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martes, 30 de julio de 2013

Alicante sin representación colectiva del centro derecha.


Ayer el Comité Ejecutivo Provincial del PP decidió aprobar la creación de 5 Juntas de Distrito para sustituir la Junta Local del PP de la Ciudad de Alicante, dando así cumplimiento al acuerdo del 11 de octubre de 2012 que decía “Alicante, respecto de la cual el Presidente propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de Juntas de Distrito,…” Diez meses, nada menos, empleados en decidir el número de Juntas del PP que habrá en Alicante. 

Hay que señalar que es precisamente el acuerdo de octubre pasado el origen del conflicto que se ha saldado, de momento, con la suspensión cautelar de militancia de Antonio Sobrino y de un servidor y con la apertura de sendos expedientes disciplinarios para echarnos del PP. Entendimos y seguimos entendiendo que la decisión de dejar a la ciudad de Alicante sin Junta Local era y es ilegal porque vulnera el Artículo 19 de los Estatutos Nacionales del PP que facultan a la organización provincial para crear distritos (órganos de descentralización de una Junta Local grande) pero no para suprimir una Junta Local. Presentamos en su día los oportunos recursos. Primero ante el propio Comité Ejecutivo Provincial que no contestó, aunque sí lo hizo, atribuyéndose funciones que no le corresponden el Secretario Provincial quien, vulnerando de paso los Estatutos del Partido, se negó por escrito a entregar la documentación que le pedimos y desestimó el recurso alegando que no habían suprimido la Junta Local de Alicante. Ya me dirá alguien como se puede sustituir una cosa por otra y conservar ambas. Tampoco respondieron ni el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ni el nacional. Eso sí, el primero nos ha abierto un expediente disciplinario y nos ha impuesto una medida cautelar, como si fuésemos delincuentes, de suspensión de militancia con el único fin de privarnos de nuestros derechos de cara a cualquier proceso electoral interno. Creo recordar que ni a Bárcenas le impusieron una medida similar ni, por supuesto, a ninguno de los numerosos cargos del PP imputados en procesos judiciales. En todo caso, ahora serán los tribunales de justicia serán los que decidan sobre la legalidad de esta decisión.

De otra parte, hay que resaltar y con ello no creo hacer otra cosa que describir la realidad, que esta decisión de suprimir la Junta Local de Alicante se ha tomado sin consultar a los miles de afiliados de la ciudad y ni tan siquiera se les ha comunicado por escrito. Los afiliados de Alicante nos limitamos a pagar nuestra cuota, que se la queda la Provincial, y a enterarnos por la prensa de lo que pasa y lo que deciden otros con nuestra organización local.

Pero en todo este asunto hay dos cuestiones importantes que reflejan la consideración que Alicante parece merecer para la cúpula provincial del PP. De una parte, la situación en la que quedan los afiliados alicantinos que en su día se afiliaron a una organización de y para toda la ciudad y no a una organización de barrio. Parece que los afiliados alicantinos no tenemos derecho a tener una organización política de nuestra ciudad, como la tienen los afiliados de Elche, de Torrevieja o de cualquier municipio. ¿No tenemos los mismos derechos? ¿Por qué los demás pueden tener una Junta Local y nosotros no? ¿Por qué no se deja decidir a los alicantinos? ¿Por qué los afiliados alicantinos no pueden tener una sede propia? ¿Por qué los afiliados alicantinos son los únicos cuyas cuotas íntegras van a parar a la Provincial? ¿Por qué no pueden tener un Presidente local que los represente ante la sociedad alicantina? Nadie da una respuesta satisfactoria estas preguntas. ¿No será que algunos dirigentes provinciales, que no son de la ciudad, pretenden controlarla y arrogarse la representación de las bases?

Y la segunda cuestión afecta a la ciudad en sí. Del mismo modo que se convierte a los afiliados alicantinos en afiliados de segunda, también la ciudad de Alicante parece ser tratada, una vez más, de la misma manera. Los problemas y las necesidades de una ciudad como la nuestra no van por distritos, por barrios, sino que la mayoría de los mismos son globales, tienen un carácter transversal y por tanto requieren un tratamiento unitario. El desempleo, los desahucios, la marginalidad, el turismo, los transportes, el Plan General, la promoción cultural, las infraestructuras comunitarias, por citar algunos asuntos, son cuestiones que afectan al conjunto de los alicantinos y su análisis, sus soluciones y su tratamiento debe hacerse desde una perspectiva global y no por distritos. Al igual que ocurre con las demás organizaciones políticas de la ciudad, el centro derecha debería tener una organización de y para la ciudad en su conjunto y no 5 organizaciones débiles coordinadas no se sabe muy bien por quién designado por no sabe tampoco por quién. La sociedad alicantina se merece, también en el ámbito del centro derecha, una organización para toda la ciudad, nacida de la voluntad de los afiliados del centro derecha y con un liderazgo nacido de las bases y no impuesto, ni tutelado. Alicante y sus vecinos no pueden ser tratados de diferente forma que los demás municipios de la provincia. Y si se hace, debería explicarse muy bien por qué.

Los hechos y la experiencia de los últimos años han demostrado que el PP de Alicante era una formidable máquina electoral, pero poco más. Unas siglas controladas por grupos y “familias”, pero no una organización dinámica, viva, participativa en la que los afiliados pudieran trabajar, proponer ideas, realizar propuestas o simplemente opinar sobre el programa electoral o sobre quienes deberían formar parte de las listas electorales. Y la solución más lógica y más democrática para superar esa situación no era otra que la de devolver la palabra a la militancia para que decidiese lo mejor sobre el futuro de su organización local. Pero no, no se ha optado por esa solución. Se ha optado por imponer a la militancia un modelo dudosamente legal desde la perspectiva de los Estatutos del partido Popular y por privar a la ciudad de Alicante de una interlocución única para el conjunto de la ciudad. Seguramente los demás partidos políticos estarán muy contentos con ello.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 24 de febrero de 2013

¿Sentencias a la cubana en Alicante?



Hay noticias que no tienen desperdicio. El pasado 22 de febrero, la edición alicantina del Diario ABC (http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130222/abcp-expulsara-afiliados-criticos-castedo-20130222.html) publicó el siguiente e ilustrativo titular El PP expulsará a dos afiliados críticos con Castedo y Císcar. Continuaba así: El comité de derechos y garantías del PPCV, que preside el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, ha iniciado el procedimiento para expulsar del partido a dos militantes de la agrupación alicantina: Santiago de Munck y Antonio Sobrino. La noticia, publicada por D. Martínez, se basaba en las informaciones ofrecidas por “fuentes próximas al comité de derechos y garantías”. Ya se sabe que cuando un periodista acude a la expresión de “fuentes próximas” se está refiriendo a alguien que no quiere dar la cara, a un cobarde, a un sujeto que o bien quiere esconder sus datos porque miente o porque no está autorizado a expresar lo que dice. Lo más preocupante de esta noticia es que seguramente el periodista no se ha inventado nada, sino que ha trasladado lo que la citada fuente, aunque dado el contenido debería ser calificada mejor de cloaca, le ha transmitido ya que nadie, con capacidad para ello, ha rectificado, ni ha puntualizado una sola coma.

Para ver el alcance y el calado de lo que esta noticia encierra, hagamos un ejercicio de ficción e imaginemos que un periódico traslada de fuentes próximas al juzgado el siguiente titular: El Juez condenará a la cárcel a la Alcaldesa de Alicante y todo ello sin que se haya iniciado procedimiento judicial alguno. Sería un escándalo de primeras proporciones. Sería una prueba evidente de que no se va a celebrar ningún juicio conforme a las garantías mínimas procesales que nuestra Constitución ampara, se estaría vulnerando clarísimamente la presunción de inocencia y todo el proceso judicial que se desarrollase después no sería más que una farsa. Estaríamos ante un proceso a la cubana, o a la soviética, donde el acusado, antes siquiera de serlo, ya estaría condenado. Pues es exactamente el mismo caso que el descrito por el corresponsal de ABC a instancias de las informaciones facilitadas por las fuentes próximas al llamado “Comité de Derechos y Garantías” (¿de quién?) que preside, al parecer, el Sr. Castelló.

Es más, según esas mismas turbias fuentes  la intención de Castelló es que ambos militantes reciban la notificación del inicio de su expediente de expulsión la próxima semana. Como puede ver cualquiera no se trata de un expediente para averiguar hechos, dar trámite de audiencia y decidir, en su caso, la imposición de una determinada pena, no, eso sería lo normal en una organización democrática propia de un estado de derecho, pero parece que lo normal, y lo legal, es algo que desconocen las fuentes próximas al Comité de Derechos y Garantías.

Si el redactor de esta noticia, la hubiese contrastado con los condenados sin juicio, perdón los afectados por el presunto “decreto” cubano de expulsión podría haber contribuido a clarificar las aguas sucias vertidas por su fuente informativa. Podría saber que las supuestas críticas deben de referirse a la impugnación del acuerdo de la Junta Provincial de sustituir a la Junta local de Alicante por Juntas de Distrito, impugnación que desde el 15 de enero está en manos de ese mismo Comité de Derechos y Garantías sin que, hasta el día de hoy, ni haya acusado recibo de la misma, ni se haya pronunciado sobre su fondo; acuerdo que se tomó de espaldas a los militantes de la ciudad de Alicante (no es una crítica, sino un hecho real), y que aún no se ha notificado a los mismos (eso sí se ha anunciado por la prensa de forma confusa y contradictoria como si cualquier afiliado tuviera la obligación de atender a la prensa para saber cuando se modifican o no sus derechos estatutarios); acuerdo que además, según nuestra opinión, podría vulnerar los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Podría saber el periodista que las referencias filtradas sobre la Asamblea para la elección de compromisarios es incompleta; que falta mencionar que ser candidato a compromisario es un derecho de cualquier afiliado y que para ejercerlo las normas internas indican que todo afiliado  debe ser convocado por carta para que pueda presentarse y que ese requisito fue incumplido; que un servidor no obligó a realizar ninguna votación, sino que es obligatoria por Estatutos cuando hay más aspirantes que puestos y que en aquella ocasión un servidor y otra persona se negaron a retirar su candidatura pese a las presiones a las que fueron sometidos por J.J. Zaplana, actual Secretario Provincial, quien manifestaba que sobrábamos porque los puestos disponibles ya habían sido repartidos entre las diferentes “sensibilidades” o corrientes existentes en el partido y en cuyo nombre se expresaba. Podría haber completado su información sabiendo que varias personas del Partido Popular llamaron a mis superiores laborales para que me presionaran y renunciara a mis derechos de participación. Por cierto, ignoro la razón por la que en esta información, al igual que en otras, se incluyen los datos de mi puesto de trabajo. Soy funcionario público y no cargo político por lo que es evidente que existe un diferente e intencionado tratamiento cuando se ofrecen informaciones que me afectan en mi ámbito personal a las que se hacen sobre terceras personas. Suena cubano también ¿no? ¿O acaso mi centro de trabajo y mi ocupación profesional son relevantes a la hora de complementar las informaciones nacidas de fuentes o cloacas determinadas?

Y podría haber complementado su información el firmante de la misma con las supuestas críticas a la Alcaldesa de Alicante. Podría haber sabido que como vecino de esta ciudad tengo el mismo derecho que cualquier otro a criticar en público o en privado cualquier asunto de la gestión municipal que me afecte. En todo caso, lo relevante y parece ser lo determinante en este caso es que he pedido públicamente que los cargos públicos imputados dimitan, que dejen sus responsabilidades mientras la justicia actúa y que, de resultar inocentes, sean repuestos en sus responsabilidades. Es exactamente lo mismo que hace años pedían los dirigentes del Partido Popular. Y lo mantengo. Como también mantengo que hace falta ejemplaridad en la clase política en todos sus niveles, incluido el Ayuntamiento de Alicante.

Por último, contrastar las informaciones con los interesados, podría haber servido para aclarar que ni Antonio Sobrino ni un servidor hemos abierto ninguna Oficina Electoral porque cumplimos estrictamente con el único requerimiento recibido en ese sentido hecho por la Dirección Provincial. Esperanza Popular es, de momento, un foro que llevaba funcionando muchos meses en Internet y que desde el 15 de febrero cuenta con un local para seguir haciendo lo que venía haciendo en las redes sociales: facilitar el encuentro entre afiliados del Partido Popular y entre éstos y los vecinos de Alicante para informar, debatir e intercambiar ideas. Nosotros, a diferencia de la Dirección Provincial, no nos reunimos con nadie para “apuntalar” las elecciones internas (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/02/06/pp-pide-apoyo-castedo-apuntalar-nueva-estructura-partido-alicante/1340896.html). Esperanza Popular es un Foro del que forman parte afiliados y no afiliados del PP, todos ellos haciendo uso de sus derechos políticos constitucionales, para tratar temas políticos y sociales desde la perspectiva de la regeneración democrática, la libertad, la honradez, la participación, la democracia interna y la ejemplaridad de los cargos públicos ¿a quién molesta tanto y por qué? Somos lo que somos, lo que decimos que somos y no lo que otros quieran decir que somos para justificar sus decisiones antidemocráticas.

Aunque peque de iluso, me niego a creer que mi Partido, a pesar del silencio oficial sobre esta noticia, asuma y practique el matonismo, la arbitrariedad, la injusticia y la vulneración de la más mínima garantía procesal que se derivan de las informaciones ofrecidas por las anónimas “fuentes” próximas al Comité de Derechos y Garantías. No puede ser.

Santiago de Munck Loyola