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jueves, 30 de enero de 2014

Huelgas y servicios públicos.


El pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores, rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la huelga, el ajuste se va a limitar a tres años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo, principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad, Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de basuras.

La falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo, las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo, los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión privada.

El debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha. Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza, resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.

Sin embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima eficiencia.

Desgraciadamente no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente, nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del conjunto de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola



domingo, 13 de enero de 2013

Privatizaciones y genética.



Anda revuelto el personal con algunas noticias surgidas en los últimos días en torno a las llamadas externalizaciones de servicios sanitarios, antes llamadas privatizaciones, en la Comunidad de Madrid. Hay quienes hacen de las privatizaciones una cuestión de fe, un dogma, como si se tratase de una receta mágica capaz de deshacer cualquier entuerto. Los radicales de las privatizaciones, al igual que los radicales de lo público, creen a pie juntillas que su método es el mejor en cualquier caso, que es una panacea universal aplicable en cualquier administración y en cualquier circunstancia. El mantenimiento a ultranza de estos dogmas no pasaría de la categoría de anécdota sobre cerrazones mentales, sino fuera porque cuando unos y otros ponen la mano sobre la gestión lo hacen, por regla general, con poca reflexión, con poco análisis de la realidad y con menos datos aún. No hay recetas universales, cada caso es diferente y la solución, pública, privada o mixta, dependerá siempre de una correcta cuantificación de la relación eficacia precio. Sin embargo, cuando las aguas se revuelven más y cuando de verdad se encienden los ánimos es cuando en torno a estos procesos aparecen situaciones que, cuando menos, son poco estéticas.

Y eso es lo que está ocurriendo en torno al proceso abierto en la sanidad madrileña. El blanco de las miradas es, ni más ni menos, que el exconsejero de sanidad de la Comunidad Madrileña, Juan José Güemes. Según se apunta en diversos medios de comunicación, en el año 2009 el Sr. Güemes puso en marcha la privatización de la gestión de los análisis clínicos de 6 hospitales y de más de 250 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid que fue adjudicada a una UTE, BR Salud. En Marzo de 2010, el Consejero de Sanidad Güemes dimitió repentinamente. Resultó sorprendente que alguien tan joven, con una meteórica carrera política fraguada en los pasillos y las relaciones personales y con un brillante futuro político, abandonase de pronto y se marchase al sector privado. Ya se sabe que eso es algo muy raro en los lares de la política española. Pero, de pronto salta otra noticia: en enero de este mismo año, hace unos días, el 55 % de la UTE a la que fue adjudicada la gestión de los análisis clínicos por el Sr. Güemes es comprada por otra empresa, Unilabs, que pertenece al Grupo Carpio. Y, sorpresa, ¿quién pertenece a su Consejo de Administración? Pues el Sr. Güemes. No cabe la más mínima duda de que todo se habrá hecho con el más absoluto respeto a la legalidad, en especial, en lo referente a los plazos sobre incompatibilidades que afectan al Sr. Güemes, pero tampoco cabe la más mínima duda de que estéticamente es inaceptable porque, mira por donde, de las miles de actividades profesionales que con tan brillante preparación podría haber elegido el Sr. Güemes ha ido a recalar en el sector sanitario y casualmente, dentro del sector, en las empresas que gestionan las contratas que él mismo promovió. Francamente sospechoso.

Y estas cosas pasan, a parte de por culpa de las propias debilidades de la naturaleza humana, por esa tendencia endogámica de los partidos que les lleva a situar en puestos de responsabilidad a amiguetes, a conocidos y a familiares prescindiendo de la cantera de las poderosas organizaciones que dicen poseer. Ya es casualidad que un poderosos partido con cientos de miles de militantes siempre termine situando a los mismos o al entorno de los mismos. Cuando se habla de defender a la familia uno pensaba que se trataba de la institución familiar y respecto a circunstancias muy diferentes. Y es que esto de la familia es muy nuestro. Ya Alfonso Guerra nos demostró como un hermano podía ayudar a la gobernación del Estado con despachito en Sevilla para, tomando unos cafelitos, agilizar el funcionamiento de la pesada maquinaria administrativa pública. Era una forma de privatizar, más bien de familiarizar, la burocracia pública. De su ejemplo tomó buena nota el Sr. Chaves quien desde su largo período de califato autonómico hizo una ostensible demostración de lo bien que una gran familia puede servir al interés general. ¿Y en la Comunidad Valenciana? Pues también tenemos grandes ejemplos de lo que se entiende por gestión privada y familiar de las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento de Alicante hasta las Cortes Valencianas puede seguirse el rastro de este principio de la defensa de la familia. Mira que hay gente capacitada en el Partido Popular para desempeñar con eficacia cargos públicos, pues, nada, hay personas que a sus impresionantes cualidades personales deben unir un carisma especial que les hace acreedores del escaño, por ejemplo, y no por que casualmente sean hijos del ex.alcalde de la ciudad, no, no piense mal el lector. Seguramente se trata de una cuestión de genética política. Debe haber algún gen oculto que potencie la proliferación de cargos políticos en el seno de una misma familia. 

Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la Sra. Esposa del Sr. Güemes, la inefable diputada popular Dª Andrea Fabra, bisnieta, nieta, e hija de Presidentes de la Diputación de Castellón, que se dice pronto. Con ese acervo genético, además de hacerse famosa por su entrañable “que se jodan”, la esposa del Sr. Güemes ya lo era por ser asesora, a los 24 años, del Secretario de Hacienda. Y me pregunto ¿Qué clase de Secretario de Hacienda nombraron que necesitaba una asesora de 24 años con la carrera recién terminada? ¿O es que era un amiguete de papá? Después, con 31 años, ya era senadora. ¡Qué potencia genética! El asunto merece un estudio científico, de verdad. Y lo tenemos a tiro. Seguro que en los estupendos laborarotorios para los que trabaja su señor marido podrían realizar ese estudio genético político. Quizás así, los que pensamos que el acceso a los cargos públicos en nombre de los partidos debería hacerse de acuerdo con criterios democráticos y bajo los principios de mérito y capacidad podríamos salir de nuestro craso error y asumamos de una vez que con buenos genes se llega a cualquier escaño. ¡Qué pena!

Santiago de Munck Loyola

jueves, 14 de junio de 2012

Sobre competencias y privatizaciones municipales.

De acuerdo con una información publicada hoy por un Diario nacional, el Ministerio de Hacienda está preparando un borrador de reforma las competencias que desarrollan los municipios. El objetivo de esta reforma es eliminar duplicidades y asegurar la financiación de los servicios que prestan. Con ello, se podría lograr el ahorro por parte de los municipios de 3.500 millones de euros anuales. La reforma pasaría por una modificación del Art. 25 de la Ley de Bases del Régimen Local definiendo de una forma más clara y limitativa las competencias que deben y pueden desarrollar los entes locales.

Según el borrador de la reforma, al año de entrar en vigor los Ayuntamientos deberían someter a evaluación el conjunto de sus servicios para ajustarlos al principio de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades. Si tras la evaluación, el Ayuntamiento no pudiera mantener algunos servicios municipales, debería proceder a su supresión, cuando se trate de servicios no obligatorios; y podría privatizarlos, sin son servicios obligatorios que no conllevan el ejercicio de funciones públicas. Igualmente, el borrador prevé que las diputaciones puedan asumir algunas competencias de municipios de menos de 20.000 habitantes y la supresión de las competencias de Sanidad y Educación que hasta ahora ejercían algunos municipios.

Abordar una reforma de las competencias de las administraciones públicas venía siendo ya una exigencia del sentido común. Es preciso clarificar quién hace qué con el objetivo de evitar las duplicidades que existen en los distintos niveles administrativos. Y es cierto que en este campo, muchos Ayuntamientos, impulsados por las siempre crecientes demandas ciudadanas a su administración más próxima de más servicios y animados por los ingresos de las épocas de bonanza, han ido creciendo asumiendo competencias facultativas y, en ocasiones, impropias. Ahora, en época de escasez, no hay ingresos suficientes para mantener unas estructuras sobredimensionadas.

Admitiendo que esta reestructuración de las competencias es absolutamente necesaria hay que resaltar que, simultáneamente, debería abordarse el eterno problema de la financiación de los entes locales. Las reglas de juego deben ser absolutamente claras y no parece muy procedente reformar sólo una parte del reglamento. El recorte o la redefinición de competencias municipales es sólo una parte del problema o del conjunto de problemas que afectan al funcionamiento de los entes locales. Acometer el recorte de competencias y no abordar la reforma financiación de los entes locales es hacerse trampas al solitario.

Privatizar servicios públicos como medida de ahorro es una falacia. No sirve como regla general: privatizar no es sinónimo de ahorro. Hay servicios públicos que sí pueden ser objeto de privatización manteniendo o mejorando su calidad y disminuyendo sus costes, pero en muchos otros casos esa regla no funciona. Piénsese que a los costes que implica un determinado servicio prestado por un ente público hay que añadir el beneficio empresarial y el IVA, conceptos éstos no imputables en la gestión pública de ese servicio. Es muy posible que la solución para una prestación económica y eficiente de un determinado servicio público pase por la introducción de parámetros de control, de calidad y de productividad en el ámbito de los entes públicos. Es decir, por la introducción en el ámbito público de criterios de gestión privados. Hay cierta tendencia social a demonizar a los empleados públicos como los responsables de que los costes de los servicios que prestan sean superiores a los costes de los servicios prestados por el sector privado, pero, salvo excepciones, la responsabilidad en la gestión es de los políticos que, en vez de hacer política, se meten a gestores sin la adecuada preparación para ello y desplazan a los profesionales relegándoles a la función de ejecutores de decisiones adoptadas desde perspectivas puramente políticas.

A todo lo anterior hay que añadir algunos elementos más que impiden a los Ayuntamientos lograr una mayor eficiencia de los recursos públicos. Se trata de las contradicciones entre las leyes administrativas y las laborales. Supongamos que un Ayuntamiento tiene el servicio de limpieza viaria adjudicado mediante concurso a una empresa privada y que ese mismo Ayuntamiento puede reasignar a su propio personal a la limpieza viaria porque, como consecuencia de la crisis no necesita tantos en el departamento de obras y servicios. Pues bien, al vencimiento de la contrata, el Ayuntamiento no puede municipalizar el servicio de limpieza y asignárselo a sus propios operarios. Si quiere municipalizar el servicio debe absorber a los trabajadores de la contrata y debe hacerlo a pesar de la prohibición de contratar más personal porque así lo prevé la legislación laboral. Así pues no queda más remedio que volver a licitar la contrata y seguir con los operarios propios “a medio gas”. Otro ejemplo de las dificultades legales con las que se encuentran los Ayuntamientos se refiere a la posibilidad de dedicar ingresos patrimoniales a la cancelación de las deudas financieras. Hoy, si un Ayuntamiento consigue vender un solar, a pesar de la crisis, no puede dedicar el precio obtenido al pago de los préstamos que tenga concertados. Debe necesariamente reinvertir ese dinero en una inversión también patrimonial que, con seguridad, generará más gasto corriente y contribuirá así a asfixiar más a la tesorería municipal.

En definitiva, estamos ante una situación sumamente compleja y delicada para la inmensa mayoría de los Ayuntamientos, sobre todo los pequeños y la solución no pasa sólo por abordar una parte del conjunto de los problemas municipales. Ni la delimitación de competencias municipales, ni el impulso a privatizaciones, ni los recortes de servicios públicos por sí solos suponen la solución de esta situación. Es preciso un proyecto más amplio y ambicioso que reforme a la vez la financiación de los entes locales, la dirección y gestión de los mismos, las normas de contratación de personal, bienes y servicios, las competencias y los mecanismos de control y coordinación con las demás administraciones. Y si no se hace, seguiremos “parcheando”.

Santiago de Munck Loyola