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lunes, 5 de septiembre de 2016

Y llegan las “fuerzas del cambio”.


Tal y como estaba anunciado la investidura del candidato Mariano Rajoy fracasó. 170 votos a favor (PP y sus coaligados Foro Asturias y UPN + C’s + CC) frente a 180 votos contrarios. ¿Y ahora qué? Pues difícil está la cosa. El partido más votado, el Partido Popular, tiene muy difícil intentar una segunda investidura con o sin Mariano Rajoy de candidato. Su pacto con Ciudadanos tenía fecha de caducidad, algo realmente extraño cuando tanto se apela desde esta formación al diálogo y al consenso. Aunque tampoco importa mucho, visto lo que entiende el PP por regeneración al proponer al ex ministro Soria para ocupar un puesto representando a España en el Banco Mundial. Como el Sr. Soria no "valía" para seguir siendo Ministro se lo endosamos a los extranjeros. Y por otra parte, el Partido Popular se reafirma en la candidatura de Mariano Rajoy y frente a quienes desde otros partidos, con toda la hipocresía del mundo pues en el fondo “no es no” sea quien sea el candidato del PP, señala, no sin razón, que si el candidato más votado en las últimas elecciones ha de renunciar o dimitir ¿por qué no lo hacen quienes han perdido votos y escaños en las últimas elecciones?

El líder socialista, Mister “Noesno”, fracasada la investidura de Rajoy, se apresuró a hacer un llamamiento a lo que denomina “las fuerzas del cambio” para que esos 180 votos negativos se conviertan ahora en positivos para investir a un presidente del llamado cambio. La verdad es que queda hasta bonito, lo de las fuerzas del cambio, encarnadas en los 180 votos del no frente a los 170 de las fuerzas del inmovilismo o del “no cambio”. Pero, seamos serios, a parte del no en común ¿hay algún otro elemento aglutinador que permita hablar de un grupo homogéneo de “fuerzas del cambio”? Parece que no y es que entre los 180 votos negativos hay de todo, hasta de lo peorcito. Vamos a intentar aclarar lo que significan las llamadas “fuerzas del cambio”.

Podría pensarse a primera vista que el Sr. Sánchez intenta sumar a los 180 votos de las “fuerzas del cambio” a Ciudadanos. Es decir que para intentar arreglarlo, el Sr. Sánchez tendría en cuenta a parte de los 170 votos favorables a la investidura de Rajoy, es decir, a los 32 diputados de Ciudadanos que ya no serían considerados inmovilistas, ni marca blanca del PP, ni cómplices de Rajoy. ¡Faltaría más! Y así, los socialistas vuelven a su proyecto fracasado de hace unos meses, PSOE + PODEMOS +CIUDADANOS, y Pedrito Presidente. Pero, hete aquí, que al líder de Ciudadanos, Sr. Rivera, le ha faltado tiempo para decir que con Unidos Podemos, que propugna el derecho de autodeterminación entre sus filas, ni a la vuelta de la esquina. Nuevo portazo para el Sr. Sánchez cuyas desmesuradas ansias de “tocar pelo” al precio que sea ya son más evidentes que nunca.

Y vuelta a empezar. Los 180 votos de las “fuerzas del cambio” se componen de lo siguiente:

-       85 diputados de lo que queda del PSOE, socialdemócratas confusos.
-       71 diputados de Unidos Podemos, comunistas, populistas, aspirantes a socialdemócratas, separatistas y talibanes variopintos.
-       9 diputados de ERC, separatistas enemigos de la soberanía popular y de España.
-       8 diputados de CDC, iguales que los anteriores pero menos izquierdistas.
-       5 diputados del PNV, iguales que los anteriores pero derechistas.
-       2 diputados de EH BILDU, iguales que los anteriores pero izquierdistas y brazo político de los asesinos etarras.

Et voilà! Ya tenemos a las “fuerzas del cambio”, ese maravilloso cóctel que tanto fascina al Señor Sánchez y a muchos españoles que de buena fe creen en que en realidad existe una auténtica alternativa de gobierno bajo la falaz denominación de las “fuerzas del cambio”. Algunos de los que forman parte de este heterogéneo grupo de los 180, de las “fuerzas del cambio”, ya han anunciado que estarían dispuestos a apoyar al Sr. Sánchez o a cualquier otro de los 180 con ciertas condiciones. A saber: para empezar derecho a la autodeterminación, con o sin referéndum, para Cataluña y País Vasco (si me apuran para Galicia y el resto de los Países Catalanes como dicen los de Compromis, también) y los presos etarras bajo la tutela del PNV o, para el caso amnistiados, que ya está bien de “venganzas” según la impresentable portavoz de BILDU. Y para continuar ya se sabe: ministerios sociales como Defensa o Justicia para IU Podemos, amén del control sobre el CNI, los medios públicos de Comunicación, etc. Pero, con todo, ya tendríamos a D. Pedro Sánchez Pérez Castejón (de los Castejón sublevados contra la II República) como Presidente del Gobierno de lo que pueda quedar de España. Y ya está. ¡Fácil! ¿Verdad? Nunca más volvería hacer falta votar en Navidad, es más, sería imposible porque seguramente sería borrada del calendario, por reaccionaria y por heteropatriarcal que diría Garzón.

Santiago de Munck Loyola






jueves, 25 de agosto de 2016

¿Regeneración o manita de pintura?





Da la sensación de que cuando se habla de “regeneración democrática” o, simplemente, de “regeneración” cada partido y, si se apura, cada político tiene una idea propia o un concepto particular sobre su alcance y significado. La regeneración se ha convertido en palabra talismán y ha pasado a ser de una palabra prohibida en el Partido Popular a una palabra de moda que, incluso, puede abrir o cerrar la puerta del gobierno para Mariano Rajoy. Ciudadanos ha impuesto al PP seis medidas regeneracionistas para negociar la investidura de Rajoy como si esas seis medidas fueran la clave para regenerar nuestro sistema democrático. Y se equivocan. Se han dejado en el cajón muchas otras medidas que son más importantes y que sí supondrían de verdad la manifestación de una auténtica voluntad regeneracionista.



La regeneración democrática significa volver a generar nuestro sistema democrático, sanearlo para acabar con la desafección ciudadana al mismo. Significa podar todas las ramas del sistema que con el paso del tiempo y su mal uso se han estropeado. Significa, en definitiva, eliminar todo aquello que con los años y el abuso por parte de los partidos y de buena parte de la clase política aleja al sistema democrático del interés general. Regenerar es reformar para que la democracia se revitalice y sirva más y mejor a los ciudadanos. Las seis medidas regeneradoras propuestas por Ciudadanos son claramente insuficientes. Son sólo una pose para la galería pero no abordan, ni de lejos, las causas que originan las insuficiencias democráticas de nuestro sistema político.



Al hablar de regeneración hay que hacerlo, al menos, de la necesidad de profundizar en la división de poderes, de reformas que afectan a los agentes políticos (partidos y clase política), de instaurar medidas más eficaces para combatir la corrupción y de reforzar la democracia con más transparencia, más igualdad de oportunidades y más participación ciudadana. Y no hay que olvidar que las medidas que pueden formar parte de estas cuatro grandes áreas se entrecruzan en no pocos casos.



La división de poderes no puede seguir siendo un mero enunciado que no se ajusta a la realidad institucional. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, deben ser realmente independientes si queremos que sirvan de contrapesos institucionales y cumplan sus funciones sin interferencias mutuas. En este sentido, ya es hora de que los partidos políticos a través del ejecutivo o el legislativo dejen de controlar a la judicatura. Como también es hora de que el poder ejecutivo abandone el legislativo. No tiene lógica alguna que miembros del poder ejecutivo como alcaldes o incluso consejeros autonómicos y ministros formen parte de las diferentes asambleas legislativas. O se pertenece al poder ejecutivo o al legislativo, pero no a los dos a la vez. Y esto está íntimamente relacionado con las reformas a impulsar que afectarían a la clase política: el establecimiento de rígidas incompatibilidades y la prohibición de simultanear varios cargos públicos.



Un asegundo gran bloque de reformas a impulsar afectaría a los principales agentes políticos de nuestra democracia, a los actores, partidos y clase política. Es imposible promover la regeneración de nuestra democracia si los que han de ejecutarla siguen anclados en los vicios políticos del pasado y presente. Es hora de trasladar a las leyes una concepción de la política como vocación de servicio público temporal. El político viene a servir a la sociedad, no a servirse de ella, su trabajo que es voluntario no puede estar rodeado de privilegios y prebendas. Por ello, es imprescindible la aprobación de un Estatuto del Cargo Público que entre otras cosas establezca: la limitación salarial (ni un sueldo público por encima del sueldo del Presidente del Gobierno), sometimiento al mismo régimen fiscal y de pensiones que el de cualquier ciudadano, supresión de coches oficiales, salvo para altos cargos, y su uso tributable como pago en especie, endurecimiento del régimen de incompatibilidades, aplicación del principio de “una persona un solo cargo”, limitación de mandatos, exigencia de experiencia previa profesional para el acceso a cargo público y la eliminación de los aforamientos. En cuanto a los partidos políticos sería necesaria una reforma de su Ley reguladora para fortalecer el poder de decisión y de elección interna de los afiliados, reforzar las garantías de los derechos de los mismos y reformar su sistema de financiación para que no sea, en gran parte, a costa del contribuyente.



Una de las grandes lacras de nuestro sistema es la corrupción y si prolifera es por varias razones. Una de ellas es porque tanto las leyes sobre contratación pública como sobre el territorio encierran una gran carga de subjetividad y, por tanto, de arbitrariedad en el proceso de toma de decisiones. No basta con sacar a los políticos como algunos proponen de las mesas de contratación que, al fin y al cabo, se limitan a analizar y recomendar, sino que es imprescindible que las normas reguladoras de la contratación pública y de la ordenación del suelo fundamenten la toma de decisiones en criterios puramente objetivos. Y entrelazando con la separación de poderes es evidente que desde la perspectiva de la persecución de la corrupción el refuerzo de la independencia judicial sería de gran ayuda.



Y, por último, el bloque referido al refuerzo de las instituciones democráticas pasa necesariamente por una reforma de la Ley Electoral que, independientemente del uso del sistema proporcional o el mayoritario, como mínimo iguale el valor del voto de cada ciudadano, sea de la provincia que sea, instaure las listas abiertas y suprima la necesidad de avales a los partidos sin representación parlamentaria. Del mismo modo, sería necesario impulsar una reforma que permita investigar parlamentariamente la presunta financiación ilegal de cualquier partido político, no sólo del PP, sin necesidad de que esa investigación dependa de una mayoría parlamentaria. Un último aspecto que redundaría a favor de la igualdad y la transparencia democrática, en detrimento de los partidos como agencias de colocación,  sería reforzar la profesionalización de las administraciones públicas prácticamente eliminando los miles de puestos de asesores y cargos de confianza en las administraciones públicas.



Como puede verse se trata unas cuantas pinceladas de lo que constituiría un proceso de regeneración democrática con mucho más alcance y profundidad de lo que algunos ahora enarbolan como “el no va más”. Y, seguramente, habrá muchas otras medidas aquí no expuestas que bien podrían integrarse en un catálogo de auténtica política regeneracionista. Pronto veremos si lo que estamos observando estos días es un simple juego floral de cara a la galería o si, de verdad, ha empezado un auténtico proceso de regeneración democrática. Mucho me temo que a la vista de los interlocutores nos vamos a quedar en lo primero.



Santiago de Munck Loyola






miércoles, 10 de agosto de 2016

Ciudadanos amaga.




Bueno, por fin algo se ha movido desde el pasado 26 de junio. Ayer martes, Albert Rivera anunció que negociará el apoyo de sus diputados a la investidura de Mariano Rajoy si antes el PP acepta seis medidas para promover la regeneración democrática, uno de los supuestos puntales ideológicos de la formación liderada por Rivera. Se trata de seis medidas que pueden encajar perfectamente en un catálogo regeneracionista:

1. Apartar a imputados por corrupción. Se trata de una propuesta lógica a la vez que compleja desde el punto de vista jurídico pues es necesario preservar la presunción de inocencia y, en todo caso, articular mecanismos de reposición de los derechos políticos del imputado cuando resulta finalmente declarado inocente.
2. La eliminación los aforamientos. Los más de 10.000 aforados que existen en España son una muestra evidente del abuso de un instituto creado para defender el libre ejercicio de la actividad política para quienes representan a la soberanía popular y que la clase política ha hecho extensivo a toda suerte de cargos públicos.
3. Una nueva ley electoral. Ciudadanos reclama listas desbloqueadas, la reforma del sistema de voto para los españoles que viven en el extranjero y acabar con la ley D'Hondt, lo que fragmentaría aún más el Congreso, pero no reivindica, como antes, la eliminación del filtro de los avales para presentar candidaturas impuesto en 2011 por los socialistas y que atenta al principio de igualdad entre los españoles para el acceso a cargos públicos ni la reforma del sistema para garantizar la igualdad del valor del voto entre los españoles de forma que no valga 3 veces más el voto de un catalán que el de un alicantino, por poner un ejemplo.
4. Acabar con los indultos por corrupción.
5. Limitar mandato a dos legislaturas. Se trata simplemente de regular y extender una norma no escrita a todas las administraciones públicas.
6. Mayor transparencia. Por último, parece que esta exigencia viene ligada a la necesidad de investigar parlamentariamente (porque judicialmente ya está en marcha) la financiación irregular del PP, aunque lo lógico sería hacerla extensiva a todos los partidos políticos.

Estas seis condiciones son positivas porque, por una parte, su mera presentación supone un desbloqueo parcial en el camino hacia un debate de investidura y, por otra, su contenido encaja con una cierta voluntad de regeneracionismo político.

Sin embargo, da la sensación de que Ciudadanos, por las razones que sean, no propone una regeneración democrática en profundidad poniendo sobre la mesa de la negociación aspectos esenciales para que la regeneración del sistema y, sobre todo, de los partidos políticos sea una realidad. Se limita a proponer seis medidas que siendo regeneracionistas no abordan ni plantean los problemas de fondo que han conducido a la política española a los niveles en los que ahora se encuentra.

Se dejan en el tintero reformas cruciales para que la regeneración del sistema político pueda avanzar y la primera de esas reformas afecta al funcionamiento, estructura y financiación de los partidos políticos que son los agentes que han de regenerar el propio sistema. Unas de las principales causas de la corrupción son la falta de democracia interna dentro de los partidos políticos, la incapacidad de la militancia para elegir y controlar a sus candidatos en las instituciones así como para fiscalizar la gestión económica de sus propios partidos y la ausencia o limitación del debate interno. Del mismo modo, el sostenimiento de los partidos políticos con cargo a los presupuestos públicos y su financiación privada los desvincula de sus bases sociales y los empuja a la defensa de intereses ajenos a las mismas.

Ciudadanos tampoco plantea al PP una condición indispensable para la regeneración democrática como es profundizar en la división de poderes y en la despolitización del poder judicial. La confusión entre poder ejecutivo y legislativo es enorme y se ha extendido a todos los parlamentos regionales. Una correcta interpretación de la división de poderes debería conducir a que los alcaldes, por ejemplo, no puedan simultanear su cargo municipal (poder ejecutivo) con un escaño en el parlamento o asamblea autonómica. Por higiene democrática debería haberse puesto encima de la mesa negociadora el principio de “una persona, un solo cargo público”, sea retribuido o no. Y reforzar la independencia judicial haciendo que los partidos políticos saquen sus zarpas de los procesos de designación de jueces y magistrados es también una condición inexcusable para poder enarbolar la regeneración democrática de la política.

Nada exige Ciudadanos sobre la necesidad de acabar con los privilegios económicos y sociales de la clase política a parte de la supresión de los aforamientos, privilegios de tipo fiscal y tributario, de pensiones, de medios a costa de los contribuyentes, etc.

Ni tampoco se plantean reformas legislativas para acabar con los criterios subjetivos en manos de los políticos en el ámbito de la legislación sobre contrataciones de las administraciones públicas o sobre el suelo, dos de los grandes campos en los que la corrupción ha florecido por doquier.

En definitiva, da la sensación de que la propuesta de Ciudadanos, con ser en si misma positiva, responde más a un movimiento táctico en busca del aplauso que a la necesidad de plantear un verdadero cambio regeneracionista que necesariamente tendría que ir mucho más allá de las seis condiciones impuestas al Partido Popular. Pero, algo es algo.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 29 de julio de 2016

Tiempos de miserables.




Llueve políticamente y mucho, aunque algunos parece que no les importa. Tres gigantescas tormentas descargan con fuerza agua empapándolo todo. Pero ellos a lo suyo, a los vetos, las líneas rojas, las simplezas, las mezquindades, los intereses personales, pero no ven ni van más allá de sus narices.

Llueve y mucho, hasta el punto de que esto puede terminar en una riada, en una tremenda inundación sin que nadie haga nada, sin que nadie se gane el sueldo, sin que nadie ponga los medios para evitar la catástrofe. A la inmunidad parlamentaria han añadido la impunidad política.

La unidad de España está más en riesgo de desaparecer que nunca. Los independentistas siguen, paso a paso, la ruta que ellos llaman de desconexión. Desprecian la soberanía del pueblo español, ignoran las resoluciones de los tribunales incluidas las del Tribunal Constitucional, malgastan el dinero de todos y encima populares y socialistas se están pensando si retuercen el Reglamento del Congreso para que estos tipejos puedan tener grupo parlamentario propio desde el que poder seguir atacando a España y, por tanto, puedan recibir unos cuantos millones de euros a cuenta de nuestros impuestos para emplearlos en su único objetivo: romper España. No sé lo que pensarán otros, pero me da que estos independentistas son cuasidelincuentes y quienes les ayuden o faciliten medios públicos para que puedan seguir atacando a nuestra Constitución serán, sin duda, sus cómplices. A los golpistas ni agua.

Por si fuera poco, además de la amenaza interior a la unidad de España y a la convivencia pacífica, crece la amenaza del terrorismo islamista. Esa gente lleva años realizando matanzas en nombre del Islam, secuestrando, torturando o asesinando de forma despiadada a hombres, mujeres o niños por ser cristianos, musulmanes, homosexuales o laicistas en países asiáticos o africanos y ahora han llegado a Europa. Actúan de momento en casa de nuestros vecinos pero ya están entre nosotros. Se saben que nos van a atacar y puede ser en cualquier momento. Hoy, mañana, dentro de un mes y lo harán en cualquier sitio. Pero no pasa nada. Nuestra clase política sigue bajo su paraguas a sus cosas, instalada en lo políticamente correcto y, salvo excepciones, nadie dice lo que es evidente: que nos han declarado la guerra, que somos objetivo de los islamistas, que hay que tomar medidas, que no hay alianza posible con esa civilización y que, lo cierto, es que existe una incompatibilidad radical entre el Islam, moderado o fundamentalista, y la Europa de raíces cristianas, de cultura laica, de igualdad de derechos entre sexos y de primacía de la libertad individual.

Y una tercera tormenta que está descargando con fuerza es la económica. España necesita mantener el crecimiento económico y acelerarlo para crear empleo. Hemos salido, no sin esfuerzos y sacrificios, de la recesión, pero seguimos en plena crisis económica. Cuatro millones de desempleados, uno de cada cinco españoles, una deuda pública voraz y un déficit crónico así lo acreditan. España ha eludido por los pelos una sanción de la Unión Europea por incumplir los objetivos del déficit, para mayor frustración de la izquierda, pero habrá de recortar el gasto público en 15.000 millones de euros en dos años. Los efectos del Brexit se harán notar a medio y largo plazo y España necesita un gobierno fuerte y sólido que proporcione confianza a los mercados y que sea capaz de acometer las reformas estructurales aún pendientes. Y eso no lo puede afrontar un gobierno en funciones, ni siquiera un nuevo gobierno débil.

Ante los graves riesgos que nos acechan, ante una situación que bien podría calificarse de emergencia nacional lo cierto es que la actitud de la clase dirigente es más que decepcionante. Su falta de patriotismo, su mezquindad, su cortedad de miras, su falta de generosidad, su sectarismo y su egoísmo son deleznables. Los españoles no nos merecemos unos líderes como éstos, gente sin palabra que sólo se mueve en función de los intereses personales y partidistas y sin la más mínima visión de Estado. Nos ha debido tocar vivir en tiempos de miserables. Ante este panorama cunde el desencanto y la perspectiva de unas terceras elecciones generales en menos de un año ya desalienta a muchos ciudadanos dispuestos a pasar de las urnas. Y el efecto debería ser el contrario, si hay terceras elecciones todos habremos podido constatar hasta la saciedad de qué pasta están hechos estos candidatos y hasta dónde ha llegado su vocación de servicio a los ciudadanos, a España y a su propio interés egoísta. Unas terceras elecciones deberían servir para pasarles factura, no para quedarnos en casa.

Si ante la amenaza separatista, el terror islamista y el descalabro económico estos líderes no son capaces de mover un centímetro sus simplistas posiciones es hora de despedirlos. Que no nos hablen de principios, de programas o de otras gaitas. Es hora de que levanten la mirada y pongan por delante de todo a España.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 5 de febrero de 2016

Formando gobierno: España lo único que no importa.


Las dos rondas de consultas del Rey con los líderes parlamentarios que se han saldado con la designación de Pedro Sánchez, uno de los grandes perdedores de las pasadas elecciones generales, para intentar formar Gobierno han servido, entre otras cosas, para ir avanzando y conociendo las verdaderas intenciones y ambiciones de los protagonistas políticos de estos días.

No está nada fácil el panorama político. El resultado de las últimas elecciones dejó un parlamento sumamente fragmentado en el que a las tensiones del eje izquierda derecha se suman las tensiones del eje centro periferia y la formación de un nuevo gobierno depende de la combinación y el equilibrio entre ambos ejes a la vez. Algo que complica extraordinariamente el panorama es la composición política de Podemos que combina en su interior la pugna de las tensiones de ambos ejes y, por tanto, su capacidad de alcanzar acuerdos parlamentarios está fuertemente condicionada a la primacía de uno de los dos ejes en disputa. Intentar jugar con la equivalencia o el equilibrio de ambos sin una clara definición estratégica es un juego que las demás fuerzas políticas no parecen dispuestas a aceptar. O pesa más la vertiente social o lo hace la territorial, pero las dos a la vez parece difícilmente asumible por algunos de sus hipotéticos aliados de Gobierno. La duda que sí ha despejado Podemos, desde el primer momento, es que quiere sillones en la Moncloa (una Vicepresidencia y seis ministerios), que tiene decidido para quién son (el Sr. Sánchez, si alcanza la Presidencia, se los tendría que comer) y que vetan a determinados socialistas, como al Sr. Jordi Sevilla, para determinados ministerios. ¿Para hacer qué? No está muy claro lo del programa de gobierno. Ya no se sabe si se trata de un programa seudo -bolivariano, socialdemócrata danés o greco – luso. Minucias. Lo importante es pillar “cacho”.

Mariano Rajoy, pírrico ganador de las elecciones, declinó la oferta del Rey para intentar formar gobierno eludiendo así tener que someterse a una sesión de investidura para la que no le salían las cuentas. El “no es no”, sectario e intransigente, de Pedro Sánchez no abría las puertas, ni tan siquiera, para negociar una posible abstención del PSOE en la sesión de investidura para que un hipotético gobierno del PP y C’s (163 escaños) pudiera iniciar la legislatura. La única opción que le quedaba al PP para haber podido encarar esa sesión de investidura era negociar abstenciones con Podemos o los independentistas, algo absolutamente impensable. Mariano Rajoy evitó así un desgaste personal ante una sesión infructuosa pero, con ello, impidió a los españoles que pudieran conocer las contradicciones de sus adversarios y la ausencia real de una alternativa sólida basada en ideas y programas y no sólo en el reparto de poltronas.

Puestas así las cosas, el Rey encargó al “líder” socialista Pedro Sánchez que intentara someterse a la investidura para ser elegido Presidente del Gobierno. Pedro Sánchez lo estaba deseando porque sus días al frente del PSOE, tras haberle conducido a los peores resultados electorales de su historia, estaban contados. Y va a hacer todo lo posible por conformar una mayoría suficiente para ser investido, aunque después no pueda gobernar. No se trata, ni mucho menos, de la defensa de un proyecto para España, sino simplemente de una cuestión de pura supervivencia política personal. O lo consigue o los “barones” le jubilan ya. Ahora, el que se negaba a hablar con el PP con su “no es no”, quiere hablar con ellos para pedirles que se abstengan, para hacer exactamente lo mismo que él se negó a hacer y poder conformar un posible gobierno con Ciudadanos (130 escaños) o con Podemos + IU (161 escaños). Y no le faltan corifeos al Sr. Sánchez que apelan al “patriotismo” del PP para que se abstenga (no tuvieron valor para pedirle lo mismo a Sánchez) y evite así un gobierno más radical o la repetición de elecciones que, con la reciente encuesta del CIS en la mano, no augura cambios electorales positivos. Y aprovechando que al PP le ha explotado un nuevo escándalo de corrupción en Valencia, el Sr. Sánchez intenta deslegitimar al PP aún más para que pueda formar Gobierno, aunque eso sí, no lo suficiente como para no querer contar con su abstención. Pero el Sr. Sánchez, en ese juego tan hipócrita de airear la corrupción ajena y esconder la propia, olvida que mientras pretende presentarse como el Mr. Proper de la política a su partido le llueven los escándalos de corrupción, aunque la mayoría de los medios de comunicación usen sordina con ellos. 

Como bien recordaba un amigo (Juan Gayá) en la misma semana que saltaba el escándalo del PP de Valencia  se ha hecho público el informe de la Intervención de la Junta de Andalucía que cifra en 3.000 millones de euros el dinero perdido en los cursos de formación; han dimitido el Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía al ser imputado en el caso de los ERES, y el Interventor General de la Junta, al tener que comparecer en una Comisión de Investigación del Parlamento sobre el fraude de los cursos de formación; anticorrupción pide prisión para el Viceconsejero socialista del gobierno de Aragón por el saqueo de 147 millones de euros; la alcaldesa socialista de Jerez ingresa en la cárcel para cumplir cuatro años y seis meses de prisión; se hace público que las empresas del ex viceconsejero de la Junta Ojeda recibieron 52 millones en subvenciones para cursos de formación; es noticia que han desaparecido de la caja del ayuntamiento socialista de Dos Hermanas 1.870.669 €, según la Cámara de Cuentas; dimite el Alcalde Socialista de Punta Umbría ( Operación Eduende) por autoconcederse ayudas para cursos de formación a una empresa de la que era administrador; anticorrupción pide al juez que cite a declarar como imputados a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán y a los ex Consejeros Viera, Carmen Martinez Aguayo, Ávila y Zarrías; la Audiencia Nacional juzga el 2 de febrero al ex Presidente de la Caja Castilla la Mancha, el socialista Hernandez Moltó, acusado de un delito societario al falsear las cuentas de dicha entidad a la que el Estado tuvo que aportar 9.000 millones de € para su rescate. El PSOE tiene abiertas 264 causas judiciales por corrupción. Más que el PP. Este hecho no puede servir de ninguna manera para justificar lo que ha hecho gente del PP y ni la pasividad y lentitud de este partido para atajar el problema. Pero es indudable que el Sr. Sánchez debe buscarse otro argumento, ser más sincero y honesto para alcanzar cierta credibilidad a la hora de justificar por qué con el PP ni agua. Porque si la justificación es la corrupción ajena, también el PSOE es merecedor de un cordón sanitario.

Durante las próximas semanas se irán despejando muchas incógnitas. Descartados desde el primer día el patriotismo de muchos, la responsabilidad política, el sentido de Estado y el espíritu de consenso ante una de las situaciones más extraordinaria y peligrosa para la supervivencia de España como Nación hay poco margen para la esperanza. La vieja clase política y la nueva se están fundiendo en una misma cosa y las consecuencias de ello las pagaremos, una vez más, todos los ciudadanos.



Santiago de Munck Loyola