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lunes, 3 de noviembre de 2014

Hay alternativas.


Derechas e izquierdas andan revueltas y nerviosas ante los resultados que, encuesta tras encuesta, se otorgan a Podemos. Y encuestas las hay para todos los gustos pero todas coinciden en un incremento espectacular de la intención de votos de esta nueva formación política de rancio trasfondo ideológico. Son muchos los factores que influyen en este crecimiento electoral: la indignación ciudadana ante la corrupción, ante los recortes, el desempleo, el aumento de la desigualdad social, la falta de ejemplaridad de la mayor parte de la clase política, los incumplimientos programáticos, la falta de buenas perspectivas, etc. Ante un panorama económico, político y social desolador cualquier discurso que cuente con apoyos mediáticos, que no esté lastrado por un pasado de gestión criticable y que ofrezca soluciones por muy utópicas o irrealizables que sean tiene grandes posibilidades de calar entre los ciudadanos.

Es evidente que el mensaje de Podemos ha calado en la izquierda y que se va a producir un nuevo reparto de la tarta electoral con importantes cambios. Lo que no es tan evidente es que este mensaje haya calado en el votante de centro derecha aunque una pequeña parte del mismo, la menos ideológica, esté dispuesta a asumirlo y a otorgar su voto como una forma de castigo. Pero ¿qué pasa con los votantes que no son de izquierdas? Es curioso. El Partido Popular se derrumba en las encuestas y lleva camino de superar el record de la UCD en 1982 pero sus dirigentes no aciertan a salir del asombro o del escepticismo y se muestran incapaces de reorientar su discurso y, sobre todo, su política. ¿Por qué? Pues porque están desconectados de la realidad de la calles y son incapaces de realizar lo que debería ser un requisito previo, una profunda autocrítica.

Hay que señalar que el Partido Popular, como instrumento político, como maquinaria electoral, parte en desventaja respeto a muchas otras formaciones políticas. Es una gigantesca maquinaria política piramidal, carente de vida política interior, en la que las bases, lejos de ser la fuente del poder interno, son un simple instrumento al servicio de la estructura de poder. Lejos de aprovechar la conexión social que supone disponer de cientos de miles de afiliados y de enriquecer y actualizar permanentemente el debate interno, las propuestas políticas y los mensajes del partido, las bases no cuentan para nada en la estructura del Partido Popular. Y eso se nota. Las políticas que se han desarrollado no responden ni al programa comprometido con los electores, ni a las aspiraciones de la militancia por lo que el distanciamiento entre Partido y votante es cada día mayor.

Muchos de los votantes de centro derecha no van a repetir su voto al Partido Popular y se van a abstener en los próximos comicios y otros, los menos, se van a decantar por otras formaciones como Ciudadanos o UPyD fundamentalmente. Es la respuesta a los incumplimientos electorales, a la falta de ejemplaridad de buena parte de la clase política y al continuo goteo de casos de corrupción que no pueden sino abochornar hasta al más leal incondicional.

Si al mayor incremento de la presión fiscal sobre la clase media, si al permanente empobrecimiento de la misma, si a los continuos recortes en educación, en sanidad o prestaciones sociales, si a los incumplimientos en materia de protección a la vida y a la familia, si al continuismo en la política antiterrorista o en materia autonómica, si a la falta de ejemplaridad, si a la ausencia de una política informativa inteligente sumamos además la continua aparición de casos de corrupción con relevantes dirigentes populares implicados y la ausencia de una respuesta clara, definida y contundente por parte del Partido Popular no es de extrañar que las encuestas vayan por donde van. No se puede pasar, como si nada, de hablar de “casos aislados” al “pedir perdón” por haber nombrado a los corruptos en puestos de responsabilidad política. No se puede pasar del “vamos a hacer un pacto anticorrupción” al “y tú más” sin que de ello se deriven consecuencias políticas. Porque todo ello, lo único que transmite es la sensación de ausencia de convicciones profundas y, por tanto, de una clara determinación para acabar con esta lacra. La falta de democracia interna es la que obliga a Rajoy a pedir perdón por haber promovido políticamente a determinadas personas, es la evidencia de que no son los militantes populares los que se han equivocado al elegir a un Fabra, a un Granados, a un Blasco o a una Castedo sino que son los más altos dirigentes los que se han equivocado. En política, cuando alguien se equivoca y de esta manera, no sólo se pide perdón sino que, además, se dimite.

No tiene ningún sentido que para intentar acabar con la corrupción haya que proponer pacto alguno. Es como si para perseguir la pederastia hiciese falta pactar con la oposición. La corrupción se persigue con la ley en la mano y mecanismos legales ya existen aunque falten medios para hacer más rápida y efectiva la justicia. El problema no está en la persecución y castigo de la corrupción, el problema está en la prevención, en la adopción de medidas que impidan o dificulten la aparición de nuevos casos. La prevención pasa por dos ejes fundamentales, de una parte, la eliminación de la discrecionalidad del político en determinados procedimientos ejecutivos y, de otra, el incremento de los mecanismos democráticos de selección y control en la vida interna de los partidos. Y en este segundo eje la clave está en la selección y el posterior control democrático de quienes ostentan cargos públicos de responsabilidad, es decir, en los mecanismos de selección interna de los partidos para proveer los cargos públicos. Algo que, por el momento, el Partido Popular no está dispuesto a tocar. Un partido que usa el “dedazo” para confeccionar sus listas electorales, para estructurar su organización y sus congresos está desconectado de sus bases y, por tanto, de la ciudadanía y mal puede así prevenir la aparición de fenómenos de corrupción entre sus filas.


Si algo deben tener claro los votantes del Partido Popular y especialmente en Alicante y en la Comunidad Valenciana es que con sus actuales dirigentes no hay futuro posible porque son los auténticos responsables, por acción o por omisión, del sucio panorama que nos rodea. ¿Quiénes son los responsables de la confección de las listas electorales a las Cortes Valencianas plagadas de imputados y procesados? ¿Ha dimitido alguien por la evidente chapuza que fueron esas listas? Nadie. Siguen al frente del partido los mismos, los que están desmotivando al votante y dejando el campo libre a la izquierda. Son los mismos los que ya han dado por perdida la batalla y están más preocupados buscándose puertas giratorias que en dar la cara, en dar un paso al frente y reconstruir una opción política de centro derecha digna de los cientos de miles de ciudadanos que en nuestra Comunidad no quieren aventuras políticas. Ante un Partido Popular autocomplaciente, desconectado de la realidad, en proceso de descomposición y sin talante ganador, el votante de centro derecha no puede, ni debe sumirse en el pesimismo. Hay otras opciones dispuestas a recoger el testigo, hay alternativas y en Alicante se llama Esperanza Ciudadana.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 27 de febrero de 2013

Otro gatillazo: sin Pacto de Estado contra la corrupción.



Parece que, una vez más, la clase política en general no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y del clamor social contra la corrupción y ha sido incapaz de alcanzar un gran Pacto de Estado contra la corrupción. A lo más que se ha llegado tras el debate sobre el estado de la Nación ha sido a un gran acuerdo, no respaldado ni por el PSOE ni por IU, aprobando una serie de Resoluciones promovidas en su mayoría por el Partido Popular instando a la adopción de un catálogo de reformas contra la corrupción. Así, el Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Una de estas resoluciones expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones, emplazando a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Igualmente, se pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia y se emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, como Estatuto del Cargo Público,  la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar a la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público, regular las organizaciones de intereses o "lobbies" y otras medidas como modernizar las campañas electorales.

Del examen de esta batería de medidas se deduce claramente que, al margen de la imposibilidad de lograr la unanimidad entre la clase política para combatir la corrupción, no se ha abordado el problema, salvo en lo relativos a los Partidos políticos (y habrá que esperar para ver con qué alcance), desde la perspectiva de las causas que facilitan o propician la aparición de la corrupción. Los grupos políticos se han decantado más bien por aumentar los controles y endurecer las sanciones sobre la corrupción, pero no por atajar las causas que la facilitan.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que afloran en nuestro país tiene su origen en tres ámbitos concretos: en el urbanismo, en las contrataciones públicas y en el funcionamiento de los partidos políticos. Y en el trasfondo está la discrecionalidad, la capacidad de decisión discrecional de técnicos y políticos, a la hora de ejecutar el urbanismo y de contratar obras, servicios y suministros con las administraciones públicas. Curiosamente, en las resoluciones aprobadas no se contiene ninguna mención a la necesidad de reformar la legislación del suelo o de las contrataciones con las administraciones públicas que permiten el uso y el abuso de la discrecionalidad, y por tanto de la arbitrariedad, a la hora de aplicar las diferentes normas que desarrollan esas materias. La primacía de criterios subjetivos sobre los objetivos en materia de urbanismo y de contrataciones es la que facilita que políticos y técnicos en algunos casos hagan un mal uso de las facultades que tienen otorgadas y que, por tanto, basen sus decisiones en intereses personales y no en intereses puramente públicos.

Todo hace pensar que siendo estas resoluciones un importante avance para castigar la corrupción no lo son tanto para prevenirla y ello permite poner en duda la existencia de una auténtica voluntad o de capacidad de la clase política para acabar con la lacra de la corrupción. Y lo que desde luego ha quedado patente es la falta de altura política de algunos para intentar aunar voluntades en algo tan importante para el conjunto de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

martes, 22 de enero de 2013

Poca munición para Rubalcaba.



Todo este jaleo que han organizado las informaciones sobre las cuentas suizas del Sr. Bárcenas está dando mucho juego político aún antes de que hayan aparecido todos los cabos sueltos que parecen existir. La corrupción siempre ha sido un arma arrojadiza entre los partidos políticos; el “y tú más” está y ha estado siempre a la orden del día. Pero en todo este lío aparecen algunas declaraciones y actitudes muy significativas. No estamos ante un asunto aislado, un posible caso de corrupción en el paraíso de la honestidad pública, sino de un caso más, cuyo alcance e implicaciones está aún por conocer, entre una larguísima lista de casos que alcanzan a prácticamente a todos los partidos que tocan o han tocado poder. Y por eso, porque no es el primer caso, ni desgraciadamente el último, llaman la atención las declaraciones de unos y otros.

Sin señalar a nadie resulta extremadamente sospechoso el silencio de algunos en torno a las cuentas suizas del clan Pujol o del padre del Presidente de la Generalidad catalana; o la afonía crónica que han venido padeciendo otros respecto al fraude de los ERES en Andalucía que han supuesto la desaparición de muchos más millones de euros que los apuntados al Sr. Bárcenas en Suiza o del escándalo de Santa Coloma; qué decir de la falta de petición de  excusas a los españoles por haber montado toda una trama de financiación ilegal de su partido a través de empresas como Filesa, Malesa y Time Export; o el silencio ante el latrocinio de fondos reservados, el BOE, los huérfanos de la Guardia Civil; o el mirar hacia otro lado cuando se habla de la operación Campeón. En fin que la lista de los silencios, y no de los corderos precisamente, es interminable. Sin ir más lejos, cuando hoy mismo se preguntaba a algún responsable socialista sobre el pago de 600.000 euros de una Fundación socialista, nutrida con fondos públicos, a familiares y amiguetes de los más altos dirigentes socialistas responden sin despeinarse que se trata de “pagos legales y, por supuesto, morales”. Y se quedan tan frescos. La Sra. Soraya Rodríguez no debe saber lo que el nepotismo. Y para qué mencionar los problemas tributarios de la Sra. Valenciano en la Comunidad Valenciana, en Alicante sin ir más lejos.

Sin embargo, al que hoy le ha debido traicionar el subconsciente es al Sr. Pérez Rubalcaba. Interrogado sobre la propuesta del Presidente Rajoy para concluir un pacto contra la corrupción el Sr. Rubalcaba se desmelena y lo rechaza diciendo que PSOE y PP no pueden dar la impresión de que llegan ahora a un acuerdo para tapar las vergüenzas de un caso de corrupción. No, no se trata de eso, un pacto contra la corrupción no se formula para tapar las vergüenzas de nadie, sino para adoptar de forma conjunta las medidas legales y políticas que conduzcan a imposibilitar que se vuelvan a producir casos de corrupción. ¿En qué estaría pensando el Sr. Rubalcaba? ¿Qué quiere tapar? Y tratando de sacar pecho, como lo describe algún medio de comunicación, el Sr. Pérez Rubalcaba ha proclamado que “en el PSOE no hay un euro negro, ni cuentas en B, ni comisiones ilegales”. Estupendo, ya era hora. Pero esa afirmación ¿qué significa? ¿Qué en los demás partidos sí las hay? ¿Tiene pruebas de ello?

Estamos atravesando no solamente una dura crisis económica, sino también una peligrosa crisis política e institucional. En este contexto los partidos políticos deberían hacer un gran esfuerzo por recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, cada vez más hartos de estos denigrantes espectáculos que manchan a toda una clase política compuesta en su mayoría por gente honesta. Hoy, como ayer, hay problemas de corrupción porque los partidos políticos no han resulto de forma clara el problema de su propia financiación y porque no han querido adoptar mecanismos de garantía y control en los procedimientos de contrataciones de las administraciones públicas o las regulaciones urbanísticas, ni han querido acabar con las grandes dosis de discrecionalidad que en ambos campos se aprecian. Es una asignatura pendiente y no se pueden permitir el lujo de volverla a suspender.

Le guste o no a la oposición socialista, la respuesta que el Partido Popular ha dado ante las informaciones publicadas sobre posibles irregularidades económicas ha sido rápida y certera. Tanto desde un punto de vista del funcionamiento interno del partido mediante una doble revisión de sus cuentas, como desde el punto de vista político con la próxima comparecencia de Montoro, el Presidente Rajoy ha establecido un camino transparente y lo ha hecho con una rapidez muy superior a la empleada por otros años atrás. Otra cosa es, y lo estamos viendo, que con estas medidas esté dejando sin munición a algunos francotiradores.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 25 de marzo de 2012

La Ley de Transparencia: un antídoto errado contra la corrupción.

Hace pocos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado que en breve el Consejo de Ministros aprobará un nuevo Proyecto de Ley, la llamada Ley de Transparencia. Se trata, según el Gobierno, de uno de sus proyectos clave para regenerar la clase política y tratar, con ello, de limpiar la mala imagen de la misma a la hora de gestionar las entidades públicas percibidas por los ciudadanos como instrumentos de despilfarro el dinero de los contribuyentes. Este anteproyecto  obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. Establecerá como delito el despilfarro de dinero público y regulará los sueldos de Alcaldes y concejales.

El secretario general del Grupo Popular del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha manifestado que  la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es "muy positiva y necesaria" porque será el "mejor antídoto" contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. Y esta idea de que la nueva norma va a servir fundamentalmente para combatir la corrupción se ha extendido entre los comentaristas políticos y entre los medios de comunicación en general.

A falta de conocer con detalle el nuevo texto legislativo, lo cierto es que de los avances sobre el contenido del mismo no se puede deducir que vaya a ser una norma eficaz para desterrar la corrupción de la vida política, ni mucho menos. Una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos es necesaria, eso es indudable. La nueva norma podrá servir para lograr esa finalidad si se articula de forma adecuada pero de ahí a afirmar que se va a convertir en un antídoto contra la corrupción hay un verdadero abismo. Es cierto que la falta de transparencia, la opacidad en la toma de decisiones, es consustancial a la existencia de corruptelas o casos mayores de corrupción. Cuando se delinque no se hace a la luz del día, con luz y taquígrafos, pero la falta de transparencia es un carácter accidental en los procesos de corrupción en el manejo de los fondos públicos.

Si se analizan los mayores casos de corrupción se puede apreciar perfectamente en qué ámbitos suelen producirse y encontrar, además, la causa por la que en un estado de derecho pueden producirse. Los principales casos de corrupción suelen estar encuadrados en tres esferas concretas de la actividad gestora de las administraciones: en el del urbanismo, en el de la contratación y en el de las transferencias o subvenciones de recursos públicos. Todos los casos de corrupción sin excepción se producen porque nuestras normas contienen posibilidades de toma de decisiones basadas en la discrecionalidad, en la adopción de decisiones dependientes de la voluntad de político sin necesidad de sujetarse a determinados criterios objetivos.

La Ley estatal y, por supuesto, las leyes autonómicas que regulan y ordenan el suelo contienen numerosas disposiciones que permiten a sus ejecutores adoptar decisiones con un amplio margen de discrecionalidad y que se traducen en la inmediata generación de enormes plusvalías. Recalificaciones y reclasificaciones de suelo no dependen de un elenco tasado y limitado de condiciones, sino de una serie de requisitos, más o menos objetivos, que finalmente sólo saldrán adelante por la voluntad del político de turno.

La contratación de obras, bienes o servicios por parte de las administraciones públicas es otro de los ámbitos en los que los casos de corrupción afloran. Si bien la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público supuso una mejora en la transparencia de dichos procedimientos, lo cierto es que creó un sistema y unos procedimientos mucho más complejos que los anteriores y dejó abiertas numerosas puertas al ejercicio de la discrecionalidad en la contratación pública.

Y un tercer ámbito en el que los casos de corrupción han venido aflorando últimamente es el de las subvenciones, el de las transferencias de recursos públicos al ámbito privado. En este campo, las subvenciones son otorgadas muchas veces en función de criterios absolutamente subjetivos y es evidente que, además, los mecanismos de autocontrol y fiscalización de las administraciones públicas no han funcionado correctamente.

Por tanto, otras virtudes podrán predicarse respecto a la nueva ley, pero no su capacidad para prevenir la corrupción. Acabar con la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas y establecer modelos tasados y concretos para las mismas, reforzando además los mecanismos de fiscalización, es la única alternativa. Y en esa dirección, el Gobierno debería proponer reformas en las leyes sobre el territorio, en las Leyes sobre contratación y en las normas reguladoras sobre transferencias públicas. ¿Más transparencia? Sí, por supuesto. ¿Menos arbitrariedad en las decisiones de los gobernantes? Mejor. ¿Más fiscalización? Desde luego.

Santiago de Munck Loyola

martes, 20 de marzo de 2012

La corrupción no tiene ADN.

Hoy, Jaume Matas, ex Presidente del Gobierno balear y ex Ministro de Medio Ambiente, ha sido condenado a seis años de prisión por la comisión de diversos delitos tales como fraude a la administración, falsedad documental, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Y junto a este miembro de la clase política ha sido condenado otro de la clase periodística, Antonio Alemany, a tres años y nueve meses de prisión. Benefactor y beneficiado han sido encontrados culpables por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. No se trata se sentencias firmes y habrá que esperar, en todo caso, a la resolución de los recursos que ambos condenados van a interponer pero son condenas sin paliativos que ponen una vez más sobre la mesa el problema de la corrupción, el uso de los recursos públicos en beneficio particular.

Los casos de corrupción siempre han sido y son usados por los partidos políticos como un arma arrojadiza y también, como no, por algunos miembros de la clase periodística más atentos al servicio de su causa ideológica que al servicio de la verdad. Cada vez que un caso de corrupción toma protagonismo no faltan a su cita los linchadores mediáticos, los voceros políticos y los acríticos militantes de los partidos dispuestos a repetir hasta la saciedad las consignas recibidas en los argumentarios de rigor que se pueden resumir en el simplista “y tú más”. Los ciudadanos nos merecemos algo más que estúpidas explicaciones y argumentos estériles a la hora de abordar los problemas de la corrupción. La corrupción es un problema que afecta a todos los partidos políticos sin excepción. A más cuota de poder, más casos de corrupción porque las mismas leyes que facilitan el uso de la arbitrariedad, que es la razón de fondo en todos los casos de corrupción, se aplican se gobierne en 10, 500 o 1000 Ayuntamientos, en 1, 5 o 10 Comunidades Autónomas. Mientras nuestro sistema legal no acabe con la discrecionalidad en las decisiones políticas y, por tanto, con la arbitrariedad, seguirán produciéndose casos de corrupción.

La corrupción no tiene un color político determinado aunque algunos medios se empeñen en magnificar unos casos y en silenciar otros en función de la ideología a la que sirven. Es una simpleza de primer orden y una muestra evidente de maniqueísmo adjudicar a la corrupción un determinado ADN o un color político concreto. Jaume Matas es el cuarto Presidente Autonómico condenado. Antes que él lo fueron Gabriel Urralburu del PSOE, presidente de Navarra entre 1984 y 1991, sentenciado en 1998 por la Audiencia de Navarra a once años de prisión, nueve de inhabilitación para cargo público y multa de 4.700.000 € por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda Foral; el Tribunal Supremo le redujo la condena a cuatro años de prisión, por un delito continuado de cohecho. Después fue condenado el Presidente de Aragón entre 1993 y 1995, José Marco del PSOE, por la Audiencia Provincial de Zaragoza a 13 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público en el denominado "caso del Sillón y a 9 meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación. El tercer Presidente autonómico fue Juan Hormaechea, Presidente de Cantabria, primero como independiente elegido en la lista de AP y después como cabeza de lista de UPCA, condenado en 1994 a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Por mucho que algunos se empeñen la corrupción no está vinculada a una ideología concreta y sostener esa afirmación es una ofensa gratuita a millones de españoles, sea cual sea su color político.
La simpleza con que algunos medios abordan la corrupción convirtiéndose en simples palmeros de los partidos políticos hace que muchos ciudadanos resten credibilidad e importancia a las necesarias denuncias que la prensa, libre e independiente, debería realizar. Cuando las denuncias periodísticas terminan siendo asociadas a posicionamientos partidistas concretos por ese maniqueísmo antes evidenciado, los ciudadanos acaban por poner en el mismo lote a los partidos políticos y a los medios de comunicación, quienes con un posicionamiento sectario acaban por debilitar lo que debería ser una condena general y sin paliativos de cualquier indicio de corrupción.

Santiago de Munck Loyola