática de las Diputaciones sumamos la ausencia de democracia interna en algunos partidos políticos, como el PPCV, logramos el cóctel perfecto para que se produzcan los escándalos como los que estamos conociendo. Cuando los afiliados de un partido no tienen nada o muy poco que decir a la hora de designar a sus candidatos tampoco pueden controlarlos. Cuando el principal mérito para ser candidato o para ser designado en puestos de responsabilidad política no es el apoyo de las bases del partido, ni la preparación intelectual, ni la trayectoria profesional, sino el amiguismo, el nepotismo o el tráfico de influencias es normal que terminen aterrizando en los puestos de responsabilidad un gran número de incompetentes o de aprovechados, de gente sin formación o sin escrúpulos.

Seguramente muy pocos afiliados del PP de Alicante habría elegido a la actual candidata a la Alcaldía para ese puesto y menos siendo prima del Secretario Provincial del partido y seguramente ninguno habría elegido como número tres de esa candidatura municipal a un señor de Teulada, el Sr. Ciscar, que ni vive ni trabaja en la ciudad, que se ha caracterizado en su gestión autonómica por discriminar presupuestariamente a la provincia y a la ciudad de Alicante, y cuyo objetivo declarado no es servir a los vecinos de la ciudad, sino servirse de ellos para marcharse, precisamente, a intentar presidir la Diputación provincial, ese oscuro objeto de deseo, ese “marrón” en el balance político del PPCV.

Santiago de Munck Loyola


martes, 23 de agosto de 2011

Diputaciones, políticos y asesores.

La propuesta electoral del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba de eliminar las Diputaciones provinciales ha abierto un amplio debate político sobre la conveniencia o no de esta medida. Parece que la propuesta está ya haciendo aguas por la reacción nada entusiasta de su propio partido molesto por el “ninguneo” al que el candidato le ha sometido en este tema.

La propuesta de Rubalcaba nació desde el primer momento con muy poca credibilidad porque no hace más de un año que el candidato socialista se opuso firmemente a una medida similar y la toma ahora como propia, justo después de que los socialistas hayan perdido el control de la mayoría de las Diputaciones provinciales. Pero es que, además, Rubalcaba y su equipo tratan de justificar esta propuesta esgrimiendo cifras que superan los 1.000 millones de euros de supuesto ahorro con la eliminación que se produciría de cargos políticos (cerca de 1.000), asesores y demás gastos vinculados con la dirección de estas instituciones. Si se examinan los presupuestos de las Diputaciones Provinciales es fácil observar que los números no cuadran y que constituye una falsedad absoluta que el coste de los cargos políticos y cargos de confianza suponga casi el 15 % del total de los presupuestos de las Diputaciones, unos 7.000 millones de euros al año. Si se toma el caso de la Diputación de Alicante, una de las Diputaciones con más cargos políticos y puestos de confianza, el coste en nóminas y gasto corriente asociado a estos cargos ronda el 2,90 % del presupuesto anual, porcentaje muy alejado del manejado por Rubalcaba. Es más, si la cifra y el correspondiente porcentaje de supuesto ahorro señalado por el candidato socialista fuera cierto y creíble constituiría un verdadero escándalo en el que habrían participado todos los partidos políticos, es decir, una práctica habitual que es de suponer sería extensible a todas las demás administraciones públicas.

Dicho esto, lo positivo de esta propuesta es haber abierto un interesante debate sobre el papel, el futuro y las posibilidades de reforma de las Diputaciones Provinciales y, necesariamente, de las demás administraciones públicas. Es indudable que las administraciones públicas vienen siendo, desde hace muchos años, un botín que los Partidos Políticos reparten entre los suyos cuando se hacen con el poder de las mismas, ya se trate de Ayuntamientos, de Diputaciones, de Comunidades Autónomas o del Estado. El abuso que supone la proliferación de cargos de confianza (asesores, comunicadores, etc.), la asignación de elevados sueldos de los cargos políticos y el uso indiscriminado de bienes públicos y prebendas es mucho más relevante y significativo en tiempos de crisis como los actuales en los que se imponen continuos sacrificios a la población, sobre todo, a la más débil económicamente. Se han dado casos, como en la Diputación de Alicante, en los que hay más asesores que Diputados Provinciales. ¿Es normal? ¿Es admisible? ¿Es lógico que hasta para hacer oposición los grupos políticos tengan asesores? Parece que no, parece que el sentido común señala que si los Señores Diputados no saben hacer su trabajo y necesitan asesores para ello es mejor que se dediquen a otra cosa. Y esta consideración es extensible en gran medida a las demás administraciones públicas.

La proliferación de cargos de confianza no se debe a una desconfianza del político hacia los funcionarios, entre los que hay grandes profesionales, ni a su propia incompetencia personal que exija tan gran número de asesores, sino que obedece más bien a ese reparto del botín público en el pago de favores tan frecuente en las organizaciones políticas.

Hoy las Diputaciones Provinciales siguen prestando un apoyo fundamental a los pequeños municipios lo que justifica sobradamente su existencia. Sin embargo, el desarrollo de las administraciones autonómicas ha supuesto, en muchos ámbitos, una duplicidad de funciones insostenible. Posiblemente, la solución pase por una redefinición del papel de las Diputaciones en coordinación con la estructura autonómica. Las Diputaciones deberían incrementar su capacidad de apoyo y asesoramiento a los pequeños municipios cuya viabilidad también es cuestionable en estos momentos y dejar en manos de las administraciones autonómicas muchas funciones que, además, competencialmente les corresponden. Igualmente, su reforma debería pasar por una revisión profunda de su representatividad democrática y del estatuto económico de sus cargos públicos. Muchos ven en las Diputaciones un contrapeso político a la tendencia neocentralizadora de las Comunidades Autónomas y esta consideración se ha venido reflejando en un crecimiento mimético de las Diputaciones que hoy no las hace viables. No se puede  solucionar un problema creando otro.

Santiago de Munck Loyola