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domingo, 22 de julio de 2012

Las envenenadas propuestas de Urkullu.




No sabe nada, el Presidente del PNV, el Sr. Urkullu. Para que lo luego vayan diciendo que los nacionalistas no son solidarios con el resto de los ciudadanos de eso que ellos llaman “el Estado” y que otros llamamos España. Los nacionalistas vascos son muy solidarios con los maketos y con todos los que no tenemos la inmensa suerte de vivir en las tierras vascas, aunque no tengamos el RH como ellos. Prueba de ello, de su solidaridad y de su talante colaborador y constructivo, el presidente de los nacionalistas vascos ha formulado una serie de propuestas para combatir la crisis económica y los recortes con los que estamos siendo castigados un viernes sí y otro también. El Sr. Urkullu con el simple ánimo de aportar su granito de arena en la búsqueda de soluciones que alivien las cargas de las administraciones públicas ha hecho sus propuestas.

Y ¿qué han propuesto los nacionalistas para reducir el gasto público? Varias cosas, a saber: Reformar la Constitución española, esta Constitución que ellos no apoyaron ni apoyan, para eliminar el Senado y para suprimir las delegaciones del Gobierno de España en las comunidades autónomas. Así, según los nacionalistas vascos, se ahorrarían los gastos que supone que el Estado tenga presencia y coordine su administración en los territorios de las 17 comunidades autónomas y justifican esta propuesta por que existe una situación de “extrema gravedad” y hace falta, por tanto, “adelgazar la estructura del estado”. Así, en el País Vasco y en todas las Comunidades Autónomas el Estado (se supone que el central) no tendría presencia alguna. No explican los nacionalistas vascos qué pasaría entonces con las competencias estatales en las CCAA, quién las ejercería y las coordinaría, pero, viniendo de donde viene la propuesta, es de suponer que dichas competencias desaparecerían y serían absorbidas por las propias CCAA. ¿Para qué entonces tener un Estado central? No sabe nada, el Sr. Urkullu. La posibilidad de eliminar el Senado no es nueva y considerando su trayectoria seguramente sería mejor suprimirlo. Ahora bien, si los nacionalistas vascos se quieren “cargar” el Senado a lo mejor no tan buena idea. Habría que reconsiderarlo.

No acaban aquí las constructivas propuestas de los nacionalistas, Proponen también reducir drásticamente los presupuestos de dos Ministerios que ciertamente les incomodan: el de Defensa y el de Interior. No es casualidad que el PNV proponga recortar duramente los presupuestos de estos dos Ministerio. Desde hace tiempo, los nacionalistas vascos defienden la salida de los efectivos militares del País Vasco y una mínima presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Blanco y en botella: sin representación del Estado, sin Fuerzas Armadas en su territorio y con un mínimo de Policía en la frontera francesa ¿qué vendría después?

Puestos a ahorrar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas el Sr. Urkullu podría tener en cuenta que si desapareciese la Policía autónoma vasca y fuese sustituida por Policías Nacionales o Guardias Civiles se produciría sólo en gastos de personal un ahorro de 100 millones de euros anuales; si se redujese a la mitad el Parlamento Vasco ahorraría 17 millones de euros; si eliminasen los gastos de protocolo del Lehendakari ahorrarían 461.000 euros al año o si, por ejemplo, el Gobierno Vasco no desarrollase funciones en el exterior que le corresponden al Estado ahorraría más de 9 millones de euros año.

Puestos a recortar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, según todos los sondeos realizados recientemente, prefieren que se adelgace a las autonomías, a todas las autonomías. Claro que hablarle a un nacionalista de lo que opina la inmensa mayoría de los ciudadanos es perder el tiempo.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 24 de agosto de 2011

Una reforma constitucional innecesaria e inútil.

Es más que curioso que los dos grandes partidos parlamentarios, el PSOE y el PP, sólo sean capaces de alcanzar un acuerdo para realizar una reforma de la Constitución absolutamente inútil: la limitación del gasto de las administraciones públicas.
PP y PSOE han demostrado hasta la saciedad su incapacidad negociadora para encontrar puntos de encuentro en temas absolutamente trascendentales como pueden ser las reformas de estatutos de autonomía, la renovación del Tribunal Constitucional, la reforma laboral o, en muchas ocasiones, la política antiterrorista. Y, sin embargo, logran un acuerdo, quizás obedeciendo instrucciones del eje franco-alemán, para realizar una reforma constitucional innecesaria e inútil. ¿Para qué entonces se planea esta reforma? Todo parece indicar que se trata de una operación estética, un gesto encaminado a tranquilizar a los nuevos jefes de las políticas económicas, los mercados.
Esta reforma constitucional es innecesaria porque ya existen mecanismos legales suficientes para limitar el techo del gasto de las administraciones públicas. Ahí tenemos el Tratado de Maastricht suscrito por España que fijó el déficit permitido a los Estados de la Unión Europea en el 3 % del PIB y que merced al artículo 96 de la Constitución Española forma parte del ordenamiento jurídico español, para bien y para mal. Es decir, que la limitación del déficit ya está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Y si de lo que se trata es de establecer nuevas o diferentes obligaciones financieras, basta con volver a usar el Art. 94, 1, d) de la propia Constitución que establece que  la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
El enorme y creciente déficit de las Comunidades Autónomas constituye uno de los principales problemas de nuestras cuentas públicas y la necesidad imperiosa de su control es invocada por los promotores de esta reforma constitucional como justificación de la misma. Sin embargo, se trata, una vez más, de un argumento absolutamente erróneo. Es posible, además de necesario, controlar el déficit de las Comunidades Autónomas sin necesidad de reformar la Constitución. Basta con aplicar las previsiones constitucionales existentes. El Art. 149.1. 13)  de la C.E. establece como competencia exclusiva del Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. El Art. 150.3 de la Carta Magna señala que el Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Y, finalmente, el Art. 155.1 dispone que Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Como puede apreciarse nuestro Ordenamiento Jurídico no sólo tiene ya establecido un límite del gasto que, posiblemente, deba ser articulado en función de las actuales circunstancias, sino que, además, cuenta con los mecanismos legales necesarios para imponer, si fuere preciso, más límites y controles a favor del interés general sin necesidad alguna de reformar la Constitución.
Esta anunciada reforma es, además de innecesaria, inútil. Da igual lo que disponga el tratado de Maastricht o la propia Constitución si no existe una voluntad política decidida y clara para frenar el gasto de las administraciones públicas. Es inútil cualquier pretensión legal en este sentido si no está respaldada por decisiones coherentes y valientes. Y, hasta el día de hoy, es evidente que los discursos de unos no han venido seguidos por sus obras y que las pretensiones de otros se han escondido tras propuestas de reforma hasta ahora no aceptadas.
¿Por qué no reforman la Constitución para establecer la exigencia de  responsabilidades a los gobernantes incompetentes e irresponsables?
Santiago de Munck loyola

martes, 23 de agosto de 2011

Diputaciones, políticos y asesores.

La propuesta electoral del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba de eliminar las Diputaciones provinciales ha abierto un amplio debate político sobre la conveniencia o no de esta medida. Parece que la propuesta está ya haciendo aguas por la reacción nada entusiasta de su propio partido molesto por el “ninguneo” al que el candidato le ha sometido en este tema.

La propuesta de Rubalcaba nació desde el primer momento con muy poca credibilidad porque no hace más de un año que el candidato socialista se opuso firmemente a una medida similar y la toma ahora como propia, justo después de que los socialistas hayan perdido el control de la mayoría de las Diputaciones provinciales. Pero es que, además, Rubalcaba y su equipo tratan de justificar esta propuesta esgrimiendo cifras que superan los 1.000 millones de euros de supuesto ahorro con la eliminación que se produciría de cargos políticos (cerca de 1.000), asesores y demás gastos vinculados con la dirección de estas instituciones. Si se examinan los presupuestos de las Diputaciones Provinciales es fácil observar que los números no cuadran y que constituye una falsedad absoluta que el coste de los cargos políticos y cargos de confianza suponga casi el 15 % del total de los presupuestos de las Diputaciones, unos 7.000 millones de euros al año. Si se toma el caso de la Diputación de Alicante, una de las Diputaciones con más cargos políticos y puestos de confianza, el coste en nóminas y gasto corriente asociado a estos cargos ronda el 2,90 % del presupuesto anual, porcentaje muy alejado del manejado por Rubalcaba. Es más, si la cifra y el correspondiente porcentaje de supuesto ahorro señalado por el candidato socialista fuera cierto y creíble constituiría un verdadero escándalo en el que habrían participado todos los partidos políticos, es decir, una práctica habitual que es de suponer sería extensible a todas las demás administraciones públicas.

Dicho esto, lo positivo de esta propuesta es haber abierto un interesante debate sobre el papel, el futuro y las posibilidades de reforma de las Diputaciones Provinciales y, necesariamente, de las demás administraciones públicas. Es indudable que las administraciones públicas vienen siendo, desde hace muchos años, un botín que los Partidos Políticos reparten entre los suyos cuando se hacen con el poder de las mismas, ya se trate de Ayuntamientos, de Diputaciones, de Comunidades Autónomas o del Estado. El abuso que supone la proliferación de cargos de confianza (asesores, comunicadores, etc.), la asignación de elevados sueldos de los cargos políticos y el uso indiscriminado de bienes públicos y prebendas es mucho más relevante y significativo en tiempos de crisis como los actuales en los que se imponen continuos sacrificios a la población, sobre todo, a la más débil económicamente. Se han dado casos, como en la Diputación de Alicante, en los que hay más asesores que Diputados Provinciales. ¿Es normal? ¿Es admisible? ¿Es lógico que hasta para hacer oposición los grupos políticos tengan asesores? Parece que no, parece que el sentido común señala que si los Señores Diputados no saben hacer su trabajo y necesitan asesores para ello es mejor que se dediquen a otra cosa. Y esta consideración es extensible en gran medida a las demás administraciones públicas.

La proliferación de cargos de confianza no se debe a una desconfianza del político hacia los funcionarios, entre los que hay grandes profesionales, ni a su propia incompetencia personal que exija tan gran número de asesores, sino que obedece más bien a ese reparto del botín público en el pago de favores tan frecuente en las organizaciones políticas.

Hoy las Diputaciones Provinciales siguen prestando un apoyo fundamental a los pequeños municipios lo que justifica sobradamente su existencia. Sin embargo, el desarrollo de las administraciones autonómicas ha supuesto, en muchos ámbitos, una duplicidad de funciones insostenible. Posiblemente, la solución pase por una redefinición del papel de las Diputaciones en coordinación con la estructura autonómica. Las Diputaciones deberían incrementar su capacidad de apoyo y asesoramiento a los pequeños municipios cuya viabilidad también es cuestionable en estos momentos y dejar en manos de las administraciones autonómicas muchas funciones que, además, competencialmente les corresponden. Igualmente, su reforma debería pasar por una revisión profunda de su representatividad democrática y del estatuto económico de sus cargos públicos. Muchos ven en las Diputaciones un contrapeso político a la tendencia neocentralizadora de las Comunidades Autónomas y esta consideración se ha venido reflejando en un crecimiento mimético de las Diputaciones que hoy no las hace viables. No se puede  solucionar un problema creando otro.

Santiago de Munck Loyola