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miércoles, 19 de agosto de 2015

PLATAFORMA PARA LA CONVERGENCIA DE PARTIDOS CIUDADANOS.


España viene arrastrando desde hace años no sólo una profunda crisis económica, sino una crisis política, moral, social e institucional que, día a día, va haciendo que muchos ciudadanos se sientan defraudados y cada vez más distanciados de los gobernantes y de las propias instituciones. En medio de una crisis tan profunda, la falta de ejemplaridad de una parte de la clase dirigente española, sea política, sindical o empresarial, está abriendo un vacío peligroso entre la sociedad real y la sociedad oficial. Los ciudadanos no encuentran una respuesta rápida a sus acuciantes necesidades y contemplan atónitos cómo tienen que cargar de forma exclusiva con las consecuencias de una crisis generada y mal gestionada por la clase dirigente española.

Hoy se comprueba como el modelo político y el territorial construido durante la transición es incapaz de afrontar los grandes desafíos del presente y los retos del mañana. Ha quebrado el principio de igualdad entre todos los españoles cuyos derechos y obligaciones varían en función del territorio e su residencia. Ha quebrado el principio de solidaridad regional y social al consolidar modelos distributivos territoriales desiguales y al cargar los efectos de la crisis sobre la clase media que está llegando al límite de sus posibilidades. Ha quebrado la confianza en unos partidos políticos incapaces de conectar con los problemas y necesidades de los ciudadanos, cerrados a la participación no ya de la ciudadanía sino de sus propias bases, transformados en gigantescas máquinas burocráticas incapaces de subsistir sin el dinero público y convertidos en organizaciones cerradas incapaces de regenerarse y, por tanto, de regenerar el conjunto del sistema democrático. Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas la irrupción de formaciones populistas y de partidos esponjas, supuestas marcas blancas de otros partidos, no ha sido capaz de plantear un cambio real y profundo de la vida política más allá del simple mercadeo de instituciones.

Mientras las diferentes fuerzas de izquierdas siguen organizándose de cara a las próximas elecciones generales, el centro derecha español oficial sigue alentando el voto del miedo sin asumir la imperiosa necesidad de su propia regeneración y apertura a las necesidades de la ciudadanía que van más allá de la economía. Entre Ciudadanos y Vox existen muchos pequeños partidos locales, provinciales y nacionales centrados en las personas y sus problemas pero sin coordinación a pesar de las grandes similitudes ideológicas entre ellos. Ese espacio electoral dominado por un gran partido cuenta con sitio electoral para construir un mensaje diferenciado para ofrecerlo a los millones de votantes que se han abstenido.

Por ello, desde estas consideraciones previas se plantea el objetivo de constituir una plataforma electoral única y plural, aunando esfuerzos y con unas propuestas básicas comunes. La Plataforma para la Convergencia de Partidos Ciudadanos propone:

1º Promover el protagonismo de los ciudadanos para reformar,  transformar y remover los obstáculos que impiden el desarrollo de una sociedad más democrática, más justa y más honrada.
2º Impulsar la participación política y social de los ciudadanos que creen en la persona como el centro, protagonista y destinatario de la acción política y social, en la familia como eje vertebrador de la sociedad, en la libertad real y la igualdad de los españoles en todos los niveles, en la igualdad de oportunidades, en la dignidad de la persona, en la democracia como expresión de la soberanía del pueblo español, en el diálogo y la tolerancia.
3º Promover la regeneración democrática impulsando medidas que favorezcan la ejemplaridad, la transparencia, la eficacia, la igualdad, la participación ciudadana y la concepción de la dedicación política como expresión temporal de una vocación de servicio ciudadano.
Se propone, por tanto, como Ideario básico de la Plataforma el siguiente:
1.            Impulsar el desarrollo social, económico y político a través de una política basada en la regeneración democrática, la honradez, la participación ciudadana, la ejemplaridad y la austeridad.
2.            Reivindicar un tratamiento presupuestario del Estado justo y equilibrado para cada provincia y comunidad autónoma basado en principios de equidad y solidaridad.
3.            Promover la reforma constitucional para reorganizar el Estado sobre la base de su configuración fundamentalmente provincial y, en su caso, impulsar la reorganización de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas desde la premisa de la unidad de España y haciendo realidad los principios de igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre la población de los diferentes territorios.
4.            Impulsar la reforma de las Administraciones Públicas para acabar con las duplicidades y la reforma de la Administración Local para establecer un nuevo modelo de competencias y de financiación.
5.            Apoyar la reforma de la Función Pública para eliminar el parasitismo político y dignificar la carrera profesional.
6.            Impulsar la reforma de la legislación del suelo y de las contrataciones públicas con el fin de introducir mayores criterios de objetividad y de eliminar criterios de discrecionalidad que facilitan la aparición de fenómenos de corrupción.
7.            Promover la aprobación de un Estatuto del Cargo Público para regular todas las retribuciones públicas, establecer rígidas incompatibilidades, suprimir el simultaneamiento de cargos y eliminar los privilegios de la clase política.
8.            Promover el establecimiento de fórmulas de participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías.
9.            Defender la implantación de un modelo básico de ámbito nacional en Educación, Sanidad, Justicia y prestaciones sociales que garantice la igualdad de derechos entre todos los españoles.
10.          Impulsar la reforma electoral para aumentar la igualdad del valor del voto del ciudadano en los criterios de reparto electoral.
11.          Garantizar la absoluta libertad del uso del español en cualquier parte del territorio nacional.
12.          Promover una reforma fiscal más justa que aligere la gran presión fiscal a la que está sometida la clase media.
13.          Suprimir las subvenciones públicas a los sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales y a sus fundaciones.
14.          Promover e impulsar la utilización de todos los medios legales al alcance para lograr una victoria absoluta sobre el terrorismo y sus cómplices.
15.          Defender el derecho a la vida de acuerdo con los principios constitucionales.
16.          Defender la importancia del núcleo familiar e impulsar medidas sociales, legislativas y fiscales que la refuercen, que hagan realidad la conciliación de la vida laboral y familiar y que protejan la maternidad.
17.          Apoyar las reformas penales y penitenciaras necesarias para que sea efectiva la proporcionalidad entre la pena y el delito, para lograr una protección efectiva de las víctimas y lograr la recuperación de los bienes sustraídos especialmente en los casos de corrupción, para la no prescripción de delitos económicos y para el cumplimiento íntegro de las penas para estos delitos, salvo devolución íntegra del dinero reclamado o patrimonio equivalente.
18.          Promover la despolitización e independencia efectiva el poder judicial.
19.          Remover los obstáculos interiores y trabas administrativas o legales que dificultan la competitividad en el territorio nacional.


20.          Defender una inmigración legal, en la que se fomente la integración de los inmigrantes en nuestra cultura haciéndoles partícipes de ella.

lunes, 10 de agosto de 2015

El melón constitucional.


Todo parece indicar que el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha decidido anunciar su predisposición a abrir el melón de la reforma constitucional. Es difícil saber si esta predisposición responde a una simple estrategia electoral de cara a los próximos comicios o si responde, tras casi cuatro años de gobierno, a la necesidad de “hacer política” una vez que ha considerado que ya se ha ocupado suficientemente de la economía. Es indudable que, sean cuales fueren los motivos, nuestra Constitución para algunos está necesitada de algunos retoques cuando menos y para otros de cambios más profundos que podrían afectar a la propia configuración territorial del estado.

Los socialistas y otros grupos se han apresurado a descalificar esta predisposición del Presidente aun cuando no ha anunciado qué temas quiere poner encima de la mesa de la reforma constitucional. Unos dicen que ellos ya habían propuesto iniciar un proceso de reforma hace tiempo y que el Partido Popular no había hecho ni caso y otros enseguida han sentido que se estaba aludiendo exclusivamente al poder autonómico. Cada cual, en definitiva, arrimando el ascua a su sardina.

Si finalmente se abre el melón de la reforma constitucional, sin duda, van a ponerse sobre la mesa de debate toda clase de propuestas, desde la abolición de la monarquía hasta la recentralización del Estado, pasando por el federalismo, el derecho de autodeterminación o la supresión del Senado. Aunque es obvio, no está de más recordar que la estabilidad y longevidad de un texto constitucional depende, sobre todo, del grado de consenso que se alcance entre los principales actores políticos y del nivel de arraigo que éstos tengan en el conjunto de la ciudadanía. A los principales partidos políticos corresponde, por tanto, un consenso inicial básico consistente en acotar de antemano aquellos aspectos de la Constitución que van a ser objeto de debate para su reforma. Y ello exige mucho sentido común, altura de miras, generosidad, sentido de Estado y, por qué no decirlo, patriotismo, cualidades difíciles de encontrar en el actual panorama político. La Constitución es reformable y cualquier propuesta de reforma es susceptible de ser analizada.

No faltarán los agoreros, los que pongan el grito en el cielo ante determinadas propuestas y los que, con más ignorancia que sentido común, se apresuren a gritar ante alguna de ellas que es inconstitucional o anticonstitucional, olvidando que solo las normas aprobadas y no las propuestas de nuevas normas pueden ser tachadas de inconstitucionales o anticonstitucionales. Una ley es inconstitucional cuando viola la Constitución y es anticonstitucional cuando, además de infringir preceptos constitucionales, pretende sustituir el actual ordenamiento jurídico por otro diferente. En todo caso hablamos de normas y no de propuestas de normas o de reforma constitucional.

Hace tan solo unos meses se armó algo de revuelo en torno al resumen, mal redactado, de una propuesta electoral de Esperanza Ciudadana que algunos se apresuraron a descalificarla tachándola de anticonstitucional sobre la permanencia o no y en qué condiciones de la Provincia de Alicante en el seno de la Comunidad Valenciana. Ante la constatación, por nadie rebatida, de que nuestra Provincia sufre desde hace décadas un maltrato presupuestario y una marginación política intolerable por parte de la Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana proponía exigir el fin de esa situación, reclamar la deuda histórica de la Generalidad con nuestra Provincia y revisar su estatus en el seno de la Comunidad Autónoma reclamando, llegado el caso, la separación política y administrativa de la misma, preservando todos los vínculos históricos y culturales a que hubiere lugar. Es evidente que no sirve pasarse la vida lloriqueando porque el estado y la Generalidad nos maltratan. Hay que ofrecer soluciones y debatirlas. Si una administración pública como la Generalidad Valenciana no sirve a los intereses de los alicantinos y si, además, lejos de propiciar la convergencia social entre los habitantes de sus provincias lo que hace es ahondar las diferencias en perjuicio siempre de los alicantinos, es evidente que hay que dar un paso adelante y llegar hasta donde haga falta en defensa de la dignidad y el progreso de la gente de Alicante.

Y la propuesta de Esperanza Ciudadana era y es tan constitucional como pueda ser la propuesta de convertir a España en un estado federal o de suprimir el senado, por citar sólo algunas de las que ya se han puesto encima de la mesa.

No se puede olvidar que las administraciones públicas tienen un carácter instrumental, que en nuestro caso, además, se trata de una administración sin arraigo histórico o sentimental y que cuando una administración no sirve a los fines para los que fue creada o se reforma o se sustituye. Confundir el amor a la tierra, a la región con el amor a una administración, bastante inútil por cierto, es de una simpleza política que raya el ridículo. Nadie se rasga las vestiduras cuando se propone la supresión de las Diputaciones apelando al amor a esa institución y confundiéndola con el sentimiento de pertenencia a una determinada provincia. Y tampoco es posible olvidar que los vínculos culturales de la Provincia de Alicante con el resto de la Comunidad Autónoma solo son parciales y con diferente intensidad.

Hay que recordar que, de acuerdo a los Artículos 137 y 143 de la Constitución, la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas no es obligatoria y que la iniciativa del ejercicio del derecho a la autonomía corresponde a las provincias de forma también opcional.

Alicante debe exigir el sitio que le corresponde en el seno de la Comunidad Valenciana y la reparación de la discriminación presupuestaria que históricamente ha venido sufriendo. No hacerlo es seguir siendo ciudadanos de segunda y retroceder año tras año en los niveles de progreso y prosperidad que podría alcanzar. Alicante tiene capacidad y potencial de sobra para progresar y sus ciudadanos no necesitan soportar sobre su cabeza cuatro administraciones públicas diferentes. Menos seguir lloriqueando frente al Estado o a la Generalidad Valenciana se puede y se debe intentar cualquier iniciativa política.

Santiago de Munck Loyola